May 27, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Derechos consagrados en legislación nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista, derechos humanos y territorios son algunos de los temas que se abordarán en la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que comienza hoy y se desarrollará hasta el viernes próximo en la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de un centenar de autoridades originarias de todo el país, será también un respaldo a los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios como espacios para explotar, sacar riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos nosotros. Por eso nos organizamos para que se cumplan nuestros derechos”, explicó Jorge Palomo, wichí de Formosa.
El encuentro indígena se desarrollará en la Iglesia de la Santa Cruz (Carlos Calvo 3121), espacio emblemático de los derechos humanos y resistencia a la dictadura cívico-militar. Ayer comenzaron a llegar los referentes y voceros de las comunidades. A las 9 de hoy será el acto de apertura, encabezado por las comunidades indígenas de Formosa nucleadas en la organización Qopiwini Lafwetes (reúne a los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé), que acampan desde febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio en reclamo de sus derechos.
Se conformarán diez grupos de trabajo que harán un panorama de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los temas serán el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.
También se abordará la minería de litio (elemento vital para las baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos) que avanza en Salta y Jujuy, en territorios de comunidades kollas y atacama que ven vulnerados sus derechos. En el mismo sentido, todos los pueblos originarios exigen el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en tratados internacionales de derechos humanos, que implica la participación indígena ante cualquier hecho que pueda afectarlos).
Se hará hincapié en el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, aprobada en 2006. Ordenaba revelar en tres años todos los territorios indígenas del país. En 2013, un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) precisó –en base a información oficial– que sólo se había finalizado los trámites administrativos del 13 por ciento de las comunidades originarias y se había gastado el 76 por ciento del presupuesto. En el encuentro se hará un análisis actualizado del relevamiento territorial.
Un tema que se sumó a último momento es un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena que se analiza en el Congreso Nacional y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero que aún no fue puesto a consulta (como obliga la legislación vigente) de las organizaciones de pueblos originarios. “También tenemos reclamos por falta de la salud, de educación, agua, pero lo principal es el territorio”, aclaró Jorge Palomo, wichí de Formosa.
Confirmaron su presencia líderes indígenas de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias. Y cuentan con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. También estará presente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización originaria del continente.
El viernes por la mañana será el plenario general de la Cumbre, donde se consensuarán la declaración final y las acciones directas. El objetivo es planificar acciones concretas, desde denuncias en tribunales hasta encuentros y movilizaciones, tanto por regiones como a nivel nacional.
* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 18, 2015 | 2015, Pueblos Originarios
Tres meses de acampe indígena en la Ciudad de Buenos Aires
Los pueblos indígenas de Formosa llevan casi tres meses de acampe en el centro porteño en reclamo de agua, salud, educación, cumplimiento de los derechos indígenas y territorio. Solicitaron audiencias ante los tres poderes del Estado, cortan la avenida 9 de Julio (por las tardes) y denuncian espionaje ilegal de la policía de Formosa. “Les han mentido a nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora a nosotros. Estamos cansados. Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclamó Aldo Coyipé, originario de la comunidad Namqom.
Qopiwini Lafwetes es la organización que reúne a 46 comunidades de los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé. Acampan desde el 14 de febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Héctor Rojas tiene 32 años, es wichí de Las Lomitas, centro de la provincia. “Tenemos muchos problemas de tierras, no respetan nuestros derechos, nos sacan lo poco que nos queda”, explica. Agustín Santillán es wichí de Ingeniero Juárez, extremo oeste de Formosa. El 24 de marzo fueron reprimidos cuando estaban al borde de la ruta 81, pedían atención de salud, agua, educación, luz eléctrica. Cien policías avanzaron sobre hombres, mujeres y niños. Tres heridos de bala. Santillán recibió tres disparos. “No queremos que nos manejen los punteros. Exigimos que dejen de alambrar nuestros territorios”, afirmó y pidió que los reciba la Presidenta.
El 10 de marzo marcharon por el centro de Buenos Aires. Solicitaron audiencias, y dejaron sus reclamos por escrito, ante la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabilizaron por el incumplimiento de la legislación indígena. También llegaron hasta la puerta del Congreso Nacional y acusaron a los legisladores de ser indiferentes ante la muerte de niños indígenas por desnutrición y falta de adecuada atención médica. Y finalizaron en Plaza de Mayo, donde pidieron ser recibidos. “Nos sacan las tierras a los indígenas para dárselas a las multinacionales”, señaló Félix Díaz, autoridad qom de Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
A principios de marzo se difundió en los medios de Formosa cientos de correos electrónicos de la policía que confirmaban el espionaje ilegal sobre partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Entre ellos, aparecen reportes policiales que dan cuenta del seguimiento a Félix Díaz, tanto en Formosa como en Buenos Aires. “Es una prueba más de que en Formosa siguen pasando cosas de la dictadura militar”, resumió Díaz.
Al cumplirse un mes de acampe y sin respuesta, comenzaron los cortes en la 9 de Julio. Dos o tres veces por semana, desde la tarde y hasta la noche. “A nadie le gusta cortar. Lo hacen porque no les queda otra opción. Hay incumplimiento de derechos básicos en sus comunidades y hay violación de derechos humanos”, afirmó Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presente en los cortes junto a otras dos madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen.
