May 27, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Derechos consagrados en legislación nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista, derechos humanos y territorios son algunos de los temas que se abordarán en la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que comienza hoy y se desarrollará hasta el viernes próximo en la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de un centenar de autoridades originarias de todo el país, será también un respaldo a los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios como espacios para explotar, sacar riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos nosotros. Por eso nos organizamos para que se cumplan nuestros derechos”, explicó Jorge Palomo, wichí de Formosa.
El encuentro indígena se desarrollará en la Iglesia de la Santa Cruz (Carlos Calvo 3121), espacio emblemático de los derechos humanos y resistencia a la dictadura cívico-militar. Ayer comenzaron a llegar los referentes y voceros de las comunidades. A las 9 de hoy será el acto de apertura, encabezado por las comunidades indígenas de Formosa nucleadas en la organización Qopiwini Lafwetes (reúne a los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé), que acampan desde febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio en reclamo de sus derechos.
Se conformarán diez grupos de trabajo que harán un panorama de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los temas serán el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.
También se abordará la minería de litio (elemento vital para las baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos) que avanza en Salta y Jujuy, en territorios de comunidades kollas y atacama que ven vulnerados sus derechos. En el mismo sentido, todos los pueblos originarios exigen el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en tratados internacionales de derechos humanos, que implica la participación indígena ante cualquier hecho que pueda afectarlos).
Se hará hincapié en el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, aprobada en 2006. Ordenaba revelar en tres años todos los territorios indígenas del país. En 2013, un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) precisó –en base a información oficial– que sólo se había finalizado los trámites administrativos del 13 por ciento de las comunidades originarias y se había gastado el 76 por ciento del presupuesto. En el encuentro se hará un análisis actualizado del relevamiento territorial.
Un tema que se sumó a último momento es un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena que se analiza en el Congreso Nacional y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero que aún no fue puesto a consulta (como obliga la legislación vigente) de las organizaciones de pueblos originarios. “También tenemos reclamos por falta de la salud, de educación, agua, pero lo principal es el territorio”, aclaró Jorge Palomo, wichí de Formosa.
Confirmaron su presencia líderes indígenas de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias. Y cuentan con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. También estará presente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización originaria del continente.
El viernes por la mañana será el plenario general de la Cumbre, donde se consensuarán la declaración final y las acciones directas. El objetivo es planificar acciones concretas, desde denuncias en tribunales hasta encuentros y movilizaciones, tanto por regiones como a nivel nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 21, 2015 | 2015, Campesinos, General
El Gobierno había comprometido 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, pero los fondos no fueron asignados. Organizaciones campesinas denuncian “traición”, “aprietes” y “desmanejos” en el Ministerio de Agricultura. Y cuestionan que el Gobierno sí asignó recursos (2.500 millones) a los productores de soja. Mañana se reúne el Consejo de la Agricultura Familiar.
“La Presidenta nos ha instruido muy concretamente para que podamos no solamente sancionar la ley (de agricultura familiar), sino aplicarla, y para ello tenemos que asignar los recursos”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el 15 de diciembre de 2014. Fue en Casa de Gobierno, junto al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y al secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. El encuentro se repitió el 5 de enero. La gacetilla de prensa del Gobierno precisa: “Contará con una partida presupuestaria de 1.500 millones de pesos (…) no solamente hay que trabajar bien, sino que tenemos que hacerlo rápido».
A cinco meses de ese hecho, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico reconoció que este año no se contará con el presupuesto prometido. Las organizaciones campesinas, todas con muy buena sintonía con el kirchnerismo, descargaron duras críticas al Gobierno: aprietes, exigencias de alineamientos acríticos, manejos discrecionales, promesas incumplidas y dobles discursos.
Donde si apareció el presupuesto es para los productores de granos (entre ellos, de soja y maíz transgénicos). El Gobierno asignó 2.500 millones de pesos (en marzo pasado, con la creación del «Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos»). Ya hizo depósitos por 320 millones de pesos.
