May 10, 2014 | 2014
“Soy investigador del Conicet y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo”.
Fue lo primero que se escuchó del otro lado del teléfono.
Era 2009 y aún estaba latente el conflicto por la Resolución N°125. Página12 había dado amplia cobertura a las consecuencias del modelo agropecuario y este periodista había escrito sobre los efectos las fumigaciones con agroquímicos.
El llamado generó desconfianza. No conocía al interlocutor. ¿Por qué me llamaba?
El científico avanzó en la presentación. “Mi nombre es Andrés Carrasco, fui presidente del Conicet y soy jefe del Laboratorio de Embriología de la UBA. Le dejo mis datos”.
Nunca había escuchado su nombre. Nunca había escrito sobre científicos y el Conicet me sonaba como un sello.
Llamados al diario y preguntas a colegas. Todos confirmaron que era un científico reconocido, treinta años de carrera, con descubrimientos muy importantes en la década del 80 y trabajo constante en los 90, cuando se enfrentó al menemismo.
Hice la nota.
Su investigación fue la tapa del diario, (abril de 2009). La noticia: el glifosato, el químico pilar del modelo sojero, era devastador en embriones anfibios. Nada volvió a ser igual. Organizaciones sociales, campesinos, familias fumigadas y activistas tomaron el trabajo e Carrasco como una prueba de lo que vivían en el territorio.
“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, solía decir él. Y comenzó a ser invitado a cuanto encuentro había. Desde universidades y congresos científicos, hasta encuentros de asambleas socioambientales y escuelas fumigadas. Intentaba ir a todos lados, restando tiempo al laboratorio y a su familia.
También ganó muchos enemigos. Los primeros que le salieron al cruce: las empresas de agroquímicos. Abogados de Casafe (reúne a las grandes corporaciones del agro) llegaron hasta su laboratorio en la Facultad de Medicina y lo patotearon. Comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes. Y también lo desacreditó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Lo hizo, nada menos, que en el programa de Héctor Huergo, jefe de Clarín Rural y lobbysta de las empresas.
Barañao desacreditó el trabajo y defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Y no dejó de hacerlo en cuanto micrófono se acercara. Incluso cuestionó el trabajo de Carrasco en encuentros de Aapresid (empresarios del agro) y, sobre todo, en el Conicet.
Carrasco no se callaba: “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.
Los diarios Clarín y La Nación lanzaron una campaña en su contra. No podían permitir que un reconocido científico cuestionara el agronegocio. Llegaron a decir que la investigación no existía y que era una operación del gobierno para prohibir el glifosato, una represalia por la fallida 125. Carrasco se enojaba. “Si hay alguien que no quiere tocar el modelo sojero es el gobierno”, resumió café mediante en el microcentro porteño. Pero Carrasco era funcionario del gobierno: Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. Le pidieron que bajase el tono de las críticas al glifosato y al modelo agropecuario. No lo hizo. Renunció.
El silencio no es salud
Empresas, funcionarios y científicos lo habían acusado de no publicar su trabajo de glifosato en una revista científica, sino en un diario. Se reía y retrucaba: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y, luego, se lo canaliza por medios que sólo llegan a ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”.
Era calentón Carrasco. Se enojaba, discutía a muerte, pero luego tiraba algún comentario para distender.
Nos solíamos ver en un café antiguo cerca de Constitución. Él era habitué. Charlaba con las mozas y debatía de política con el dueño.
Café mediante, le pregunté por qué se metió en semejante baile. Ya era un científico reconocido en su ámbito y no necesitaba dar prueba de nada. Tenía mucho por perder en el mundo científico actual. Me explicó que lo había conmovido el sufrimiento de las Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba. Y que no podía permanecer indiferente. También lamentó que el Conicet estuviera al servicio de las corporaciones. Denunció acuerdos (incluso premios) entre Monsanto y Barrick Gold con el Conicet. Se indignaba. “La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales”, disparaba.
Ética
En 4 de mayo de 2009, el ministro Barañao envió un correo electrónico a Otilia Vainstok, coordinadora del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (Cecte). En un hecho sin precedentes, Barañao aportaba bibliografía de Monsanto y pedía que evalúen a Carrasco. Nunca había pasado algo similar. La mayor autoridad de ciencia de Argentina pedía una evaluación ética por un investigar que había cuestionado al químico pilar del modelo agropecuario.
Barañao quería la cabeza de Carrasco.
