Jul 25, 2020 | 2020, Asambleas Socioambientales, megaminería
La Asamblea de Vecinos de Esquel y pueblos originarios denuncian que el millonario Eduardo Elsztain impulsa un emprendimiento pese a que la ley prohíbe la megaminería. También se mantiene el rechazo a la multinacional Pan American Silver.
El multimillonario Eduardo Elsztain llamó a invertir en oro y adquirió acciones del proyecto minero Suyai, en Esquel, donde la población rechaza el extractivismo desde hace 17 años. Pueblos indígenas y asambleas socioambientales cuestionaron la nueva avanzada minera, de la mano de Elsztain, y rechazan también a la multinacional Pan American Silver, que intenta explotar plata y plomo. En Chubut, que atraviesa una crisis económica (trabajadores estatales aún no cobraron el sueldo de mayo), sectores políticos impulsan la cuestionada actividad como forma de “desarrollo”, a pesar de que una ley provincial lo prohíbe.
Eduardo Elsztain es presidente del Grupo IRSA (una de las mayores empresas inmobiliarias de Argentina), accionista del Banco Hipotecario y de Cresud (empresa referente del agronegocio local). En abril escribió una carta para los especuladores de Wall Street. Llamó a invertir en oro. “Cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa, el oro (…) El valor actual sólo expresa el punto de arranque de lo que podría ser la mayor suba del metal de la historia”, señaló.
Una semana después se hizo público que Elsztain junto a Saúl Zang habían adquirido el cinco por ciento (con opción a ampliación) de la mina llamada “Suyai”, de la multinacional canadiense Yamana Gold.
El rechazo a la megaminería en Chubut se remonta a 2002, cuando en plena crisis económica la canadiense Meridian Gold anunció el avance en su proyecto minero. La comunidad se organizó y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel. El 23 de marzo de 2003 votaron y el 81 por ciento rechazó el extractivismo. También se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en todo Chubut.
A pesar de la ley vigente, los distintos gobiernos intentaron avanzar con la megaminería en la provincia, sobre todo en la meseta (centro geográfico), con un proyecto llamado “Navidad”, de plata y plomo en manos de la multinacional Pan American Silver.
Viviana Moreno, de la Asamblea de Esquel, destacó que el rechazo a la megaminería sigue intacto, repudió el accionar de Elsztain, Saúl Zang Yamana Gold (empresa a cargo del proyecto) y de los gobiernos, que impulsan una actividad a pesar del rechazo social que genera. Yamana Gold también es accionista de Minera Alumbrera (Catamarca), donde acumula denuncias de contaminación, afectación a la salud y perjuicios sociales a la población. Y es la misma compañía que impulsa el cuestionado proyecto Agua Rica (en Catamarca), denunciada por la afectación de fuentes hídricas (ríos, acuíferos y glaciares).
“En el contexto de la pandemia, el Gobierno determinó que la minería metalífera a gran escala era una actividad esencial. Por lo tanto, nunca se detuvieron las exploraciones, las explotaciones y los nuevos acuerdos mineros, como es el caso Yamana. Hace 17 años dijimos ‘no’, lo sostenemos, estamos en alerta permanente y decididos frente a cualquier intento extractivo en nuestra provincia”, afirmó Moreno. Y alertó que los políticos utilizan “las falsas promesas de la mgaminería” como posible salida a la crisis provincial.
La Asamblea de Vecinos de Esquel elaboró un proyecto de declaración para el Concejo Deliberante, presentado bajo la figura de “banca del vecino”, para rechazar la alianza entre Eduardo Elsztain y Yamana Gold. En una sesión especial, los concejales de Esquel votaron el 28 de mayo. Y por unanimidad ratificaron que no existe consenso social para la megaminería. Recordaron que una de las normas que hace inviable el desarrollo del proyecto Suyai es la ordenanza 33/2003 que declara prohíbe el uso de explosivos o sustancias tóxicas en las actividades mineras.