“Reparación histórica”
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, el 13 de noviembre de 2014, a la ley bautizada de “reparación histórica para la agricultura familiar”. Define a la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Aunque es una ley “de adhesión” (las provincias deben suscribirla para que sea efectiva en los territorios), fue calificada como un gran logro por las organizaciones.
Pero la mala noticia fue que los diputados de oficialismo retiraron, a último momento, el artículo 33, que especificaba un presupuesto anual de 1500 millones de pesos. Todas las entidades campesinas cuestionaron la maniobra, se movilizaron y emitieron comunicados de repudio. “Sin presupuesto, no hay ley”, fue el título del escrito conjunto de las organizaciones de la agricultura familiar, y afirmaron: “Ante esta exclusión del articulo tratado en la Cámara de Diputados, exigimos urgente la restitución del artículo 33 de la ley en el tratamiento que resta en el Senado (…) Nos encontramos en estado de asamblea permanente en los territorios para seguir movilizados y reclamando la asignación presupuestaria en la ley”.
Negociaciones mediante con legisladores del oficialismo y el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a la asignación del presupuesto luego de la sanción de la ley. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron hoy que el presupuesto al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que ya tiene media sanción en Diputados, será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, una vez que obtenga la sanción del Congreso”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre.
Dos días después, el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “reparación histórica de la agricultura familiar”.
“No sirve aplaudir todo”
“Situación complicada”. Así resume el panorama José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación (MCL). Explica que, en abril, fue Emilio Pérsico (secretario de Agricultura Familiar y uno de los máximos dirigentes del Movimiento Evita) quien sinceró que el presupuesto prometido (de 1.500 millones de pesos para este año) se había esfumado. El mensaje que bajó del Gobierno fue que, al no haber reglamentado la ley, no se pudo asignar el presupuesto.
Livolti descree en ese argumento. “¿Quién garantiza que con reglamentación habrá presupuesto?”. Y aporta otro elemento. “Los sojeros no tiene ley y no tienen reglamentación, pero les dan 2.500 millones de pesos”, acusa.
Refiere al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Agraria Argentina. Firmado en en marzo pasado. “Si tiene ojo de gato, pata de gato y maúlla como gato… es gato. Ya no creemos cualquier cosa”, se enoja. Y recuerda que la ley tenía presupuesto y, sin previo aviso, lo sacaron los propios diputados oficialistas.
No sabe si existe una interna entre Aníbal Fernández, el Ministro de Agricultura (Casamiquela), Pérsico y el Ministerio de Economía. Pero acusa que el Secretario de Agricultura Familiar “te hace la cruz si mostrás algo de autonomía de ellos”. Y lo señala como uno de los responsables de que organizaciones campesinas participen de “mesas de diálogo” con Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los empresarios que impulsaron los transgénicos) y empresas del agronegocios. “Me hablan de socialismo, agroecología y reforma agraria pero luego se sientan a hablar con el enemigo. Es vergonzoso, una barbaridad”, dispara.
Avisa que el MCL no se va a disciplinar ante el Movimiento Evita ni ante ningún funcionario. Pide que abren el diálogo, respetando autonomías y que se apuntalen cambios estructurales, para lo que es “imprescindible” el presupuesto.
Avisa que el viernes 22 de mayo habrá una nueva reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, donde se verán las caras más de una decena de organizaciones y funcionarios. Informa que desde el Ministerio de Agricultura se los invitó a montar carpas y stand (frente al Cabildo) con productos en las vísperas del acto oficial del 25 de mayo. Adelanta que no participarán de esa movilización. “No vamos a romper con el Gobierno, pero sí a criticar lo que creemos que está mal. No sirve aplaudirle todo ni a Pérsico ni a ningún funcionario”, afirma.
