Con 397 conflictos, los pueblos indígenas reclaman 8.6 millones de hectáreas, tres veces la superficie de Misiones o 428 veces la Ciudad de Buenos Aires.
El campo de golf del Hotel Llao Llao de Bariloche es de los más exclusivos del país, con precios tan inalcanzables como una cabaña cinco estrellas frente al cerro de los Siete Colores de Humahuaca o una habitación con vista al Parque Nacional Iguazú. En los tres lugares, comunidades indígenas resisten desalojos de sus territorios ancestrales y exigen que se respeten sus derechos constitucionales a vivir donde nacieron. Son sólo una muestra de los 397 casos que relevó este diario en doce provincias y que involucran a 8.653.490 hectáreas, una superficie similar a media provincia de Córdoba o tres veces Misiones o 428 veces la ciudad de Buenos Aires. Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras. «El modelo extractivo de ‘desarrollo’, sobre la base de explotar nuestros recursos naturales, es una saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados», advierten desde la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut. El mapeo, que sólo abarca una parte del total de situaciones del país, también confirma que los conflictos se multiplican de la mano del crecimiento de organizaciones indígenas y campesinas y de su consolidación como actores sociales en una decena de provincias.
Educación bilingüe e intercultural, asistencia sanitaria y participación en los asuntos que los afectan son los derechos y reclamos históricos de los 24 pueblos indígenas de Argentina, presentes en 19 provincias y que, según las propias comunidades, ronda el 1,5 millón de personas (el Censo Indígena del Indec, cuestionado por los pueblos originarios, arrojaba 400 mil personas). Pero en la lista de derechos básicos, el primero siempre es el mismo: «Territorio», el espacio del que se sienten parte, y que lo vinculan a las costumbres, cultura e historia, y no lo consideran un bien económico, por eso lo diferencian del término «tierra».
El hiperdifundido «caso Bene-tton», que enfrenta al matrimonio mapuche Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir con los multimillonarios europeos, con 565 hectáreas, representa sólo el 0,006 por ciento de las tierras en disputa de Argentina, según el relevamiento de Página/12, que contabilizó 397 casos y que tienen como sectores enfrentados a los pueblos originarios de un lado y, del otro, un gran arco conformado por multinacionales mineras, estados provinciales y el nacional, privados multimillonarios -aunque también algunos menos acaudalados-, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, «un sistema político y judicial que desobedece las leyes». Las provincias con mayores conflictos son Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut. También figuran Mendoza, La Pampa, Formosa y Buenos Aires.
Petróleo, oro y resistencia
El hotel Llao Llao se encuentra a 30 kilómetros del centro de Bariloche, entre montañas y con vista al lago Nahuel Huapi, la habitación más económica cotiza 348 dólares por noche. El sábado 15 de septiembre tuvo una visita inesperada: la comunidad mapuche Takul-Chewke llegó en camionetas, con materiales y alimentos, y comenzó la construcción de su cabaña, a sólo siete kilómetros de los cuartos cinco estrellas, una de las zonas más codiciadas y costosas de la Patagonia. «Venimos a recuperar 625 hectáreas que le robaron a nuestra abuela en 1951. Somos parte de este lugar», explicó Ana María, nieta de Takul y vocera de la comunidad, compuesta por seis familias con 126 integrantes. Se amparan en la Constitución Nacional, convenios internacionales, leyes nacionales y hasta la Carta Orgánica municipal. Pero fueron denunciados por «usurpación».
Sólo en Río Negro existen al menos veinte conflictos de tierras que significan 106.150 hectáreas. Si se incluyen Neuquén y Chubut –siempre con el pueblo mapuche-tehuelche-, los casos ascienden a 81, que involucran 199.245 hectáreas. «Existen muchísimas más disputas territoriales de las que llegan a los medios o a los juzgados. Imposible estimar», remarcó el abogado de Chubut Eduardo Hualpa, especializado en derecho indígena.
Las contrapartes: el Estado (nacional, provincial y municipal), el Ejército, estancieros, empresarios turísticos, las empresas de hidrocarburos y mineras. «Los gobiernos de hoy tienen la misma ideología de los que intentaron nuestro exterminio. Responden a los mismos intereses que se beneficiaron con la apropiación de nuestro territorio», remarcó Chacho Liempe, referente del Consejo Asesor Indígena (CAI), de Río Negro, que afronta una decena de conflictos.
