Oct 12, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.
En una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como “crucial y prioritaria” la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes” es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. “Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década”, resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la “autoidentificación” (quienes comenzaron a autorreconocerse).
Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).
En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).
La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).
En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la “evolución notable” del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. “En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas”, explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: “Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva”. Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.
“Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos”, destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es “una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina”, recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: “Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios”.
El organismo de Naciones Unidas remarca que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena”, vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe precisa que la “mala nutrición” es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: “Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas”. Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.
En la página 27 puntualiza: “El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones”. Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: “Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas”.
El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los “desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades” y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.
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Los recursos naturales
“El crecimiento económico registrado en la región es altamente dependiente de los recursos naturales. La reprimarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas y desencadenado numerosos conflictos”, explica desde el prólogo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y llama a revalorizar los conocimientos y las prácticas indígenas para “la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad”.
La Cepal reivindica la importancia del conocimiento tradicional indígena para enfrentar al cambio climático y señala que las resistencias de los pueblos originarios señala un camino que es necesario transitar: “Las luchas también consisten en proponer un nuevo modelo de sociedad en que se cuestiona el paradigma del desarrollo y se plantea el ‘buen vivir’ como alternativa”. En un hecho con pocos antecedentes para un organismo de Naciones Unidas, dedica un apartado al concepto indígena del “buen vivir”, que lo define como la memoria histórica de lucha, el respeto a los territorios, identidad, idioma, freno al extractivismo y puesta en práctica de la soberanía alimentaria.
Llamó la atención a organizaciones indígenas, organizaciones socioambientales, activistas y académicos el informe de la Cepal, ya que la organización se caracterizó por su posicionamiento favorable al extractivismo. El nuevo documento afirma que el actual paradigma de desarrollo, de extractivismo y consumismo, carga con “una serie de lastres y deficiencias que serían parte de su misma esencia, como el aumento de las desigualdades, la homogeneización cultural y la degradación medioambiental”.
Por Darío Aranda. Publicado el 12 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Oct 6, 2014 | 2014
Después de ocho años de investigaciones, el grupo GEMA de la UNRC elaboró un informe en el que confirma la vinculación “clara” del glifosato y mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer, generar abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.
Ocho años de investigación, quince publicaciones científicas y una certeza: los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. La afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endosulfan, atrazina, cipermetrina y clorpirifós son algunos de los agroquímicos perjudiciales. “La vinculación entre daño genético y cáncer es clara”, remarcó Fernando Mañas, investigador de la UNRC.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas” lleva como título la investigación publicada en la revista científica Toxicología Ambiental y Farmacología (de Holanda). El trabajo detalla el efecto genotóxico (el daño sobre el material genético) del glifosato en células humanas y de ratones. Incluso confirmaron daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta veinte veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo.
Otra de las investigaciones se llama “Genotoxicidad del AMPA (metabolito ambiental del glifosato), evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”. Publicado en la revista Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (de EE.UU.). El AMPA es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA). Confirmaron que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana. “El AMPA ha demostrado tener tanta o mayor capacidad genotóxica que su molécula parental, el glifosato”, afirma la investigación de la universidad pública.
“En diversas investigaciones confirmamos daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño cromosómico que vimos indica quién tiene más riesgo de padecer cáncer, a mediano y largo plazo. También otras enfermedades cardiovasculares, malformaciones, abortos”, explicó Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de la UNRC.
Mañas trabaja junto a Delia Aiassa y coordinan juntos desde 2006 el grupo de investigación. Al inicio era cinco investigadores. En la actualidad son 21 con enfoque multidisciplinario (biólogos, veterinarios, microbiólogos, psicopedagogos, veterinarios y abogados). El eje común son los efectos de la exposición a sustancias químicas sobre la salud humana, ambiental, animal. Trabajan junto a poblaciones expuestas a agroquímicos, estudian los cromosomas, el ADN y el funcionamiento del material genético.