“Llamó para apretarme”
Benigno López se identifica como aliado del Gobierno y reafirma que siempre votó por el kirchnerismo. Recuerda que el Frente Nacional Campesino (FNC) nació en pleno conflicto por la Resolución 125 y en claro apoyo al kirchnerismo. Pero avisa que “hay cosas que no se pueden callar”. Y apunta a Pérsico. “Me llamó dos veces para putearme y apretarme porque estábamos haciendo críticas por la falta del presupuesto y denunciando favoritismos en la Secretaría”, asegura.
Cuestiona que entre fines de enero y principios de abril no se convocó y se hizo el vacío, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, a las organizaciones rurales. “Exigimos reglamentación de la ley y el presupuesto de 1.500 millones. Y lo hacemos público aunque funcionarios de segunda línea nos llamen para apretarnos”, advierte. No quiere dar nombres, pero desliza que se refiere también a segunda líneas de la Secretaría.
Denuncia que en las delegaciones provinciales no hay recursos. Da como ejemplos a Chaco y Formosa. “Los pocos fondos que hay se destinan a la campaña del Evita, no a los productores. Está todo muy podrido”, afirma.
Señala que hay intenciones de movilizar al Ministerio de Economía y al de Agricultura, pero aclara que antes debe definirse claramente, y con participación de las organizaciones, cómo se asignará el presupuesto. “No queremos desmanejos”, advierte. Puntualiza que la prioridad debe ser la regulación dominial de los territorios, la provisión de agua, la producción campesina y la comercialización.
Remarca que apoya y coincide con el gobierno nacional, pero quiere explicitar las críticas. “No podemos dejar de cuestionar la concentración de la tierra en pocas manos, la entrega de los recursos naturales, es un desastre el avance empresario. Es una realidad. Y hay que decir que no se avanzó nada para que campesinos e indígenas se queden en su territorio. Claro que si decís esto… cae mal”.
-¿Marcharán el próximo 25 de mayo a Plaza de Mayo?
Responde un largo “nooooo”. Y explica que sí movilizaron el 25 de mayo de 2013, por los diez años de kirchnerismo: “Pasamos frío y hambre para venir a aplaudir. Después no podíamos volver. No pagaron el micro que se habían comprometido, lo tuvo que pagar nuestra organización… y luego nos enteramos que la plata se perdió en el camino. Ahí aprendimos. No venimos más a los actos”.
“El Gobierno es víctima”
Daniel Bareilles es un referente de la Asociación de Productores Familiares de Cañuelas y del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). Desde el inicio de la entrevista descarta estar enojado o molesto con el Gobierno por la falta de presupuesto para el sector. Si reconoce algo de “tristeza”. Pero rápidamente retoma: “Necesitamos un esfuerzo más”. Remarca que en los últimos años se han logrado “muchas cosas”. Y precisa la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y luego el paso a Secretaría. Y valora la ley aprobada en 2014.
“No te podés enojar por la no asignación de presupuesto. No se puede perder el hilo de la realidad”, asegura.
Explica que hicieron una nota al Ministerio de Agricultura señalando que “no es aceptable” la falta de recursos. Reconoce que no tuvieron respuesta. Tiene expectativa con la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar. Espera alguna buena noticia.
Ante la avanzada del agronegocios, 12 millones de hectáreas con soja en 2003 y 22 millones en la actualidad, Bareilles no duda: “No me puedo enojar con el Gobierno. El modelo es una realidad en América”.
-¿Y quiénes son los responsables? (pregunto)
“Felipe Solá en el ’96 abrió la puerta al modelo”, responde.
-¿Y el Gobierno actual?
Bareilles responde: “El Gobierno es víctima de este modelo perverso. Si un Gobierno se pone en contra de este modelo… dura quince días”.
Pide que las organizaciones tengan una táctica común para avanzar con otro modelo agropecuario e insiste: “No hay que perder de vista la realidad”.
