Andrés Carrasco: «Pocas cosas más peligrosas que la verdad»

Andrés Carrasco: «Pocas cosas más peligrosas que la verdad»

Falleció Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones. En su última entrevista, publicada en el periódico 101 de la CTA, acusó al Conicet y al Ministerio de Ciencia de hostigamiento por denunciar el modelo agropecuario.
andrés carrasco 2 - en bajaEl embriólogo molecular Andrés Carrasco marcó un quiebre en la discusión sobre el modelo agrario argentino. Con un largo recorrido en el ámbito científico, Carrasco confirmó en 2009 los efectos del glifosato (agroquímico pilar del modelo sojero) en embriones anfibios. Y ya nada volvió a ser igual. Los cientos de pueblos fumigados y organizaciones sociales tuvieron una prueba más para sus denuncias. Para Carrasco también fue un punto de quiebre. Comenzó a recorrer el país (desde universidad hasta escuelas, desde congresos científicos hasta clubes de barrio) dando cuenta de su estudio. Y comenzó a ser mala palabra en el mundo científico ligado al agronegocios. La última estocada provino del Conicet (el mayor ámbito de ciencia de Argentina): Carrasco denunció por persecución ideológica al presidente del organismo, Roberto Salvarezza, y al ministro de Ciencia, Lino Barañao.
El ministro Barañao había realizado en 2009 un inusual pedido de revisión “ética” al Conicet respecto al accionar de Carrasco. Sobrevino una censura en la Feria del Libro de 2010, difamaciones públicas y, el último hecho, la negación de la promoción con un dictamen que Carrasco evalúa como “plagado de irregularidades” y con evaluadores insólitos: una especialista en filosofía budista y un reconocido científico ligado a las empresas del agronegocios.
Ciencia, investigadores, corporaciones y gobiernos
-¿Qué sucedió en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)?
-Soy investigador principal y me presenté a investigador superior, que es la máxima categoría de un investigador. Es un concurso donde uno presenta todos los antecedentes de la carrera científica. El Conicet lo somete a una comisión especial, formada por un grupo de personas. Una parte, dos o tres, son miembros informantes, que revisan antecedentes del candidato. Luego lo informan al resto de la comisión en un dictamen, que la comisión aprueba o desaprueba.
-¿Qué implica la promoción?
-Implica fundamentalmente el reconocimiento o una carrera en la que uno viene escalando posiciones. Se analiza todos los méritos y trayectoria del candidato. También implica una mejora salarial, pero fundamentalmente un reconocimiento a la carrera.
-¿Por qué rechazan su promoción?
-Apelan a una serie de argucias retoricas. Hicieron una evaluación cuantitativa y no cualitativa. Y alguna de las contribuciones más importantes mías sólo las describen, no las evalúan, no presentan argumentos serios de la contribución del trabajo, sólo miden cuantitativamente. Dicen que no es suficiente, deducen que en mi caso no tengo experiencia internacional suficiente. Además de decir que hubo interrupciones en mi tarea porque desempeñé tareas de gestión (dos años presidente de, justamente, el Conicet y otro tanto Secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa). Es insólito porque reconocen que estuve en cargos de gestión y por otro lado dicen que durante esos años no hubo producción, pero saben que tuve licencia sin goce de sueldo con cargo de mayor jerarquía.
-¿Qué es lo que no evaluaron?
-No evalúan seriamente nada. Dicen que fui primer autor o segundo autor (en las investigaciones firmados por grupos de trabajo, con varios autores), pero ni siquiera dicen qué es lo que se investigó. En la década del 80 realizamos una serie de publicaciones que fueron muy relevantes en el mundo científico. No hacen mención y se limitan a decir si firmé primero, segundo o tercero. Y no hay ninguna valoración sobre todo el resto, ni se refieren a los temas sobre lo que uno trabajó durante años. Hay mucha producción científica que que no fue valorada. Del dictamen se evidencia que no hubo valoración cualitativa, no pusieron en relevancia los impactos de las investigaciones, no señalan si fue novedoso y si contribuyó en la disciplina.
-¿Esa forma de evaluación es regla de la ciencia o es particular de este caso?
-Lo que corresponde que se haga es un análisis real del contenido de la carrera científica, no medirlo en términos de números. No se trata de ver cuántos papeles tenemos acumulados, usar una balanza y ver cuántos kilos pesa la producción científica de uno. Así evalúan hoy.
-¿Usted apunta a quiénes lo evaluaron?
