Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Ene 26, 2015 | Asambleas Socioambientales, General
Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.
Andalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.
El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.
En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.
En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.
En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.
“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo
(que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.
La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.
El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.
“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.
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El informe ambiental
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Minera Alumbrera tiene más de 500 carillas. Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, estudió el IIA y destacó que sólo hay una descripción de la flora, fauna, el aspecto económico y social, pero no hay nada respecto de las consecuencias de la actividad minera. “Además de la falta de audiencia, algo obligatorio por ley, no se analiza el impacto que tendrá todo el proceso minero, y tampoco está la evaluación que debiera haber hecho el organismo de control estatal sobre el documento presentado por la empresa”, explicó. El investigador Fernando Berdugo definió el informe como un “disparate total”. Señaló que ni siquiera precisa dónde está el yacimiento a explotar y la compañía lo describe como una “ampliación de Alumbrera” cuando en realidad se trata de yacimientos distintos. “La empresa debe presentar informes de impacto ambiental de exploración, prospección y explotación, pero no presentarán el impacto de la explotación porque dicen que ya lo hicieron por Alumbrera. Un disparate”, afirmó. Y cuestionó que en el informe haya participado la empresa Corplab. “Hay conflictos de intereses. Se trata del zorro cuidando a las gallinas”, denunció.
* Por Darío Aranda. Publicada el 26 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ene 14, 2015 | General, Pueblos Originarios
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Denuncia en Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.
Ene 10, 2015 | General, Pueblos Originarios
El pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.
Esteban Rolando Medina fue encontrado muerto el sábado 3 de enero. Estaba a la vera de la ruta 86, en la zona de conflicto territorial con familias criollas y cerca de donde también habían encontrado muerta a su tía, Norma Artaza, el 12 de diciembre pasado. La policía caratuló la muerte como “paro cardíaco”. Félix Díaz aseguró que “siempre las muertes qom son por paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan que haya peritos por parte de la comunidad” en las autopsias. La comunidad cuestionó que no se continuara con la investigación judicial de las muertes qom.
Dos semanas antes, el 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de la provincia por la ocupación que realizó un criollo (de apellido Saucedo) en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo denuncian por continuos hechos de violencia contra los integrantes de La Primavera. La asamblea qom barajó la posibilidad de realizar el desalojo de criollos ellos mismos. Pero, para evitar una escalada de violencia, volvieron a hacer el reclamo al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para que cumpla con el compromiso de reubicar al criollo.
En la asamblea también se denunció la muerte, el 12 de diciembre, de la qom Norma Artaza, encontrada sin vida a la vera de la ruta 86, frente al campo en disputa con la familia criolla Celía. La comunidad explicó que la policía sostuvo que fue “muerte natural” y que el acta de defunción precisa “broncoaspiración e ingesta alcohólica”. Félix Díaz denunció que la mujer tenía golpes en el rostro y remarcó que no cree en la “misma policía que nos reprimió” (el 23 de noviembre de 2010).
El 29 de diciembre, el nuevo comunicado qom alertaba: “Crítica inseguridad en nuestra comunidad”. Señalaba la presencia de criollos (precisaron nombres y apellidos) armados que ingresan al territorio con complicidad política, cortan árboles, roban y faenan animales. Denunciaron el ataque al hijo de menor de Díaz (Rolando), que fue golpeado y sus ropas tajeadas con cuchillos. Y alertaron sobre disparos por la noche, cerca de la zona en conflicto con los Celía.
Responsabilizaron por la violencia a la “manipulación política del gobierno provincial” y la complicidad de la Gendarmería y la policía. La comunidad precisó que habían informado la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lleva las causas judiciales de la comunidad, a la Defensoría General de la Nación y a Julián Langevín (defensor oficial ante la Corte Suprema). “Nos preocupa este silencio, nos genera mucho miedo. Queremos que la Justicia funcione, que nuestras denuncias no sean un mero documento que se firma y se deja archivado hasta que haya otra muerte”, dijo Félix Díaz.
La respuesta provino del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Acusó a Díaz de “fantasear persecuciones” y argumentó que se trata de “hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar”.
Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La Primavera en los últimos cuatro años. En todos los casos hubo dos versiones contrapuestas. El gobierno de Formosa habló de accidentes de tránsito y causas naturales. La comunidad qom dio otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado. Desde que el conflicto territorial tomó repercusión nacional también hubo una docena de agresiones a miembros de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales.