Evita
El Movimiento Evita llegó a la (entonces) Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2012. Y estableció buen diálogo con la mayoría de las organizaciones rurales. De hecho, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se sumó al Ministerio con cuadros técnicos y políticos y estableció alianza electoral con el Movimiento Evita (se movilizó el año pasado en apoyo a la candidatura de Jorge Taiana, que fue declinada hace pocos días).
Cuando Norberto Yauhar era ministro de Agricultura, Pérsico se opuso a la aprobación de una nueva ley de semillas (que era reclamada por las grandes corporaciones del agro). Intervino a favor de la agricultura campesina.
Cuando asumió Casamiquela al frente del Ministerio, Pérsico fue uno de los pocos que permaneció en el cargo. Y ya comenzaba el armado, desde la misma Secretaría de Agricultura Familiar, del Frente Agrario Evita, brazo rural del Movimiento Evita.
Pérsico suele proponer la vuelta de un millón de personas al campo. Y también señala la posible “convivencia” entre el agronegocios y el campesinado. Este postulado suele ser cuestionado por otros sectores campesinos, organizaciones sociales y algunos sectores de la academia que sostienen que no hay convivencia posible entre ambos modelos.
ComAmbiental intentó entrevistar a Pérsico. Pero no respondió los pedidos de reportaje.
MNCI
El Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI) tiene bases en siete provincias y desde 2012 forma parte del Gobierno en la Secretaría de Agricultura Familiar. Son públicos sus comunicados de apoyo al oficialismo y movilizaciones (al inicio de sesiones en el Congreso Nacional y los 25 de Mayo). Cuestionan claramente el modelo extractivo y focalizan sus críticas en las transnacionales. Forman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina (movimiento internacional de organizaciones rurales).
Este periodista intentó entrevistas con Diego Montón (uno de los referentes del MNCI y coordinador de la CLOC) y con Ramiro Fresneda (del MNCI de Córdoba y subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar), pero no fue posible. Quedó abierto el ofrecimiento de próxima entrevista.
“Nos traicionó”
La Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA) son los campesinos del agua. Sector productivo de mares y ríos, que debe luchar contra las grandes empresas y que sufren las falta de políticas públicas para el sector. Una de sus bases organizaciones está en Chubut. Pedro Oroquieta es uno de sus referentes. “Pérsico nos traicionó. Nos vino a buscar para trabajar juntos, le creímos, pero solo buscaba dividirnos y cooptar organizaciones”, denuncia.
Marca un quiebre cuando se fue Capitanich de la Jefatura de Gabinete. Aclara que no hay diálogo con Aníbal Fernández ni con Casamiquela. Precisa que tanto el Héctor Espina (jefe de Gabinete de Agricultura) como Pérsico les reconocieron que no están ni estarán este año los 1.500 millones que el Gobierno había comprometido. “Somos participes de este Gobierno y lo apoyamos, pero no somos obsecuentes. Si desaparece el presupuesto para nosotros y le dan 2.500 millones a Federación Agraria y sojeros… es una decisión política y la denunciamos”, sostiene.
Define a la situación como “muy complicada”, avisa que muchas organizaciones (oficialistas) están cansadas de reuniones y debates, sin medidas concretas en los territorios.
Menciona a Osvaldo Chiaramonte (hombre de confianza de Pérsico, segundo el el organigrama del área). “Nos prometió muchas cosas, pero nos mintió descaradamente”, denuncia.
Precisa que a su organización le pidieron planificar tres talleres de pescadores de todo el país. UAPA avanzó con los tres encuentros. “A último momento nos cancelaban los talleres”, recuerda Oroquieta. “¿Sabés que hicieron? Nos sacaron información para crear una organización paralela de pescadores que se pone la camiseta del Movimiento Evita”, asegura. Y define: “Pérsico toma agricultura familiar como un partido político, logran mejoras solo para ellos y para las organizaciones alineadas”.
