Feb 22, 2010 | 2010, General
El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
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Feb 22, 2010 | 2010, General
Tras un estudio exhaustivo después de la tragedia ocurrida en febrero de 2009, el Servicio Geológico Minero Argentino concluyó que el desmonte y la actividad petrolera influyeron en el fenómeno. Y advirtió sobre un posible nuevo desastre.
El 9 de febrero de 2009 amaneció con llovizna leve, a las 8 se transformó en diluvio y a las 10 se escucharon las sirenas. El alud de tierra, agua y árboles talados bajó del cerro formó un dique natural y desbordó sobre la ciudad de Tartagal. Dos muertos, mil afectados, 900 casas destruidas y pérdidas millonarias. A pesar de que tres años antes una investigación de la Universidad Nacional de Salta había alertado sobre la fragilidad del ambiente y la acción de empresas extractivas, desde los ámbitos de gobierno se culpó a la naturaleza. Las compañías agropecuarias y madereras deslindaron responsabilidades y las empresas de hidrocarburos optaron por el silencio. Campesinos, indígenas y organizaciones sociales apuntaron a la incidencia de la destrucción del monte del nativo, la tala y la acción hidrocarburífera. A un año del alud en Tartagal, una investigación del Servicio Geológico Minero Argentino –el organismo científico y técnico más especializado en el estudio de la tierra– confirma el impacto de la acción extractiva del hombre junto a los factores naturales para explicar lo sucedido y alerta que la tragedia puede repetirse. El gobierno de Salta rechaza esa hipótesis e insiste en factores naturales (ver aparte).
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Dic 16, 2009 | 2009, General
En 1902 el Gobierno Nacional entregó a familias mapuches 625 hectáreas, tierras donde hoy se erige la exclusiva ciudad neuquina de Villa La Angostura. El reciente desalojo de parte de la misma comunidad es un caso testigo de la negación de la historia y la violación de los derechos indígenas.
El Gobierno Nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura, la exclusiva y turística ciudad neuquina. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La última semana, la Comunidad Paichil Antriao –descendiente directa de esos primeros pobladores– padeció otro despojo: parte de la comunidad fue nuevamente desalojada y tres viviendas destruidas. Los pobladores indígenas advirtieron que la causa estaba plagada de irregularidades, denunciaron que la Justicia desoyó legislación nacional e internacional, e informaron que el beneficiario fue un ciudadano estadounidense que asegura ser dueño del predio. El desalojo se dio un contexto de criminalización del Pueblo Mapuche y una campaña mediática que cuestiona sus reconocidos derechos.
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Nov 11, 2009 | 2009, General
Julián Domínguez se reunió en Santiago del Estero con el movimiento campesino más importante del país. Es la primera vez que un ministro lo visita. Escuchó sus reclamos y recibió propuestas para impulsar la soberanía alimentaria y fortalecer al campesinado.
Quimilí es una localidad santiagueña de casas bajas, historia agraria y epicentro de las luchas rurales de los últimos veinte años, protagonizadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Ubicada a 250 kilómetros de la capital provincial, a las afueras de la ciudad sobresale una casona campesina extensa, de veinte metros de largo y diez de ancho, galería a sus cuatro lados y una bandera roja, blanca y celeste que da la bienvenida: “Soberanía alimentaria y reforma agraria integral”. Es una de las históricas centrales del Mocase y también una de las 59 centrales del indómito Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En una inusual medida, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó el lugar, escuchó a hombres y mujeres que luchan contra los agronegocios y recibió un completo programa para el fortalecimiento y desarrollo del campesinado, propuestas concretas nacidas en talleres y asambleas campesinas, iniciativas para aumentar la producción rural, impulsar la soberanía alimentaria, frenar los desalojos y fortalecer la estructura agraria del país partiendo de las familias que trabajan la tierra. Es la primera vez que un funcionario nacional de primera línea visita una organización campesina autónoma, crítica a los agronegocios y distante del Gobierno.
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Nov 9, 2009 | 2009, General
Un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas denuncia la contaminación de Abra Pampa y sostiene que la Argentina corre el riesgo de desarrollar 400 casos semejantes. Recomienda remediar y organizar un plan sanitario integral.
“La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos.” Es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que investigó la situación de la localidad jujeña contaminada desde hace dos décadas por la actividad minera, y al que tuvo acceso Página/12. La universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control, denuncia que la remediación continúa siendo ineficiente y advierte sobre los peligros de la oleada minera: “La Argentina tiene riesgo de padecer 400 Abra Pampa”. Recomienda implementar un plan sanitario integral, remediar la contaminación, juzgar a los responsables (privados y estatales) y resarcir económicamente a las familias perjudicadas. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
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