En sus quince artículos científicos los investigadores confirmaron el efecto de los agroquímicos sobre el material genético, tanto en animales de experimentación en el laboratorio como en poblaciones humanas expuestas laboral e involuntariamente a las sustancias químicas. La última investigación, de 2014, se realizó en niños de entre 5 y 12 años de Marcos Juárez y Oncativo (Córdoba), donde también se encontró un aumento en el daño en el material genético de los niños.
Explican que los estudios en cromosomas son sobre material genético. Hallaron altos niveles de daños genéticos en personas expuestas a agroquímicos. El daño en cromosomas (material genético) alerta que la persona está en riesgo de desarrollar algunas enfermedades. “A mayor daño genético, mayor probabilidad de cáncer”, afirmó Mañas.
A lo largo de sus quince investigaciones utilizaron distintas técnicas. En todas confirmaron daño genético. “Los agroquímicos y el daño que provocan está absolutamente vinculado al modelo agropecuario vigente”, afirma Mañas, aunque aclara que es una opinión a título individual y no una postura de todo el equipo de investigación. Primero trabajaron con una muestra de veinte personas, de la periferia de Río Cuarto. Profundizaron con 50 personas en otras localidades y, luego, con 80 de Las Vertientes, Marcos Juárez, Saira, Rodeo Viejo y Gigena. Los productos más encontrados y que provocan más daño son el glifosato, atrazina, cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.
“Estrés oxidativo y ensayo cometa en tejidos de ratones tratados con glifosato y AMPA” es el título de otra de las investigaciones publicadas en la revista Genética Básica y Aplicada de Argentina. Confirmaron “incremento significativo” en el daño del ADN en hígado y sangre. En la revista científica Boletín de Contaminación Ambiental y Toxicología (de Estados Unidos) confirmaron el daño genético en trabajadores rurales. “Estos resultados muestran que la exposición humana a mezclas de agroquímicos puede incrementar el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la genotoxicidad (cáncer, problemas reproductivos y/o en la descendencia)”, precisa la publicación científica.
Buena parte de las investigaciones del grupo académico está presente en el libro Plaguicidas a la carta. Daño genético y otros riesgos que trata las características de los plaguicidas, los efectos sobre el material genético humano y de animales silvestres, la susceptibilidad de las personas y los efectos del glifosato, entre otros agrotóxicos.
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Llamado de atención
“Se han publicado muchas investigaciones en Argentina. Entre evaluaciones sobre la salud humana y animal, determinación de niveles de contaminación y evaluación de efectos ambientales, probablemente se hayan publicado sólo en nuestro país más de cien artículos científicos que indican claramente que el uso de plaguicidas genera consecuencias que siguen siendo, en muchos casos, sistemáticamente ignoradas”, alertó Fernando Mañas, de la UNRC. El doctor en Ciencias Biológicas explicó que las mismas “empresas productoras de esos agroquímicos, investigadores y funcionarios suelen ignorar o descalificar las investigaciones cuyos resultados les resultan inconvenientes, y que son realizadas por investigadores independientes en todo el mundo. Deberíamos preguntarnos si es racional afirmar ciegamente que la información generada por la industria de los agroquímicos es confiable, y que aquella producida por investigadores no vinculados con la industria carece de valor científico”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 6 de octubre de 2014 en el diario Página12.
Sep 25, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La Primera Conferencia Mundial estableció, entre otros puntos, que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en toda decisión que los afecte.
Salud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. “Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente”, afirmó Cayuqueo.
Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.
Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas”(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.
Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: “Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. “El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de “convención” (de cumplimiento vinculante).
Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. “Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina”, afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: “En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas”.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.
El apartado veinte del documento aprobado insiste: “Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios”. El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: “Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables”.
Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un “plan de acción” para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure “aumentar la coherencia” para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.
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Un gran paso
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, evaluó que la declaración aprobada en la Conferencia Mundial es “un escalón y un gran paso”. Su antecesor (hasta mayo pasado), James Anaya, afirmó que uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de los derechos indígenas es “la ignorancia de los funcionarios nacionales”.