Una de las mayores amenazas de Chubut está en la meseta, centro geográfico de la provincia, donde la multinacional Pan American Silver intenta explotar plata y plomo desde hace diez años.
A inicios de marzo, organizaciones sociales a nivel internacional presentaron un mapa interactivo sobre el accionar de Pan American Silver en América Latina. La corporación cuenta con nueve proyectos en Guatemala, México, Argentina, Perú y Bolivia. «La compañía obtiene ganancias en áreas donde las comunidades circundantes han enfrentado militarización, criminalización, violencia, acoso y amenazas», denunciaron las organizaciones Atlas de la Justicia Ambiental, MiningWatch (Alerta Minera), Earthworks y el Programa de Economía Global del Instituto de Estudios sobre Políticas.
El mapa describe en detalle el caso del proyecto Navidad en Chubut. “Comunidades indígenas y pobladores organizados de la meseta se oponen y manifiestan su preocupación por el uso del agua en un territorio semi desértico”, describe.
El 6 de mayo se realizó en Canadá la reunión anual de los accionistas de Pan American Silver. Estaban presentes todos los altos directivos de la multinacional. Comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut participaron mediante videoconferencia, exigieron el respeto a sus derechos consagrados en normativas nacionales e internacionales y dejaron sus preguntas. “¿Por qué Pan American Silver insiste en imponer una mina a comunidades en donde miles de personas ya votaron en su contra? ¿Por qué invierte en Chubut, donde la minería a cielo abierto está prohibida por ley?”, fueron algunas de las preguntas de las comunidades indígenas.
Los jerarcas de Pan American Silver no respondieron.
Abr 23, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de Chubut, sobre la Ruta nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal.
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).
El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.
El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de grandes empresarios.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El Hoyo.
Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie, volviendo a nuestro lugar”, afirmó.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche.
Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton.
En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos”.
Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio. Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.
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Reclamo por agua
La comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de Gan Gan (centro geográfico de Chubut), denunció penalmente al propietario de la estancia Aguada Tibia, Roberto Rial, por el delito de usurpación de agua al desviar un arroyo. “La comunidad se ve afectada desde hace más de dos meses. Los animales no tienen agua. Se torna dramática la situación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que acompaña a los pueblos indígenas. “Esperamos que la Justicia de una vez actúe y podamos volver a ver correr el agua en el arroyo”, reclamó en un proclama pública la comunidad originaria.
La comunidad mapuche-tehuelche Cual pidió soluciones ante la estancia y en la comisaría de Gan Gan, pero no obtuvo respuesta. Endepa denunció la inacción de la Fiscalía de Puerto Madryn y del gobierno de Chubut. “Aquí hay un delito que debe ser investigado y debe ser reparado, porque nuestro derecho al agua está violentado y se pone en peligro la economía y subsistencia familiar”, denunció la autoridad de la comunidad originaria, Gabriela Cual.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de abril de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país anuló una sentencia de la Corte de Chubut porque no contemplaba el derecho originario a ser escuchado. En el Chaco, el Superior Tribunal de Justicia ordenó a una empresa restituir tierras a una comunidad indígena.
La Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del máximo tribunal de Chubut y lo instó a aplicar el derecho indígena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarcó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos indígenas. En la misma sintonía, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hectáreas a una comunidad moqoit. Y recordó a los jueces que el territorio indígena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la “supervivencia” de los pueblos originarios.
El Instituto de Colonización de Chubut (IAC) autorizó en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, presentó en mayo de 2007 una acción de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acción judicial se fundamentó en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.
En primera instancia, la jueza María Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendió la transferencia de las tierras. Pero luego la acción de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apeló en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut “omitió absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneración del derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, tutelado en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT”.
La Corte Suprema no falló sobre la disputa territorial, pero dejó sin efecto la sentencia provincial (que daba la razón al privado) y devolvió el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. “Los jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos indígenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constitución nacional y luego explicar por qué los derechos indígenas no cambian o sí cambian su decisión sobre el caso”, explicó Eduardo Hualpa, del equipo jurídico que lleva adelante el caso, y detalló que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se violó el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos indígenas.
