Dirigentes de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo Insfrán.
Por Darío Aranda
“Por memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan.
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas –como nunca antes– frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política.
Formosa 2013
“Somos un Gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto (…) Sabemos que no es justo que otro argentino llegue tarde a su trabajo, a su casa o a sus obligaciones, sabemos que tienen razón en enojarse, pero les pido perdón, le pido perdón a cada uno de esos argentinos que se enoja y dicen que así no se puede vivir más. Yo no voy a ser una Presidenta que le dé palos a nadie, eso se los puedo asegurar”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del 25 de mayo pasado, ante una multitud.
A su lado, primera fila, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 18 años, sindicado como el principal responsable de la violencia sobre campesinos e indígenas de la provincia, en especial de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
Félix Díaz, referente de La Primavera, lamentó el respaldo presidencial al gobernador. “Nos dio una enorme preocupación. No fue casualidad que el gobernador esté ahí. Y es un apoyo a que siga haciendo lo que hace. La Presidenta sabe que Insfrán reprime de distintas maneras y todo los días. Y tenerlo a su lado es un respaldo para él”, advirtió Díaz y recordó que el 23 de noviembre de 2010 (cuando reprimieron a la comunidad y asesinaron al abuelo qom Roberto López) actuaron de manera coordinada la Gendarmería Nacional y la policía provincial.
Dos semanas antes del discurso de la Presidenta, organismos militantes por los derechos humanos del pasado y del presente (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros) exigieron el fin de la “violencia sistemática” contra la comunidad y afirmaron que en Formosa se estaba cometiendo un “etnocidio”. Una de las frases más duras provino de una referente incuestionable de los derechos humanos, Nora Cortiñas: “Hemos intentado llegar a la Presidenta y no hubo respuesta. El silencio nos ofende y nos humilla”.
El 22 de mayo, Amnistía Internacional difundió su “Informe anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo”. De Argentina, destacó el incumplimiento de la Ley de Emergencia 26.160 (que prohíbe el desalojo de comunidades) y alertó sobre “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad. “Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cumbre
“En Formosa tendremos la posibilidad de abrazar a los pueblos tan agredidos y lastimados por el poder dominante, por parte de los gobiernos del ‘modelo nacional y popular’. Por eso marchamos a Formosa desde todo el país”, explicó Argentina Paz Quiroga, Warpe de San Juan, y tomó el guante del discurso presidencial del jueves pasado (“cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar –había dicho la Presidenta–): “Esperamos que los poderes públicos se hagan eco por una vez de nuestros reclamos y exigencias. ¿O no somos parte de los 40 millones de argentinos? ¿No somos ‘el otro’ que sufre?”.
La Cumbre será en la “Casa de Encuentro Juan Pablo II” (en las afueras de Formosa capital, ruta 11). Convocada por el Consejo Plurinacional Indígena, adhieren el Serpaj, CELS, APDH (Nacional/ La Matanza/ Neuquén), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadoras, Defensoría del Pueblo de la Nación, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA, Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y Resistencia Qom.
“Autoridades originarias y delegados de naciones originarias nos convocamos ante la situación de amenaza extrema, que tiene como consecuencia muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país”, afirma la convocatoria.
El lunes será el espacio de los cuatros pueblos indígenas de Formosa. Se analizará el estado de situación, articulaciones y un plan de acción local. El martes será el turno de los delegados nacionales, donde se elaborará una agenda indígena nacional, las urgencias a resolver (entre ellas la violencia sobre comunidades de Formosa y Chaco) y la exigencia al Gobierno para que asuma la situación indígena desde un enfoque de derechos humanos (y no de pobreza, como lo hace en la actualidad). El miércoles a la mañana habrá una marcha sobre las calles de la capital provincial. Y por la tarde cerrarán con el documento final y el plan de acción a nivel nacional.
Formosa, provincia referente en la violencia contra indígenas, también puede ser el lugar donde nazcan acciones para fortalecer luchas territoriales, frenar el despojo y, sobre todo, lograr que se cumplan los derechos humanos de los pueblos originarios.
* Artículo publicado el 2 de junio en Comunicación Ambiental http://www.comambiental.com.ar/2013/06/derechos-originarios-el-otro-que-sufre.html