La comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad del gobierno nacional, el incumplimiento de las leyes, el derecho al territorio y el silencio de los funcionarios de Formosa. Crónica de una jornada histórica.
Por Darío Aranda
¿Qué propuesta concreta tienen? ¿Qué proponen para encontrar una solución? Responda por favor la respuesta concreta?”. Con un tono de pocos amigos, algo irritado por la falta de respuesta, la pregunta fue realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, en el marco de la audiencia que ayer se celebró ante la máxima autoridad judicial del país por situación del la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera). El gobierno de Formosa fue representado por el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, y la fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala de Copes. Ambos la pasaron mal frente a la Corte Suprema e, incluso, se quedaron sin respuesta ante el Tribunal. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció como líder de la comunidad a Félix Diaz y responsabilizó a la Provincia por el retraso en el cumplimiento de la ley. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntó a la responsabilidad del gobierno provincial y Nacional en la reiterada violación de derechos. “El territorio es la vida de la comunidad”, explicó Diaz.
En el cuarto piso de Tribunales, la sala de audiencias de la Corte Suprema estaba repleta. De frente al estrado de los jueces, un pasillo y bancos de ambos lados. A la derecha, los funcionarios de Formosa, del gobierno nacional y miembros de la comunidad que son cercanos a la gestión de Gildo Insfrán. A la izquierda, una decena de qom (que ganaron la última elección de autoridades), el CELS, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y abogados y académicos que trabajan junto a comunidades indígenas.
Afuera, en el hall del cuarto piso, unas 200 personas seguían la audiencia en pantalla gigante. En la calle, otro tanto, con bombos y sikuris cantaban en apoyo a Félix Diaz.
Sin territorio y reprimidos
A las 10.05 comenzó la audiencia. Silvina Zimerman, del Cels, especializada en derecho indígena. Recordó que legislación nacional e internacional insta a delimitar los territorios indígenas, a otorgar títulos comunitarios de propiedad, restituir territorios y remarcó que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar de sus recursos naturales. “El estado nacional está incumpliendo”, afirmó. A modo de ejemplo, recordó que la Ley Nacional 26.160 (que ordena la suspensión de desalojos y relevamiento de comunidades), fue sancionada hace seis años y aún no fue implementada en Formosa.
Explicó que la Mesa Política de Diálogo (convocada por el gobierno nacional luego de cinco meses de acampe de la comunidad en Avenida de Mayo y 9 de Julio) “no sirvió” para lograr la devolución territorial y remarcó que “sin territorio la comunidad no puede desarrollar su vida”. “Sí sirvió para resolver la representatividad” de la comunidad, destacó Zimerman.
En la Mesa participan Nación, Provincia, la comunidad (el sector de Félix Diaz y el cercano a Insfrán, representado por Cristino Sanabria) y organismos de derechos humanos, que actúan como observadores. Nación y Provincia cuestionaron desde el primer momento la representatividad de Diaz. Para zanjar esa chicana, en junio de 2011 se votó en la comunidad y Diaz fue electo líder por 610 votos (Sanabria obtuvo 369).
El CELS denunció que, a pesar de ser electo Diaz y que el INAI lo reconoció como autoridad, la Provincia mantiene una antigua personería jurídica (sutil manera de desconocer a Diaz). También enumeró ataques a la comunidad en los últimos años (entre ellos el ataque a niños). Contabilizó al menos 15 en los últimos dos años. El 23 de noviembre de 2010, la represión de la policía provincial, con quema de viviendas y asesinato del abuelo qom Roberto López. “No hay una sola línea de investigación sobre los responsables, y sí se investiga a la comunidad como usurpadora”, denunció.
“Es fundamental la responsabilidad del Estado nacional y provincial para con los pueblos indígenas”, subrayó, y apuntó al gobierno nacional. Detalló que “prácticamente todos” los organismos internacionales que abordan los derechos indígenas “han llamado la atención al Estado argentino”. Denunció la falta de la “voluntad política” para mejorar la situación de La Primavera y afirmó que en todo el país se repiten tres hechos:
-Los indígenas no tienen títulos sobre sus territorios.
-Son criminalizados por luchar.
-Sufren discriminación y violencia.
Despojo territorial
El defensor oficial de la comunidad ante la Corte Suprema, Julián Langevin, hizo el recorrido histórico del despojo territorial. Apuntó al Estado nacional, provincial, privados y a Parques Nacionales. Identificó el último despojo: 600 hectáreas que el gobierno provincial cedió a la Universidad Nacional de Formosa. “A tal punto se invadió a la comunidad que incluso el cementerio ancestral quedó dentro de Parques Nacionales”, señaló.
