Nov 19, 2014 | 2014
Las leyes clave del modelo extractivo que reclamaron las corporaciones. El Gobierno, una nueva soja y una ley a pedir de las petroleras.
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.
Sale con soja
Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.
La vuelta de YPF
En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.
Decreto a medida
Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.
Chevron, Chevron qué grande sos
“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.
- Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
- Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
- Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
- Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
- Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
- Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
- La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.
Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.
Otra vez sopa
La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.
Lo que viene
El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. Publicado el 19 de noviembre en lavaca.org
Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
May 8, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El Congreso Nacional aprobó el pacto con Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF. Tres voces mapuches expusieron ante los senadores. La contaminación, el Estado que sanciona leyes y las incumple, y quién paga el costo de un supuesto progreso.
Denunciaron la contaminación durante años, pero siempre los desoyeron. Una década después, el Gobierno les dio la razón. La contaminación existía.
Leyes sancionadas por el Estado obligan a procedimiento de consentimiento de las comunidades indígenas en temas que los afecten. El que viola sistemáticamente esas leyes es el propio Estado.
Fueron algunos de los ejes de los voceros mapuches que estuvieron en el Congreso Nacional, cuando se debatía el acuerdo YPF-Repsol. Relataron la historia de la industria petrolera en Neuquén, los atropellos, la contaminación y la violencia.
La respuesta de los senadores fue coherente con la historia política argentina: relativizaron la contaminación, ignoraron los derechos vigentes por leyes nacionales y tratados internacionales y culparon a los propios mapuches por la pobreza reinante.
Una jornada que pasó desapercibida en las crónicas periodísticas, pero que reflejará una época al momento de escribir la historia.
Congreso Nacional
El gobierno nacional llegó a un acuerdo con Repsol por el 51 por ciento de YPF, por 5000 millones de dólares, pero requería ser refrendado por los legisladores nacionales.
Hubo trabajo en comisiones, previo a la votación en el recinto. El 18 de marzo se realizó el plenario de dos comisiones, Minería, energía y combustibles, y la de Presupuesto y hacienda. De la decena de audiencia, y dos meses que duró el debate, fue la única jornada que contó con testimonios mapuches, justamente quienes viven en los territorios de donde se extrae buena parte de los hidrocarburos.
Abrió el juego Gabriel Cherqui, werken (vocero) de la comunidad Kaxipayiñ, de Loma La Lata, donde desde hace cuarenta años operan empresas petroleras, entre ellas YPF y, durante toda la privatización, Repsol. “Vengo desde el corazón de lo que ustedes llaman Vaca Muerta”, inició su alocución y no dio muchas vueltas: “Escucho hablar de todas estas políticas de millones de dólares que hacen a la economía del país, pero también nos gustaría escuchar, dado que la misma Constitución habla, del respeto a los pueblos originarios, que se acuerden de nosotros, que existimos y que mucha gente se está muriendo”.
El clima de la audiencia comenzaba a mutar. La dirigencia política rara vez está obligada a escuchar voces críticas en vivo y en directo. Y, más extraño aún, que esas voces concurran a la sede de los senadores.
Cherqui recordó que hace catorce año que denuncian el accionar contaminante de Repsol, afirmó que tenían respaldo de estudios, informes y de la misma vivencia en el lugar. “Siempre el gobierno provincial y nacional defendió a Repsol”, recordó y relató los juicios que iniciaron contra Repsol y el viaje a España para denunciar lo que en Argentina no tenía eco. Recibió con mezcla de expectativa y desconfianza la decisión del Gobierno, en 2012, de expropiar. Los motivos oficiales habían sido la falta de inversión y el grave pasivo ambiental.
“Siempre dijimos que estábamos en contra de la explotación y no de la extracción”, definió el vocero mapuche. Los senadores se miraron sin entender la diferencia. Hasta que avanzó en la explicación: “Estamos en contra de la explotación de niños, de mujeres, de nuestra Madre Tierra. Ese progreso se ha llevado nuestras vidas”. Y detalló los casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que se repiten en la comunidad.
Pidió a los senadores que piensen en los millones de litros de agua que se contaminan cada día por la explotación hidrocarburífera, afirmó que la explotación convencional no tienen control y auguró un futuro peor con la técnica de fractura hidráulica (fracking). Remarcó que hay estudios independientes que confirman la contaminación y exhibió una botella con agua de Loma La Lata. Invitó a que los propios senadores encarguen sus estudios para confirmar la contaminación.
