Durante tres días, asambleas ciudadanas de las distintas provincias se reúnen en Chubut para articular acciones contra las actividades extractivas. El objetivo es alertar sobre los efectos de la megaminería, las pasteras y las fumigaciones.
Desde Esquel, Chubut
La Asamblea de Esquel fue un freno en el avance de las empresas mineras y un paso adelante en la organización de comunidades que cuestionan la extracción de recursos naturales. En marzo de 2003, mediante un plebiscito en la ciudad, allí se determinó que el 81 por ciento de la población rechazaba la instalación de un yacimiento a cielo abierto frente a la ciudad. A siete años de aquella votación, medio centenar de organizaciones de una decena de provincias se congregan en el XII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación nacional donde confluyen los pueblos que luchan contra la megaminería, las comunidades (rurales y urbanas) que padecen las pasteras y las fumigaciones y las organizaciones que denuncian la contaminación urbano-industrial. La judicialización de la protesta, la represión a los asambleístas y la avanzada empresarial sobre la forma de vida ancestral de los poblados son algunos de los ejes de tres días de trabajo colectivo. Las UAC son un espacio inédito, diverso y autónomo, donde se debaten buena parte de las estrategias y luchas que se desarrollan en el país contra las industrias extractivas.
Desde el jueves y hasta ayer a última hora, durante todo el día, llegaron hasta la Escuela 713 representantes de las más diversas edades y perfiles. Maestras, amas de casa, empleados administrativos, cooperativistas, indígenas, desocupados, profesionales varios, abogados, jubilados, militantes.
“Sean todos bienvenidos a Esquel, un pueblo con dignidad”, fue la frase que abrió la XII UAC. El patio de la escuela anfitriona estaba tapizado con banderas de consignas explícitas. “Contra el saqueo y la contaminación.” “Los glaciares no se tocan.” “Sí a la vida, no a las papeleras.” “No a la criminalización de la protesta.” Y, por múltiples lugares, la clásica frase: “No a la mina”. Los asambleístas de Gualeguaychú (Entre Ríos) fueron de los primeros en tomar la palabra, agradecieron a los anfitriones y recordaron cuál fue el germen contra la pastera Botnia: “Para nosotros, en nuestra lucha contra las papeleras, Esquel fue la referencia a seguir en la lucha ambiental”.
Entre los objetivos del encuentro está profundizar acciones en las diferentes problemáticas socioambientales de cada región, su vinculación y comprender que todas están fundadas en un mismo modelo político y económico de desarrollo. El encuentro de las UAC consiste en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión está integrada por una decena de personas que abarcan dos grandes ejes: agua y territorio y desarrollo y descolonización. Y al mismo tiempo están presentes los temas ya clásicos: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. El domingo será el plenario final, de consensos y acciones hasta la próxima UAC.
En las jornadas de trabajo no estará ausente la situación de la ciudad de Andalgalá (Catamarca), que en febrero último sufrió una dura represión y, el último jueves, tres de sus integrantes fueron nuevamente detenidos por su militancia contra la instalación del megaproyecto Agua Rica. La criminalización y la represión de la protesta –que se repite, en distinta magnitud, en casi todas las comunidades movilizadas– también estarán presentes en cada grupo de trabajo y los plenarios.
“Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos”, es una de las certezas que guía el accionar de las UAC, que denuncian por igual el papel del sector privado y de los gobiernos (tanto nacional, como provinciales y municipales). También apunta al rol que desempeña la Justicia –procesando a quienes bloquean caminos– y a la policía, que “efectiviza con mano dura y garrote fácil” los cortes de ruta.
Un reclamo histórico de las UAC es, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales). Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta) ni tasas para la importación.
“Tiene legislación especial para ingresos brutos, patentes, sellos y habilitaciones”, explican desde Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por treinta años. Esto es: cualquier modificación –ejemplo: impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001– no los afecta. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar sólo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron.
La Unión de Asambleas Ciudadanas es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Aunque sus acciones tienen directa relación con el medio ambiente, están lejos de ser espacios simplemente ecologistas, sino que entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con profundas raíces políticas y económicas y con impactos negativos directos en la salud, el trabajo y la vida de las comunidades.
Publicado en Página 12 el 27 de Marzo de 2010.