“Agricultura, ganadería y actividades conexas”, es el nombre del apartado referido al control de trabajo irregular realizado todos los años por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Durante 2010 la “informalidad” (también conocido como “trabajo en negro”) en el campo llegó al 50 por ciento, encabeza el ranking junto al trabajo doméstico. El último año se inspeccionaron 3290 establecimientos, el 1,03 por ciento del total de establecimientos agropecuarios del país (317.816 según el último censo agropecuario).
“La situación del trabajo rural en Argentina es preocupante, aunque en los últimos siete años bajó diez puntos”, sostuvo el subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Guillermo Alonso Navone. El funcionario señaló que el trabajo no registrado en el campo aumentó durante tres décadas hasta 2003, cuando llegó al pico de 60 por ciento y, sostuvo, allí comenzó el descenso. Sin embargo, al momento de la entrevista, no pudo facilitar las planillas para corroborar los datos. Precisó que se entrecruzan datos del último censo (2001), las proyecciones en el tiempo de esos mismos datos (que indican la existencia de un millón de trabajadores rurales), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales) y cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La EPH releva 31 centros urbanos, no rurales.
El funcionario explicó que el Ministerio cuenta con 400 inspectores para todas las actividades. En 2008 realizaron 2987 fiscalizaciones, con un resultado de 54 por ciento de trabajo no registrado. En 2009 fueron 2681 las inspecciones, y la informalidad aumentó al 56 por ciento. En 2010 el índice de informalidad, en base al trabajo de los inspectores, fue del 59 por ciento. Curiosidades del último relevamiento: en San Luis se realizaron sólo 19 fiscalizaciones, en Santa Cruz 17, en La Pampa 13 y en Neuquén sólo dos inspecciones, entrevistados 28 trabajadores, es busca de trabajo no registrado.
Alonso Navone recordó que los trabajadores no registrados no tienen obra social, no cuentan con protección ante un accidente de trabajo, pueden ser despedidos sin que se les pague indemnización y no reciben asignaciones familiares ni jubilación. Explicó que cada provincia ejerce el poder de policía laboral en su territorio, sobre todo en lo referido a las condiciones generales del trabajo, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y las normas de los convenios colectivos de trabajo. De esta forma, el Ministerio de Trabajo no inspecciona las condiciones de explotación laboral o “esclavitud”, que corren por cuenta de las provincias.
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