Una balanza judicial Mapuche

Una balanza judicial Mapuche

Foto: Negro Ramirez

Foto: Negro Ramirez

Un documento firmado entre el Ministerio Público Fiscal neuquino y las comunidades mapuches reconoce la forma de resolver conflictos de los pueblos indígenas. En Chubut, un fallo judicial frenó un proyecto turístico por no consultar a los pobladores.

En un hecho inédito para la Argentina, comunidades indígenas ya tienen su propio sistema de justicia para resolver conflictos referidos al derecho penal (e incluso pueden aplicar penas). Sucede en Neuquén, y es el primer paso hacia la “justicia indígena”, derecho vigente en tratados internacionales de derechos humanos. “Es una vieja deuda del Estado que comienza a ser reparada por acción de los propios pueblos indígenas”, afirmó Daniel Salazar, del Consejo Zonas Pewence (del departamento de Aluminé). En Chubut, un fallo judicial frenó un emprendimiento turístico por no haber consultado y dado participación a las comunidades indígenas afectadas.

En agosto pasado, se firmó en Aluminé el documento llamado La Declaración de Pulmarí. Suscribieron el Ministerio Público Fiscal (MPF, de donde dependen los fiscales), el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP, espacio de 113 mil hectáreas cogestionado entre provincia y Nación, con participación indígena) y el Consejo Zonal Pewence (comunidades mapuches). El documento precisa: “Reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente”.

En septiembre pasado, el fiscal general José Ignacio Gerez (a cargo del Ministerio Público), firmó el “Instructivo para el reconocimiento y el respeto de las costumbre y métodos de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos”. En cinco carillas reglamenta la justicia indígena.

Refiere a casos de conflictos de derecho penal intracomunitario (robos, lesiones leves, amenazas). Entre los requisitos figura que involucre sólo a miembros de comunidades, que haya ocurrido en territorio indígena reconocido, que “el hecho no afecte gravemente el interés público” (asesinatos), que sea resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las propias comunidades, y que la sanción aplicada respete los derechos humanos. También señala que pueden aplicarlo las comunidades mapuches que tengan personería jurídica. Este último punto es cuestionado por la Confederación Mapuche de Neuquén, porque el gobierno provincial no otorga personerías desde hace catorce años (hay decenas de pedidos de inscripción).

Daniel Salazar, uno de los firmantes del documento de Pulmarí, explicó que el pueblo mapuche tiene su sistema de justicia milenario (llamado Nor Feleal), y resumió la gran diferencia con las penas impartidas por el Poder Judicial: “No castigamos, no mandamos a la cárcel. Mediante el consenso buscamos la reparación”.

Micaela Gomiz, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), afirmó que se trata de una medida “acertada y alentadora” y la definió como la “aplicación concreta del derecho a la libre determinación”.

El artículo Nº 1 precisa que “el fiscal general instruye a los fiscales, que deberán reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos”. El artículo Nº 2 señala que los fiscales “podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla”.

La Confederación Mapuche de Neuquén recordó que hace diez años (cuando se debatía la reforma al Código Penal) “proponíamos nuestro sistema de justicia y nos llamaban separatistas”. Dio la bienvenida a la justicia intracomunitaria y señaló que “el complejo camino hacia un Estado plurinacional va dando sus pasos, poco a poco el Estado se pone a la altura de la realidad”.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó el reconocimiento al pueblo mapuche en la Constitución Nacional, Constitución de Neuquén, el Código Procesal Penal y el Convenio 169 de la OIT.

En Chubut, el Juzgado de Lago Puelo, a cargo de Guillermo Gregorio, falló a favor de las comunidades mapuches Cañio, Ñiripil y Sepúlveda, y suspendió el trámite administrativo de habilitación de un centro de esquí. Las comunidades mapuches presentaron una medida cautelar, porque no se habían respetado sus derechos. “El convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los temas que los afectan”, señala el fallo del juez, fechado el 19 de septiembre. Y el juez aclaró que “la consulta efectiva es aquella en la que los interesados (pueblos indígenas) tienen la oportunidad de influir en la decisión adoptada. Una simple reunión informativa no constituye una consulta real”.

