“Tierra.” Es la palabra que nombran una veintena de veces, y que se hace reclamo una y otra vez a lo largo de la entrevista. La mencionan como sinónimo de producción, cultura, trabajo, derecho, futuro de sus hijos y, el más contundente, “sin tierra no tenemos vida”. José Luis Castillo, campesino de la organización Obreros del Surco, de Villa Ocampo (norte de Santa Fe), y Nacho Avellanal, de la Mesa Zonal del Ambito de Tierras (Mezat), de Añatuya (Santiago del Estero). Forman parte de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina), espacio donde confluyen sesenta organizaciones de siete provincias, como las históricas Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch). Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas (al que llaman “ley Monsanto”), cuestionan al Poder Judicial y explicitan su expectativa con la llegada de Emilio Pérsico a la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Castillo resume los debates actuales de la Acina: “La ley Monsanto es muy grave. Los anteproyectos que vimos van a terminar con la agricultura familiar. Encima no votaron la ley que frena los desalojos. Tenemos muchos temas, pero el principal es la tierra”.

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La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) cuestionó la llegada de la multinacional Monsanto a Córdoba y alertó sobre los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo agropecuario. “(La Universidad) expresa públicamente el desacuerdo respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio, en particular Monsanto, en Río Cuarto”, advierte en el artículo séptimo de la resolución 284, aprobada por el Consejo Superior por amplia mayoría. Monsanto había anunciado en junio pasado la instalación de una planta se semillas en Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) y dos estaciones experimentales (Río Cuarto y Tucumán). De inmediato comenzó la movilización, y rechazo, de asambleas cordobesas. “Que la universidad pública, con todas las ramas de la ciencia y con estudios en mano, cuestione a Monsanto y sobre todo al modelo agropecuario extractivo es un claro respaldo a las luchas sociales y a la necesidad de un modelo distinto”, celebró Jorge Torres, de la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos.

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Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.

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Un fallo de la Justicia de Neuquén determinó que la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo tiene derechos sobre un territorio de veranada (que utilizan en primavera y verano), rechazó el pedido de desalojo realizado por un empresario (a pesar de que éste posee título de propiedad) y confirmó la supremacía de la legislación indígena por sobre el derecho privado. Es el primer fallo favorable a una comunidad indígena respecto de la práctica ancestral de trashumancia (trasladarse con los animales a distintas zona según la época del año). Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una “ley integral de tierras” que contemple la trashumancia, un reordenamiento territorial y la función social de la tierra.

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