Derrames, fugas de gas e incendios se repiten en Neuquén. El último hecho fue protagonizado por YPF y, luego de 15 días, aún no pudieron controlar el fuego. El gobierno nacional ordenó que Gendarmería «custodie» la zona.
«Cero impacto ecológico», prometió en 2013 el entonces titular de YPF, Miguel Galuccio, al asegurar que en Vaca Muerta no habría contaminación. Lo mismo hicieron petroleras internacionales, funcionarios, periodistas y el poderoso IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). Organizaciones socioambientales y comunidades mapuches alertaban lo contrario: explotación petrolera y desastre ambiental irían de la mano. Desde el domingo se incendia un pozo petrolero de YPF, en territorio de la comunidad mapuche Wirkaleu. El último de una seguidilla de hechos de contaminación. Críticas al fracking y rechazo a la llegada de Gendarmería para «custodiar» el área.
Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Se encuentra en la cuenca neuquina (que incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa) con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de «fractura hidráulica» («fracking»). Consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales en profundidad, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtiene el gas y el petróleo. Es muy cuestionada por sus efectos ambientales y en la salud.
En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. También están presentes las empresas Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, Cnnoc, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía, Mercuria y Vista Oil (empresa de Miguel Galuccio).
En su corta vida en Argentina el fracking acumula derrames, explosiones de pozos y «pérdidas» de pastillas radioactivas (se utilizan para «perfilajes», radiografías en profundidad). Las comunidades mapuches, primeras afectadas pero no las únicas, mostraron en estos años mediante fotos y videos decenas de hechos de contaminación.
El 19 de octubre de 2018 se produjo un gran derrame de petróleo que afectó al menos 47 hectáreas en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo). Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense). Estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron solo «algunas hectáreas». YPF reconoció, diez días después del desastre, que se trató de 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Neuquén en la cuenca neuquina (donde está Vaca Muerta) se produce un promedio de dos derrames por día. Entre 2015 y 2018 las petroleras admitieron 3368 «incidentes ambientales», eufemismo para evitar mencionar la palabra contaminación. En 2018 hubo 934 hechos (aún no se difundieron los de 2019).
El sábado 14 de septiembre pasado, en el yacimiento Loma La Lata (también Vaca Muerta) comenzó una fuga de gas que se transformó en un mega incendió en un pozo de fracking de YPF. Ni la empresa ni el gobierno provincial lo reconoce, pero la Confederación Mapuche recordó que se trata de territorio de la comunidad indígena Wirkaleu, que nunca dio su consentimiento (como establece la ley) para el ingreso de petroleras.
En Argentina no se ha capacitado a trabajadores para afrontar incendios como el de Loma La Lata. Dos días después de iniciado el fuego llegaron especialistas desde Estados Unidos para intentar controlarlo. El gerente regional de YPF, Carlos Grassia, reconoció que aún no saben qué sucedió en el pozo. Y alertó que puede llevar hasta tres semanas apagarlo.
El incendio se da en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, de donde se obtiene agua para las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario. Como alertaban los mapuches en 2013, al inicio de Vaca Muerta, la contaminación no será solo para los pueblos originarios o poblaciones rurales. «El último incendio es el resultado de una industria denunciada en el mundo por no dar garantías ni seguridad a la población. Es urgente declarar la prohibición del fracking por el peligro inminente que implica para la población. Este ‘accidente’ lo demuestra una vez más», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
La organización indígena presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Ambientales, que conduce Maximiliano Breid Obeid. Plantean la «urgente intervención» del Ministerio Público Fiscal por la falta de información (por parte de YPF y del gobierno provincial) y ante «el riesgo latente para la población y el ambiente» que implica la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. La denuncia afirma que existe una «contaminación objetiva y real» del aire, la tierra y el agua. Y toma como base la Ley Nacional 24.051 (de residuos peligrosos). Exige se implemente de forma urgente un plan de mitigación para la comunidad.
«El índice de accidentes en Vaca Muerta es alarmante y en aumento en los últimos dos años. No hay ‘accidentes azarosos’, más bien es una conducta empresarial negligente y una omisión en la responsabilidad de fiscalización que tiene el Estado. Se pone en peligro la salud pública y el ambiente», denunció la Confederación Mapuche.
Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por las ONG Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el «fracking seguro»: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.
Muy poco del aspecto socioambiental se publica en los medios de comunicación. «Es enorme el poder de subordinación que YPF aplica a la prensa y a los operarios para minimizar todo el impacto de los accidentes», afirmó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche. Resaltó la generosa pauta publicitaria que las petroleras distribuyen. A modo de ejemplo precisó que el diario La Nación inauguró una sección específica y permanente sobre las bondades de Vaca Muerta. El mismo medio que suele cuestionar la lucha mapuche por sus territorios.
El 14 de septiembre se produjo un atentado a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Con esa excusa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que Gendarmería Nacional custodie el accionar petrolero en Vaca Muerta. Lejos de tener pruebas reales de posibles atentados, apunta a intimidar a organizaciones sociambientales y comunidades mapuches, que ya han realizado movilizaciones en las zonas de explotación petrolera. Gendarmería, que ya reprimió a comunidades en Vaca Muerta, fue la responsable del operativo ilegal en Chubut que terminó con la muerte de Santiago Maldonado.
«Repudiamos la militarización de nuestro territorio. Es una clara amenaza hacia las comunidades que demandan sus derechos y es un llamado amenazante al amplio sector de la sociedad que rechaza un emprendimiento que solo genera saqueo, destrucción ambiental y agresión cultural», denunció la Confederación Mapuche.
En septiembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la comunidad mapuche Campo Maripe (de Loma Campana, Vaca Muerta) y le ordenó a la Gendarmería Nacional que se abstenga de intervenir sin orden judicial dentro de su territorio. La resolución de Bullrich contradice el fallo está vigente.
* Por Darío Aranda. Versión ampliada del Artículo publicado el 27 de septiembre de 2019 en el diario Página12.