———-

Un convenio supralegal

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el juez Guillermo Gregorio de Chubut fundamentaron sus acciones en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Congreso Nacional aprobó el Convenio en 1992 mediante la ley 24.071 y fue ratificado internacionalmente en el 2000. Tiene rango supralegal (por encima de las leyes nacionales), establece numerosos derechos de los pueblos originarios y obligaciones a los Estados. “Los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…). Los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. No deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”, son algunos de los derechos vigentes en sus 44 artículos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 20 de octubre de 2014 en el diario Página12.

Aumentó la población indígena

Aumentó la población indígena

Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.

aumentó la población indígena - en bajaEn una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como “crucial y prioritaria” la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes” es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. “Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década”, resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la “autoidentificación” (quienes comenzaron a autorreconocerse).

Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).

En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).

La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).

En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la “evolución notable” del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. “En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas”, explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: “Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva”. Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.

“Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos”, destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es “una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina”, recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: “Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios”.

El organismo de Naciones Unidas remarca que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena”, vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe precisa que la “mala nutrición” es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: “Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas”. Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.

En la página 27 puntualiza: “El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones”. Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: “Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas”.

El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los “desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades” y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.

———-

Los recursos naturales

“El crecimiento económico registrado en la región es altamente dependiente de los recursos naturales. La reprimarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas y desencadenado numerosos conflictos”, explica desde el prólogo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y llama a revalorizar los conocimientos y las prácticas indígenas para “la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad”.

La Cepal reivindica la importancia del conocimiento tradicional indígena para enfrentar al cambio climático y señala que las resistencias de los pueblos originarios señala un camino que es necesario transitar: “Las luchas también consisten en proponer un nuevo modelo de sociedad en que se cuestiona el paradigma del desarrollo y se plantea el ‘buen vivir’ como alternativa”. En un hecho con pocos antecedentes para un organismo de Naciones Unidas, dedica un apartado al concepto indígena del “buen vivir”, que lo define como la memoria histórica de lucha, el respeto a los territorios, identidad, idioma, freno al extractivismo y puesta en práctica de la soberanía alimentaria.

Llamó la atención a organizaciones indígenas, organizaciones socioambientales, activistas y académicos el informe de la Cepal, ya que la organización se caracterizó por su posicionamiento favorable al extractivismo. El nuevo documento afirma que el actual paradigma de desarrollo, de extractivismo y consumismo, carga con “una serie de lastres y deficiencias que serían parte de su misma esencia, como el aumento de las desigualdades, la homogeneización cultural y la degradación medioambiental”.

Por Darío Aranda. Publicado el 12 de octubre de 2014 en el diario Página12.

La agenda originaria

La agenda originaria

La Primera Conferencia Mundial estableció, entre otros puntos, que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en toda decisión que los afecte.

agenda originaria onu - en bajaSalud, educación, vivienda, agua y, principalmente, respeto al territorio. Son algunos de los ejes que los pueblos originarios llevaron a la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Naciones Unidas (ONU). El texto aprobado por todos los gobiernos en la Asamblea General fija una agenda global y contempla un punto fundamental: el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que implica que los Estados deben lograr la aceptación de los pueblos indígenas en cualquier decisión que pudiera afectarlos. Entre los indígenas de Argentina estuvieron Nilo Cayuqueo y Félix Díaz. “Es un paso más. Ahora todo dependerá de la presión para que se implemente, y en cada país será diferente”, afirmó Cayuqueo.

Más de 370 millones de personas en el mundo forman parte de pueblos indígenas. Representan a más de 5000 grupos étnicos diferentes, son los guardianes de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo, y dos tercios de ellos viven en países de Tercer Mundo. En América latina viven 45 millones de indígenas, distribuidos en 826 pueblos.

Tuvieron que pasar 69 años para que Naciones Unidas convoque a la primera Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas”(más conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas –CMPI–). Implicó un trabajo durante años de cientos de dirigentes indígenas.