Afirma que los pescadores, como organización, no se pondrán la camiseta de ningún partido ni de ningún Gobierno. “Tenemos nuestra propia camiseta y no la vamos a cambiar. Y mucho menos nos vamos a poner la camiseta de quienes dicen que el agronegocios puede ‘convivir’ con la agricultura familiar (dichos de Pérsico). Esa es la mayor traición a los pequeños productores y campesinos”.
“Sin recursos, la ley no sirve”
José Luis Castillo tiene un doble rol. Es unos de los referentes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) y director de Fortalecimiento en la Secretaría de Agricultura Familiar. “No estamos nada contentos”, resume. Y recuerda que en enero se habían reunido con Jefatura de Gabinete y Ministerio de Agricultura. Parecía que marchaba todo bien, incluso se habían definido los tres desembolsos que hacían un total de 1.500 millones de pesos para 2015. “Estamos a mayo y no hay nada. Nos dicen que hace falta la reglamentación de la ley y que estaría la plata para 2016, pero son cosas distintas, van por separado… Están muy bien los discursos, pero también hay que verlo en los hechos. Y eso no está pasando”, explica.
Reconoce que nadie asegura que en 2016 esté el presupuesto. Y menos con un cambio de gobierno mediante. “Espina y Pérsico dijeron que agotaron todas las posibilidades de gestión. Que depende del Ministerio de Economía. No sabemos qué creer, hay cosas que no cierran”, sincera.
Recuerda los comunicados de fines de 2014, de varias organizaciones rurales, que alertaban “sin presupuesto no hay ley”. Lo sostiene: “Sin recursos, la ley no sirve”. Explica que la norma debe contar con la adhesión de las provincias. Y, por ahora, sólo adhirió Jujuy. Y define la situación de muchos dirigentes campesinos: “Es todo muy triste”.
No pierde la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo de Agricultura Familiar haya alguna buena noticia, aunque también anuncia que son varias las organizaciones que proponen una movilización campesina en Buenos Aires.
Reconoce que “la mayor calentura” sucedió el día del anunció de los 2.500 millones para los productores de soja. “Muchos sentíamos que las reivindicaciones del sector campesino se estaban por plasmar. Era ahora o nunca. Y ahora sentimos que otra vez están postergando a la agricultura familiar”.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 21 de mayo de 2015 en http://www.comambiental.com.ar/2015/05/sin-presupuesto-para-los-campesinos.html
May 18, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Tres meses de acampe indígena en la Ciudad de Buenos Aires
Los pueblos indígenas de Formosa llevan casi tres meses de acampe en el centro porteño en reclamo de agua, salud, educación, cumplimiento de los derechos indígenas y territorio. Solicitaron audiencias ante los tres poderes del Estado, cortan la avenida 9 de Julio (por las tardes) y denuncian espionaje ilegal de la policía de Formosa. “Les han mentido a nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora a nosotros. Estamos cansados. Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclamó Aldo Coyipé, originario de la comunidad Namqom.
Qopiwini Lafwetes es la organización que reúne a 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé. Acampan desde el 14 de febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Héctor Rojas tiene 32 años, es wichí de Las Lomitas, centro de la provincia. “Tenemos muchos problemas de tierras, no respetan nuestros derechos, nos sacan lo poco que nos queda”, explica. Agustín Santillán es wichí de Ingeniero Juárez, extremo oeste de Formosa. El 24 de marzo fueron reprimidos cuando estaban al borde de la ruta 81, pedían atención de salud, agua, educación, luz eléctrica. Cien policías avanzaron sobre hombres, mujeres y niños. Tres heridos de bala. Santillán recibió tres disparos. “No queremos que nos manejen los punteros. Exigimos que dejen de alambrar nuestros territorios”, afirmó y pidió que los reciba la Presidenta.