-El dictamen es lavado, sin argumentación, y tiene relación con los evaluadores. Una profesora de filosofía hindú (Carmen Dragonetti), que debe ser muy buena en lo suyo pero que no sabe nada de embriología. Un experto en zoología (Demetrio Boltoskoy) que no conoce de embriología. Y uno de los evaluadores que está relacionado íntimamente con la industria transgénica y la promoción del agronegocios (Néstor Carrillo). Hay conflictos de intereses y, por otro lado, no hay consistencia con el tema que los ocupa. Debieran haberse excusado y no lo hicieron. Carrillo ha tenido manifestaciones públicas contrarias a las críticas al agronegocios, está vinculado científicamente a empresas como Monsanto a través de Bioceres, es un convencido de la tecnología transgénica, que mantiene estrechos contactos con Federico Trucco (CEO de Indear y consecuente descalificador de la idoneidad científica de Carrasco) y con Aapresid (empresarios del agronegocios).
-¿Es común que evalúen informantes que no manejan el tema?
-Tienen que tener una idea qué se está evaluando, debiera ser gente que conozca la disciplina.
-¿Evalúan su trabajo sobre glifosato?
-Apenas lo mencionan. Dan cuenta del número de menciones internacionales pero ponen mucho menos de las que tuvo. Y hacen como que no tuvo impacto. Miden el impacto con un número erróneo y no discuten el contenido del trabajo. Mal que les pese, el trabajo sobre glifosato tuvo impacto en muchos lugares del mundo y lo debieron considerar.
– ¿Qué le dijo el Presidente del Conicet?
-La respuesta fue que él no sabia lo que había pasado.
-¿Pero él lo firmó?
-Sí. Claro.
-¿Y no sabía?
-Él dice eso. Que no sabía. Quizá firma cosas que no conoce… la decisión de darle la promoción o no se discute en reunión de directorio… todo el directorio sabía. Desligó su responsabilidad y minimizó, no negó, lo que plantee sobre la evaluación teñida de conflictos de intereses y animosidad manifiesta.
-¿Habrá una nueva evaluación?
-No lo sé. Lo solicité por escrito el año pasado y aún no me respondieron.
-¿Por qué hace público este hecho?
-Porque siempre he sido partícipe que los actos de Estado que benefician o perjudican a personas deben ser públicos. Y segundo porque desde 2009 han pasado cinco años y el Conicet ha tenido momentos de hostigamiento hacia mí. Corresponde denunciar esa saga, me parece que es importante hacerlo público. Se suele acostumbrar mucho a no discutir por temor a los palazos, pero hay que discutir aunque la institución sea injusta. Mucha gente fue solidaria conmigo, piensa que lo que uno hizo tuvo importancia para ellos, tienen derecho a saber que hay instituciones del Estado que privilegian la arbitrariedad para sostener discursos, para que el relato no se fisure.
Glifosato
-¿Interpreta como un pase factura por el trabajo sobre glifosato?
-Sin dudas que es un pase de factura por el glifosato. Hay que recordar que el Conicet no fue neutral en ese momento.
-¿Por qué?
-Cuando di a conocer las consecuencias del glifosato, desde el Conicet armaron una comisión para contestar lo que yo había dicho. También me prohibieron la asistencia a una Feria del Libro para hablar del tema. Y el ministro Lino Barañao pidió una comisión de ética para juzgarme. Todo lo menciono en mi apelación al Conicet.
-¿Negarle la promoción es un mensaje para otros científicos?
-No creo que sea desconocido por el sector científico, donde hay pocos que están dispuestos a hablar claramente de estas cosas.
-¿Por qué?
-Por estas señales disciplinadoras. Hay una situación con gente que dicen “con esto no me meto porque viene la represalia, pierdo el subsidio, pierdo el becario”. Pero creo que no hay que tener miedo a las posible represalias. Si uno toma una decisión científica en su carrera que va contra la institución o si no quiere participar de la linea de la institución, debe tener lugar. La institución debe ser amplia, para todos, para los que quieren hacerse empresarios científicos y quienes solo somos investigadores.
-¿Qué responsabilidad le cabe al Presidente del Conicet y al ministro Barañao?
-Al Presidente (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia. Y Barañao… es sabida su animosidad manifiesta para conmigo. Hay una bajada de línea, sus hechos y dichos públicos haciendo juicio de valor sobre la investigación del glifosato. Tanto en medios públicos, televisión, radio incluso en charlas publicadas, hubo una reunión pública de Aapresid en Rosario donde habló de manera despectiva de mi trabajo. Si un ministro hace juicio de valor sobre la actividad científica de un investigador, el Ministro me atacó personalmente a mi y mi grupo por nuestro trabajo.
-¿Por qué?
-Lo hizo en un reunión de Aapresid. Dijo “el problema Carraco se termina dentro de una semana”. Porque iba a salir un informe del Conicet sobre glifosato y finalmente no lo pudieron hacer público porque era impublicable. Cuando un ministro dice ese tipo de cosas, siempre hay discípulos dispuestos a hacerle caso al ministro. Y si le cae en la mano una evaluación harán lo posible para dejar contento al ministro. Prácticas de revanchas, venganzas, pequeñeces, son comunes en el Conicet.