Preguntó si en el pacto con Repsol estaba incluida la remediación ambiental del territorio contaminado. Y marcó la contradicción de expropiar a Repsol y dar la bienvenida a Chevron.
“El gas y el combustible llega a Buenos Aires, pero las consecuencias quedan en nuestros territorios, ya no podemos tener animales ni desarrollar nuestras actividades. No hay hospitales ni escuelas. No nos están dejando una posibilidad de vida”, resumió.
Cruces
Solicitó la palabra el senador por Río Negro, Miguel Pichetto, jefe de bloque del Frente para la Victoria. Señaló que los pasivos ambientales son “más de la YPF estatal que de la empresa privada”, preguntó qué hacer con la contaminación y, sin dar tiempo a la respuesta, arremetió contra Cherqui: “Su comunidad trabaja con la actividad petrolera. Usted mismo trabaja con esa actividad, que genera un mejor nivel de vida e ingresos. No hagamos un discurso tan dramático cuando ustedes están desarrollando una actividad económica, tienen empresas que negociaron y acordaron con Repsol cuando era una empresa privada y prestaban servicios petroleros. Todo el mundo sabe. Nosotros no somos ingenuos”.
Las comunidades de Loma la Lata (Kaxipayiñ y Paynemil) nunca ocultaron sus negociaciones con las empresas petroleras. Lo que no contradice que haya legislaciones que no se cumplieron y la existencia de contaminación.
Pichetto retrucó: “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo? Porque la actividad petrolera en esa región ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y de mucha gente que trabaja en la comunidad petrolera”.
El senador Pichetto resumió las supuestas ventajas de trabajar para petroleras: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes”.
El clima de la sesión se enrareció aún más. Unos de las principales voces del gobierno nacional arremetiendo contra un dirigente mapuche.
Cherqui le respondió que la avanzada empresaria y gubernamental no le dejaba otra posibilidad que, para sobrevivir, negociar y trabajar para las petroleras. Recordó que su pueblo siempre vivió de la cría de animales.
Pichetto insistió en que trabajar para las petroleras era mejor y volvió a la carga de la peor manera, hiriente: “Con la economía pastoril se morían de hambre”.
La senadora por Córdoba Norma Morandini (Frente Cívico) cuestionó que se descalifique a quien habla y que no se refieran al tema en cuestión. “Que el señor (Cherqui) venga a dar testimonio y que trabaje para YPF no invalida el testimonio que nos da”, reclamó.
La legisladora por Río Negro Magdalena Odarda (Coalición Cívica, ARI) señaló que algunos de sus pares habían realizado tareas de inteligencia sobre los dirigentes mapuches y le respondió a Pichetto. “Es cierto que están las convenciones internacionales, los derechos, la Constitución, pero lo importante es que se cumpla. Todos sabemos que están, pero no se cumplen”. Y ejemplificó con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas y que el Estado viola sistemáticamente.
Cerró Cherqui. Agradeció la posibilidad de hablar y devolvió gentilezas a Pichetto: “Estamos acostumbrados a la discriminación desde hace muchos años, pero lo único de lo que estamos seguros es que vivimos en ese espacio desde antes que esto fuera la Argentina. Seguimos viviendo y vamos a vivir por años, y vamos a morir en ese lugar”.
Segundo tiempo
Aún restaban las palabras de dos dirigentes mapuches, y el senador por Neuquén Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria) pidió la palabra. Comenzó a leer un informe de YPF que daba cuenta del aumento de la inversión en remediación ambiental y afirmó que el monitoreo de aguas y ríos de Loma La Lata “muestran que no existen concentraciones cuantificables de hidrocarburos en las aguas en 2013. En las aguas superficiales, en ninguna de las muestras de agua. Tampoco fueron detectados metales pesados en ninguna de las muestras de agua”. Señaló como fuente de estudios a la consultora BFU y el laboratorio Induser.
Dio cuenta de una situación casi ideal. Pero no hizo públicos esos estudios.
Reconoció que “durante décadas” la YPF estatal arrojó el agua contaminada directamente a los ríos, pero argumentó que con la reforma constitucional de 1994 comenzó a cambiar esa situación. “Hoy tenemos la garantía de una administración nacional al frente de YPF, que tiene como uno de los objetivos principales el recupero de los daños sufridos”, sostuvo y, al igual que Pichetto, también apuntó contra los mapuches: “Acá informa YPF que desde 2013 los aportes a la comunidad Kaxipayiñ para mejorar la calidad de vida fueron más de 2.700 millones de pesos”.