Vainstok envió un correo electrónico el mismo lunes 4 de mayo,,con copia a los nueve integrantes del Comité de Ética. Decía así:
“Estimados colegas, esta tarde he recibido un pedido de que el Cecte considere las expresiones vertidas en artículos periodísticos por Andrés Carrasco con motivo de su investigación de los efectos del glifosato en embriones de anfibios. Adjunto también la bibliografía aportada por Lino Barañao, la entrevista a Carrasco y la entrevista al Ministro Barañao que sacó Clarín”.
El mail se filtró a la prensa. Y Carrasco se enteró de la operación de Barañao y Vainstok. El escándalo hubiera sido enorme. El Comité de Ética reculó y no juzgó a Carrasco, pero el camino estaba marcado.
Los de abajo
En agosto de 2010, en Chaco, estaba por dar una charla, pero empresarios arroceros y punteros políticos intentaron lincharlo. Había concurrido a una escuela de un barrio fumigado, y no pudo hablar. Lo sorprendió la violencia de los defensores del modelo.
Ese mismo agosto, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco. Lo que había sido un pedido-chicana de sus detractores, no sirvió para calmar las críticas. Continuó la difamación de los defensores del agronegocios. Pero fue un triunfo para los pueblos fumigados, las Madres de Ituzaingó y las asambleas en lucha. Y Carrasco comenzó a tejer diálogos con otros investigadores, de bajo perfil. Sentía particularmente respeto y cariño por jóvenes investigadores de Universidad de Río Cuarto y de la Facultad de Ciencias Médica de Rosario. Solía mencionarlos en las charlas y los señalaba como el “futuro digno” de la ciencia argentina.
Otro veneno
Solíamos cruzarnos en encuentros contra el extractivismo. Y periódicamente nos enviábamos correos con información del modelo agropecuario, alguna nueva investigación, viajes suyos a Europa para contar sobre su investigación, el juicio de las Madres de Ituzaingó, la nueva soja aprobada por el gobierno, los nuevos químicos. Un día recibí uno de sus mensajesl. “Hay un nuevo veneno”, fue el asunto de un mail. Alertaba sobre el glufosinato de amonio y lo mencionaba como posible sucesor del glifosato: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones y muerte celular en el cerebro. Con claros efectos teratogénicos (malformaciones en embriones). Todos indicios de un serio compromiso del desarrollo normal”, precisaba. Y recordaba que la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) detalló en 2005 los peligros del químico para la salud y el ambiente. Destacó que desde 2011 el Ministerio de Agricultura había aprobado diez eventos transgénicos de maíz y soja de las empresas Bayer, Monsanto y Syngenta. Cinco de esas semillas fueron aprobados para utilizar glifosato y glufosinato.
¿Para qué y para quién investigan?
Otra tarde le envíe un correo electrónico contando de investigadores que confirmaron lo mismo que él, pero en sapos (muchas veces llaman los “canarios de la mina” porque pueden anunciar lo que le sucederá a humanos. Los investigadores tenían miedo a hablar, por las posibles represalias. De inmediato me llamó por teléfono. Fue tajante: “No quiero saber quiénes son. Sólo quiero que le preguntes para qué mierda investigan, si para criar sapos o para cuidar al pueblo que subsidia sus investigaciones. Preguntales eso por favor”. Y cortó.
Los investigadores nunca quisieron hablar y difundir masivamente sus trabajos.
Carrasco en Wikileaks
En marzo de 2011 se conoció que la embajada de Estados Unidos lo había investigado y había hecho lobby en favor de Monsanto. Documentos oficiales filtrados por Wikileaks confirmaban el hecho. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado. Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.
El otro Carrasco
En noviembre de 2013 le relaté que en Estación Camps (Entre Ríos) había entrevistado a una mujer que luchaba contra los agroquímicos. Era una trabajadora rural y ama de casa, muy humilde, que había enviudado. Su esposo era peón de campo, vivía rodeado de soja y fue fumigado periódicamente. Comenzó a enfermar, la piel se le desprendía y tuvo graves problemas respiratorios. Murió luego de una larga agonía. La mujer no tenía dudas de que habían sido los agroquímicos que llovían sobre la casa. Y los médicos tampoco tenía dudas, aunque se negaban a ponerlo por escrito. El nombre del trabajador rural víctima de los agroquímicos: Andrés Carrasco.