-Para muchas organizaciones que luchan en el territorio fue un punto de inflexión su trabajo de 2009. Es extraño de un científico que se involucre en luchas actuales.
-Creo que la investigación de 2009 contribuyó a dar impulso a muchos grupos de colegas que trabajan de manera similar. Y siempre me sentí muy acompañado por la sociedad civil. Me resulta difícil medir el impacto en la gente, pero sí coincido que no es común que un científico salga de la mera investigación de laboratorio para preocuparse y ocuparse por algo que sucede en los territorios. Sirvió para sumarse a una discusión actual, que afecta a la población, y contribuir a una discusión de ese tipo, creo que es lo que todo científico pretende. Y creo que también ha servido para mostrar limitaciones y defectos de la ciencia actual. He visto que muchos colegas legitiman a partir de la mentira. Los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, dejan de hacer ciencia, silencian la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo.
Conicet
-Para los ajenos al mundo científico el Conicet pareciera un sello impoluto, de excelencia. Y al mismo tiempo legitimador de discursos sociales, políticos, periodísticos. Usted fue presidente del Conicet. ¿Cómo funciona?
-El Conicet no es para nada impoluto. Estuve dos años al frente del directorio. Tenía muchísimos problemas de estos todo el tiempo, que teníamos corregir. Yo mismo he tenido casos en los que tuve que rechazar dictámenes injustos y hasta intervine la junta de calificaciones. El Conicet está marcado por la situación política del momento, seriamente cruzado por internas políticas y las legitimaciones del momento. La institución no garantiza los derechos a ser evaluados de manera correcta y el mayor grado de objetividad posible. No debería nunca estar Néstor Carrillo evaluando mi trabjo, lo pusieron apróposito.
-¿Qué rol juegan las empresas?
-El Conicet tiene representantes de las provincias, de la ciencia, de universidades y de la industria y del agro, como dos grandes sectores económicos. Estos últimos son representes propuestos por las corporaciones.
-¿Cómo repercute el rol del sector privado?
El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado. Ha llegado a tanto esa vinculación que el Conicet ha inventado un sistema de evaluación distinto para los investigadores que trabajan con las empresas.
-¿Cómo una evaluación distinta?
-Un sistema que implica que el investigador puede trabajar para una empresa y no es evaluado mientras participa de proyectos de empresas, pero siempre como investigador del Conicet. Si decide dejar la empresa, vuelve a ser evaluado como todos nosotros. Todo investigador debe publicar, enviar sus trabajos a revistas, poner en discusión sus trabajos. Los investigadores del Conicet que trabajan para empresas no está sometidos a estas evaluaciones. En esos casos el Conicet funciona como proveedor de recursos humanos de las empresas.
-Si usted hubiera investigado en favor de empresas del agro…
-De seguro el Conicet me daba todas las promociones que pedía. Muchos de los promovidos por el Conicet están encolumnados con esta lógica institucional de privatizar la producción de conocimiento científico. Ese tipo de investigadores está prestigiado por el Conicet. Y se mira mal a quien no se encolumna en esa forma de entender la ciencia. Y mucho peor si se los confronta. El Conicet alienta o cuestiona a investigadores según qué investigue. Si cuestionás el modelo te puede negar subsidios, te saca becarios, te evalúa de manera arbitraria.
-¿Cómo se puede comprobar la vinculación del Conicet con el mundo empresario del agronegocios?
-Es pública la vinculación. Se promueven investigaciones de transgénicos con total financiamiento público del Conicet, se financia a la empresa Bioceres, donde está Gustavo Grobocopatel. Se financió el polo tecnológico de transgénicos en Rosario para desarrollo de semillas, trabajan junto a Aapresid (empresarios que introdujeron los transgénicos en asociación con las multinacionales del sector). El Conicet lleva adelante una política en favor de una determinada tendencia tecnológica y además participa de los negocios que surgen de esa confluencia con el agronegocios. No lo esconden. Están orgullosos del modelo de ciencia que hacen.
-El discurso, no sólo del Gobierno, es que se ha invertido mucho en ciencia y técnica en estos años.
-Es cierto. Pero habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos en el todo el país? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? Hay un claro vuelco de la ciencia para el sector privado y el Conicet promueve esa lógica. En lo 90 estaba mal visto. Muchos hicieron la vida imposible al menemismo para que esto no pasara y hoy aplauden de pie que la ciencia argentina sea proveedora de las corporaciones.
* Por Darío Aranda. El artículo fue publicado en mayo de 2014, en el periódico número 101 de la CTA.

