– Formosa: Campesinos del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones. Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones”, afirmó Silvia Sevilla a este diario. La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derecho y aquí es un pecado. No se puede meter contra el poder político y los empresarios”. Ningún otro juez de Formosa prohibió las fumigaciones.
– Buenos Aires: El Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes prohibió en marzo de 2008, con sentencia firme, las fumigaciones en zona periurbana de la localidad de Alberti. También dispuso que la Asesoría Pericial Departamental elaborara un informe médico “que ilustre sobre las consecuencias que puede acarrear a las personas y bienes (animales y vegetales) la fumigación con glifosato”.
– Córdoba: El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, ganó notoriedad hace nueve años por la gran cantidad de enfermos de cáncer (200 casos en 5000 habitantes) y niños con malformaciones. Al este, norte y sur estaban rodeados de campos de soja, y las fumigaciones llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. En diciembre de 2008, la Justicia cordobesa prohibió a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo estableció como un delito penal y apuntó contra el glifosato y el endosulfán. La medida impidió utilizar agroquímicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros.
– Santa Fe: San Jorge es una localidad ubicada en pleno corazón del monocultivo de soja. Los vecinos denunciaban desde hacía años el accionar de los agroquímicos, que les provocaba alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En marzo de 2009, la Justicia prohibió las fumigaciones. La medida fue apelada, pero en diciembre pasado se dictó un fallo inédito: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones en cercanías de zonas urbanas. Pero además ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Además de la prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
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