En San Juan, y durante tres días, se reunieron organizaciones y asambleas de todo el país que resisten a mineras, pasteras, agronegocios y contaminación urbano-ambiental. Exigen la derogación de las leyes aprobadas en los ’90 y defensa de los bienes comunes.
«Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos, que privilegia negocios por sobre el ambiente y la salud de los pueblos.» Es la certeza que guía a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformado por un centenar de comunidades de todo el país, reunidas durante tres días en San Juan, una de las provincias emblema de la actividad minera. «Las UAC -como se las conoce en el espacio militante- son un espacio autónomo y asambleario, conformado por organizaciones que son la primera trinchera frente a la contaminación: pueblos en peligro por el avance minero, comunidades (rurales y urbanas) que padecen las fumigaciones, organizaciones sociales y familias víctimas de la contaminación urbano-industrial. En su noveno encuentro nacional, ratificaron el rechazo a los emprendimientos contaminantes, acordaron acciones directas (cortes de ruta, movilizaciones y escraches), denunciaron el veto a la ley que protegía los glaciares y advirtieron la creciente criminalización de la protesta. «Contra el saqueo y la contaminación», volvió a ser la frase que unificó el encuentro.
San Juan cuenta con cinco proyectos mineros: tres en estudio, uno en plena producción desde 2005 (Veladero, de la compañía canadiense líder del sector, Barrick Gold) y otro a punto de construirse: Pascua Lama (también de la Barrick), señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, será el de mayor envergadura, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo -en una zona semidesértica- y 200 camiones de explosivos al mes. Pascua Lama será el primer yacimiento en zona limítrofe -los gobiernos argentino y chileno crearon, en la década pasada, una ley que permite una zona franca minera-, puntapié para que una decena de empresas exploten montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera.
Por los intereses en juego, no fue sorpresa que la capital sanjuanina amaneciera el viernes -día de inicio del foro de las UAC- con pasacalles defendiendo la cuestionada actividad. «Sí al trabajo. Sí al desarrollo. Sí a la minería», fue la chicana utilizada por el Gobierno y el sector empresarial. Un hecho menor frente al accionar policial, que realizó sorpresivos retenes en las rutas de ingreso a la ciudad, donde demoró micros con participantes del encuentro. Los organizadores también denunciaron un boicot de un sector de los medios de comunicación provincial, que rechazaron cubrir el encuentro. Según las UAC, fue un pedido del Gobierno (mayor anunciante publicitario). También recordaron que fueron tapados todos los carteles que anunciaban el encuentro.
El foro consistió en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión estuvo integrada por veinte personas, que abarcaron cuatro ejes: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. Y hubo dos temas transversales a todo el encuentro: agua y educación. Participaron 480 personas de 40 pueblos de todo el país. Entre los acuerdos figuran: una acción binacional por Pascua Lama para inicios de junio (participarán organizaciones de ambos países), una masiva marcha en Buenos Aires, acciones en todo el país en repudio a la criminalización de la protesta, apoyo a la creación de la Corte Penal Internacional de Medio Ambiente y se decidió impulsar acciones penales contra directivos de empresas y funcionarios. También se resaltó la necesidad de unificar y nacionalizar la lucha, sin perder de vista las resistencias regionales y locales, con acciones directas (bloqueo de caminos, marchas, escraches). Durante todo el encuentro también se denunciaron las estrategias de las empresas a través de la educación. Fueron recurrentes los testimonios sobre universidades cooptadas por empresas, persecución de docentes críticos, asistencialismo en escuelas (por parte de mineras) y manuales escolares favorables a las actividades extractivas.
Las UAC exigen, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas siempre reconocieron las ventajas de la legislación vigente. En primer lugar, aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento. Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni tasas para la importación y gozan de estabilidad fiscal por 30 años. «Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar solo contaminación, destrucción y saqueo», explicaron desde San Juan.
Las UAC también ratificaron el rechazo al megaproyecto minero Agua Rica, de la localidad catamarqueña de Andalgalá, cuna desde hace una década del yacimiento Bajo La Alumbrera, con una decena de denuncias por contaminación y su vicepresidente ejecutivo procesado por afectar el medio ambiente. Las organizaciones de Catamarca recordaron la sospechosa acción del gobierno provincial, que aprobó un muy cuestionado Informe de Impacto Ambiental, con el cual dio vía libre al emprendimiento.
El veto de la ley de glaciares (realizado por la Presidenta el 10 de noviembre pasado) fue uno de los temas recurrentes. «El veto de la Barrick Gold», fue llamada por las UAC, que ayer, en plenario, aprobaron una fuerte campaña de concientización sobre los reservorios de agua. El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de Barrick, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. La foto oficial los exhibe sonrientes. Las UAC recordaron que el mismo día, en la localidad riojana de Famatina (donde Barrick Gold planea explotar un yacimiento), mujeres de las Asambleas Ciudadanas Riojanas fueron reprimidas por no permitir el paso de la empresa. Los autores de la agresión -filmados y fotografiados- fueron funcionarios provinciales y empleados de Barrick Gold. «El agua vale más que el oro», recordó la delegación riojana.
El próximo encuentro será en Libertador General San Martín (Jujuy), sede de la cuestionada empresa Ledesma, del 24 al 26 de julio, y se agregarán dos ejes imprescindibles en la lucha contra el modelo extractivo: tierra y pueblos originarios.
Publicado en página 12 el 28 de Abril de 2009