El 10 de marzo marcharon por el centro de Buenos Aires. Solicitaron audiencias, y dejaron sus reclamos por escrito, ante la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabilizaron por el incumplimiento de la legislación indígena. También llegaron hasta la puerta del Congreso Nacional y acusaron a los legisladores de ser indiferentes ante la muerte de niños indígenas por desnutrición y falta de adecuada atención médica. Y finalizaron en Plaza de Mayo, donde pidieron ser recibidos. “Nos sacan las tierras a los indígenas para dárselas a las multinacionales”, señaló Félix Díaz, autoridad qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
A principios de marzo se difundió en los medios de Formosa cientos de correos electrónicos de la policía que confirmaban el espionaje ilegal sobre partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Entre ellos, aparecen reportes policiales que dan cuenta del seguimiento a Félix Díaz, tanto en Formosa como en Buenos Aires. “Es una prueba más de que en Formosa siguen pasando cosas de la dictadura militar”, resumió Díaz.
Al cumplirse un mes de acampe y sin respuesta, comenzaron los cortes en la 9 de Julio. Dos o tres veces por semana, desde la tarde y hasta la noche. “A nadie le gusta cortar. Lo hacen porque no les queda otra opción. Hay incumplimiento de derechos básicos en sus comunidades y hay violación de derechos humanos”, afirmó Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en los cortes junto a otras dos madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen.
Un grupo de legisladores nacionales de Unidad Popular, Libres del Sur, Frente Progresista (CC-Ari), Proyecto Sur, Frente de Izquierda, GEN, Frente Cívico, Frente de Izquierda, Frente Amplio Progresista (FAP) y el Partido Socialista recibieron a los indígenas y solicitaron por escrito a Cristina Kirchner y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que reciban a los pueblos originarios de Formosa.
* Por Darío Aranda. Publicado el 18 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.
El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.
Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.
Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.
Estadísticas
El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).
“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.
Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Potae
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
May 11, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Hace dos meses, la OMS declaró que hay pruebas de que el glifosato es cancerígeno. A partir de dicho informe, especialistas e investigadores argentinos reclamaron medidas urgentes para proteger a la población. En Santa Fe fue prohibido el agrotóxico 2,4D.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hace dos meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno (segundo en una escala de 1 a 5). A partir del informe de investigadores, profesionales de la salud y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor y Nidera, entre otras empresas.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud) encomendó a 17 expertos de once países dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo (entre otros cultivos, se emplea en soja, maíz y algodón). Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito: “El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas (situación que tiene relación directa con el cáncer). Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa) representa a 30 mil médicos y profesionales de la salud. Emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia en poblaciones y estudios científicos “que no responden a las corporaciones” del agro. “El glifosato no sólo provoca cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas”, afirma Fesprosa, que además exige al Ministerio de Salud la prohibición del herbicida y llama a un debate amplio y urgente sobre la reconversión del modelo agropecuario. “El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos”, reclama.
También se expidió la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica (Sahop). “Resulta alarmante el uso masivo de productos tóxicos promocionados como ‘avances tecnológicos’ y que se fumiga desaprensivamente en mezclas de dosis crecientes que combinan herbicidas con insecticidas. El riesgo se potencia enormemente si además estos tóxicos se utilizan dispersándolos por vía aérea”, explica el documento que lleva como título “Pronunciamiento sobre tóxicos ambientales”. También alerta sobre los riesgos de los silos bolsa (enormes plásticos en el que se guardan los granos), donde proliferan los “hongos productores de aflatoxinas, categorizadas por la IARC como conocidos carcinógenos humanos desde 1993”.
La Sahop, especializada en cáncer infantil, reclamó la prohibición “inmediata” de toda fumigación y exigió “posicionar claramente al glifosato como carcinogénico y regular su uso estrictamente”. Firmada por el presidente de la Sociedad Pediátrica, Pedro Zubizarreta, llama a implementar políticas de Estado que promuevan alternativas de producción saludables.
El Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre “salud, agrotóxicos y daño genético”, donde participaron los investigadores Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Seveso. Convocada por la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados. Y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la IARC-OMS sobre glifosato y la situación en Argentina.
