El primer juicio oral por fumigaciones con agroquímicos lleva dos días. Silencio de los acusados, chicanas del abogado, aviones y mosquitos, tiroides, malformaciones, mujeres enfermas, bebés muertos y un pedido. Crónica desde la sala de audiencias.
Por Fabiana Bringas y Darío Aranda
Desde Córdoba
Capital Federal. 25 de marzo de 1996. El gobierno de Carlos Menem aprueba la siembra de soja transgénica con uso de glifosato.
Dieciséis años, dos meses y 17 días después, en Córdoba, comenzó el primer juicio oral y público por fumigaciones con agrotóxicos.
Denunciados: dos productores y un fumigador.
Denunciantes: un médico y ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba y la organización Madres de Ituzaingó (mujeres del barrio fumigado).
Una herramienta: la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051). El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) «contaminaren» de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.
Agroquímicos: endosulfán y glifosato.
El asunto de fondo: el modelo de agronegocios.
Día 1
Mañana del lunes 11 de junio. Tribunales de la capital cordobesa.
El juicio se desarrolla adentro, pero también afuera: militantes sociales, ambientales y campesinos acompañan a las Madres del barrio Ituzaingó Anexo. La policía no deja pasar, ni tampoco instalar la carpa donde –paralelo al juicio– se desarrollarán actividades informativos respecto al modelo agropecuario.
Las Madres quieren ingresar junto a una decena de vecinos del barrio fumigado. La guardia del juzgado pone cupo. Las Madres dicen “todos o ninguno”. El primer día de juicio las tendrá fuera de Tribunales.
Adentro, la primera chicana de los abogados de los dos productores (Francisco Rafael Parra y Jorge Alberto Gabrielli) y el fumigador (Jorge Pancello). El mediático abogado Carlos Hairabedian pide la nulidad del querellante Medardo Avila Vazquez (ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba). El tribunal rechaza el pedido. Se percibe el clima tenso.
La sala de audiencia está en el primer piso de Tribunales, un edificio enorme, puro cemento de arquitectura fría y cuadrada. La sala mide unos veinte metros por diez, piso de parquet y paredes revestidas en madera. 25 asientos de un lado y, pasillo mediante, otros 25 lugares. Al fondo, otra fila aporta unos seis asientos más. Los familiares y amigos de los acusados ocupan los 25 asientos de la derecha. A la izquierda, organizaciones sociales, referentes sociales y políticos, y prensa.
El presidente de la Cámara, Lorenzo Rodríguez, inicia el juicio.
De a uno, pasan los acusados. El productor Francisco Parra, 57 años, casado, tres hijos (uno estudia Ciencias Agrarias). Dice tener el primario completo y que no pudo seguir estudiando porque tenía que trabajar. Afirma contar con campos propios y también otros arrendados. Vive con su mujer en la casa de sus hijos y señala como único ingreso mensual 7.000 pesos.
Reconoce contar con una máquina “mosquito” para fumigar (un tractor con largos brazos que arroja el agroquímico) y recuerda, algo dubitativo, que realizó “algunos cursos como aplicador”.
Le siguió el producto Jorge Alberto Gabrielli, 51 años, casado, dos hijos, varón de 23 y «la nena» (según sus palabras) de 15. Su hijo estudia Ciencias Económicas en la Universidad Siglo XXI (la más costosa de la provincia).
Afirma que su ingreso mensual es de 8.000 pesos. Cifra exigua para pagar la universidad exclusiva y los honorarios del abogado mejor pago de Córdoba.
De porte campechano, recuerda ser nacido y criado en el campo. Y afirma haber tomado cursos de manejo de agroquímicos.
El abogado defensor y conductor de televisión, Carlos Hairabedian, tiene más de 70 años, calvo, histriónico. Es muy notoria su actitud sobradora, fanfarrona, se maneja como en un estudio de filmación. Arranca con una pregunta retórica: “¿Dónde vive su madre?”. Gabrielli, como si esperara la pregunta, responde al instante: “En el Barrio Ituzaingó”.
El aerofumigador, Edgardo Jorge Pancello, 54 años,, casado, dos hijos de 21 y 24 años. El mayor, ingeniero agrónomo. «Es fresquito», señal, como sinónimo de recién recibido.
Precisa que cuenta con tres empleados y acredita ingresos mensuales por 30.000 pesos. Cuenta con “varios aviones” pintados de amarillo y aclara que no hacía fumigaciones sino “aplicaciones aéreas”.
El tribunal pregunta cuál es la diferente.
