Un mes de bloqueo a Monsanto

Un mes de bloqueo a Monsanto

Los piquetes que impiden llegar al predio donde la empresa intenta instalar una nueva planta de semillas ya llevan un mes. Hoy habrá una marcha contra la instalación de los silos.

bloqueo a monsanto - en bajaLas asambleas socioambientales de Córdoba mantienen desde hace un mes un bloqueo en el predio de Monsanto, donde la compañía intenta construir su planta de semillas de maíz más grande de América latina. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. La empresa suspendió momentáneamente la obra y, en paralelo, la ONG Funam denunció al gobierno de Córdoba por “violar todos los pasos” administrativos en la autorización de la planta. Una reciente encuesta reveló que el 63 por ciento de los cordobeses rechaza la instalación de Monsanto y el 67 por ciento apoya el reclamo de los asambleístas. Hoy habrá nuevas acciones contra la empresa y en denuncia al modelo extractivo.

El 19 de septiembre se realizó un festival artístico en Malvinas Argentinas, a veinte kilómetros del centro de Córdoba. La consigna fue “Primavera sin Monsanto”. Hubo grupos musicales y discursos. Ese día comenzó el bloqueo a Monsanto, en el portón de ingreso a la planta.

A la semana del acampe, una patota de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) amedrentó a los asambleístas. El lunes 30 de septiembre, la policía de Córdoba reprimió el acampe e intentó liberar el paso. Fue golpeada y hospitalizada Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y otras dos militantes fueron detenidas. El bloqueo continuó.

El 8 de octubre hubo una masiva movilización en la capital de Córdoba. Se denunció la “emergencia ambiental” de la provincia. Entre los motivos de la marcha estuvo el rechazo a Monsanto, los altos índices de desmonte y la emergencia hídrica.

Monsanto anunció la suspensión de la obra, pero a los tres días intentó avanzar con camiones por un nuevo ingreso (por la parte posterior del predio de treinta hectáreas). Los asambleístas cerraron también ese paso.

A cada bloqueo, la empresa respondió con la apertura de un nuevo portón. Las asambleas de Córdoba cerraron ya el tránsito a los cinco ingresos del predio. Y el lunes pasado, Monsanto anunció a la Uocra que suspendía las actividades hasta luego de las elecciones.

Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha Por la Vida, remarcó lo positivo de haber frenado la construcción de la obra y alertó sobre lo que pudiera suceder luego del domingo. “Reprimir esta semana tendría un costo político alto. Pero seguro volverán a mandar a la policía para reprimir a los vecinos y proteger a la empresa”, afirmó. Mazzalay recordó que la instalación de Monsanto es “ilegal” por la “fraudulenta” autorización de la Secretaría de Ambiente (ver recuadro) y porque no se cumplió la Ley General del Ambiente (25.675) que ordena estudios de impacto ambiental y audiencia pública previos a la instalación de plantas como la de Monsanto. En Córdoba no se cumplió ninguno de los dos requisitos.

Monsanto es la mayor corporación del agro mundial. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicas. En junio de 2012 logró la aprobación, por parte del Ministerio de Agricultura de Nación, de una nueva semilla de soja transgénica (“RR2 Intacta”) e impulsa una nueva ley de semillas.

El fin de semana pasado, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión electoral en Córdoba, de 1000 casos (400 en la capital y 600 del interior provincial). Interrogó sobre las obras públicas, la educación, el servicio eléctrico, el accionar de la policía, la intención de voto y, lo novedoso, dos preguntas estuvieron referidas a la mayor empresa de agronegocios del mundo. “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas?” El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo, el 19,3 a favor, 6,9 indiferente y 10,5 no sabe/no contesta (NS/NC).

“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los vecinos que protestan en contra de la instalación de Monsanto?” El 66,8 por ciento afirmó estar de acuerdo con los vecinos que rechazan a la multinacional. El 33,8 en desacuerdo. El 3,1, indiferente. Y el 2,3, NS/NC.

La nueva encuesta se complementa con la difundida en abril pasado por siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet. El relevamiento fue realizado sólo en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto.

El lunes pasado, frente al Congreso Nacional, asambleas de Buenos Aires comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en apoyo a sus pares de Córdoba. Y hoy, en Córdoba, habrá una nueva movilización contra la instalación de Monsanto.

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Denuncia judicial

La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa.

“Autorizaron ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de Funam. Explicó que “un organismo clave” de la Secretaría de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), no estaba conformada como lo establecen las leyes provinciales. “La comisión estaba integrada por personal sin suficiente experiencia profesional, no manejaba temas clave como salud o sociales, y aun así aprobaron el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de Monsanto”, acusó Montenegro. La CTI estaba integrada en 2007 por representantes de todos los ministerios y de organismos descentralizados del gobierno provincial (conforme las leyes provinciales 8789 y 9156). “Se aseguraba un funcionamiento plural y participativo pero, a partir del 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada, en abierta violación a la ley”, explicó Montenegro.

Desde 2008, la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente. “En muchos casos son técnicos sin suficiente experiencia profesional y precarizados, lo que facilitó que la CTI actúe como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no tengan tropiezos”, afirmó el presidente de Funam.

La organización ambientalista también denunció penalmente al secretario de Ambiente provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y pidió la nulidad de las aprobaciones (como la de Monsanto) que se concedieron en forma “ilegal e irregular”.

*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de octubre de 2013.

Luchas socioambientales en Córdoba y Catamarca

Luchas socioambientales en Córdoba y Catamarca

cordoba y catamarca - en bajaUn festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).

“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.

La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.

También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.

En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).

“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.

Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).

Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.

Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.

*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de septiembre de 2013.

 

Nueva soja, viejas irregularidades

Nueva soja, viejas irregularidades

nueva soja - en bajaEl Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto. Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.

El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.

El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.

Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.

De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).

Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.

Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.

La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.

* Escrito por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.

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Un dictamen irregular

El Celma cuestionó que en el dictamen aprobatorio, por parte del Senasa, interviniera un científico con “conflicto de intereses”, Moisés Burachik. “Ha sido miembro asesor de una asociación internacional de la cual Monsanto es parte”, afirmó el Celma. Burachik es reconocido en el mundo científico como un férreo impulsor de los organismos genéticamente modificados. En la actualidad es director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa dedicada al desarrollo de semillas transgénicas, cuyo directorio está conformado (entre otros) por Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, empresarios impulsores de agronegocios) y Gustavo Grobocopatel (presidente de Los Grobo, uno de los mayores pools de siembra del continente).

Burachik es socio honorario de ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), que tiene entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto.

“Los integrantes de la Conabia, Dirección de Biotecnología y Senasa deben ser los expertos por el Estado que deben tener una postura neutra en la aprobación de los organismos vegetales genéticamente modificados. Pero la realidad muestra que están estrechamente vinculados con una organización internacional como ILSI, que en todos sus documentos y actividades surge un claro interés en propugnar una santificación de los transgénicos”, denunció el abogado.

* Por Darío Aranda. Publicada en el diario Página12 el 5 de septiembre de 2013.