El Grupo de Estudio y Trabajo Junto a las Comunidades Qom (de la Facultad de Agronomía de la UBA) realizó una denuncia pública el 5 de enero. Confirmaron las agresiones con la comunidad y la destrucción de obras que los universitarios realizaron en La Primavera. “Nos solidarizamos con la comunidad qom, repudiamos la situación de violencia e inseguridad y exigimos se tomen efectivas medidas para una urgente solución”, reclamaron. El 5 de enero, el CELS informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la vigencia de una medida cautelar para proteger la vida de los habitantes de la comunidad qom. Fue una respuesta al pedido del Estado, que había solicitado el levantamiento de la protección a los qom de La Primavera.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de enero de 2015 en el diario Página12.
Dic 9, 2014 | General, Pueblos Originarios
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas y el kirchnerismo. “Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno”.
Cumbre indígena en Formosa. Junio de 2013. El hombre pide la palabra en la asamblea y fija posición. “No somos ni opositores ni oficialistas. Somos pueblos originarios y exigimos que se respeten nuestros derechos”.
Wiñoy Xipantv (“vuelta del año”) en la Patagonia. Una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mapuche. El mismo referente. “Como en época de Roca, vienen por nuestro territorio. Ahora vienen con mineras y petroleras”.
Tercer encuentro. En Buenos Aires. Grabador encendido. “Es una hipocresía hablar de derechos humanos, no reconocer el genocidio indígena sobre el que se construyó la Argentina y encima negar el derecho a los territorios”.
Los tres momentos corresponden a Coike Pvrafilu (nombre mapuche, o Ignacio Prafil según el DNI), 45 años, werken (vocero) y secretario ejecutivo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro e integrante de Consejo Plurinacional Indígena.
El proceso organizativo del Pueblo Mapuche, la situación de los pueblos originarios en Argentina, la lucha por los territorios, los indígenas oficialistas, el kirchnerismo y los derechos humanos.
Comunidad
Nació en la comunidad mapuche Fvta Anekon. Se presenta con su nombre mapuche, Coike Pvrafilu. Choike es el ñandú, animal característico de esa región mapuche, que siempre vive en comunidad y presente en el arte, cultura, ceremonias. Pvrafilu refiere al origen del Pueblo Mapuche.
A los 7 años fue junto a sus nueve hermanos a Ingeniero Jacobacci. “Los mayores estaban enfermos y en el pueblo estaban los médicos. Ahí comencé la escuela, conocí el idioma español”, recuerda.
-¿Qué es ser mapuche?
-Ser mapuche es ser gente de esta tierra, de este territorio. El Pueblo Mapuche es uno, tanto en Gulumapu (Chile) como en Puelmapu (Argentina), con diferentes identidades territoriales, pero un solo pueblo. Nuestra vida es colectiva y está ligado al territorio, los ríos, montañas, animales.
-¿Cómo es la historia de su comunidad?
-La comunidad Fvta Anekon siempre vivió en el territorio, en cercanías de Jacobacci para ubicarlo. En 1903, por decreto presidencial, se le reconoció a la comunidad la posesión de 100 mil hectáreas. En la actualidad sólo posee 12.555 hectáreas.
-¿Qué pasó con las 87 mil hectáreas restantes?
-Fueron robadas por los terratenientes.
-¿Cómo?
-No podemos dejar de mencionar el primer robo, cuando nuestro pueblo fue avasallado por dos campañas militares muy grandes. Del “Desierto” se llamó en Puelmapu y “Pacificación de la Araucanía” en Gulumapu. La idea de los Estados era desaparecer al pueblo mapuche. No pudieron. Desde aquella época que los Estados, y ahora con multinacionales, invaden nuestro territorio.
En la comunidad el achicamiento arrancó en 1937 con Gendarmería, jueces, policías. Los mayores estuvieron peleando para que no les pongan alambrados. Hasta el 69, cuando asesinan a uno de mis tíos de 50 puñaladas. En esos días de velorio y autopsias, aprovecharon y metieron alambre, nos cerraron el territorio. Luego pasó algo similar con la dictadura.
-¿Cómo influyó la pérdida del territorio?
