Dic 9, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.
La Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.
El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.
En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.
La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.
En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.
Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.
Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.
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Denuncia por otra disputa
La Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Wirkalew denunciaron al comisionado (una suerte de intendente) del pueblo de Sauzal Bonito, Vicente Zenón Sandoval, por amenazas y lo responsabilizaron por la llegada de una patota que golpeó a integrantes de la comunidad y realizó disparos al aire para intimidarlos. El motivo es una disputa territorial.
Sauzal Bonito está ubicado en cercanías de Añelo, zona petrolera. La comunidad Wirkalew se reunió para una reafirmación territorial en un predio que utiliza y reivindica como propio. “Sandoval gobierna con mano dura a través de la coerción, del amedrentamiento y poniendo toda la institucionalidad del Estado al servicio de sus intereses personales. Cuenta con un gabinete de lujo, que llegó a insultar y agredir a las familias mapuches”, denunció por medio de un comunicado. Señaló que el comisionado pretende ese espacio con el fin de “lotearlo para sus familiares directos”. Alertaron que la comunidad fue rodeada por “un grupo de matones” que realizaron disparos al aire. “No hubo un muerto solo porque la comunidad mantuvo una actitud que evitó responder a esas provocaciones”, explicó la Confederación Mapuche y avisó que no abandonarán el territorio comunitario.
Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).
Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.
El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.
Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.
Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura provincial tratará mañana un proyecto para poner un freno a las explotaciones mineras a cielo abierto. La propuesta fue presentada por una “iniciativa popular”.
En un hecho inédito para la democracia argentina, los legisladores de Chubut tratarán mañana un proyecto de ley presentado por una “iniciativa popular”, un mecanismo de democracia semidirecto que consiste en un proyecto impulsado por los ciudadanos y avalado por el tres por ciento del padrón electoral. La propuesta de ley consiste en la prohibición total de la megaminería (metalífera y nuclear) y la protección de las fuentes de agua. Impulsado por asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas, el proyecto resalta en los fundamentos la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irreversible es necesario tomar medidas protectoras) y el artículo 41 de la Constitución nacional (derecho al ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras).
Chubut fue el germen de la resistencia a la megaminería en la Argentina. En 2003 se realizó en Esquel el plebiscito que rechazó (con el 82 por ciento de los votos) la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego nacieron decenas de asambleas en toda la cordillera, y también espacios de resistencia en la costa de la provincia (Puerto Madryn, Trelew y Rawson, entre otros) y también la unión de organizaciones sociales y el pueblo mapuche-tehuelche en el centro geográfico de Chubut (llamado la meseta). También se sancionó la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera, pero no prohíbe la exploración, no legisla sobre las fuentes de agua y menciona la posibilidad de “zonas de sacrificio” (regiones donde se podría hacer minería).
La multinacional Panamerican Silver (una de las mayores corporaciones mineras) fijó sus ojos en la meseta, en el yacimiento llamado Navidad (un gran reservorio de plata y plomo). Los distintos gobiernos provinciales insisten, desde 2003, en avanzar en la explotación minera en el centro de la provincia. Las asambleas responden con una frase: “Si la minería no es buena para la cordillera (Esquel), tampoco lo es para la meseta (Gastre o Gan Gan)”. Y también recuerdan la frondosa legislación indígena que obliga a tener el consentimiento de las comunidades mapuche-tehuelches.
En 2012 y 2013, hubo un fuerte lobby de las corporaciones mineras (encabezado por la Panamerican Silver) para derogar la Ley 5001. La respuesta provino de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-Ch), que presentó en agosto de 2013 “la otra campaña”, para implementar por primera vez la “iniciativa popular”, una acción ciudadana contemplada por la Constitución de Chubut que obliga al Parlamento provincial a tratar un proyecto de ley presentado por la ciudadanía. La campaña fue lanzada de manera simultánea en una decena de ciudades. Como primer paso, debían juntar 11 mil firmas (el tres por ciento del padrón electoral), con nombre, apellido y número de DNI.
“El proyecto de ley fue hecho por y para el pueblo de Chubut, porque estamos cansados de vivir en este estado de zozobra, constantemente asediados por la embestida de las corporaciones mineras y por los gobiernos que viran sus políticas y que siempre están haciendo jugarretas para tratar de traicionar la voluntad del pueblo”, explicó Corina Milán, de Esquel.
