Dic 1, 2008 | 2008, General
El jefe de fiscales federales del NOA, Antonio Gustavo Gómez, impulsó un centenar de causas por contaminación y fue fundamental para lograr, por primera vez, el procesamiento de un alto ejecutivo minero. Cuestiona las industrias extractivas, reconoce la impunidad de cuello blanco y denuncia que quieren destituirlo.
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza cuatro millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico–, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación, aportó las pruebas más comprometedoras y tiene un discurso ajeno al protocolo. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
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Nov 14, 2008 | 2008, General
Con una carpa frente al Congreso, ayer terminó la semana de protesta y difusión sobre los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria extractiva. Organizaciones sociales piden derogar las leyes mineras y proteger los recursos naturales.
Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una certeza: «El agua vale mucho más que el oro». Impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones, militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan la actividad. «El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la minería», advierten desde la UAC.
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Nov 14, 2008 | 2008, General
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una «caza de brujas», la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. «Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos», denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
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Nov 13, 2008 | 2008, General
Entrevista – Eugenio Raúl Zaffaroni: pueblos originarios, Justicia y discriminación.
El juez de la Corte Suprema equipara las matanzas indígenas con el holocausto judío, señala que la sociedad argentina discrimina a las comunidades por una cuestión de clase social, afirma que el genocidio aborigen continua aún hoy y advierte que el derecho ambiental socava las bases de la jurisprudencia actual.
Frío, oscuro y con pasillos que parecen laberintos. Es el Palacio de Tribunales, pilar del Poder Judicial de la Nación, plagado de hombres de saco y corbata y mujeres de vestir sobrio, un micromundo con idioma propio, indescifrable para visitantes. En el segundo piso, una oficina amplia, luminosa y austera, un escritorio con pilas de papeles y el teléfono que no deja de sonar. Escenario de un hecho inédito, un juez de la Corte Suprema dispuesto a focalizar en la situación de los pueblos originarios, presentes en 19 provincias y, según las propias comunidades, con una población aproximada de 1,5 millón de personas. Treinta minutos de charla y definiciones lejos del protocolo. El genocidio indígena como antecedente del holocausto judío. Una sociedad que discrimina a las comunidades por una cuestión de clase y etnia. La necesidad de una reparación histórica. Un Estado que deja morir a pobladores originarios. El derecho ambiental como una matriz que conmueve toda la jurisprudencia. Todas afirmaciones y denuncias recurrentes en el mundo indígena, pero si las afirma Eugenio Raúl Zaffaroni, miembro del máximo tribunal del país, funcionan como un llamado de atención para una corporación que suele negar, por acción y omisión, el derecho indígena.
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Oct 13, 2008 | 2008, General
El Congreso sancionó en 2006 una norma que prohíbe los desalojos indígenas y fija tres años para un censo catastral. Pero la expulsión de pueblos originarios siguió adelante y, a sólo un año de expirar el plazo, aún no se inició el relevamiento de tierras.
En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país. El Gobierno la presentó como una «reparación» para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Según consta en la legislación, sólo resta un año para finalizar el censo territorial que aún no comenzó.
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Oct 1, 2008 | 2008, General
Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla loas no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera -el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación-, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por «contribuir a las mejoras educativas». Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.
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