Consulta obligatoria

Consulta obligatoria

El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.

consulta obligatoria mapuches - en bajaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.

La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).

Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”.

El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”

“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.

El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.

Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.

La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.

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Contra un decreto

La comunidad mapuche Cheuquel, ubicada a 30 kilómetros de Zapala, denunció la semana pasada al gobierno de Neuquén porque mediante un decreto propuso otorgar el título de tierras comunitario pero a cambio de otorgar derechos de exploración y explotación petrolera a las empresas Pluspetrol y GYP (Gas y Petróleo) de Neuquén. “Rechazamos estas cláusulas en el decreto y pedimos revocatoria porque violan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Y denunciamos estas propuestas poco claras que están llegando a las comunidades y que afectan notablemente los derechos de los pueblos originarios”, señaló la comunidad mapuche Cheuquel en un comunicado.

El decreto 1428 fue firmado por el gobernador, Jorge Sapag (foto), el 15 de agosto pasado. En el primer artículo otorga un título gratuito por 3500 hectáreas, pero la comunidad posee 12.000 hectáreas. Y el segundo artículo no tiene antecedentes: establece que el adjudicatario (la comunidad) permite el libre acceso a las empresas estatal G&P y a Pluspetrol.

La comunidad rechazó el decreto provincial, recordó que la entrega de tierras es “una obligación del Estado (artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 53 de la Constitución de Neuquén)” y remarcó que “ninguna ley establece la posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos” para el reconocimiento de territorios indígenas.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 30 de diciembre de 2013.

Reclamo en los esteros

Reclamo en los esteros

Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.

iberaCampesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.

El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.

Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.

Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.

Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.

Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.

El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.

Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.

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El ministro y el senador

El ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara, reconoció que el monocultivo de árboles avanza sobre campesinos y anunció que elaboraron un proyecto de ley para frenar esa avanzada. También cuestionó que “empresarios estadounidenses” acaparen tierras. Respecto de los campesinos y las 3100 hectáreas de la Fundación San Nicolás, aseguró que mientras sea ministro “no se expulsará a nadie que haya trabajado la tierra”. Explicó que los grandes empresarios “fueron rodeando el Iberá de manera estratégica, cerrándolo” y que (mediante campo San Nicolás) podrán “abrir un paso” para recibir turistas desde las localidades de San Miguel y Loreto.

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Sergio Flinta, es señalado por campesinos y organizaciones sociales como el nexo entre forestales, empresarios turísticos y poder político. “Es todo mentira”, resumió Flinta. Negó que en el Iberá haya “problemas de tierras” y señaló que en las 3100 hectáreas de la Fundación-Instituto San Nicolás “no hay campesinos ni pequeños productores, hay sólo intrusos desde hace muchos años que no quieren que el gobierno ordene el lugar”.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de diciembre de 2013.