Realizada en Nueva York y con la presencia de un millar de indígenas, el lunes y martes fueron el momento de talleres, plenarios y reuniones especiales para alcanzar el consenso del documento, que finalmente fue aprobado en la Asamblea General por más de 190 gobiernos. El texto tiene 40 puntos, y el ítem tres ya deja explícito uno de los objetivos de los pueblos indígenas: “Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Nilo Cayuqueo forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires y es uno de los dirigentes de Argentina con mayor experiencia en la diplomacia indígena internacional. Participó de las jornadas junto al vocero del Consejo Plurinacional Indígena y referente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz. “El documento aprobado recoge el clamor de los pueblos indígenas como es el caso del consentimiento libre, previo e informado”, resaltó Cayuqueo, pero también alertó sobre grises del documento que le generan desconfianza en cómo lo aplicarán los gobiernos. También recordó que (al igual que la Declaración de la ONU de 2007) el documento aprobado no es vinculante, por lo cual la dirigencia indígena reclama que sea elevado a categoría de “convención” (de cumplimiento vinculante).

Cayuqueo y Díaz se reunieron con la nueva Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. “Se mostró preocupada por la situación de los pueblos indígenas en Argentina”, afirmó Cayuqueo. Y remarcó el vaso medio lleno de la Conferencia: “En algunos países es tan crítica la situación que la aprobación de este documento servirá para presionar y dar la pelea por el cumplimiento de los derechos indígenas”.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una suerte de equivalente a la Declaración de los Derechos Humanos pero específica para los pueblos originarios. Fue aprobada en 2007 y es uno de los logros históricos de los pueblos indígenas. Diversos países tomaron distancia de la Declaración y se niegan a aplicar muchos de los derechos vigentes. Que en la reciente Conferencia de la ONU se haya reafirmado de manera unánime la vigencia de la Declaración es también un logro del activismo indígena.

El apartado veinte del documento aprobado insiste: “Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios”. El punto seis llama a respetar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el apartado 24 apunta a otro actor que avasalla derechos indígenas: “Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables”.

Una crítica común a las resoluciones de la ONU es la gran brecha entre la letra escrita y el incumplimiento en los territorios. El apartado 31 solicita al secretario general de la ONU que ponga en marcha un “plan de acción” para todo el sistema de Naciones Unidas que asegure “aumentar la coherencia” para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas.

———

Un gran paso

La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, evaluó que la declaración aprobada en la Conferencia Mundial es “un escalón y un gran paso”. Su antecesor (hasta mayo pasado), James Anaya, afirmó que uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de los derechos indígenas es “la ignorancia de los funcionarios nacionales”.

El mexicano Marco Matías Alonso, ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, resumió el pasado, presente y futuro de los pueblos indígenas: “La situación indígena contemporánea ha sido una historia de agravios y vejaciones interminables. Hay millones de indígenas en el mundo con pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida. La pobreza y la miseria se han expandido en los territorios indígenas. Aliviar, disminuir o anular la situación de pobreza indígena demanda políticas de Estado y firme compromiso de los gobiernos”.

El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, reclamó que “los compromisos que se adopten en ONU deben aplicarse a nivel nacional” y exigió que “termine la represión a los defensores de las tierras y derechos de los pueblos indígenas”. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, rindió homenaje a los “miles de indígenas que perdieron la vida” en la lucha por sus derechos y llamó a una “lucha frontal contra el racismo y la discriminación”

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los pueblos indígenas “son fundamentales para nuestro discurso de los derechos humanos y el desarrollo global, y tienen un papel importante en el impulso de un uso más sostenible de los recursos naturales”.

* Por Darío Aranda. Publicado el 25 d septiembre de 2014  en el diario Página12.

Petróleo y resistencias

Petróleo y resistencias

petroleo y resistencias - en bajaEl corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.

Chubut

El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.

Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.

“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.

Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.

Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.

En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.

La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.

Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:

“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.

En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.

El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.

Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.

En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.

Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.

Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.

En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.

Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.

En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.

La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.

Seguridad jurídica

Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.

Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).

Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.

Resistencias

La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.

En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).

De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.

El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.

En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.

Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.

El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.

Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014  en el periódico de CTA.

Una proclama originaria

Una proclama originaria

La Ley de Servicios Comunicación Audiovisual, el Papa, la Corte y la recuperación de tierras fueron temas de la proclama.