El proyecto amplía los alcances de la Ley 5001, busca prohibir la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio) en todas sus etapas. La recolección de firmas se realizó en toda la geografía provincial. El 4 de abril de 2014 se presentó la primera “iniciativa popular” en la historia de Chubut. Con 13.007 firmas, los chubutenses avalaron el “proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”. La Legislatura tiene la obligación de tratarlo.
Los diputados por el oficialismo intentaron frenar la iniciativa. El primer argumento fue la supuesta invalidez de las firmas recolectadas. Pero el 16 de julio el Tribunal Electoral ratificó la legitimidad de las 13.007 firmas. Los legisladores luego impulsaron una proyecto de ley de zonificación, para habilitar el proyecto Navidad (en la meseta) y el proyecto Suyai (en Esquel). El 29 de octubre la Legislatura vivió un día de escándalo provincial al hacer esperar durante cuatro horas a Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Espen tenía pautada una entrevista con los legisladores e iba acompañada de asambleístas por el no a la mina. No fue recibida.
Al día siguiente, los legisladores dieron la entrevista esperada a las asambleas y organizaciones sociales. Y fijaron fecha de tratamiento al proyecto de ley para mañana. Será la primera vez que una iniciativa de este tipo, de democracia semidirecta, llegue a un Congreso provincial. Los votos están divididos. Los partidos Modelo Chubut (PJ), la UCR y el Polo Social aprobarían la ley. La duda es el Frente para la Victoria (FPV) que, a excepción de Vicente Jara, impulsa la megaminería. Vecinos de toda la provincia marcharán en caravana hacia la Legislatura exigiendo la aprobación del proyecto de ley. La consigna es una: “Por el futuro de Chubut, por trabajo y producciones sustentables. ¡No a la megaminería metalífera y nuclear en toda la provincia!”.
La Argentina cuenta con leyes provinciales que prohíben etapas de la megaminería o el uso de cianuro en la actividad extractiva en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Lo propio sucedía en Río Negro y La Rioja, pero los gobernadores vetaron las leyes. También existen prohibiciones en Montana y Colorado (Estados Unidos), República Checa, Costa Rica y Alemania, entre otros países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 19, 2014 | 2014
Las leyes clave del modelo extractivo que reclamaron las corporaciones. El Gobierno, una nueva soja y una ley a pedir de las petroleras.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
- La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de noviembre en lavaca.org
Nov 11, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Unas 120 mil misioneros participaron de manera voluntaria de una consulta popular convocada por organizaciones sociales: el 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en su territorio. “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas. Exigen que el gobierno provincial “cumpla la ley” y llame a votación obligatoria y vinculante. En los últimos veinte años se realizaron en Argentina cuatro votaciones referidas al extractivismo. En todas ganó ampliamente el rechazo a represas y mineras.
En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas (dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) y desalojará a 2500 familias. En Misiones está vigente la ley 56, que obliga al gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero desde hace tres años que el gobernador Maurice Closs rechaza convocar a las urnas.
La Mesa Provincial No a las Represas reúne a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. La semana pasada se conocieron los cómputos finales. Votaron 120.418 personas. El 96,82 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas) y 2,91 por el sí (3506). 323 sufragios (0,27 por ciento) fueron anulados por irregularidades.
Las localidades con mayores votos fueron Posadas (47.590), Oberá (10.390), Eldorado (9272), Puerto Rico (5746) y Puerto Iguazú (5538). En las localidades de Alba Posee y Azara –ambas serán directamente inundadas por la represa proyectada– concurrió a votar más del 80 por ciento del padrón electoral (el porcentaje más alto del que participa en esos lugares para elecciones de presidente o gobernador). En ambas localidades, más del 90 por ciento rechazó la construcción de represas.
Desde la Mesa Provincial No a las Represas hicieron entrega de carpetas con información detallada de la votación a las fuerzas políticas provinciales, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos (provincial y nacional). Y solicitaron que el pueblo misionero pueda decidir en un plebiscito “urgente, obligatorio y vinculante”.
En Misiones está vigente la ley IV-56. El artículo 6 es muy claro: “Para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.
En 1995, los gobiernos de Argentina, Paraguay y Misiones impulsaron la represa llamada Corpus Christi. Luego de un largo proceso de debates y marchas, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento de los misioneros dijo “no” a la construcción de la represa binacional. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas de la provincia.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 1, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
“En este mismo momento hay un niño en una escuela que está siendo fumigado con veneno”, denunció Jorge Bevacqua, entrerriano de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Sucedió en la primera audiencia pública en el Congreso Nacional sobre escuelas fumigadas con agrotóxicos. Se escuchó una veintena de relatos de trabajadores de la educación y detalles sobre alumnos y maestros afectados por químicos. Reclamaron un mínimo de 1000 metros de distancia entre las fumigaciones y las escuelas, cuestionaron el modelo agropecuario y denunciaron la “inacción” del Ministerio de Educación de la Nación.