La viuda había escuchado en la radio sobre el científico homónimo de su marido y el glifosato. Y, entre llantos, contó que le daba fuerzas saber que alguien con el mismo nombre que su esposo estaba luchando contra los químicos que le arrebataron al padre a sus hijos.
Le conté la historia por teléfono. El Carrasco científico se conmovió, no podía seguir hablando. Y confesó que solía arrepentirse de no haber investigado antes sobre el glifosato.
La última maniobra
A fin del año pasado me llamó para contarme la última maniobra del Conicet. Había solicitado la promoción a investigador superior y le fue negada. La cuestión iba mucho más allá de la promoción. Lo enojaba el ninguneo de los científicos empresarios y obedientes del poder. Lo habían evaluado dos personas que no conocían nada de su especialidad y otro que es parte de las empresas del agronegocios. Me envió su carta de reclamo al Conicet y relató en detalla la reunión con el Presidente de la Institución. Estaba seguro que era un nuevo pase de factura por lo que comenzó en 2009.
Y le dolía el silencio de académicos que respetaba, incluso de amigos de antaño de las ciencias sociales que le daban la espalda.
Le propuse un artículo periodístico e intentar publicarlo en Página12. Le tenía aprecio al diario, a pesar de que hacía tiempo habían dejado de darle espacio. Le avisé que pondría su versión de los hechos y la del Conicet y de Barañao. Me retruco rápido: “Te van a sacar cagando”.
Lo propuse al diario. Lo rechazaron sin la más mínima explicación. Cuando le avisé la negativa, ni se inmutó. Dijo que era previsible. “En estos años tuve un curso acelerado de lo que son los medios de comunicación”, resumió. Le respondí que estos años había aprendido que el Conicet no era para nada impoluto y que había demasiadas miserias en el mundo científico.
Reímos juntos.
Y me chicaneaba y recordaba que ahora éramos colegas. Tenía un programa en FM La Tribu donde nadie lo censuraba y daba gran protagonismo a las asambleas y organizaciones en lucha contra el extractivismo. El nombre del programa era todo un mensaje a sus enemigos: “Silencio cómplice”.
Quedamos en juntarnos a comer un asado y publicar la nota en medios amigos (la publicó lavaca en su periódico MU en marzo pasado).
Intenté para esa nota hablar con “la otra parte”. Barañao dijo que no tenía nada de qué hablar, desechó cualquier pregunta. El presidente del Conicet, Roberto Salvarezza, adujo problemas de agenda.
La última entrevista
Viajó a México al Tribunal Permanente de los Pueblos (tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental que evalúa la violación de derechos humanos). Volvió a México en enero. Se descompuso y fue trasladado de urgencia. Lo operaron en Buenos Aires y tuvo largas semanas internado, débil. Cuando le dieron el alta, llamó a casa. “Zafé”, fue la primera palabra. Y de inmediato preguntó: “¿Qué sabés del bloqueo en Malvinas Argentinas (Córdoba, donde se frenó la instalación de una planta de Monsanto)? ¿La tiene difícil Monsanto?” Él había estado en setiembre de 2013 cuando comenzó el bloqueo. Me explicó que tenía para varias semanas de recuperación, pero cuando estuviera mejor quería que vayamos a Córdoba, a Malvinas Argentinas y también a visitar a las Madres de Ituzaingó. Lo dejamos como plan a futuro.
Hablamos sobre su situación en el Conicet. Le dolía la indiferencia de compañeros del mundo académico, sobre todo de las ciencias sociales. Le pregunté por qué no recurrir a las organizaciones sociales. Se opuso. Argumentó que ya demasiado tenían en sus luchas territoriales como para preocuparse por él. Se ofreció para una entrevista. La hicimos. Algunas citas:
-“Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo”.
-“El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones”.
-“(Sobre la ciencia oficial) Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron?”
-“Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Sabía que la entrevista sería para un medio amigo, “no masivo”. Estaba contento, recuperando fuerzas, no iba a dar el brazo a torcer ante Barañao, Salvarezza, el establishment científico y las corporaciones del agro.
El 27 de marzo concurrió a Los Toldos, a una audiencia pública sobre agroquímicos. Estaba débil, pero no quiso faltar. Sucedió lo mismo en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Soberanía Alimentaria (el 7 de abril), donde habló de los alimentos transgénicos y los agroquímicos. No estaba bien, andaba dolorido, pero no quiso faltar. Entendía esos espacios como lugares de lucha, donde debía explicar los efectos de los agroquímicos. Solía decir que se lo debía a las víctimas del modelo.
