La Legislatura provincial votó la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná, en Piray, 190 kilómetros al norte de Posadas. Las tierras fueron entregadas a la cooperativa Productores Independientes de Piray para su cultivo.
Por Darío Aranda
“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron los campesinos misioneros de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que lograron una histórica expropiación de 600 hectáreas que estaban en manos de la multinacional Alto Paraná. Luego de nueve años de resistir desalojos y de vivir cercados por el monocultivo de árboles, la legislatura provincial aprobó la expropiación para que los campesinos la trabajen en forma cooperativa y puedan quedarse donde siempre vivieron. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó Miriam Samudio, de PIP.
Piray es un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas. En el kilómetro 18 de la antigua ruta nacional 12, de tierra, viven los campesinos de PIP. Las parcelas tienen entre diez y 20 metros de frente, una junto a otra, y sólo 70 metros de fondo, donde los pinos de Alto Paraná les marcaron el límite para producir, criar animales y vivir. Desde 2006, los campesinos denuncian el avance empresario y se resisten a repetir el futuro de parajes vecinos. “En los últimos veinte años avanzó mucho más el pino, más nos encerraron en pedacitos de tierra y más familias tuvieron que irse, ya no podían vivir con poca tierra”, recuerda Samudio.
En 2010, Productores Independientes de Piray (junto a técnicos locales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación) comenzaron a gestar un proyecto para producir alimentos sanos, criar animales y no tener que dejar su territorio. Pero necesitaban tierra. “Declárese de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación una superficie total de 600 hectáreas”, señala en artículo 1º de la ley sancionada por la Legislatura de Misiones. El artículo 2 precisa: “Tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que ya habitan (en el lugar)”.
“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, señala la fundamentación la ley, que reconoce la concentración de la tierras en pocas manos que padece Misiones (acentuada en las últimas dos décadas) y recuerda: “La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza el artículo 51 de la Constitución provincial”.
La norma fue apoyada por todos los bloques políticos y aprobada por unanimidad el 6 de junio. Miriam Samudio es una de las voceras de los 250 campesinos. Sostiene que aún cuesta creer la buena noticia, pero de inmediato avisa: “Es un paso más en la lucha, no es la solución de fondo, falta que nos den la tierra y que la podamos trabajar, pero es un paso importante, y es un logro de la lucha, no es regalo de nadie, sólo con la lucha obtenemos lo que nos corresponde”.
La ley precisa la situación del agro misionero. “En los años 1997 y 1998 favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de Alto Paraná, se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural”, afirma. Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco. Con su eslogan “sembremos futuro”, cuenta con oficinas en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”.
Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina declara la propiedad de 256.000 hectáreas. El oficialismo es el Frente Renovador, cuyo referente político es el ex gobernador y actual diputado Carlos Rovira, hombre fuerte de la política de Misiones.
Marta Ferreyra es diputada por el mismo Frente y una de las legisladores activas en la ley. “Es algo inédito para nuestra provincia. Y aún más porque fue un proyecto de PIP, fue tomado por todos los bloques y aprobado por unanimidad”. La diputada destacó que “el sueño es que este año se entregue la tierra”, pero aclaró que falta la promulgación de la ley, el censo de familias campesinas de Piray y la tasación de la tierra. “Alto Paraná es una multinacional con mucho poder, que no ha dicho nada oficialmente, pero ya ha dejado trascender su malestar. Siempre dijo que no entregaría tierras cultivadas (como las de Piray), pero muchos creemos que por los enormes beneficios impositivos que tuvo en las últimas décadas, debiera incluso donar las 600 hectáreas.”
El oficialismo provincial adhiere a nivel nacional al Frente para la Victoria. La diputada Ferreyra dejó trascender matices con el Ministerio de Agricultura de Nación. “Gente de Buenos Aires de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de (Emilio) Pérsico dijeron que era poca tierra, que podían poner plata para más hectáreas pero luego no pusieron nada. Esperamos que ahora acompañen en lo productivo”.
Miriam Samudio, de PIP, piensa en clave local pero también nacional: “Queremos que nuestros hijos puedan vivir de su trabajo en la tierra que los vio nacer. Y queremos que todos los campesinos de Misiones y de Argentina tengan la misma posibilidad. La tierra es un derecho de las familias que vivimos y que la trabajamos con nuestras manos”.
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Las pasteras y sus números
En Misiones funcionan tres pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de cuestionadas por su rol respecto del medio ambiente, el desalojo de campesinos e indígenas y la concentración de tierras. El Censo Agropecuario (2002) señala que en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década, y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. Alto Paraná reconoce ser propietaria del 8,4 por ciento de Misiones (256.000 hectáreas). Controla en Piray el 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500. El avance del monocultivo de árboles tiene historia reciente. En 1999 se aprobó la Ley 25.080, llamada de Inversiones para bosques cultivados. Subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos de ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA, otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (no se pueden aumentar impuestos). La Ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada –por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008. En 1998 había en Argentina 600 hectáreas con monocultivo de árboles. En 2008 había llegado a 1,2 millón. La proyección de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) es, en 2018, llegar a las tres millones de hectáreas.
* Artículo publicado el 8 de julio de 2013 en el diario Página12 con el título “Tierras misioneras recuperadas”