Afirma que la reclasificación de la OMS es tardía, pero valora que ratifica lo que afectados directos y profesionales de la salud observan y denuncian desde hace años “sin ser escuchados por autoridad alguna”. Afirma que es imprescindible contar en hospitales públicos, de manera gratuita, con laboratorios aptos para realizar dosajes (análisis para evaluar si los pacientes tienen agroquímicos en sangre). “Se torna indispensable la aplicación del principio precautorio (tomar medidas preventivas) que priorice el cuidado de la salud y el ambiente por sobre la rentabilidad y se prohíba el uso de sustancias, no sólo glifosato, que puedan poner en riesgo o amenacen la vida”, destaca el documento emitido por profesionales del Hospital Garrahan.
La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), conformada por más de veinte organizaciones de todo el país solicitó por escrito a los ministerios de Agricultura, Ciencia y Salud la “prohibición inmediata” del glifosato, y alertó que no se trata sólo de un agroquímico: “Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria”. En línea similar se expresaron la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Greenpeace y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía (UBA).
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Prohibición en Santa Fe
Santa Fe prohibió el uso del herbicida 2,4D, el segundo más utilizado del país, y organizaciones sociales solicitaron la misma medida al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentario (Senasa). En Neuquén, legisladores por el partido UPIE (Instrumento Electoral por la Unidad Popular) presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en toda la provincia. Epuyen (Chubut) es el primer municipio de Argentina en prohibir la venta y uso de glifosato. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos, hoy prohibido)”, precisa la ordenanza de Epuyen.
El Ministerio de Producción de Santa Fe informó el 25 de abril la prohibición del 2,4D. La medida había sido presentada formalmente en junio de 2014 por el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y la ONG Conciencia Solidaria.En marzo pasado, ante el Senasa, también se solicitó la prohibición del 2,4D. Con frondosa bibliografía científico, el pedido fue firmado por la organización BIOS (de Mar del Plata), Acción por la Biodiversidad, Foro Ambiental de General Viamonte, Foro Salud y Ambiente de Vicente López, la ONG Naturaleza de Derechos, Foro Ecologista de Paraná y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 4, 2015 | 2015, Asambleas Socioambientales, General
Un docente de la Universidad de Córdoba participó de un relevamiento que vinculó los casos de cáncer y malformaciones en la localidad de Monte Maíz con el uso de transgénicos y agroquímicos. En esa casa de estudios ahora piden un sumario para el investigador.
El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, tomó una medida con pocos antecedentes: solicitó un sumario administrativo y sanción para un docente e investigador de la Facultad de Medicina, Medardo Avila Vazquez. El pedido obedece a que Avila Vazquez coordinó un relevamiento sanitario en la localidad de Monte Maíz, donde confirmó altos índices de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. Y vinculó las enfermedades a transgénicos y agroquímicos. “Es una clara persecución ideológica. Si el estudio hubiese sido favorable a Monsanto no hubieran dicho nada, incluso lo celebrarían”, afirmó el investigador denunciado. Los vecinos de Monte Maíz, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata (que también participó del relevamiento sanitario) e investigadores de doce países respaldaron al docente y médico cordobés.
En octubre de 2014, un equipo de 70 investigadores y estudiantes se instalaron en Monte Maíz, localidad de 8000 habitantes a 300 kilómetros de la capital de Córdoba. A pedido de organizaciones locales y del propio intendente, Luis María Trotte (Frente para la Victoria), se instalaron durante cinco días y realizaron un censo sociosanitario. Los resultados: los casos nuevos de cáncer duplican el promedio nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones triplican los registros de la capital cordobesa.
El equipo de trabajo estaba compuesto por investigadores de Córdoba y de La Plata (UNLP). El coordinador fue Medardo Avila Vazquez.
El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina acusó al trabajo de “carecer de asidero científico”, señaló que la casa de estudios no autorizó el relevamiento y señaló que no contaba con la aprobación de un Comité de Etica.