En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instaló en 5000 hectáreas del paraje Raíz Chaqueña, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maipú). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que había sido engañada. El caso llegó a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la razón a la empresa y ordenó escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit presentó un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sáenz Peña emitió un falló totalmente opuesto a la primera instancia y restituyó el inmueble a la comunidad indígena.
Los jueces de Cámara remarcaron la vigencia y operatividad del artículo 75 (inciso 17) de la Constitución nacional y abordó un punto imprescindible en las demandas de los pueblos indígenas. “El Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protección judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas”, sentencia.
Pero la empresa agropecuaria apeló al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el máximo tribunal chaqueño falló. Y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratificó la fundamentación de la Cámara, remarcó la obligatoriedad de respetar y aplicar los artículos de la Constitución nacional y de Chaco referidos a derechos indígenas, y también destacó la vigencia del Convenio 169 de la OIT que “establece de modo categórico que deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se arroguen la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos”. Y avanzó en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: “Se debe tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo”.
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Denuncia por otra disputa
La Confederación Mapuche de Neuquén y la comunidad Wirkalew denunciaron al comisionado (una suerte de intendente) del pueblo de Sauzal Bonito, Vicente Zenón Sandoval, por amenazas y lo responsabilizaron por la llegada de una patota que golpeó a integrantes de la comunidad y realizó disparos al aire para intimidarlos. El motivo es una disputa territorial.
Sauzal Bonito está ubicado en cercanías de Añelo, zona petrolera. La comunidad Wirkalew se reunió para una reafirmación territorial en un predio que utiliza y reivindica como propio. “Sandoval gobierna con mano dura a través de la coerción, del amedrentamiento y poniendo toda la institucionalidad del Estado al servicio de sus intereses personales. Cuenta con un gabinete de lujo, que llegó a insultar y agredir a las familias mapuches”, denunció por medio de un comunicado. Señaló que el comisionado pretende ese espacio con el fin de “lotearlo para sus familiares directos”. Alertaron que la comunidad fue rodeada por “un grupo de matones” que realizaron disparos al aire. “No hubo un muerto solo porque la comunidad mantuvo una actitud que evitó responder a esas provocaciones”, explicó la Confederación Mapuche y avisó que no abandonarán el territorio comunitario.
Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura de Chubut cambió radicalmente el proyecto de ley que prohibía la megaminería (presentado por asambleas socioambientales y pueblos indígenas) y aprobó una norma que posibilita la cuestionada actividad. “Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos”, denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. El escándalo se incrementó al difundirse una foto en la que, en plena sesión, el diputado Gustavo Muñiz (PJ) recibe instrucciones por parte de una de las mineras más grandes que opera en Argentina (Yamana Gold). El Frente para la Victoria y el PJ votaron a favor de la megaminería. Las empresas se mostraron satisfechas.
El martes se aprestaba a ser un día histórico. Por primera vez se trataría en la Legislatura un proyecto llegado por “iniciativa popular”, una acción de democracia semidirecta contemplada por la Constitución provincial. Consiste en presentar una propuesta de ley respaldada con la firma del tres por ciento del padrón electoral y los diputados tienen la obligación de tratarlo. Luego de un año de recolección de adhesiones, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron en abril 13000 firmas. El proyecto prohíbe la megaminería metalífera y la minería nuclear (uranio y torio) y protege las fuentes de agua. La propuesta amplía los límites que ya establece la Ley 5001 (que prohíbe la explotación con uso de cianuro).
Desde temprano se movilizaron a la Legislatura asambleas de toda la provincia y comunidades mapuche-tehuelches.
La sorpresa fue el cambio de proyecto (aunque con el mismo nombre de “iniciativa popular”) que hizo el Frente para la Victoria (FpV). La jefa de bancada, Argentina Noemí Martínez, argumentó que el proyecto de las 13.000 firmas era inconstitucional y que la nueva propuesta proponía un “debate serio” para los próximos cuatro meses. Desde las tribunas de la Legislatura le gritaban que desde 2002 Chubut debate sobe megaminería. En las escalinatas del Congreso la policía avanzó con palos y perros sobre los asambleístas. Enfrente, sonreían y cantaban los grupos de la Uocra, petroleros y mineros.