La abultada cifra llamó la atención. 2.700 millones de pesos es mayor al presupuesto anual del Ministerio de Industria (1.500 millones) y del Ministerio de Turismo (1.300 millones).
Tres semanas después, el senador Fuentes aclaró en el diario Río Negro que el monto de dinero era 2,7 millones de pesos: el 0,1 por ciento de lo que había afirmado en el Senado Nacional.
Mari mari kom pu ce (buenas tardes a todos)
Martín Velázquez Maliqueo, representante de la comunidad Winkul Newen de Neuquén, a treinta kilómetros de Zapala. Comenzó saludando en idioma: “Mari mari kom pu ce. Buenas tardes a todos”.
Señaló que existen comunidades beneficiadas por la actividad hidrocarburífera, pero remarcó que no es el caso de todas. Y precisó que existen más de veinte comunidades mapuches asentadas sobre la formación Vaca Muerta. Y apuntó a la expropiación del 51 por ciento de YPF y el pago a la empresa española. “Repsol es una firma que tanto daño nos ha causado hacia el interior de nuestro pueblo. Una empresa ceñida de muerte cultural, contaminación, corrupción, pobreza, marginación, manipulación de gobiernos dóciles, una Justicia encargada de brindarle seguridad jurídica, impunidad para cometer tales homicidios a nuestros Wallmapu territorio. Hoy, este Gobierno pretende avanzar con la destrucción de los espacios que aún están libres de contaminación con el pretexto de explotar la formación Vaca Muerta para mantener el autoabastecimiento local. ¿Local para quienes? Si como población mapuche que vivimos en estos territorios afectados estamos empobrecidos, condenados a muerte por la grave contaminación a la que estamos expuestos”, arrancó Maliqueo.
Explicó que en los territorios con explotación petrolera se repiten enfermedades por contaminación, y afirmó que los habitantes no están muriendo por vejez. Recordó a la lonko Cristina Linkopan, de la comunidad Gelay Ko, que falleció a los 30 años por una hipertensión pulmonar. “No se pueden negociar los activos de una multinacional obviando los pasivos de una gran deuda cultural y ambiental que deja esta petrolera en nuestro territorio sin saldar”, reclamó.
Solicitó al Senado Nacional la cuantificación de los pasivos de YPF-Repsol, denunció que el gobierno neuquino avanza en los territorios indígena con criminalización de quienes resisten y, mirando a los ojos a los senadores, les reprochó que (con el accionar de los tres poderes del Estado) “se está violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado” como lo establece la ley nacional 24.071 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los cuales el Estado es signatario. “Exigimos a este Congreso que se pronuncie por la aplicación de este derecho. Exigimos una reparación completa e inmediata de nuestros territorios afectados y el desprocesamiento ya de nuestras autoridades mapuches procesadas”, instó.
Graficó que el petróleo se explota en el patio de las casas mapuches y no en las viviendas de los senadores, diputados o del gobernador. “Nuestro territorio es el que está siendo contaminado, que es donde tenemos el futuro de nuestros niños. Por eso exigimos el respeto a nuestros derechos a una legislación que nos ampara. Exigimos que los derechos sean aplicados con plena participación de los directos afectados que somos nosotros, el Pueblo Mapuche”, sostuvo Maliqueo.
Y finalizó como había comenzando, en idioma mapuche: “¡Marici weu, marici weu!”. Grito de lucha y resistencia que significa “diez veces venceremos”.
Leyes incumplidas
Nylo Cayuqueo es un histórico dirigente indígena de Argentina. Militante desde la década del 70, vive en Los Toldos y forma parte de la mesa de PPOO de Buenos Aires.
Cayuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: “El Estado no cumple las leyes y convenios internacionales que firmó”. Y le preguntó a los senadores si habían leído el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno argentino se comprometió a cumplir.
Nadie le respondió.
“Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y se comprometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54 por ciento pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo de hecho”, denunció y apuntó que el Gobierno, mediante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) manipula y divide comunidades. “A los que están a favor del Gobierno les da dinero, hacen reuniones en hoteles cinco estrellas para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y de gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo”.
Precisó que la leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades, alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa: “No es democracia para nosotros”, reprochó y recordó que ningún Gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas.
La senadora Liliana Negre de Alonso (PJ de San Luis) preguntó si era posible trasladar a las comunidades mapuches a otros territorios, no afectados por la extracción petrolera.