“Las fumigaciones son humo y la aplicación aérea es una aplicación en un lugar determinado con un tóxico», responde.
Los tres acusados hicieron uso de su derecho a no declarar. Y los tres se reconocieron inocentes.
Pancello, el aerofumigador, había declarado en la instrucción. Había dicho desconocer a los productores, negó haber fumigado los campos colindantes con el barrio Ituzaingó Anexo y argumentó que en la provincia “hay muchos aviones de el mismo color (amarillo)”.
Luego del mediodía comenzó a declarar el médico y ex subsecretario de Salud, Medardo Avila Vazquez. Había preparado una presentación en computadora para proyectar en la sala.
Segunda jugada del mediático abogado defensor: solicitó al tribunal que no se use el Powerpoint. Los jueces accedieron.
Avila Vazquez permaneció calmo. Habló más de dos horas y media. Brindó datos médicos, ejemplos y referencia científicas de lo que produce el modelo de agronegocios a escala mundial y local. Precisó que el endosulfán (insecticida, parte de la causa judicial) está prohibido en 74 países y detalló las denuncias que pesan sobre el glifosato (herbicida pilar de la soja transgénica).
“Otra agricultura es posible”, remarcó, mientras miraba a los jueces.
El abogado de los productores intentó frenar a Avila Vazquez. Le retrucó que en el barrio Ituzaingó existen “múltiples contaminantes” (en referencia a metales pesados y PCB, para restar peso a los agroquímicos).
El médico denunciante fue contundente: “Se hicieron estudios sobre un grupo de 30 niños del barrio en sangre, orina y pelo. No había plomo, ni cromo ni arsénico. Lo único que se encontró fue glifosato”.
15.30 de lunes.
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Día 2
A las 10.36 comenzó la segunda jornada del juicio.
El presidente de la Cámara I del Crimen, Lorenzo Rodríguez, aclaró que los jueces no deciden quiénes ingresan (o no) al tribunal. El reclamo de las Madres de Ituzaingó (que el primer día no ingresaron porque no se permitió el ingreso al grupo de vecinos) había sido amplificado por los medios locales. Atribuyó todo a una cuestión de “espacio” de la sala.
“No supieron qué decirme”
Estaban citados los testigos de la causa del 2004. Cinco vecinos del barrio Ituzaingó Anexo. Norma Herrera, Marcela Ferreyra, Pablo Vargas, Víctor Hugo Castaño y Sofía Gatica.
La primera fue Marcela Ferreyra, joven, unos 35 años, habitante del Ituzaingó Anexo desde 1981. Se le preguntó si recordaba los hechos denunciados el 11 de febrero de 2004 (las fumigaciones). Estuvo dubitativa. Pasaron ocho años.
Le leyeron las declaraciones que había realizado en 2004.
Recordaba que –junto a Sofía Gatica y otros dos vecinos– habían hecho la denuncia en la Unidad Judicial de barrio Empalme y que había estado allí hasta las 1.30 de la madrugada. No recordó el avión fumigador (como consta en la denuncia), pero sí un mosquito.
Marcela Ferreyra vivió siempre a calle de por medio del campo fumigado. Es mamá de una niña, su segundo hija.
En julio 2004 tuvo su primer bebé, un varón, que nació muerto por malformaciones en el diafragma, en la cara y manos. Tampoco se habían desarrollado los pulmones y el corazón.
Recordó que siempre se atendió en el dispensario del barrio, pero explicó que los médicos le alertaron del “embarazo complicado” y la derivaron al Hospital Neonatal, donde fue el parto.
El tribunal le preguntó si sabía por qué su hijo tenía esos problemas.
“Los médicos no supieron qué decirme”, lamentó y recordó que tuvo que recurrir a un abogado para que el Hospital le dé la historia clínica.
-¿Sufre alguna enfermedad? (preguntó el tribunal)
“Tiroides”, precisó y alertó que en el barrio “hay muchas mujeres” en la misma situación. También precisó otros casos de malformaciones en riñones y estómago.
“Cuando fumigaban había mucho olor a gamexane. Lo hacían tanto a la mañana como a la noche, como hasta las 3.30”, denunció.
Cuando finalizó la declaración, se paró lentamente e inició un llanto desconsolado, casi sin poder respirar. Fue abrazada, y contenida, por dos vecinas.
“Vivo con temor”
Pablo Vargas, 36 años, ingeniero químico, hijo de Eulalia Ayllón, «Dita» para la gente del barrio, una de las primera mujeres que –junto con Sofía Gatica– que comenzó a alertar a los vecinos respecto a las fumigaciones.