Reconoció que le costó entender la lógica qom, pero al visitar el territorio entendió que “monte y laguna” hacen a la vida comunitaria, es el lugar donde obtienen alimentos y donde reproduce la cultura. “Si monte y laguna desaparecen, desaparece a vida qom”, graficó.
-¿Por qué solicitaron que la policía se retire del lugar y llegue la Gendarmería? (Preguntó Lorenzetti).
“Las causas son evidentes. En el conflicto (el corte de ruta) quedó claro. Los integrantes de la comunidad son provocados, discriminados. Tienen miedo. El retiro de la policía es más que justificada”, respondió Langevin. Recordó que Félix Diaz fue obligado en una comisaría a firmar un acta de cesión territorial, bajo presión, como condición para ser liberado. “Es obvio que esa acta no tiene ningún valor legal, fue bajo presión”, advirtió.
Insfrán al desnudo
La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, comenzó con un discurso de repaso de la gestión de Gildo Insfrán. Recordó que fue la primera provincia en sancionar una constitución que reconoce los derechos indígenas y culpó a los “medios (de comunicación) nacionales que pretenden hacer de Formosa una provincia enfrentada a las comunidades originarias”.
Remarcó que existen 193 comunidades. Y la única con “problemas” es “un sector de La Primavera”. Ese argumento (el de “un sector”) se repitió en los tres expositores del gobierno de Insfrán.
Mientras exhibía un video donde se mostraba a la comunidad con casas de material, blancas, a dos aguas, y caminos en perfecto estado (todo lo opuesto a lo que se observa al visitar la comunidad), puntualizó los logros provinciales, y arremetió contra los medios. “No escuché mención a que nosotros entregamos títulos. No escuché mención alguna a que creamos hospitales…”.
Maqueda la frenó: “Nos parece muy bien el pasado, pero hablemos del caso que tratamos hoy”. Y preguntó respecto al mapa catastral.
La Fiscal solicitó el apoyo técnico de un funcionario del Instituto de Colonización, que entre sucesión de mapas justificó la situación presente. Afirmó que todos los cambios fueron de común acuerdo con la comunidad, sostuvo que hay prueba documental de todo y reconoció que las 600 hectáreas que la Provincia cedió a la Universidad (y la comunidad reclama como propias) son de “las mejores tierras de la provincia”.
Juez Maqueda: “¿Hay negociación para solucionar el conflicto?”La Fiscal de Estado pidió la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Abel González. Reconocido en Formosa como el mano derecha de Insfrán, de inmediato chicaneó al “sector de Félix Diaz” por ser el “único que tiene conflicto en Formosa”. Acusó de “intransigente” a “un sector de la comunidad”.
Lorenzetti se impacientó: “Por favor sea concreto. ¿Qué solución ofrecen?”
Silencio (breve).
Insistió: “Ellos (por la comunidad) son los intransigentes ¿y ustedes qué proponen?”.
González insistió en la estrategia de la gobernación: volvió decir que la comunidad está “dividida”. Y evitó reconocer que Diaz había ganado la elección.
Zaffaroni le salió al cruce: “¿Hay dos personerías jurídicas?” (una reciente, del Gobierno Nacional entregada luego de las elecciones, y otra de la Provincia entregada al sector aliado a Insfrán).
El Ministro de Gobierno de Formosa comenzó a relatar la historia del conflicto.
Zaffaroni volvió a preguntar. “¿Hay dos personerías?”.
González argumentó que la Provincia no estaba notificada de una segunda personería.
-¿Preguntaron (a Nación)? (interrogó Zaffaroni).
González repitió: “No fuimos notificados”.
Zaffaroni arremetió, en tono de reproche: “Si hay alguien invocando un derecho (la comunidad con personería jurídica), eso debe ser verdadero o falso. Se pregunta (a Nación) y se devela”.
Hubo un silencio largo.
González se intentó recuperar: “Este es un caso extremo. Donde la comunidad a su interior tiene conflictos…”.
Zaffaroni lo cortó: “Sí, hay conflictos en todos lados. Pero diferente es si no identificamos situaciones, es difícil solucionarlos”.
González, un viejo soldado de las peleas políticas y judiciales de Formosa, se quedó sin palabras.
Adentro de la sala (y afuera) se estalló en aplausos.
Pero el round no había terminado. Lorenzetti tomó la palabra. “Usted dice que hay un mesa de diálogo pero al mismo tiempo dice que no hay con quién dialogar. Le pido que sea concreto ¿puede ser? ¿Hay una propuesta concreta de parte de la Provincia?”.
-Siempre tenemos la voluntad de diálogo…
-¿Tienen una propuesta? (insistió Lorenzetti)
-En el tema del agua…
Lorenzetti ya estaba cruzado. “¿Hay alguna propuesta?”