 

 

Derechos Humanos para todos

Derechos Humanos para todos

Noemí Labrune, histórica dirigente de los derechos humanos de la Patagonia, traza paralelos entre el genocidio indígena y la dictadura militar, resalta la necesidad de marchar no sólo los 24 de marzo, acompaña la lucha del Pueblo Mapuche y llama a conmoverse también cuando asesinan a los jóvenes de las barriadas pobres.

derechos humanos para todos - en bajaReferente de los derechos humanos en la Patagonia, activa luchadora contra la violencia institucional y miembro fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Noemí Labrune, es hiper activa a sus 83 años. Se levanta a las 6, desayuna y ya no vuelve hasta la noche: reuniones, talleres, marchas, siempre en apoyo a los más desprotegidos. Labrune fue de las primeras referentes en vincular la lucha del Pueblo Mapuche y los derechos humanos. Con la excusa del Día de los Derechos Humanos, y a 30 años de la recuperación de la democracia, Labrune cuestiona la “mentalidad neoliberal”, traza paralelos entre la última dictadura cívico militar y el genocidio indígena, y afirma: “Es necesario salir los 24 de marzo, pero también cuando matan a un pibe de un barrio pobre”.

-¿Cómo vive el 10 de diciembre?

-El 10 de diciembre conmemoramos un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa Declaración en la que los pueblos originarios están ausentes, invisibles, nadie los nombraba. Sobre la Declaración, es una declaración de deseos, porque aún falta por hacer cumplir muchos de ellos. Nosotros en particular de la APDH lo conmemoramos, más no lo celebramos porque es evidente que muchos de ellos no están vigentes, ni aquí ni en el mundo. Si bien han significado un avance importante, es teórico, es un inventario de lo que está y de lo que falta.

-¿Con respecto a los derechos humanos y los pueblos originarios?

-La inclusión de sus derechos fue a partir de la propia lucha de los pueblos originarios, sobre todo de Latinoamérica, que fue avanzando en esa filosofía, en esa práctica, y empezaron las convenciones sobre los derechos humanos. Acá en Neuquén fue un desarrollo, un proceso, estuvo desde muchos años sin que fuera visible. Estaba en el seno de las comunidades, que se estaban gestando referentes entre logkos, lof, los jóvenes; estaban tomando conciencia de que debían irrumpir, no se si de manera violenta, pero enérgica, en el imaginario, en las conciencias de hombres y mujeres de Neuquén, que no los tenían en cuenta.

-¿Cómo recuerda ese proceso en el Pueblo Mapuche de Neuquén?

-No formo parte del Pueblo Mapuche y no podía darme cuenta de que esas cosas estaban sucediendo. Veíamos que se movían los jóvenes, las comunidades salían a encuentros fuera de la provincia, circulaban algunos documento que eran objeto de debate. Cuando nos dimos cuenta que ese fuego, que era una brasa sin llama, estaba tomando fuerza, fue en los preparativos de la conmemoración de los 500 años, en el 92. Se formaron en América latina dos corrientes, una trabajaba por hacer visible la América india, negra y obrera, y otra más enfocada en los pueblos indígenas. Ambas corrientes, si bien distintas, confluyeron, y fue como una convocatoria a aquellos que no habían perdido sus conciencias identitarias ni sus conciencias políticas en cuanto al papel que debía cumplir el Pueblo Mapuche, pero que estaban dispersos. Quizás fue el año anterior, 91, los mapuche del interior, más los lof urbanos, decidieron marchar. Ahí compartimos marchas, actividades. Ya tenían la bandera. Querían mostrar su fuerza y de alguna manera su singularidad. Había mucha gente de la militancia, de los derechos humanos de Neuquén, rindiendo homenaje al Pueblo Mapuche que por primera vez salía a la calle. La APDH contribuyó a la organización interna de las comunidades. Después surge la Confederación Mapuche de Neuquén.

-¿Cómo relaciona el 10 de diciembre, los derechos humanos y los pueblos indígenas?

-Es el día de los derechos humanos, de los hombres, de las mujeres, de los pueblos, de los derechos económicos, sociales, culturales, y en esto el Pueblo Mapuche cobra importancia porque ha sido y es ejemplo de lucha. Recuerdo que en algún momento tenía ganas de bajar los brazos, porque nosotros representábamos una sociedad que salía de un genocidio, nos decíamos que no eramos víctimas, sino luchadores, militantes. Y enfrente estaba el Pueblo Mapuche, que venía de un genocidio más antiguo, y luchaban, y no se reconocían como víctimas sino como luchadores. Un pueblo que reclama de pie sus derechos. Esa es la similitud con nuestra lucha, es el punto donde nos hemos encontrado. Hoy el Pueblo Mapuche está plantado con una postura firme. La amistad viene de la lucha y se alimenta en esa lucha.