Le respondió su par de Río Negro, Odarda: “Jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cualquier otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio del General Roca, de expulsar a las comunidades mapuches a lugares donde no tenían agua, donde no tenían manera de vivir dignamente, a los lugares más pobres de nuestro territorio patagónico. Hoy es una metodología utilizada por las grandes empresas, no es una solución. La solución es otorgarles sus derechos y dejar que opten por su forma de vida, la que ellos elijan, porque eso es parte de nuestra legislación que así lo garantiza, sobre todo la Constitución Nacional”.
Completó Cayuqueo: “Esto tiene que ver con la concepción que a veces existe acá, la concepción muy europea, de que trasladamos a esta gente a otro lugar”. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados. Y reiteró: “Por eso dije que hay que leer los convenios internacionales, con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el Convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar, sino dar incluso más tierras de las que poseen para tener una vida más digna. Y eso está en las leyes y el Estado argentino lo sigue violando impunemente”.
Epílogo
Ocho días después, el 26 de marzo, el Senado Nacional votó el pacto con Repsol. Con apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el Movimiento Popular Neuquino. 42 votos a favor y 18 en contra (UCR, FAP y UNEN). El PRO y el Peronismo Federal se abstuvieron.
El 23 de abril fue el turno de los diputados. 135 votos a favor, 59 negativos y 42 abstenciones.
5000 millones de dólares para la empresa española.
La amplía mayoría de los legisladores priorizó la necesidad de petróleo, la decisión de cerrar conflictos comerciales y así avanzar en la explotación de Vaca Muerta, con corporaciones similares a Repsol.
Se dejaron de lado los pasivos ambientales y, en una línea de coherencia histórica del Estado argentino, ignoraron los derechos de los pueblos indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado el 8 de mayo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Abr 24, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. Una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias, desalojos rurales, desmontes, empobrecimiento de suelos. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Periodistas que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o forestales.
Coincidencia I: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Coincidencia II: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de un clase media urbana (del que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir. Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un periodista repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a un redactor a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. Ese modelo requiere sacrificar territorios, y requiere sacrificar también las vidas que resisten en esos territorios.
Durante la reciente lucha docente, el colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz fue hasta la médula del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo. Sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de abril de 2014 en Comunicación Ambiental.
Mar 14, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
En Argentina se celebra cada metro ganado por empresas petroleras y se publicita como positiva cada nueva concesión. Mientras se invisibilizan las consecuencias del avance extractivo. Semblanza de Cristina Linkopan, autoridad mapuche, una vida cobrada por el progreso petrolero.
Hija. Hermana. Mapuche. Lonko. Madre. Luchadora. Algunos de los roles ejercidos simultáneamente por “Tina”, como llaman a Cristina Linkopan en la comunidad Gelay Ko (Neuquén). Tina creció en un campo invadido por las petroleras, donde ventean gas las 24 horas de todos los días del año y la dádiva empresaria se imponía como moneda de cambio.
Multinacionales que llegaban, exprimían el subsuelo, extraían hidrocarburos y se iban. Para dar paso a otras empresas, las mismas promesas y que repetían la rapiña. La comunidad sólo conocía de abundancias ajenas y necesidades propias. Pero Tina Linkopan dijo basta de saqueo, contaminación y violación de derechos.
Enero de 2011 fue un quiebre. La mayor parte de la comunidad estaba en los campos de veranada cuidando los animales, la empresa estadounidense Apache aprovechó esa ausencia e ingresó a un sector de la comunidad para hacer algo nunca visto en la zona: el primer pozo de multifractura horizontal (fracking) de Latinoamérica. Cientos de camiones, máquinas, torres, tanques de agua, camionetas, explosivos. Un ejército extractivo. La prueba más grotesca fue un gigantesco piletón con agua de desecho que implicó una trampa mortal para decenas de animales de la comunidad.
Al mes del ingreso, el Gobernador de Neuquén visitó la zona. Llegó para celebrar junto a la empresa el “éxito” del primer pozo de fracking en la región.
Tina dijo basta. Junto a otras familias de las comunidades exigió explicación a la autoridad mapuce de entonces (que mantenía buen trato con la empresa). La explicación nunca llegó. Entre bronca e indignación comenzaba a emerger la joven dirigente Cristina Linkopan, veinteañera, madre, mujer mapuche.
Divisiones y pesares
En un proceso largo y doloroso, la comunidad se reorganizó. Eligió a Tina como lonko. El gobierno provincial y la empresa Apache apoyaron al otro sector, que les aseguraba extraer hidrocarburos sin contratiempos.
La comunidad se partió en dos.