La respuesta la brindó el Comité de Bioética del Estudio de Salud Socio Ambiental de Monte Maíz (un grupo de expertos que había supervisado el trabajo). En un documento de diez puntos recordaron que la propia Facultad de Medicina desintegró el Comité de Etica de la UNC para que no participara de la investigación, precisó que el estudio fue avalado por el propio Consejo Directivo de Ciencias Médicas y por un convenio firmado por el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y el intendente Trotte.
El Comité de Bioética (integrado por investigadores y profesionales de la UNC, UNLP y Comahue) afirmó que el trabajo de Monte Maíz cumple con los requisitos científicos nacionales e internacionales y está sujeto a la legislación provincial y nacional.
Pero el decano de Ciencias Agropecuarias recurrió al Consejo Superior de la UNC y pidió el juzgamiento del investigador. “Solicito se dé curso a las acciones administrativas para que se investigue si el accionar del médico Medardo Avila Vazquez y del equipo de trabajo le corresponde alguna sanción disciplinaria”, comienza el escrito de Conrero.
Señala que los investigadores se “extralimitaron” en su tarea, denuncia que difundieron información “engañosa” y los acusa por causar “temor” en la comunidad de Monte Maíz. “En nombre de esta prestigiosa universidad no podemos permitir que miembros de la misma engañosamente difundan datos no validados científicamente, causando daños irreparables a la sociedad”, sostiene. Conrero no menciona cuáles habrían sido los errores de la investigación.
Los vecinos de Monte Maíz que solicitaron el relevamiento, nucleados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud, emitieron un comunicado en solidaridad con Avila Vazquez. “Repudiamos todas las maniobras del saliente decano de la Facultad de Medicina (Gustavo Irico), tendientes a boicotear este trabajo tan anhelado por nuestra población, así como repudiamos todas las descalificaciones vertidas sobre la persona y la idoneidad del doctor Avila Vazquez. Repudiamos también la actitud del decano Juan Conrero, actuando en defensa de los intereses de la empresa multinacional (Monsanto)”, destaca el comunicado.
Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba.
Las asambleas socioambientales y organizaciones de Malvinas Argentinas y Córdoba Capital, junto con docentes y estudiantes de la UNC, se movilizaron y denunciaron el contrato entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto. Conrero se vio forzado a dar marcha atrás y suspendió el convenio.
Los vecinos de la Red de Prevención de Monte Maíz resaltaron la importancia del trabajo de todos los investigadores, en especial de Avila Vazquez. Explicaron que, junto a los concejales, trabajan en una ordenanza para limitar las fumigaciones y llamaron a las autoridades la UNC “a repensar su actitud que avergüenza a quienes soñamos en una universidad que ponga el saber al servicio de la población”.
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Apoyos al docente
En el relevamiento sanitario en Monte Maíz también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El 29 de abril, el Consejo Directivo de esa Facultad votó por unanimidad una declaración de repudio a la “persecución política” al médico y docente de la UNC. “Nos solidarizamos con Avila Vazquez. Las intenciones que están detrás del pedido de sumario no son más que el pedido desesperado de las empresas agroexportadoras y productoras del paquete tecnológico asociado la intensiva actividad sojera”, afirma la declaración de Ciencias Exactas de la UNLP y apunta al papel de la educación pública: “El trabajo realizado en Monte Maíz no sólo es pertinente sino que además es un modelo de lo que la universidad debe ser, una institución al servicio de su pueblo y no de los intereses económicos”. También se expidieron 38 investigadores de doce países. “Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento científico respecto a los trabajos e iniciativas del doctor Medardo Avila Vazquez y de su equipo. Afirmamos el carácter de alto interés público y de relevancia internacional que conlleva este tipo de estudios”, señala el escrito, firmado por investigadores de varios países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 4 de mayo de 2015 en el diario Página12.