-En algún momento perdimos algunas de nuestras prácticas, pero siempre mantuvimos viva nuestra cultura y la enseñamos a los más chicos. Sí es cierto que frente al despojo y al no cumplimiento de derechos mucha de nuestras familias tuvo que emigrar. A Fiske Menuco, Bariloche, Esquel, Ñorquinco, Buenos Aires. A pesar de eso seguimos en el territorio.
Cómo se reorganiza un pueblo
-¿Cómo se dio el proceso reorganizativo del Pueblo Mapuche?
-Un punto de reencuentro se dio en 1976, en Neuquén, cuando se crearon las primeras organizaciones. Había coincidencia en reunir al Pueblo Mapuche, era necesario organizarse y enfrentar el avasallamiento del Estado. Estuvieron comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut. Luego hubo otra reunión en 1982, en Bariloche. El retorno de la democracia también ayudó. En el ’84 se dio la conocida “gran nevada”, nos quedamos sin animales, y ahí la Iglesia Católica, el obispo Miguel Hesayne promovió la campaña “una oveja para mi hermano”. Se conformaron “centro mapuches” en varias ciudades y surgieron nuevas comunidades. También influyó a nivel nacional la discusión y sanción de la Ley 23.302 (sobre política indígena).
-¿Y también la Ley de Río Negro?
-En la provincia se dio la discusión y movilización por la Ley Integral 2287, que reconoce derechos indígenas y era de avanzada. Ya se había formado el CAI (Consejo Asesor Indígena), muy fuerte y que reunía a parajes, cooperativas, campesinos y comunidades. El lugar donde hacíamos todo era la Iglesia.
-¿Influyó la conmemoración del V Centenario?
-Fue muy importante. Se dio toda una movilización continental en el 92 y también en el 93 por el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En el 92 nos juntamos los mapuches de cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires) y de Gulupamu (Chile). Conformamos la bandera mapuche, retomamos conceptos y prácticas, nos fortalecimos como Pueblo Nación Mapuche.
-¿En esos años nace la Coordinadora Mapuche de Río Negro?
-En esa misma época comenzaba a tomar forma el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), comenzamos a reunirnos por regiones y veíamos que éramos todos conocidos. Nos propusimos dejarnos de mezquindades, debíamos trabajar en algo común para todos. En el 97 nos juntamos entre comunidades y el CAI a delinear una política de Pueblo Nación Mapuche en Río Negro. Ahí nace la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, es una coordinación en la acción. Ese proceso se sostiene hasta hoy día.
-¿Cómo funciona la Coordinadora?
-En asamblea. Cada comunidad participa con sus autoridades, plantea cuestiones, se debate, se decida. Y se eligen a las autoridades.
-¿Cuántas comunidades hay en Río Negro?
-Los gobiernos decían que había trece comunidades. Mediante el proceso organizativo van tomando forma las comunidades. Hoy existen 102 comunidades y si contamos las que aún no tienen personería o están organizándose son 138.
-¿Cuántas comunidades de las 102 participan en el Parlamento?
-Unas 60 comunidades.
-¿El resto?
-Otras están influidas por la política del Estado. Todos sabemos que el Estado tiene influencia con distintos mecanismo de captarte, llevarte para donde quieren y las forma de cómo decir las cosas.
-¿Son comunidades “oficialistas”?
-No sé si oficialistas, pero si más acorde a lo que los Estados hacen y dicen, tanto Provincia como Nación.
-¿Cuál es la mayor diferencia con ustedes?
-Nosotros nos plantamos como pueblo, no como comunidades ni como individuos.
-¿Cuál es el planteo principal como Pueblo?
-Pasa por la defensa del territorio y el rechazo al extractivismo. No permitimos ni petroleras ni mineras. El Gobierno insiste en que se explote pero viola todos nuestros derechos.
-¿Cómo definiría la situación del Pueblo Mapuche en Río Negro?
-El Pueblo Mapuche sigue estando en pie. Y hoy sigue con esperanza de abrir nuevos canales, con otros pueblos y también con no indígenas, docentes, médicos, periodistas, ONG. Lo negativo es que los gobiernos no tienen en cuenta lo que decimos ni nuestros derechos. Tanto de la Provincia, algunos municipios y de organismos del gobierno nacional, como Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura Familiar, que saben de la necesidad de la gente y juegan con esa situación, te bajan con subsidios y te desarman procesos organizativos.
Nación
-A nivel nacional participan del Consejo Plurinacional Indígena.