El mexicano Marco Matías Alonso, ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, resumió el pasado, presente y futuro de los pueblos indígenas: “La situación indígena contemporánea ha sido una historia de agravios y vejaciones interminables. Hay millones de indígenas en el mundo con pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida. La pobreza y la miseria se han expandido en los territorios indígenas. Aliviar, disminuir o anular la situación de pobreza indígena demanda políticas de Estado y firme compromiso de los gobiernos”.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, reclamó que “los compromisos que se adopten en ONU deben aplicarse a nivel nacional” y exigió que “termine la represión a los defensores de las tierras y derechos de los pueblos indígenas”. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, rindió homenaje a los “miles de indígenas que perdieron la vida” en la lucha por sus derechos y llamó a una “lucha frontal contra el racismo y la discriminación”
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los pueblos indígenas “son fundamentales para nuestro discurso de los derechos humanos y el desarrollo global, y tienen un papel importante en el impulso de un uso más sostenible de los recursos naturales”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 25 d septiembre de 2014 en el diario Página12.
Sep 19, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Desde hace un año, una movilización social impide la instalación de una planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas. Para festejarlo, hoy habrá un festival y diferentes actividades. Reclaman que se haga un plebiscito para definir el futuro del emprendimiento.
En la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas habrá celebración, promete ser masiva y tiene un motivo principal: desde hace un año frenan a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo. En los últimos doce meses hubo marchas, campañas informativas, asambleas, la Justicia detuvo la construcción de la planta; el gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental; tres universidades nacionales cuestionaron a la empresa; policía y patotas ejecutaron medio docena de represiones sobre la población y un nuevo estudio confirma el rechazo de la población a la instalación de Monsanto en Córdoba. Hoy se realizará un festival de música, feria de alimentos sanos y celebrarán el traspié de la mayor empresa transgénica del mundo.
Monsanto controla el 86 por ciento de las semillas transgénicas del mundo y es referente en el modelo de agronegocios. En junio de 2012 anunció la construcción de su mayor planta para Latinoamérica de semillas de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, en un predio de 30 hectáreas. La población se enteró por televisión de que tendría de vecina a una de las empresas más denunciadas del mundo, que instalaría 240 enormes silos en el barrio y procesaría millones de toneladas de maíz al año. Nacía la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Los vecinos solicitaron información, pero nunca llegó. Y comenzaron a pedir explicaciones al municipio (intendente Daniel Arzani, UCR), a la provincia (José Manuel de la Sota, PJ) y a la Nación. Tampoco obtuvieron respuesta. Iniciaron las marchas y reclamos con dos puntos principales: un estudio de impacto ambiental y una votación para que la población decidiera. Todos los funcionarios rechazaron la posibilidad de un plebiscito.
Desde que comenzó la movilización en Malvinas Argentinas, sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos), ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra.
La semana pasada se conoció una nueva encuesta, realizada por el Conicet a pedido de la ONG internacional Avaaz. Nueve de cada diez habitantes están a favor de realizar un plebiscito y el 65 por ciento votaría en contra de la instalación de Monsanto.
Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas, afirmó que el balance de la lucha es “positivo porque se logró frenar la construcción y se dejaron en evidencia todas las irregularidades en las autorizaciones para Monsanto”. Mazzalay aclaró que “aún falta” para le erradicación definitiva de la empresa, explicó que recién están comenzando a dimensionar la repercusión de su lucha (suelen visitarlos periodistas y activistas de todo el mundo) y apuntó al poder político: “La única forma de que Monsanto se instale es si el gobernador viola la ley”. Se refiere a la ley provincial 9841, de Uso de suelos, que estipula que plantas como la de la multinacional deben radicarse en zonas industriales (no es el caso del predio de Malvinas Argentinas).
En enero pasado, la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de la Asamblea de Malvinas. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas de la municipalidad y la provincia que habían posibilitado el inicio de la obra. En febrero, la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían los desechos ni el gran consumo de agua. Sin embargo, la provincia dejó abierta la posibilidad de una segunda presentación.