Al fines de abril avisó por correo electrónico que lo habían vuelto a internar. Esperaba que sea algo rápido. Quería volver a su casa, recuperarse y hacer el viaje pendiente a Córdoba, al acampe contra Monsanto.
Su legado
Fui testigo de sus últimos seis años. Tiempo en el que decidió alejarse del establishment científico que vive encerrado en laboratorios y sólo preocupado por publicaciones que sólo leen ellos.Se transformó en un referente hereje de la ciencia argentina. No tendrá despedidas en grandes medios, no habrá palabras de ocasión de funcionarios ni habrá actos de homenaje en instituciones académicas.
Andrés Carrasco optó por otro camino: cuestionar un modelo de corporaciones y gobiernos y decidió caminar junto a campesinos, madres fumigadas, pueblos en lucha. No había asamblea en donde no se lo nombrara.
No existe papers, revista científica ni congreso académico que habilite a entrar donde él ingresó, a fuerza de compromiso con el pueblo: Andrés Carrasco ya tiene un lugar en la historia viva de los que luchan.
* Por Darío Aranda. Publicada el 10 de mayo de 2014 en lavaca.org
Abr 24, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. Una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias, desalojos rurales, desmontes, empobrecimiento de suelos. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Periodistas que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o forestales.
Coincidencia I: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Coincidencia II: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de un clase media urbana (del que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir. Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un periodista repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a un redactor a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. Ese modelo requiere sacrificar territorios, y requiere sacrificar también las vidas que resisten en esos territorios.
Durante la reciente lucha docente, el colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz fue hasta la médula del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo. Sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de abril de 2014 en Comunicación Ambiental.
Feb 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”.
La empresa Monsanto sumó un nuevo traspié en Córdoba: el gobierno provincial le rechazó el estudio de impacto ambiental para su planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. La negativa –que demora aún más los planes de obra– se suma a un fallo judicial que paralizó la construcción, a un bloqueo de organizaciones socioambientales que lleva cinco meses y a la opinión de tres universidades nacionales que cuestionan la instalación de la multinacional. “La documentación respaldatoria (del estudio de Monsanto) es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos”, afirma el dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de Córdoba analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Monsanto. “El EIA no posee el contenido satisfactorio para su evaluación y/o carece de información sobre algunos aspectos relevantes de la actividad”, afirma el dictamen de evaluación, de cuatro carillas. Y puntualiza las actividades que generan impactos ambientales y no tuvieron respuestas “idóneas”: la gestión de residuos peligrosos y residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos y tránsito vehicular, entre otros.
“Se advierten impactos ambientales negativos relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.
En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven 12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (…). La gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada como un aspecto crítico”.
También cuestiona la gestión de los residuos peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos resultantes de la utilización de agroquímicos)”.
Sin la aprobación del estudio ambiental, la compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.
Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas (y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB (utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012 en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de 2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el cierre del proyecto.
La empresa planifica una mayor producción de maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos requieren y dando participación a los ciudadanos”.
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El bloqueo vecinal
La Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales comenzaron un bloqueo al predio de Monsanto en septiembre pasado. Sufrieron cuatro represiones, pero mantienen el bloqueo. En noviembre, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, informó que el estudio de impacto ambiental de Monsanto (para la instalación de una estación experimental) “dio negativo” y advirtió que “más allá de ese resultado, he tomado la decisión de no permitir que se instale Monsanto”. La llegada de la empresa había sido cuestionada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.
En la primera semana de enero, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y ordenó al municipio que frene las obras de la multinacional. Entre los fundamentos estaba la necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto. En octubre, la consultora Sicchar difundió una nueva encuesta. El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la instalación.
Tres universidades nacionales cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto y la de Córdoba criticaron que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental (como establece la Ley General del Ambiente). También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras) y remarcaron las consecuencias ambientales y sociales del modelo de agronegocios.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 24 de febrero de 2014.
Ene 23, 2014 | 2014, Campesinos, Pueblos Originarios
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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La lentitud de la Justicia
Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para desmonte.
Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.
En agosto de 2010, el procurador general de la Nación remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.
Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de Ambiente de Salta.
La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de enero de 2014 en el diario Página12.
“Soy investigador del Conicet y estudié el impacto del glifosato en embriones. Quisiera que vea el trabajo”.