Las comunidades indígenas de la Patagonia visualizan otro foco de problemas que crecerá en los próximos años: la minería a cielo abierto, que con grandes explosiones de rocas, millones de litros de agua y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel acusado de contaminar aire, suelo y napas subterráneas. En 2003, la ciudad de Esquel, en Chubut, se movilizó y organizó un plebiscito para que la ciudadanía decidiera qué tipo de desarrollo deseaba: el 81 por ciento votó contra la minería a gran escala, personificado en ese caso en la compañía Meridian Gold.
Luego del plebiscito, la empresa optó por un perfil más bajo, pero no abandonó el proyecto. En la región, existen nueve emprendimientos en ejecución o estado avanzado: Yacimiento Navidad (que generó un gran conflicto con comunidades originarias del centro de Chubut), El Desquite, Calcatreu, Andacollo, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, San José-Huevos Verdes, Cerro Solo y Sierra Grande. «Todos ellos están asentados sobre territorios indígenas o de campesinos con posesión de décadas», afirmaron desde la Asamblea de Esquel. Además, existe una decena de emprendimientos en exploración.
Pasteras, pinos y muertes
Misiones cuenta con tres actividades que chocan con comunidades indígenas, campesinos y ambientalistas: plantas de celulosa (Puerto Piray, Papel Misionero y Alto Paraná), emprendimientos turísticos que avanzan sobre territorios ancestrales y represas (una ya construida -Yacyretá, en Corrientes, pero que anegó áreas en Posadas y obligó a masivas relocalizaciones- y otra planificada, Corpus, que fue rechazada por el 80 por ciento de los misioneros en una consulta popular, en 1996, pero aún sigue en carpeta del gobierno provincial). De la mano de las pasteras también llegó el monocultivo de pino (la materia prima), las madereras, la concentración de tierras y, al mismo tiempo, los conflictos con pueblo originarios y poblaciones rurales. Página/12 contabilizó en Misiones quince casos, que involucran casi 90 mil hectáreas y tienen como contrapartes a privados, aserraderos subsidiarios de las papeleras, el estado provincial y hasta la Universidad Nacional de La Plata, que ostenta un título de propiedad por 6144 hectáreas, pero donde hace 150 años viven comunidades del pueblo mbya-guaraní.
El último Censo Nacional Agropecuario de la provincia confirma la concentración de tierras: existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. «La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. El sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales», afirman desde el Foro de la Tierra.
Demandas y conflictividad
El Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) llama «ocupación» a la acción organizada de asentar familias en fincas improductivas. Luego de desalojos, el Movimiento Campesino Indígena practica desde hace años las «retomas» y tiene entre sus objetivos a corto plazo la «toma» de chacras. El pueblo mapuche llama «recuperar» a volver a vivir en sus tierras ancestrales: Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir recuperaron 565 hectáreas en plena estancia Benetton. La comunidad Takul-Chewke recuperó 625 hectáreas en el patio del más lujoso hotel de Bariloche. El Consejo Asesor Indígena (CAI) ya recuperó, en los últimos años, 150 mil hectáreas en Río Negro. «Tenemos la decisión de ir recuperando lo que legítimamente nos pertenece», resumió Chacho Liempe, referente mapuche del CAI.
Desde el Grupo de Ecología Política, Comunidad y Derechos (Gepcyd) del Instituto Gino Germani advierten que, así como la conflictividad social de los años noventa estuvo mayormente visibilizada por las luchas urbanas, desde el ámbito rural se afianzan organizaciones, comunidades y luchas que aportan viejos actores sociales, pero ahora fortalecidos y exigiendo históricas demandas.