Proclama Originaria - Consejo Plurinacional IndigenaEl Consejo Plurinacional Indígena reúne a organizaciones de catorce pueblos originarios de Argentina. Acaba de difundir una extensa proclama en la que analiza el pasado reciente y el futuro próximo de los pueblos originarios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cumbre indígena en Formosa, el encuentro con el Papa, un fallo de la Corte Suprema a favor del pueblo mapuche, la recuperación de tierras guaraníes y la autonomía del pueblo kolla son algunos de los pasos adelante en el último año. En contraposición, el vaso medio vacío: la falta de aplicación de los derechos indígenas, el avance de industrias extractivas y la falta de diálogo con el Estado.

Con bases territoriales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (entre otras provincias), el Consejo Plurinacional está posicionado como uno de los espacios colectivos del mundo indígena argentino y suelen utilizar una frase que los definen: “Ni opositores ni oficialistas. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y el respeto a nuestros territorios”.

Acaban de reunirse en Neuquén y emitieron su pronunciamiento. “La naturaleza colonial del Estado se empecina en lograr que seamos los desaparecidos de la historia y del presente”, comienza el documento. Resaltan como positivo la cumbre indígena de Formosa, donde consensuaron acciones, demandas y propuestas. También valorizan el encuentro con el Papa. Acompañan el fallo de la Corte Suprema que dio plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “La primera ley que reconoce como sujeto de derecho colectivo a los pueblos indígenas”, remarcan y cuestionan la “manipulación” política del canal de televisión mapuche Wall Kintun. La reforma del Código Civil fue muy cuestionada durante 2012 y 2013 por diversas organizaciones. Lograron que la mayor parte de las modificaciones fueran aceptadas y mantienen la exigencia de que la propiedad comunitaria indígena sea tratada en una ley especial.

Entre las buenas también destacan la sentencia de la Corte Suprema que otorgó la razón a la Confederación Mapuche de Neuquén. El gobierno provincial había condicionado por decreto la manera de entregar las personerías jurídicas a las comunidades. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional, reafirmó la vigencia del autorreconocimiento indígena y la obligación del Estado a consultar a las comunidades. De Misiones destacan la recuperación de territorios del pueblo mbyá guaraní en la reserva de biosfera Yabotí. En Salta, el pueblo kolla generó un hecho histórico. Aprobó el “Estatuto de Autonomía”. Aprobaron una normativa que establece la libre determinación, cómo será su educación, salud, Justicia y economía. “Es una decisión política de ejercer el derecho y que será ejemplo para todos los pueblos indígenas que soñamos con un Estado Plurinacional”, celebran.

En cuanto a lo que falta y a las acciones por venir, recuerdan que diez indígenas fueron asesinados en los últimos años por defender el territorio, resaltan el rechazo a Chevron en Neuquén, cuestionan la técnica de fractura hidráulica, señalan el rechazo del pueblo mbyá guaraní a la construcción de la represa de Garabí en Misiones y denuncian el avance del monocultivo forestal. Precisan el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006 y que establecía relevar los territorios indígenas en tres años. A siete años de la sanción, el Consejo Plurinacional precisa que sólo finalizó el relevamiento en el doce por ciento de las comunidades. Citan el caso de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, donde Provincia y Nación no dieron participación a las autoridades qom, censaron menos hectáreas de las que posee la comunidad y dejaron fuera a 17 casas.

———-

Desalojo de campesinos

Un desalojo a campesinos en Santiago del Estero fue el último de una decena de hechos que motivó a la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino a declarar el estado de “alerta” en todas sus comunidades de base. “Derecho a la tierra, una lucha cotidiana de las familia campesinas”, es el título del comunicado que cuestiona la “falta de respuestas políticas” a la situación de “inseguridad e indefensión” en la que viven las familias rurales. La Acina reclamó el fin del “atropello empresarial, las órdenes de desalojo y amenazas”. El último caso se dio en el paraje Oloma Bajada (departamento de Sarmiento, centro geográfico de Santiago del Estero). El 17 de abril llegó hasta el paraje un empresario santafecino y alambró las tierras de seis familias campesinas que debieron comenzar un peregrinaje a oficinas del gobierno y a tribunales para demostrar lo que todo el paraje sabe: que hace más de cincuenta años que viven y trabajan en el lugar.

* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de mayo de 2014 en el diario Página12.