Un grupo de legisladores nacionales de Unidad Popular, Libres del Sur, Frente Progresista (CC-Ari), Proyecto Sur, Frente de Izquierda, GEN, Frente Cívico, Frente de Izquierda, Frente Amplio Progresista (FAP) y el Partido Socialista recibieron a los indígenas y solicitaron por escrito a Cristina Kirchner y al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que reciban a los pueblos originarios de Formosa.
* Por Darío Aranda. Publicado el 18 de mayo de 2015 en el diario Página12.
May 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.
El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.
Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.
Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.
Estadísticas
El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).
“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.
Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Potae
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
Abr 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemático para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno Nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta”, explica Félix Díaz, qom de Formosa.
Acampe
El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, también, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010).
Pero se sumaron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de Formosa había reclamado de ese modo tan lejos de sus comunidades. Recorrieron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recuperado”.
En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y escasos alimentos. “Nuestros hijos toman agua de charcos”, denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: “¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre”. Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: “Le sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales”.
Racismo
Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de verde y su familia. “No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nuestros derechos”, explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
Alegre recuerda que presentaron petitorios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Casa de Gobierno). “Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclama y recuerda que el gobernador, Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tener una respuesta. “Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.
Voces
Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comunidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le es insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que los obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. “No podemos seguir viviendo así. En injusto”, resume.
Un hombre observa desde lejos. Aparente unos 50 años. Se acerca y presenta. “Castro José. Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa”, dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formosa: “Estamos olvidados”.
Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visita y, cuando lo hacen, prometen mejoras y luego nunca se cumplen. Viven al borde del río Bermejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. También menciona los caminos, donde solo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece que finaliza la lista de derechos incumplidos, agrega otra: la escuela rural no funciona.
Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gobernador y la Presidenta, “pero luego nos olvidan, ni nos miran”.
Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patiño), de 400 familias en 900 hectáreas. Hablar fluido, no le gana la timidez. Lamenta que ya casi dos meses en Buenos Aires y no tienen respuestas. “Solo nos citaron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta”, acusa.
Señala que se están sumando comunidades de Salta, Tucumán y de la Patagonia. “Los indígenas de todos el país estamos pasando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas”, denuncia. Y afirma que en su región están avanzando las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.
Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, “que cumpla las leyes”. Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Buenos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo: “Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros”.
DDHH
El 24 de marzo, en la tradicional marcha por memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue “nunca más”.
Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hombres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste provincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Estaban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. “Nos reprimieron con palos y balas de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos», afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de Formosa.
Esa misma semana se conoció en Formosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electrónicos que confirman el seguimiento y reportes diarios, al estilo de la dictadura militar, de la policía de Formosa.
Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo.
Los de abajo
El sol se hace sentir en el acampe. Golpea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco litros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta.
Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampantes y bajan bolsones con alimentos. “Fuerza”, los arenga. Y se retira tan rápido como llegó.
En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que avalan sus reclamos. “Por la falta del debido cumplimiento del derecho indígena nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años”. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación (su propio gobierno, autoridades y políticas) y el cumplimiento del derecho al “consentimiento libre, previo e informado” para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organización Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: “Pueblo indígena de pie en defensa de sus derechos”.
Algunos transeúntes paran, miran, preguntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de paisaje o, peor, no existiera.
La Wiphala (bandera multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.
“Jamás he sido dura con los de abajo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de marzo, en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.
Corte
Ante la falta de respuesta, las comunidades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indiferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la medianoche. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta.
Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas manos. Luego en Avenida de Mayo. La policía estaba al tanto y desvía el tránsito.
En Radio Continental (AM 590) la periodista María O’Donnell, cuestiona. “El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo”. En TN, Nelson Castro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar “el derecho de circulación”.
Ninguno de los dos periodistas menciona el motivo del corte. Mucho menos precisa los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la represión del 24 de marzo a los wichí.
Madres y organismos
Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Está sentado en la 9 de Julio, junto a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. “No queremos cortar el tránsito, pero nadie nos escucha”, explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una respuesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básico que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respeto al territorio.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acampe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata, pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: “Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman”. También llegan otras madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen. Y Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: “¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Familiares de Desaparecidos? Trabajamos juntos durante casi 40 años por los derechos humanos y ante esto tan grave no aparecen”.
Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno “intenta ignorar” a los pueblos pueblos indígena, pero avisa: “Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigimos que se cumplan”.
* Por Darío Aranda. Publicada en el Periódico VAS en abril de 2015.
Mar 11, 2015 | General
Comunidades indígenas de Formosa marcharon por las calles de Buenos Aires. Entregaron petitorios en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional y en la Casa de Gobierno. Si no hay respuesta en 72 horas, cortarán la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.
Foto: Resistencia Qom
Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.
Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.
Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.
Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.
Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
Acampe
Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).
Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.
Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.
Qopiwini
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tiene tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.
Desde 2013, Félix Díaz redobló la recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.
Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.
“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.
Acampe II
El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.
Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.
Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.
Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.
Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.
10 M
No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.
La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.
A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).
La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.
Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.
Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.
Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.
Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.
Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.
Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.
El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.
Poder Legislativo
Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.
Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.
Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.
Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.
Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.
Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.
Poder Ejecutivo
El sol del mediodía ya castigaba duro. Se nota deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.
Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.
Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.
La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.
Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.
Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.
Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios. Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar.
* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de marzo de 2015 en comambiental.com.ar