-En la reforma constitucional de 1994 se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas. Fue un piso. ¿Se avanzó en la aplicación de los derechos humanos de los pueblos originarios?

-Esa fue una gran victoria. Tuvo una gran repercusión en Neuquén. Fue un punto teórico, de ayuda, para pelear y aplicar los derechos humanos. Yo acá veo avances, pero porque es el avance del Pueblo Mapuche, no de la sociedad, ni del Estado.

-¿Suscribe al dicho de que “Neuquén es la capital de los derechos humanos”?

-Eso es pura propaganda, en todos lados se llevan adelante luchas importantes. Cuando la gente vio que salimos a la calle a reclamar en dictadura se pensó que acá iba a ser un paraíso de la militancia. En realidad, ni todo el mundo lucha, ni todo el mundo apoya. Es cierto que acá se juzgan militares, pero en Córdoba y otros lugares también. Y es verdad que todo el mundo sale el 24 de marzo, pero cuando se tortura, se mata y se reprime en las cárceles, cuando hay casos de gatillo fácil, no sale casi nadie, uno se pregunta dónde está esa gente.

-¿Hay una valoración diferente de derechos?

-Cada lucha es importante, cada lucha es un avance, y acá como en otros lados cuesta que la gente sea coherente. Y eso tiene que ver con entender o no, cual es la filosofía de los derechos humanos. Todos los hombres nacen iguales, en dignidad y derechos. Un delincuente tiene tanto derecho a la justicia, y a proteger su vida, como yo. Todos somos iguales, pero pareciera que unos son más iguales que otros. Dijo (el obispo) Jaime de Nevares: “Cuando lo considero que es como yo, tiene los mismos derechos que yo”. Y eso es básico. Aunque esto no se ha conseguido, no se ha conseguido esa conciencia social. Es un trabajo lento, pero lo hacemos, y en un futuro consideramos que será tarea de los jóvenes.

-En 1992, cuando usted marca esa unión de luchas entre organismos y el Pueblo Mapuche, ¿se imaginaba lo que sucede hoy, con juicio a los militares y los pueblos indígenas luchando contra multinacionales?

-No lo imaginaba. Se ha avanzado y mucho, pero no estemos contentos, falta mucho, una golondrina no hace verano. Es necesario salir los 24 de marzo, pero también es necesario salir cuando matan un pibe del oeste de Neuquén (zona de los barrios más empobrecidos). Es necesario dejar la mentalidad neoliberal, que no había en los 70, cuando menos nos parezcamos al ideal de la sociedad de consumo, en este sistema capitalista, vamos a estar realizando el ideal de los pueblos indígenas y de los organismos de derechos humanos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2013 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).

Dos meses de bloqueo a Monsanto

Dos meses de bloqueo a Monsanto

El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.

Bloqueo a Monsanto - dos mesesAsambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.

Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.

En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.

Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.

El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.

Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.

En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.

El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.

Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.

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Amenaza contra una dirigente

Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.

La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.

* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.

Agrotóxicos pampeanos

Agrotóxicos pampeanos

Con el avance de las fumigaciones, cada vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos Aires.

fumigacionesAlberti en Buenos Aires, San Jorge en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.

Alberti está ubicado en el norte de Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.

Con el fallo de la máximo tribunal de Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa familiar que la Corte Suprema había protegido.

El fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.

Situaciones similares se repiten en Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40 kilómetros de Capital Federal.

Río Cuarto está ubicada al sur de Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular” para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos hacia la agroecología.

El 10 de septiembre se realizó un debate público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.

Similares debates y críticas se repiten en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle, Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar la ordenanza.

En San Jorge (Santa Fe), un grupo de familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.

Viviana Peralta, una de las madres que iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012. “Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.

Otras localidades de Santa Fe donde existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo, Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones) impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.

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Distancias

Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).

El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.

Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.

Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.

Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 18 de noviembre de 2013 en el diario Página12.