González volvió a quedar en silencio.
La Fiscal de Estado de Formosa salió en su auxilio. “Tenemos tres. Relevar las 5000 hectáreas de la comunidad. Que se verifique si la tierra se arrienda. Y con Parques Nacionales estamos trabajando en una acción declarativa…”
Lorenzetti la cortó: “¿Propuestas concretas? ¿No hay posibilidad de instalar la universidad en otro lado (y no en tierras de la comunidad)? Las propuestas deben ser concretas”
Otras vez los aplausos, dentro y fuera de la sala.
Nación: “Yo no fui”
Daniel Fernández, el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), reconoció que en la comunidad qom hay “una gran desigualdad”, donde el “66 por ciento no tiene vivienda de material y carece de agua”. Reconoció la legitimidad de Félix Diaz (el INAI reconoció el resultado de las elecciones de 2011 y otorgó la personería jurídica, llave para reclamar administrativamente las tierras). Y reconoció que, luego de seis años de sancionada, la Ley Nacional 26.160 no se aplica en Formosa. “No hemos podido acordar aún. Se requiere el acuerdo con la Provincia”, explicó y argumentó que “es política de la Presidenta y de la ministra Alicia Kirchner (de donde depende el INAI) consensuar con acuerdos con la provincias”. No explicó por qué, en una provincia con muy buena sintonía con el Gobierno, no hubo acuerdo.
Elena Highton de Nolasco le preguntó por qué había dos personerías jurídicas.
Fernández explicó que hay “diferencias de interpretación. La Provincia la dio antes del 94 (reforma constitucional), pero debieran adecuarse a la Constitucional Nacional”.
En concreto: responsabilizó al gobierno de Insfrán por la doble personería jurídica y por no reconocer a Diaz. No lo explicitó, pero dejó la misma sensación por la falta de aplicación de la Ley 26160.
Contrapunto Qom
Félix Diaz tuvo sólo cinco minutos para hablar. Comenzó en idioma qom. Vestía una remera que dejaba leer “orgullo qom”, vincha y una Whipala al cuello.
“Nosotros somos las víctimas. El estado nacional y provincial generan leyes para justificar los despojos que sufrimos. Las presentaciones (que hicieron los funcionarios) son excelentes, pero son métodos para acallarnos. Son muchos años ya. El Estado nunca ha hecho esfuerzos para nosotros”, arrancó en su acostumbrado hablar calmo.
Denunció que la legislación indígena no se cumple, recordó que la tierra no es de la comunidad, sino que “convivimos con ella, es la vida”. Avisó que la comunidad es un pueblo “sufrido que ya no se callará porque no queremos esperar más, queremos algo concreto”.
“Queremos creer que la justicia existe, pero por ahora estamos peleando para lograr esa justicia”, finalizó, y de inmediato volvieron los aplausos.
El Tribunal cedió la palabra a Cristino Sanabria, hijo del antiguo cacique (Fernando Sanabria) y que perdió en 2011 las elecciones ante Diaz.
Comenzó su discurso con una plegaria religiosa. Luego aseguró que su “gente” no tiene necesidades, que cuentan con alimentos y valoró el trabajo del gobierno de Gildo Insfrán. “Mi gente tiene vivienda, nunca fue maltratada, nunca perseguida. Tenemos escuelas y hospitales”, afirmó. “Somos de paz. No aprendimos a discutir todo el día. Félix sembró esa maldad y la gente se dividió. Yo no llevo a mi hijo a que corte la ruta y queme cubiertas” cuestionó.
Terminó con otra oración religiosa. Que volvió a sorprender a los presentes. Al final del rezo, dio su último golpe: “Dios, por favor perdona a Felix Diaz”.
130 minutos
Dos horas y diez minutos duró la audiencia.La Corte Suprema no tiene obligación de emitir medida alguna, pero se espera que dicte alguna determinación sobre el caso.
Los funcionarios provinciales y nacionales salieron rápidamente de la sala. Félix Diaz permaneció rodeado de periodistas y de miembros de la comunidad. Afuera de la sala coreaban su nombre, y también la frase “orgullo qom”.
Dieciséis meses después de la represión en la ruta 86, y sin respuesta política (respecto al territorio) ni jurídica (por la quema de viviendas, heridos y asesinato de Roberto López), la Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó al Pueblo Qom y, además, dejó al desnudo al gobierno de Formosa. En 130 minutos hizo posible lo que otros poderes de la Nación (Ejecutivo y Legislativo) no supieron (o no quisieron) hacer.
* Publicado el 8 de marzo de 2012 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (www.odhpi.org)