Luego de seis horas de debate, quince votos apoyaron el proyecto prominero (trece del Frente para la Victoria y dos del PJ) y doce fueron por la negativa (el bloque de Chubut Somos Todos –dasnevismo–, UCR, Polo Social y un voto del PJ y un voto del FpV). La ley aprobada suspende la minería durante cuatro meses, pero faculta al gobernador, Martín Buzzi, a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas “zonas de sacrificio”).
Pablo Lada, del Foro Ambiental Social de Trelew, recordó que era la primera vez en veinte años de vigencia de la Constitución de Chubut que se implementaba la “iniciativa popular”. Sabía que estaba entre las posibilidades el rechazo, la aprobación o la modificación. “Lo que sucedió fue vergonzoso. Nuestro proyecto no se trató. Manipularon el proyecto de la ciudadanía, legislaron a pedir de las transnacionales y nos robaron una herramienta de democracia semidirecta”, afirmó Lada.
El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Zona de pequeños pueblos y donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de “responsabilidad social empresaria” (proveen de insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). “La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería”, explicó Rojas, de Esquel.
Ayer al mediodía, una foto mostró al diputado del PJ Gustavo Muñiz durante la sesión. Se observa su celular y un intercambio de mensajes con el gerente de la minera canadiense Yamana Gold, Gastón Berardi, quien lo instruye a modificar el artículo 4 para permitir el extractivismo en el oeste provincial. El diputado le responde que eso se incluirá en la reglamentación, que hará el gobernador Martín Buzzi. Muñiz, que votó por la ley prominera, reconoció el hecho ante las radios de Chubut. La Asamblea de Vecinos de Esquel difundió la foto en las redes sociales: “La Legislatura de Chubut tiene legisladores que responden a las corporaciones mineras y no al pueblo”.
Lada señaló que todas las asambleas de Chubut y los pueblos originarios se encuentran en estado de alerta y movilización y evaluando los pasos a seguir. “Fue tan alevoso lo que hicieron los legisladores, burlándose de la ciudadanía, que les jugará en contra”, advirtió.
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Alvarez, se mostró satisfecho por la nueva ley. “Es muy importante. Se modificó el texto de la iniciativa popular y el proyecto antiminero se transformó en algo distinto. Nos abre una perspectiva. Es factible (el avance de la minería)”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
Nov 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
La Legislatura provincial tratará mañana un proyecto para poner un freno a las explotaciones mineras a cielo abierto. La propuesta fue presentada por una “iniciativa popular”.
En un hecho inédito para la democracia argentina, los legisladores de Chubut tratarán mañana un proyecto de ley presentado por una “iniciativa popular”, un mecanismo de democracia semidirecto que consiste en un proyecto impulsado por los ciudadanos y avalado por el tres por ciento del padrón electoral. La propuesta de ley consiste en la prohibición total de la megaminería (metalífera y nuclear) y la protección de las fuentes de agua. Impulsado por asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas, el proyecto resalta en los fundamentos la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irreversible es necesario tomar medidas protectoras) y el artículo 41 de la Constitución nacional (derecho al ambiente sano y que las actividades productivas no comprometan a las generaciones futuras).
Chubut fue el germen de la resistencia a la megaminería en la Argentina. En 2003 se realizó en Esquel el plebiscito que rechazó (con el 82 por ciento de los votos) la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold. Luego nacieron decenas de asambleas en toda la cordillera, y también espacios de resistencia en la costa de la provincia (Puerto Madryn, Trelew y Rawson, entre otros) y también la unión de organizaciones sociales y el pueblo mapuche-tehuelche en el centro geográfico de Chubut (llamado la meseta). También se sancionó la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera, pero no prohíbe la exploración, no legisla sobre las fuentes de agua y menciona la posibilidad de “zonas de sacrificio” (regiones donde se podría hacer minería).