La discusión sobre Monsanto potenció denuncias y movilizaciones en Córdoba respecto del uso masivo de agroquímicos, los desmontes, las sequías y la especulación inmobiliaria. Se sucedieron marchas con gran convocatoria, como nunca antes por el extractivismo y exigieron la “emergencia ambiental” en la provincia. En Río Cuarto (donde Monsanto planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones sociales y la UNRC motivaron los cuestionamientos de buena parte de la sociedad. El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.
Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba, explicó que son muchos los que han contribuido al freno a Monsanto en Malvinas Argentinas, reivindicó el papel de los “autoconvocados” del acampe, resaltó que “es el pueblo el que está frenando a esta multinacional genocida” y dejó un aviso, extensivo para otros casos: “Multinacionales y gobiernos tienen que entender que las comunidades locales no quieren un modelo que contamina, enferma y mata”.
Tres universidades nacionales rechazaron la planta. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba (UC) cuestionan que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se cumplió con las audiencias públicas que insta la ley. Las tres universidades nacionales también explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación).
En abril de 2013, la UC, la Universidad Católica y el Conicet realizaron una encuesta sobre 350 personas de Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechazaba la instalación de Monsanto.
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Jornada de festejos
La segunda jornada Primavera sin Monsanto será hoy en la plaza San Martín de Malvinas Argentinas. Se celebrará el año del bloqueo y freno a la empresa. Habrá música, talleres, feria agroecológica y alimentos sin agroquímicos. Estarán presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Aleida Guevara (hija del Che) y Félix Díaz (vocero del Consejo Plurinacional Indígena). También se recordará al científico Andrés Carrasco, que confirmó en 2009 los efectos letales del glifosato y falleció en mayo pasado.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, el Acampe por la Vida y Madres de Ituzaingó son algunas de las organizaciones convocantes. Rubén Patagonia, Ciro Pertussi, Perro Verde y Duende Garnica son algunos de los músicos confirmados. Las actividades comenzarán al mediodía y se extenderán hasta entrado el sábado. “No a Monsanto en Córdoba y América latina” es una de las banderas principales.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de septiembre de 2014 en el diario Página12.
Ago 21, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.
Tres semanas presos y la posibilidad de ser condenados hasta con quince años de cárcel. Es la situación de cinco hermanos wichí de Formosa que resistieron el despojo del territorio de su comunidad, fueron reprimidos y están detenidos. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclamaron la liberación de los wichí. El juez que interviene en la causa, Francisco Orella, rechazó la excarcelación y el gobierno provincial negó que haya sido una represión. “Los apresaron con mentiras. Nos tratan mal porque defendemos nuestra tierra”, denunció Evil Tejada, hermano de los detenidos.
La comunidad wichí El Colorado vive en Ramón Lista (extremo oeste de Formosa) desde hace al menos cuatro generaciones. Habitan y hacen uso tradicional de 7500 hectáreas. Desde hace una década que denuncian la intrusión de privados en territorio indígena. Desde 2012 se tensó la relación con un lugareño (conocido como Pila Tedín), que ya estaba instalado en parte del territorio indígena (sin permiso de la comunidad) y que intentaba avanzar sobre nuevas hectáreas. “A fines de 2012 fuimos a la comisaría a denunciar que se metían en nuestra tierra, pero nunca quieren tomar nuestras denuncias”, recordó Evil Tejada.
El último fin de semana de julio, el privado plantó postes en las tierras wichí y comenzó a alambrar. Hasta ahí llegaron los hermanos Tejada (de la comunidad wichí), sacaron los postes y le cortaron el alambre. Tedín fue a la comisaría y los denunció.
