La valla a la topadora se llama wichí
Un día antes de la audiencia a la que convoca la Corte para determinar sobre la prohibición del desmonte en Salta, los wichí cuentan cómo se las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance permanente de las topadoras.
Desde Tartagal, Salta
La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta. Comienza en Tartagal y -170 kilómetros después- finaliza en la frontera con Paraguay. Monte nativo, árboles añejos y pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona más preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar, deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la realiza ningún gobierno, sino las comunidades wichí que resisten a base de acción directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado circunstancial: la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los desmontes autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para una audiencia de las partes. Mañana será ese momento, cuando escuchará a las comunidades y también a la provincia y el gobierno nacional, que deberán explicar por qué se continúa arrasando territorio indígena. Los referentes indígenas muestran expectativa y escepticismo, en partes iguales. Y reina una certeza: «La cuestión de fondo es la tierra, no el desmonte».
El departamento de San Martín, con Tartagal como cabecera, cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos y agua. Es la región más rica de Salta, pero también es la zona con más pobres de la provincia. Volvió a ser noticia nacional luego de que agua, barro y troncos arrasaran un cuarto de la ciudad y dejaran sin casa a un millar de familias. Funcionarios de primera línea, tanto de la provincia como de la Nación, responsabilizaron a la naturaleza, que se habría ensañado con los salteños. Campesinos y pueblos originarios advierten desde hace años sobre los efectos del desmonte, aseguran que el alud tiene directa relación con la tala indiscriminada y, como cuestión de fondo, responsabilizan al modelo extractivo, que privilegia la explotación de bienes naturales en lugar de la vida. Empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales. Los campesinos advierten que, de continuar la misma política extractiva, «habrá muchos Tartagal».
«La culpa no es de la naturaleza», fue la respuesta recurrente de los vecinos más afectados de Tartagal, al norte salteño. Y culpaban a la mano del hombre y la complicidad política, que impulsa la deforestación en la región. Además de la demora de obras públicas, sobre el río, que ya debieran estar finalizadas. Ayer a la tarde aún sacaban el barro de sus casas, y con las marcas de agua hasta un metro de altura, los habitantes de Barrio Centro miraban al cielo por dos motivos: rogaban el cese de lluvias y veían pasar al gobernador Juan Manuel Urtubey, que sobrevolaba la zona en helicóptero. Millares de troncos que bajaron del cerro fueron la antesala del desastre: conformaron un dique natural que desbordó el río hacia las márgenes, cuatro cuadras de cada lado, sobre los sectores más humildes. Salta había sido rebautizada como la «capital nacional del desmonte» por comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que desde hace años advierten las consecuencias del maltrato ambiental. El lunes a la mañana la naturaleza comenzó a darles la razón. Urtubey reconoció que la situación se agravó por los troncos traídos por la creciente, pero negó que su origen fuera la tala (ver aparte).
El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la denuncia toma como uno de sus fundamentos la «emergencia sanitaria» del barrio cordobés Ituzaingó Anexo -saturado de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones-, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la Presidenta. «Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada», advirtieron.
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban «las locas», pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa -por primera vez- acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.