El sector de Tina acentuó la lucha contra la petrolera. Redoblaron esfuerzos de articulación, con otras comunidades mapuches, con organizaciones sociales de Zapala y Neuquén capital.
“Vivimos en un cochina pobreza”, lamentó Cristina en una de las pocas entrevistas televisivas que le realizaron.
No es fácil denunciar a las petroleras en una provincia con tradición extractiva. Y todo es más difícil si quien alza la voz es mujer, mapuche y pobre.
En Gelay Ko hay 222 pozos petroleros en sólo 224 hectáreas. Aunque existe frondosa legislación (provincial, nacional e internacional) nunca se cumplieron los derechos del Pueblo Mapuche. El Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Hermosa letra, de nulo cumplimiento.
La escuela más cercana está distante 30 kilómetros. Peor suerte si alguien se enferma: 60 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. El combo de la carencia: no hay electricidad (pasan cables de media tensión por la comunidad, pero no bajan a las casas mapuches) y, peor aún, no hay agua para los indígenas.
Linkopan siempre fue tímida, pero sólo hacía falta preguntarle por la situación mapuche para vencer la timidez y que enumere las injusticias:
-“Vivimos un atropello de esta multinacional petrolera (Apache)”
-“Es jodido tener una petrolera en el territorio. Aparecen enfermedades respiratorias, las mujeres pierden embarazos”.
-“Hay cinco abuelos ciegos. Los médicos nunca dicen que es por la contaminación, pero día y noche queman gas, hay olor, y las enfermedades aparecen”.
Cristina solía tomar como referencia a la comunidad Kaxipayiñ de Loma La Lata (también de Neuquén), donde desde hace 40 años extraen hidrocarburos y se repiten los casos de cáncer, diabetes, cegueras, abortos espontáneos y muertes tempranas.
Uno de los temas que más le dolía a Linkopan era la división de la comunidad, impulsada por el Gobierno y la petrolera. “Nos da vergüenza explicar, pero hay que hacerlo”, se disculpaba. Y contaba que en el Pueblo Mapuche también hay “yanakonas (traidores) que aceptan plata que decir que las empresas no contaminan”. Era dura con sus hermanos, pero soñaba con un posible unión entre los dos sectores de Gelay Ko y un reencuentro entre las distintas comunidades del Pueblo Mapuche de Neuquén.
Recuerdos
Lorena Rifo, de la Multisectorial de Neuquén contra el Fracking, conoció a Linkopan. La recuerda como una de las primeras voces en denunciar cuando todos celebraban el descubrimiento de Vaca Muerta. “Fue esencial para empezar la lucha en conjunto contra la hidrofractura”, afirma.
Empresas y funcionarios la subestimaban porque la lonko no tenía formación académica para detallar las técnicas petroleras, pero los refutaba con la vivencia en el territorio, de crecer con las petroleras en el patio de su casa. “Su propio cuerpo demostró que el saqueo y la contaminación implican muerte, pero al mismo tiempo nos dejó la fortaleza que necesitamos para seguir luchando contra las empresas extractivistas que saquean los territorios y no dejan ningún beneficio para el pueblo”, afirman dese la Multisectorial.
Pety Piciñam es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. No tiene dudas de que la muerte de Linkopan tiene directa vinculación con el avance de las multinacionales y la complicidad de los Estados. “Se llevan lo que ellos consideran recursos económicos y también se llevan vidas. Las empresas extractivas no reconocen la biodiversidad ni a los seres humanos que viven en el territorio”, asegura y hace el paralelo entre la muerte de Linkopan y los asesinatos qom en Formosa. Distintas latitudes, dos provincias, dos pueblos indígenas, mismas violaciones de derechos humanos. Misma indiferencia de funcionarios provinciales y nacionales.
Piciñam aclara que los mapuce no hablan de “conservacionismo” sino de tomar lo justo y necesario de la naturaleza para poder proyectarse dentro del buen vivir, una forma de tomar sólo lo requerido para vivir, sin consumismos y sin avasallar derechos de otros. También refuta un lugar común del medio pelo argentino: “Los mapuches no estamos en contra del progreso, pero el ‘progreso’ no puede matar a quienes viven en los territorios”.
Pablo Fernández es el periodista del programa “Cartago TV”, una excepción televisiva que da amplios minutos a organizaciones sociales, maestros, activistas y pueblos originarios. Es quien entrevistó a Linkopan y dejó registro de sus pesares, luchas y sueños. “Nos dio una lección de comunicación popular, sin vueltas, y nos dejó una marca indeleble en la memoria popular”, asegura a dos años de la entrevista.