En tiempo record, la Justicia ordenó el allanamiento. El lunes 28 de julio a la mañana llegaron hasta la comunidad wichí más de 70 policías. De ese hecho se contraponen dos versiones. Según la policía de Formosa y el juez Orellana, todo transcurrió con “tranquilidad y en el marco de la ley” hasta que los hermanos Tejada se resistieron. En particular Ricardo, que (según el juez) habría amenazado con un arma blanca a la policía. Ricardo Tejada sufrió disparos en ambas piernas y quebradura expuesta en el brazo. Estuvo internado tres semanas (siempre esposado a la cama) y luego fue trasladado a la cárcel con sus cuatro hermanos (Avelino, Esteban, Manuel y Rogelio).
La comunidad wichí relata otra versión del allanamiento. “Llegaron en patota, patearon las puertas y nos atropellaron a todos. Golpearon a hombres, mujeres y hasta a los chicos. Peor que a animales nos trataron”, describió Evil Tejada, el único de los hermanos que aún no fue detenido.
La Vicaría de Pueblos Originarios de la Iglesia Católica también denunció la “represión y detención de indígenas que defienden sus territorios”. El cura Ponciano Acosta, coordinador nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa), describió que “en Formosa persiguen constantemente a los aborígenes por los temas referidos al territorio” y afirmó que lo sucedido en el oeste provincial “es una réplica de la violencia que aconteció en la comunidad qom La Primavera”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, mano derecha del gobernador Gildo Insfrán, dijo a los medios locales que “se actuó de acuerdo con una orden librada por la Justicia. No hay persecución, no hay nada raro como quieren decir algunos”.
Asumió la defensa legal el abogado Daniel Cabrera, conocido activista vinculado con las luchas indígenas. Presentó un hábeas corpus junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) exigiendo la liberación. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.
Adolfo Pérez Esquivel alertó que “cuando un no indígena defiende su tierra y reacciona, es justo; pero cuando es un indio el que reclama y se pone firme, se lo considera violento y merece ser castigado. Es una muestra de cómo gran parte de la sociedad y la Justicia miden con distinta vara los derechos de las personas”.
A la semana de la represión, la comunidad cambió de abogado. Le retiró la representación a Cabrera y se la dio a Omar Padilla, concejal del PJ de Formosa. Cabrera explicó que la comunidad había sido presionada “por los punteros políticos” para cambiar de abogado. Evil Tejada no negó las presiones, pero remarcó que les habían prometido que “con el concejal los iban a liberar en dos días, pero pasaron dos semanas y los hermanos siguen presos”.
También lamentó que el denunciante siga alambrando el territorio indígena y cuestionó que “con mis hermanos presos, el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) vino hasta acá y relevó el territorio, pero sin conocer lo nuestro. Midió todo a favor de los criollos y no nos escuchó”. En una radio local, el juez Orellana reconoció no saber de quién es el territorio en disputa (si de los wichí o del privado), precisó que la carátula de la causa es “robo a mano armada en banda y resistencia a la autoridad” (delito no excarcelable, con penas de entre 5 y 15 años) y explicó que los wichí tienen “antecedentes” (por cortes de ruta).
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Reclamo y ataque
El 1º de agosto pasado, en la ciudad de Las Lomitas (al centro de la provincia y donde están detenidos los cinco hermanos wichí), hubo una movilización de comunidades indígenas y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (que suelen hacer pasantías en el lugar). Fueron atacados por una patota con cadenas, palos y cuchillos. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció la represión y responsabilizó al gobernador. El lunes 11 de agosto, en el edificio Anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública denunció ambas represiones (la de Ramón Lista y la de Las Lomitas). Estuvieron presentes dirigentes de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, los indígenas formoseños Félix Díaz y Viviano Luna y los diputados Ricardo Bruyaile (UCR Formosa), Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT). “Los indígenas somos condenados a morir o a la cárcel”, acusó Díaz. Consensuaron realizar una audiencia pública de legisladores nacionales en Formosa y exigieron la liberación de los wichí. Nora Cortiñas afirmó que en Formosa existe “terrorismo de Estado” y reclamó la intervención de “todos” los organismos de derechos humanos y del gobierno nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de agosto de 2014 en Página12.
