El litio se transformó en la nueva obsesión minera y es elogiado por todo el arco político, académicos y periodistas. En enero se conoció el rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy a una minera, pero también hay casos de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Promesas de “progreso” y sacrificio de territorios. Intelectuales críticos y, otros pocos, cómplices. La situación en Bolivia y Chile.
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Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. «Recurso natural» llaman empresas y políticos. «Recurso estratégico» los académicos progresistas que llaman a «exprimirlo». Pueblos indígenas resumieron «litio para hoy, hambre para mañana».
El rechazo del Pueblo Kolla en Jujuy, de asambleas socioambientales en Catamarca, San Luis y Córdoba. Empresas, gobiernos y las promesas de «progreso». La situación en Bolivia y Chile. Propuestas verdes del Norte global que arrasan territorios del Sur.
¿Oro blanco?
El litio es un mineral esencial para las baterías de autos eléctricos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes. Y las mineras las encargadas de la explotación.
A diferencia de la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes agujeros en las montañas (los conocidos «open pit») y gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie), pero tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias químicas contaminantes.
Otro punto en común: el mercado está dominado por grandes multinacionales de primer mundo y la explotación, se realiza en su mayoría en países periféricos, dependientes.
El comienzo de la minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional FMC Lithium.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman «triángulo del litio» a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será «líder» en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”. El 1 de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional, celebró: «El mundo habla del litio y tenemos Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas».
Pueblo Kolla
Uno de los lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.
Desde hace diez años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a en todas las ferias mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia, cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios para rechazar la actividad.
Un logro histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de comunidades. Exigen se respete la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El asedio de las mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. «Se busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.
En los pliegos de licitación, que violan los derechos indígenas por no haber respeta la legislación nacional e internacional, figuran artículos que se burlan de los afectados: «“Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio”.
Organización y acción directa
Las comunidad indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y exigieron el respeto a los derechos indígenas.
A inicios de febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes informativos en la ruta nacional 52. Llegaron hasta el área donde exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Liimited. Lograron que los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía paralice sus actividades.
«Logro histórico del Pueblo Kolla. Que sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.
Denunciaron que el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a referentes indígenas y propone «mesas chicas» para «convencer» dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.
El comunicado finalizó: «La vida y el agua valen más que el litio».
San Luis y Córdoba
Las asambleas y organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en 2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior, modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la provincia) se enteraron que las mineras Latin Resources (Canadá) y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.
Cecilia Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades de agua. «Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva al abismo como humanidad», afirmó Sustersic.
Durante enero realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos en rechazo a la actividad.
En la localidad de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad (nunca un Gobierno que informe a la población) de la presencia de la minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo, de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental de Traslasierra.
Asambleas, marchas, jornadas informativos y cuestionamientos a los funcionarios que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población. Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se quedaron con eso.
«Es un un gran avance, pero no es suficiente», explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad de que el Intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.
Continúan con la campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.
«Exprimir el recurso»
Existen intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no reparan, minimizan o no les importan, sus consecuencias. El modelo sojero cuenta con Ráquel Chan, investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral que impulsa una variedad de soja resistente a la sequía y con uso del peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.
En la explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al ambiente.
También existen casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de «desarrollo nacional», desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el llamado «Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales», integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco, Martina Gamba y Elaine Santos.
Tienen diálogo con académicos críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta se presentan como «militantes» o «compañeros» de las asambleas socioambientales. Se consideran a si mismos, dentro del mundillo académico, la «izquierda» del tema litio.
Publicaron en 2015 el libro «Geopolítica del litio», como parte de la «Colección Chico Mendes» de la Editorial El Colectivo. «Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene», afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y referente del grupo.
Fornillo, porteño que suele presentarse como «doctor en ciencias sociales por la UBA y en geopolítica por la Universidad de París», es también historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo llama «bienes comunes») con la dependencia de cinco siglos de América. En su artículo, «del salar a la batería» insiste una y otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de «fabricar baterías» como camino al desarrollo de la Argentina.
«No hay dudas de que los beneficios que podrían cosecharse de la posibilidad de fabricar baterías de litio en la Argentina son múltiples», promete Fornillo. Reivindica el «desarrollo» de Ernesto Calvo para «extraer el litio con una muy baja utilización de agua». En dos apartados de su libro Fornillo refiere al debate necesario de todos los «actores involucrados», pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que viven en los territorios que el académico propone «exprimir».