El Anexo del Congreso Nacional lucía atípico. Banderas de “Monsanto fuera de América latina”, “Paren de fumigarnos”, eran algunas de las banderas que sobresalían en el tercer piso. “Estamos hablando de 700 mil niños en riesgo por fumigaciones. En la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos tóxicos”, abrió la audiencia el diputado Antonio Riestra (bloque Unidad Popular) y lamentó la ausencia de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud.
Leandro García Silva, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó que el organismo acaba de publicar un documento que solicita la reclasificación de los agroquímicos y que se tenga en cuenta los efectos crónicos, la necesidad de tomar medidas precautorias y avanzar en un modo de producción sin químicos.
Elisa Lofler, docente de Coronel Suárez, recientemente jubilada, en 2011 conoció los agroquímicos de la peor manera: fumigada, con los chicos en clase. Mostró fotos de los tractores a metros de niños de guardapolvo blanco. “Los nenes gritaban y nos encerramos en el aula”, recordó. Las denuncias nunca prosperaron. En 2012 enfermó. Los análisis confirmaron que tiene endosulfán en sangre. “No se respetan los derechos y la dignidad de los chicos”, lamentó.
Leonardo Moreno, docente de Luján, detalló que los fumigaron cuando estaban en clase. Explicó que denunciaron ante el Poder Judicial, pero que el fiscal archivó la causa. El municipio ni los atendió. Ofelia Montañana, docente rural de Concepción del Uruguay denunció ante la Ufima (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) fumigaciones sobre los alumnos en 2012. Recién en agosto de 2014 los llamaron para tomar testimonio. “No estamos en contra del trabajo de nadie, sí por la salud de los niños”, aclaró.
La única voz oficial fue Olga Zattera, coordinadora del Area de Educación Rural de Nación. Precisó que en Argentina existen 10.200 escuelas rurales, el 55 por ciento del total de los establecimientos, y representan el 13 por ciento de la matrícula. Precisó que existe una “mesa federal” de educación rural, trabajan para “superar el aislamiento” de las escuelas, difunden información, realizan encuentros, confeccionan un banco de datos y, precisó, trabajan con el documento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad).
Marta Verniau, escuela 24 del departamento de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) lamentó no tener apoyo de sus superiores cuando denunció las fumigaciones con agrotóxicos sobre los niños. “Tengo cuatro hijos y seis nietos. Me duele ver a los gurises intoxicados. Mientras discutimos si 100 metros o 500 metros, los niños enferman y mueren por este modelo”, lamentó.
La audiencia se realizó el 28 de octubre, la sala estaba repleta (más de 150 personas de organizaciones sociales y escuelas) y fue convocada por el bloque de Unidad Popular (UP), Antonio Riestra, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. También estuvo presente Pablo López, del Frente de Izquierda.
Jorge Bevacqua, de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas y de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay, fue uno de los gestores de instalar carteles blancos de “no fumigar” en escuelas entrerrianas e informar para que no se fumigue. Le habló directo a la funcionaria nacional. “Si nosotros que somos pocos pudimos, ¿cómo no va poder el Ministerio de Educación?”. Miryam Gorban, nutricionista de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, explicó que los transgénicos afectan a todos mediante los alimentos.
El diputado Víctor De Gennaro (UP) propuso un proyecto de ley para prohibir las aspersiones a 1000 metros de las escuelas y una ley de soberanía alimentaria. Y reconoció las limitaciones: “Hay muchos legisladores que votan las leyes de negocio y muerte, y rechazan los proyectos de solidaridad y vida como los que estamos presentando”.
Marta Maffei, ex legisladora e histórica referente de Ctera, cuestionó que el Ministerio de Educación tome como referencia el manual del Senasa. “Fue escrito por las empresas”, denunció y puntualizó la violación de la Ley de Educación: “No se cumple el artículo 89 de educación ambiental, el 126 que obliga a proteger a los alumnos de cualquier agresión y tampoco se cumple la obligación de escuelas seguras porque están siendo inundadas de veneno. El responsable es el Ministerio de Educación”.
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
* Por Darío Aranda. Publicado el 1 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