La multinacional Panamerican Silver (una de las mayores corporaciones mineras) fijó sus ojos en la meseta, en el yacimiento llamado Navidad (un gran reservorio de plata y plomo). Los distintos gobiernos provinciales insisten, desde 2003, en avanzar en la explotación minera en el centro de la provincia. Las asambleas responden con una frase: “Si la minería no es buena para la cordillera (Esquel), tampoco lo es para la meseta (Gastre o Gan Gan)”. Y también recuerdan la frondosa legislación indígena que obliga a tener el consentimiento de las comunidades mapuche-tehuelches.
En 2012 y 2013, hubo un fuerte lobby de las corporaciones mineras (encabezado por la Panamerican Silver) para derogar la Ley 5001. La respuesta provino de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-Ch), que presentó en agosto de 2013 “la otra campaña”, para implementar por primera vez la “iniciativa popular”, una acción ciudadana contemplada por la Constitución de Chubut que obliga al Parlamento provincial a tratar un proyecto de ley presentado por la ciudadanía. La campaña fue lanzada de manera simultánea en una decena de ciudades. Como primer paso, debían juntar 11 mil firmas (el tres por ciento del padrón electoral), con nombre, apellido y número de DNI.
“El proyecto de ley fue hecho por y para el pueblo de Chubut, porque estamos cansados de vivir en este estado de zozobra, constantemente asediados por la embestida de las corporaciones mineras y por los gobiernos que viran sus políticas y que siempre están haciendo jugarretas para tratar de traicionar la voluntad del pueblo”, explicó Corina Milán, de Esquel.
El proyecto amplía los alcances de la Ley 5001, busca prohibir la megaminería metalífera y nuclear (uranio y torio) en todas sus etapas. La recolección de firmas se realizó en toda la geografía provincial. El 4 de abril de 2014 se presentó la primera “iniciativa popular” en la historia de Chubut. Con 13.007 firmas, los chubutenses avalaron el “proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”. La Legislatura tiene la obligación de tratarlo.
Los diputados por el oficialismo intentaron frenar la iniciativa. El primer argumento fue la supuesta invalidez de las firmas recolectadas. Pero el 16 de julio el Tribunal Electoral ratificó la legitimidad de las 13.007 firmas. Los legisladores luego impulsaron una proyecto de ley de zonificación, para habilitar el proyecto Navidad (en la meseta) y el proyecto Suyai (en Esquel). El 29 de octubre la Legislatura vivió un día de escándalo provincial al hacer esperar durante cuatro horas a Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Espen tenía pautada una entrevista con los legisladores e iba acompañada de asambleístas por el no a la mina. No fue recibida.
Al día siguiente, los legisladores dieron la entrevista esperada a las asambleas y organizaciones sociales. Y fijaron fecha de tratamiento al proyecto de ley para mañana. Será la primera vez que una iniciativa de este tipo, de democracia semidirecta, llegue a un Congreso provincial. Los votos están divididos. Los partidos Modelo Chubut (PJ), la UCR y el Polo Social aprobarían la ley. La duda es el Frente para la Victoria (FPV) que, a excepción de Vicente Jara, impulsa la megaminería. Vecinos de toda la provincia marcharán en caravana hacia la Legislatura exigiendo la aprobación del proyecto de ley. La consigna es una: “Por el futuro de Chubut, por trabajo y producciones sustentables. ¡No a la megaminería metalífera y nuclear en toda la provincia!”.
La Argentina cuenta con leyes provinciales que prohíben etapas de la megaminería o el uso de cianuro en la actividad extractiva en Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Lo propio sucedía en Río Negro y La Rioja, pero los gobernadores vetaron las leyes. También existen prohibiciones en Montana y Colorado (Estados Unidos), República Checa, Costa Rica y Alemania, entre otros países.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de noviembre de 2014 en el diario Página12.