En su artículo no aparecen las palabras «indígenas» ni «pueblos originarios». Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían «una transición energética verde y limpia».
Ariel Slipak es uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía, becario del Conicet, pero avisa que se siente más cómodo como se identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre de 2018 participó de la charla «¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires. Florencia Puente, del mismo grupo de académicos y también parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, facilitó el audio de la charla pública (el grupo de académicos suele molestarse si no se cita ese hecho irrelevante). Slipak consideró que la falta de recursos económicos lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar dinero del sector privado. Mirada que minimiza las responsabilidades extractivas de gobiernos y universidades.
«Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso», lamentó Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de «los Chicago boys», tiene una «muy importante» apropiación de renta por parte del Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir «el modelo boliviano», donde, dijo, se estatizó «el recurso y se intervino en toda la cadena de valor».
Afirmó que existe fiscalización para que sea «menos contaminante» y también reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y que «sea menos contaminante».
Slipak también compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota, Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino de Bolivia: «(Se requiere) Un modelo estatal con participación popular».
Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas socioambientales por decir «no» al extractivismo. Y de forma despectiva suelen llamarlos «fundamentalistas». Slipak se hizo eco de ese término y tomó postura: «No estoy diciendo ‘litio no’ de manera fundamentalista».
En Salinas Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak. Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación. Están acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.
Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las mineras de litio, fue tajante: «Slipak nunca vino a las Salinas. Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer litio que sepan que eso mata a las comunidades».
Falacias y discurso colonial
Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.
Explica que hay un «fiebre del litio», como en su momento fue del oro, que tiene como motor «un discurso colonial-desarrollista» que promete mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. «La minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos coloniales y de rapiña que es propio de la fase noeliberal extractiva», afirma Machado Áraoz.
Y alerta sobre rasgos aún más graves, sobre todo por el discurso ambiental que impulsa la explotación del litio, de «transición energética» y de supuesta industrialización local. Afirma que «hay toda una lectura reduccionista y sesgada» de quienes dicen que el único problema es el cambio climático, que se va a resolver con una «transición energética» cambiando la matriz de hidrocarburos por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. «Esos discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la quema de hidrocarburos».
Horacio Machado cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo, y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países centrales, elemento central de la crisis climática. «Es una simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y pasar a energías supuestamente verdes», remarca.
Alerta que detrás de un discurso ecologista de «transición energética» lo que se hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los países más poderosos e industrializados. «Con el ‘boom’ del litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la transición energética de otras sociedades», explica.
También llamó «falacia» y «ficción industrialista» creer que, a diferencia del cobro o el oro, el litio se puede industrializar en los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la histórica y conocida «división internacional del trabajo», con países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y países desarrollados que industrializan y agregan valor.
Chile y Bolivia
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en Cochabamba y desde 1970 trabajo en problemáticas sociales y ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a seguir:
-No existe información respecto que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.
-Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la «Planta Industrial de Carbonato de Litio» de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).
-Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.
-El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
-El litio no genera ni generará progreso para Bolivia. Ninguna explotación de materias primas hace eso. No conocen una experiencia previa exitosa en ese sentido.
-El litio no es parte de de un modelo «sustentable ni de energías limpias». Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.
-En Bolivia no se industrializa en litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).
-Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación de las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.
Bárbara Jerez Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018 publicó el informe «Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur», donde analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina.
Destaca que los salares de Chile están «pagando un alto precio» ambiental, «un desastre ecológico» por la explotación de litio, los niveles de agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una comisión de la Cámara de Diputados).
Recuerda que la minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas, erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las zonas mineras se repiten algo índices de cáncer). «No genera desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías locales, desde la ganadería hasta el turismo», afirma.
Jerez Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales estratégicos «para la transición verde que plantean los países industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de acumulación, consumo y producción».
Los países más poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles (central en el cambio climático). Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que significa en las comunidades donde se explotan los territorios.
«El reemplazo tecnológico (autos eléctricos) es una solución eco-técnica, un parche, que significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del Sur», afirma.
La investigadora reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos. Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). «Es el extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático», resume.
*Por Darío Aranda. Artículo publicado en marzo de 2019 en revista MU.