Pablo fue quien sacó en reiteradas oportunidades fotos del avión fumigador y del mosquito. Sus imágenes forman parte del expediente.
“Yo era uno de los tantos del barrio que al principio trataba a las madres, incluida la mía, de viejas locas que no sabían nada de lo que estaban hablando”, lamentó.
Vargas vive en el barrio desde los 4 años. Recordó que jugaba al fútbol en el campo vecino, el “potrero del barrio”, hasta que fue arado y sembrado con soja.
Los jueces le preguntaron qué sentía luego de las fumigaciones. “Un fuerte olor a gamexane, se reseca la garganta, la nariz”, precisó y aseguró que las fumigaciones le produjeron gastritis. También detalló que ya no puede hacer deportes porque se cansa muy rápido, le duelen las piernas y comienza con taquicardia.
Detalló que se realizó estudios médicos pero que no los fue a retirar por “miedo al resultado”.
“Vivo aún hoy con temor», confesó. Explicó que, por su formación de ingeniero químico, conoce “muy bien los efectos de los agrotóxicos” y lamentó que en Argentina se utilicen agroquímicos prohibidos en Estados Unidos y Europa. «La soja es un yuyo que aguanta todo. Pero cuando los agroquímicos son absorbidos por la tierra tardan años en desaparecer”, detalló.
Afirmó que muchos de sus vecinos están enfermos, “la mayoría con leucemia, lupus, púrpura, infecciones en la piel, alergias y asma”. Y recordó a vecinos que murieron, todo en la última década, por cáncer.
“He visto sufrir a mis vecinos”
Era de las voces más esperadas. Fue de las pioneras a nivel nacional en denunciar los efectos del modelo agropecuario. Y es una referente de la lucha contra los agroquímicos. En abril pasado recibió en Estados Unidos el Premio Goldman (una suerte del Premio Nobel del ambiente).
Lo primero que aclaró es que debió dejar su casa por los problemas de salud de su familia. Hace un año y medio se mudó. Precisó que tuvo cuatros hijos, una beba fallecida por malformación horas después de nacida. Otra de sus hijas tiene tres agroquímicos en sangre (un estudio oficial lo determinó en 2006-2007, al igual que a otros treinta niños del barrio, algunos con hasta cinco agroquímicos en sangre).
“No le encontraron ni arsénico, ni cromo ni plomo producto de otro tipo de contaminación. Tenía y tiene agroquímicos en sangre”, remarcó.
Detalló que, luego de las fumigaciones, a su hijo varón se le “paralizaba todo el cuerpo”. Lo llevaba de inmediato al médico y no obtenía una respuesta satisfactoria. “Me decían que era un virus», recordó. «Le tendrían que haber hecho otros estudios más complejos pero no tenía plata para hacerlo», lamentó.
Contó que sus hijos, con otros chicos del barrio, solían ir a jugar a los campos de soja. «Hacían chozitas entre la soja y yo los tenía que ir a sacar», sostuvo y denunció que en otra oportunidad visitando con los chicos del barrio una lagunita dentro del campo vecino encontró, bidones de agrotóxicos vacíos.
Le preguntaron si está sana. “Sí, pero nunca se hizo un estudio sobre la población adulta (…) He visto sufrir a mis vecinos, he visto morir a mucha gente, hay que estar ahí para ver».
Sobre la denuncia, recordó la fumigación del 11 de febrero de 2004, a la tarde. Detalló que llamaron a la Unidad Judicial y le dijeron que iban a realizar un allanamiento. Encontraron bidones con los agroquímicos DDT y Dieldrín.
También recordó la denuncia del 1 de febrero de 2008, a la mañana. Pasaron dos avionetas, una gris y una amarilla. “La que siempre pasaba por el barrio, cuya patente la había reconocido en varias oportunidades: LVAXC”, detalló y reconoció que casi siempre tenía la precaución de anotar la patente y “siempre era la misma”.
Sofía Gatica mostró con sus brazos cómo la avioneta volaba y giraba sobre el barrio Ituzaingó Anexo, “a baja altura. En ese momento el abogado de la querella, Miguel Martinez, le preguntó por dónde doblaba el avión cuando hacia las fumigaciones sobre el campo. Luego de hacer unos segundos de silencio respondió “sobre el barrio” .
Hizo un repaso de los diez años de lucha de las Madres de Ituzaingó y recordó los 200 casos de cáncer. Ya finalizada la declaración, miró a los tres jueces y, con voz calma, les hizo un solo pedido: «Piensen que somos seres humanos. Les pido que velen por nosotros».