Mar 15, 2010 | 2010, General
La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Tras un estudio exhaustivo después de la tragedia ocurrida en febrero de 2009, el Servicio Geológico Minero Argentino concluyó que el desmonte y la actividad petrolera influyeron en el fenómeno. Y advirtió sobre un posible nuevo desastre.
El 9 de febrero de 2009 amaneció con llovizna leve, a las 8 se transformó en diluvio y a las 10 se escucharon las sirenas. El alud de tierra, agua y árboles talados bajó del cerro formó un dique natural y desbordó sobre la ciudad de Tartagal. Dos muertos, mil afectados, 900 casas destruidas y pérdidas millonarias. A pesar de que tres años antes una investigación de la Universidad Nacional de Salta había alertado sobre la fragilidad del ambiente y la acción de empresas extractivas, desde los ámbitos de gobierno se culpó a la naturaleza. Las compañías agropecuarias y madereras deslindaron responsabilidades y las empresas de hidrocarburos optaron por el silencio. Campesinos, indígenas y organizaciones sociales apuntaron a la incidencia de la destrucción del monte del nativo, la tala y la acción hidrocarburífera. A un año del alud en Tartagal, una investigación del Servicio Geológico Minero Argentino –el organismo científico y técnico más especializado en el estudio de la tierra– confirma el impacto de la acción extractiva del hombre junto a los factores naturales para explicar lo sucedido y alerta que la tragedia puede repetirse. El gobierno de Salta rechaza esa hipótesis e insiste en factores naturales (ver aparte).
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