Fernández no le escapa a dos aristas ríspidas. Señala que en el campo popular hay racismo e ignorancia respecto a los pueblos indígenas. “Cuesta mucho nombrar a los compañeros mapuce con nombre propio, se los minimiza, y se toma con lástima su reclamo”, lamenta. Y apunta a los medios de comunicación. No pierde el tiempo con los medios comerciales, que repiten el discurso del poder (empresario y gubernamental), pide a los medios alternativos que incorporen el lenguaje y la mirada de los pueblos indígenas. “De otra forma terminan reproduciendo el lenguaje racista y despreciativo”, advierte.
Contextualiza la vida de Cristina Linkopan en la lucha de 500 años de los pueblos indígenas. “Se jugó la vida” en una “lucha anticapitalista”, afirma. Rescata que la joven mapuche “empoderó a toda una comunidad en una lucha inclaudicable”.
Lidia Alvarez, actual werken (vocera) de la comunidad Gelay Ko, es una mujer fuerte, que enfrenta policías, petroleros, políticos y jueces. Pero se quiebra cuando recuerda a “Tina”, como siempre la llamó y la sigue llamando. Incluso muchas veces habla de Linkopan en presente.
“Tina es una mujer valiente, es muy difícil sin ella. Es una líder, su figura se imponía, e imponía respeto. La gente la seguía. Y su recuerdo es muy doloroso porque se la extraña mucho, nos falta un pedazo de nosotros”, sincera.
Reconoce que la situación actual es difícil porque la empresa y el gobierno insisten en dividir a la comunidad. Reparte agua (el bien más preciado en Gelay Ko) y compran voluntades.
Tina soñaba que su comunidad no sufriera más contaminación, que sus hijos no respiren el aire viciado por los desechos de los hidrocarburos. La werken confiesa que cuesta seguir sin Tina, pero en vida le hizo una promesa y asegura que la cumplirá: “Siempre nos impulsaba a luchar, nuestro newen nos impulsa, seguiremos defendiendo el territorio”.
Vidas
“Nosotros no tenemos agua y a la petrolera nunca le falta”, explicaba Linkopan y graficaba así la vida en Gelay Ko, la manera más cruda de explicitar quién tiene prioridad en Neuquén.
La indignaba ver pasar los camiones cisternas con agua para la empresa, mientras ellos debían esperar que la Municipalidad de Zapala les entregue 500 litros mensuales por familia. Lo que es igual a 16 litros por día, para todo uso.
En más de una oportunidad le cortaron el paso a los petroleros. “Nos dicen locos, pero qué harían ellos en nuestro lugar, vemos todos los días la contaminación y los derrames, nuestros animales mueren, nos destrozaron todo el territorio”, lamentaba.
La joven lonko lamentaba que los traten de “locos” por oponerse a la extracción petrolera. Cuestionaba el avance extractivo de empresas que dejaban de lado los derechos indígenas. Sufría por el agua que escaseaba en la comunidad, pero también pensaba en los no mapuches, advertía del riesgo de contaminación del acuífero de Zapala, reservorio sensible y rodeado de explotaciones petroleras. “Sin agua no vamos a poder vivir. Ni la plata ni el poder nos va a salvar si no hay agua”, explicaba con esperanza de ser escuchada.
“Soberanía energética”. “Autoabastecimiento”. “La oportunidad de Vaca Muerta”. Algunas de las formas de justificar y celebrar en la actualidad el avance petrolero. Discursos macroeconómicos que invisibilizan el impacto humano de decisiones tomadas en oficinas lujosas y despachos del poder. En febrero de este año, YPF compró Apache. Satisfacción empresaria y gubernamental, amplia cobertura periodística, nula mención a la contaminación y a las consecuencias en las comunidades indígenas.
El 14 de marzo de 2013, Cristina Linkopan dejó de respirar. El parte médico señaló “hipertensión pulmonar”. Tenía sólo 30 años.
Hoy, a un año de su partida, será recordada en su comunidad, donde aún viven sus padres y sus cuatro hijos.
Gelay Ko, en el centro de Neuquén, extraña a la joven mapuche que enfrentó a una multinacional petrolera y a un Gobierno.
Cristina Linkopan, acusada de “loca” por defender a su comunidad, ya es bandera de lucha en un país que sacrifica vidas en nombre de un falso progreso.
* Por Darío Aranda y Umawtufe Wenxu. Publicado el 14 de marzo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
