Mar 23, 2015 | 2015, General
Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, asegura que las causas de la catástrofe cordobesa “no son naturales sino políticas”. Las consecuencias del desmonte y el desmanejo ambiental en la provincia.
Once muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.
–¿Por qué se inundó Córdoba?
–Córdoba está en una crisis ambiental muy seria. Agudizada en las últimas décadas por el avance de la frontera agropecuaria y urbana, que la han debajo sin la vegetación nativa que evita o mitiga este tipo de fenómenos climáticos extremos (lluvias torrenciales).
–¿Cómo la vegetación podría haber mitigado la inundación?
–Las sierras de Córdoba con su vegetación nativa son como el tanque de agua natural de la población. Cuando llueve, en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.
–¿Cómo fue devastada la vegetación?
–Los últimos gobiernos provinciales han permitido el avance de los intereses económicos particulares, sobre todo en zona de llanura por los agronegocios y en la zona serrana por los intereses inmobiliarios, con un boom de barrios cerrados. Esas zonas son importantes para presentar el efecto esponja, que se pierde. Y genera catástrofes como la que se ha vivido en Córdoba, con costos económicos, sociales y pérdida de vidas.
–¿En que momentos históricos se arrasaron los montes?
–En los últimos veinte años ha habido un descontrol y desmanejo absoluto en lo que hace a política ambiental.
–¿Cuánto incide el desmonte por el agronegocio?
–Córdoba es una de las provincias de mayor tasa de deforestación. Buena parte en zona de llanura, norte y noroeste, por el modelo agropecuario. Y es lo que explica las inundaciones en zonas llanas.
–¿Qué dice el gobierno?
–El gobierno hace oídos sordos a las voces de académicos, universidad y organizaciones sociales. Es dramático escuchar a funcionarios insistir en que fue una catástrofe natural. Ellos permitieron que avanzaran los grupos económicos sabiendo que ésta sería una de las consecuencias. Las causas de la tragedia de Córdoba no son naturales sino políticas.
–¿Hubo advertencias de que podía pasar una inundación de este tipo?
–Había muchos estudios que preveían esto. Estudios de riesgo, de deforestación y geomorfológicos que nunca fueron tenidos en cuenta.
–¿Se puede repetir la inundación y sus consecuencias?
–Soy pesimista por la reacción del gobierno, que no muestra interés en un cambio y esconde responsabilidades. Soy medianamente optimista por las reacciones de vecinos, que están comenzando a organizarse y se muestran firmes para evitar loteos y desmontes.
–¿Ve similitudes con otras provincias que están sufriendo lo mismo? (Tucumán, Santa Fe. Santiago del Estero).
–Este es un fenómeno que los argentinos vamos a tener que prever y acostumbrarnos. Tiene relación con el cambio climático global, que es modelo de desarrollo imperante en el planeta y que también tiene relación directa con los intereses económicos. La región del centro de Argentina será cada vez más húmeda y con eventos climáticos extremos más repetitivos. Antes pasaban cada 30 años, ahora cada cinco y puede llegar a suceder cada dos o un año. Si a eso se le suma una región que ha sido devastada, que no tiene la capacidad de amortiguar esa lluvia, la situación empeorará. Hay que dar un giro de timón urgente.
–¿Cómo?
–Hay que preservar lo poco que queda de vegetación y administrar de forma racional para brindar servicios ecosistémicos a la población.
–¿De qué manera?
–Es imprescindible realizar un ordenamiento territorial participativo en todas las regiones del país. Debiera ser un mapa de cada región, priorizando criterios sociales y ambientales. Definir dónde se van a desarrollar actividades productivas, dónde infraestructura, dónde urbanizaciones y dónde se deben preservar los sistemas naturales. Hoy existen muchos barrios cerrados y mucha soja, y sólo se tuvo en cuenta el criterio económico. Y eso nos ha llevado a la devastación ambiental actual que sufren muchas regiones del país.
–¿En algún lugar se hizo un ordenamiento territorial como el que propone?
–La verdad que no. En la Argentina prima el factor económico por sobre lo social y ambiental. Es urgente comenzar a revertir eso.
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Ley del desmonte
Usted fue parte de una comisión oficial que intentó frenar los desmontes en 2010. ¿Cómo fue esa experiencia?
–La Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) trabajó durante dos años, debatió un proyecto de ley de modo muy participativo. Estaban el sector académico, político, social, campesino. Era amplio y se presentó un proyecto en 2010 consensuado, entre muchos sectores, para proteger lo poco que quedaba de bosques.
–¿Y qué sucedió?
–El gobierno de Córdoba lo ninguneó. Y de la noche a la mañana votaron otra ley (9814), a pedido de sectores del agro, que fue bautizada la “ley del desmonte”, porque facilitó la devastación de los bosques de la provincia.
–¿Ve relación entre ese hecho y la inundación actual?
–Tiene mucho que ver. Si se hubiera adoptado la propuesta de la Cotbn, que se desechó para favorecer a sectores inmobiliarios y del agro, se podrían haber amortiguado las consecuencias del temporal reciente. Muchos sectores del agro que impulsaron esa ley hoy tienen sus campos inundados.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Ene 14, 2015 | General, Pueblos Originarios
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Denuncia en Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ene 23, 2014 | 2014, Campesinos, Pueblos Originarios
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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La lentitud de la Justicia
Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para desmonte.
Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.
En agosto de 2010, el procurador general de la Nación remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.
Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de Ambiente de Salta.
La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de enero de 2014 en el diario Página12.
Once muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.