«El saqueo hoy se da por los bienes naturales, y ahí campesinos, indígenas y poblaciones rurales nos estamos organizando y estamos dando esa disputa. Algunas veces nos han desalojado, pero hemos vuelto a tomar el campo, por el simple ejercicio del derecho. No hemos esperado que un juez nos devuelva las parcelas. Nos hemos organizado, hemos ido y retomado las fincas», advierten los Sin Tierra de Mendoza. En la Patagonia, los mapuche-tehuelche de la 11 de Octubre avisan: «En la medida que tomamos conciencia de nuestros derechos y recuperamos nuestra historia, vamos a multiplicar los conflictos. Es un planteo político e ideológico de todo un gran sector de lucha que no tiene vinculación partidaria, que no fue cooptado y que va a recuperar lo que le corresponde».
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Atrapados entre la minería y los desmontes: La mayor parte de los litigios se concentran en Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Son las provincias con los movimientos campesino-indígenas más organizados. Las minas y la soja, los más combatidos.
Salta, Jujuy y Santiago del Estero contabilizan al menos 275 situaciones de conflictos territoriales, que involucran 6.365.462 hectáreas. Salta contabiliza 46 casos, con 1,3 millón de hectáreas que afectan principalmente a los pueblos guaraní, wichí y kolla, aunque en menor proporción también al pueblo toba y chané. El avance sobre sus espacios incluye el desmonte nativo para la siembra de soja. En el período 2002-2006, en Salta se arrasaron 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuyo índice de desmonte supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en su último «Inventario Nacional de Bosques Nativos». En el nivel país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.
En Salta sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la ruta nacional 86, al norte provincial, con históricas disputas con ingenios azucareros (el San Martín, de la compañía Seabord Corporation es el más resonante) y, en el sur provincial, zona de los Valles Calchaquíes, las disputas se dan con grandes fincas (en su mayoría viñateras) que adquieren grandes extensiones de tierra con históricos ocupantes dentro. La actividad minera también mantiene alerta a la zona de Cafayate y San Carlos: en los últimos años se produjeron más de cuarenta prospecciones metalíferas, en su mayoría de oro, plata, cobre y plomo.
En Jujuy, el pueblo kolla se encuentra asentado en la zona de la Quebrada y Puna, fundamentalmente en tierras fiscales y una minoría de dominio privado. En tanto el pueblo guaraní se encuentra en la zona del Ramal Jujeño, donde casi la totalidad está en manos de particulares, a excepción de dos lotes (1 y 515) que las comunidades guaraníes reclaman como propios pero el Estado provincial licitó a privados. En la provincia se relevaron diez conflictos, que involucran dos millones de hectáreas. También sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y el lavado de oro sobre el río Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos, focalizados luego de que Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que elevó los precios del lugar, con la consecuente llegada de privados poseedores de cuestionados títulos de propiedad. «El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros territorios y nuestra forma de vida», explicó Ariel Méndez, de la Red Puna.
Los agronegocios, con la soja transgénica como bandera, tuvieron este año una cosecha record: 47 millones de toneladas, por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares. «El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un bien preciado», explicaron desde el Mocase-Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Santiago del Estero -con presencia de los pueblos tonocoté, vilela, lule, diaguita y gauycurú- encabeza la lista de desmonte: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. No es casualidad que el Mocase-VC, conformado por 9000 familias que producen para la subsistencia, enfrente 212 conflictos en toda la provincia, todos casos donde los indígenas y campesinos son denunciados de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Todos «delitos» cometidos en las posesiones ancestrales de los acusados. La cantidad de tierras en conflictos tiene un piso: tres millones de hectáreas.
Desde el Movimiento Campesino Indígena remarcan que el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, «sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión y el empobrecimiento de las tierras». Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas «explotaciones agropecuarias» más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.
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Las leyes que amparan a los aborígenes
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango constitucional). Y constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y que reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
El 1º de noviembre de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160, que declara por cuatro años la «emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas». La norma suspende los desalojos y compromete al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente. «La ley es un piso para el derecho de los pueblos indígenas, pero hay dos cuestiones de aplicabilidad: el Gobierno debiera difundir la ley y capacitar a los jueces para que la apliquen. Eso no se está realizando y perjudica directamente a las comunidades. Por otro lado, el relevamiento catastral está muy atrasado, ya se perdió casi un año. Y ésa es otra gran falla, en este caso personificada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)», explicó el abogado Julio García, especializado en derecho indígena.