Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla loas no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera -el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación-, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por «contribuir a las mejoras educativas». Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.
El libro Chubut pura naturaleza fue distribuido en 2006 por el Ministerio de Educación de Chubut en las escuelas. En su página 281 sobresale el subtítulo «Contaminación del agua y la tierra». En ese apartado recomienda, para «investigar sobre el tema», dos sitios de Internet. El portal www.panoramaminero.com.ar, que se ufana de autodenominarse «una organización periodística al servicio de la minería». El segundo sitio, citado por el Ministerio es www.meridiangold.com (hoy Yamana Gold). En la misma provincia, la minera IMA Explorations había distribuido en escuelas «El juego de los minerales». Al estilo juego de la oca, remarcaba el potencial de plata y plomo de la zona y, desde el punto de vista empresarial, es una introducción al mundo minero. «Tienen la manifiesta intención de incidir en los niños a favor de su proyecto minero», denunció la Asamblea de Esquel.
La Rioja no tiene manuales a favor de la minería, pero cuenta con el gobernador, Luis Beder Herrera, que pasó de prohibir la minería (por ley) a transformarse en su máximo defensor y (por otra ley) impulsar su desarrollo en toda la provincia. Todo en sólo dos años. Por las críticas recibidas, apuntó contra las Asambleas Riojanas y les prohibió que brinden charlas informativas en las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el hecho, pero los ambientalistas exhiben otra denuncia: en las ferias de ciencias (espacios de intercambio que se realiza en todos los departamentos de La Rioja) fueron excluidos los trabajos sobre minería y prohibido el acceso a docentes que militan en las Asambleas.
Mendoza también incursiona en minería y prohibiciones. El gobierno provincial impulsó la actividad extractiva en 2006. Pero no imaginó que grandes bodegas y empresarios turísticos se sumarían a campesinos y organizaciones sociales en rechazo a ese tipo de industria. En respuesta a las movilizaciones y denuncias, en julio de 2007 el Concejo Deliberante de Malargüe (uno de los epicentros de la lucha) prohibió las reuniones y charlas ambientales. Ese mismo año, el gobierno provincial cerró el ingreso a la modalidad Medio Ambiente en la Escuela Técnica 4-018. El responsable de la Dirección de Educación Técnica de Mendoza, Humberto Tansino, señaló que la modalidad tenía escasa demanda y explicó que el colegio «se volcó de lleno a tecnicaturas con gran demanda y salida laboral, turismo y minería». La escuela, la más importante de Malargüe, es apadrinada por la minera angloaustraliana Río Tinto, líder a nivel mundial, que impulsa un polémico y resistido yacimiento de cloruro de potasio en la provincia.
La Universidad Nacional de Chilecito (Undec) fue sede en julio pasado del Encuentro de Rectores de Universidades del «Norte Grande» (NOA y NEA). Uno de los principales temas fue cómo impulsar la «minería responsable». El rector de la Undec, Norberto Raúl Caminoa, se enoja ante las acusaciones que vinculan a las universidades al servicio de la industria minera, asegura que los rectores sólo acordaron impulsar la investigación. Lejos está de cuestionar el accionar de las empresas, pero sí dispara contra las asambleas: «No puedo decir que Minera Alumbrera contamina. No tengo estudios al respecto» -repite, aunque se le enumeren las denuncias contra la empresa–. Decir «no a la minería es una burrada», arremete el rector e insiste con su apoyo a la «minería sustentable, no contaminante» (organizaciones ambientalistas de todo el mundo aseguran que la minería metalífera, a cielo abierto, no puede ser sustentable).
Caminoa reconoce que investigadores de la Undec realizaron trabajos de remediación ambiental para Alumbrera y afirma que podría trabajar, sin contradicciones, con la compañía Barrick Gold, que explora en la provincia y encendió el rechazo comunitario. En 2007, la Undec obtuvo un préstamo del BID, mediante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, por 3,8 millones de pesos. El fin está explicitado en actas oficiales: «Creación de un laboratorio de análisis químicos, biológicos, organolépticos y toxicológicos para satisfacer las necesidades del sector agroindustrial y minero de la región».
Minera Alumbrera -en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno catamarqueño y el Gobierno nacional- explota desde hace trece años el yacimiento más grande y cuestionado del país. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) le brinda servicios, entre ellos informes de impacto económico. En 2004 realizó un estudio con conclusiones elogiosas. Con 257 páginas, festeja que Alumbrera produce 8200 puestos de trabajo y genera ingresos al país por 722 millones de pesos al año. «Lo que implica un significativo aporte a la generación de riqueza de nuestro país», asegura el estudio de la Unsam.
La Asamblea de Catamarca cuestiona ese tipo de estudios (asegura que las cifras son tan magnificadas como de difícil comprobación) y denuncia: «Acusamos a la Universidad Nacional de San Martín de ser partícipe directo de las políticas de ‘construcción de consenso que implementan las empresas que contaminan, saquean y expolian el presente y futuro de esta provincia'»
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Construyendo consenso bajo tierra
Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y es una obra faraónica que utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Trece años de explotación minera, cuatro derrames tóxicos comprobados, una decena de denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de bienestar regional. Es el emblema de la minería metalífera a gran escala. En mayo último, la Justicia de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación. Sólo un mes después, el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) retrucó: la premió en el rubro Gestión social por su «Plan de mejora del sistema educativo», elaborado e implementado junto a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), donde se capacitó a los maestros para el cuidado del medio ambiente.
El secretario general de Olami, Hugo Nielson, es también el titular del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad de San Martín. Nielson -que rechazó dialogar con este diario- diseñó y ejecutó el premiado programa educativo de Minera Alumbrera. Según publicidad corporativa, el yacimiento asiste a 150 escuelas con material didáctico, tecnológico y de construcción. Junto a la ONG cordobesa Los Algarrobos dicta cursos a docentes sobre el cuidado del medio ambiente en los departamentos de Belén, Andalgalá, Santa María y Tafí del Valle (epicentro de las denuncias contra la empresa). Subraya que tiene como objetivo «promover el cuidado de los recursos naturales de la región».
Lo que más preocupa a las Asambleas Ciudadanas es que la Unsam, a través del Centro de Estudios, también impulsa la «Red de Prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo de la minería en Iberoamérica (Gecomin)». Reúne a compañías mineras, ONG, espacios gubernamentales e investigadores con el objetivo de «desarrollar un modelo para un adecuado relacionamiento de empresas, comunidades y el Estado, que permita consolidar el desarrollo de la minería». Su lema fundacional es menos eufemístico: «Construcción de consenso para la minería».
La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba Mirta Antonelli analizó el caso del premio Olami, Alumbrera, Universidad de San Martín y Gecomin. «Esta iniciativa busca modificar voluntades por medio de diferentes metodologías. ‘Procesos colaborativos’, ‘construcción de consensos’, ‘resolución de conflictos’, son nombres de distintas modalidades para desactivar la resistencia de las comunidades. Con las empresas colaboran ONG y algunas universidades», explica Antonelli. Su trabajo, «Las estrategias corporativas de fabricación del crédito social», detalla cómo las facultades son funcionales a las mineras y aportan legitimidad. «La incidencia de las empresas extractivas en la educación es una tendencia -sostiene Antonelli- prevista en el Plan Estratégico Comunicacional (PEC) para la industria minera en Argentina.»
Publicado en el diario Página/12 el 29 de Septiembre de 2008