La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.
El Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.
Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.
Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.
Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.
En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.
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Desalojo de campesinos
Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.