-Es un espacio de articulación, de encuentro. Con sus limitaciones porque no tenemos la estructura que quisiéramos, no podemos vernos muy seguido con hermanos de otras provincias que quedan lejos, pero vamos articulando.
-¿Cuál es la evaluación actual a nivel país?
-Muy áspera. Este gobierno y este modelo que se dice progresista va a meter todo lo que le queda para avanzar en los territorios, ya sea con petroleras, mineras o sojeras. Y al mismo tiempo bajan recursos a los territorios para debilitar a las organizaciones indígenas. Pasa en Formosa, Misiones, Salta, Río Negro y en todas las provincias. Bajan recursos a quienes les dicen todo que sí. Si hacés una crítica, te marcan y te tildan de enemigo.
-¿Qué papel juega el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)?
-Para el INAI nosotros somos un “asunto”, no somos personas con derechos, somos un “asunto” social más. Y en los territorios lo llenan de técnicos elegidos por ellos, que son de La Cámpora, el Movimiento Evita, Miles (Luis D’Elía) y Kolina (Alicia Kirchner). En todo el país pasa lo mismo.
-¿Cómo está el relevamiento territorial que obliga la Ley 26.160 en la Provincia?
-Falta el 50 por ciento de las comunidades. Hay que remarcar que el relevamiento no te soluciona nada. En mi comunidad por ejemplo la 26160 reconoce las 12.555 hectáreas, pero nosotros exigimos las 100 mil originales reconocidas por el decreto de 1903. Entonces tendremos que litigar contra el Estado.
-¿Qué opina de las organizaciones indígenas que hoy están alineadas con el Gobierno?
-No puede haber organizaciones indígenas que no luchen por el territorio. Y, si las hay, están prendidas en algo raro. Siempre ha habido gente buena y también gente que nos ha vendido al Estado. Sabemos que hay hermanos que privilegian a una bandera política por sobre su propio pueblo. Es lamentable pero es así.
-¿Piensa en alguien en particular?
-Todos los conocemos, muchos están en el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios). Es lamentable que algunos hermanos ataquen a un luchador como Félix Díaz y que esos mismos no denuncien a los gobiernos que privilegian a Chevron. Los que hacen eso han traicionado a su pueblo.
-A ustedes los han criticado como opositores al Gobierno y que le “hacen el juego a la derecha”.
-Jamás hemos estado en contra de los gobiernos, pero tampoco somos oficialistas ni obsecuentes. No le debemos favores ni a presidentes, ni gobernadores ni legisladores. Tenemos políticas propias. La lucha de los pueblos originarios tiene como principio básico luchar por el territorio y cuidarlo. Sin territorio no somos.
-¿En qué tema están haciendo hincapié como Consejo Plurinacional?
-En el tema de la consulta (a las comunidades por las cuestiones que pudieran afectarlas, vigente en legislación nacional e internacional) y consentimiento libre, previo e informado. Hay una propuesta a la Comisión de Población del Congreso Nacional. Queremos que se hagan debates en territorios, escuchar a todos los pueblos y concluir en Buenos Aires, pero es un proceso, no puede hacerse en pocos meses.
-¿Qué sería el “consentimiento”?
-El Estado debe tener el consentimiento de los pueblos indígenas en toda política que nos afecten, en trabajo, salud, educación y, claro, en los territorios.
-¿Cómo un gobierno que impulsa minería y el petróleo puede aprobar algo que pueda ser un freno?
-Sabemos que es muy difícil con los gobiernos de turno. A los gobiernos les importa poco lo que pensamos los pueblos indígenas, pero creemos en la conciencia de la sociedad, en la alianza de actores. Mucha gente sabe que de la cuestión territorial depende la vida de las futuras generaciones, no sólo de los PPII. Quizá lleve 20 o 30 años, pero tenemos esperanza.
Derechos humanos
-Argentina es vista a nivel internacional como un paradigma de los derechos humanos por el juzgamiento del genocidio de la última dictadura cívico militar. ¿Cuál es su mirada?
-Reconocemos que este Gobierno ha avanzado respecto a enjuiciar a culpables del genocidio de la dictadura. Pero esa dictadura la hizo un Estado. Y ese Estado primero nos masacró a nosotros, con desaparecidos, asesinatos, e hijos y nietos que han sido desaparecido y nunca recuperamos. Intentó eliminarnos y nunca hubo justicia. Nos entristece la definición acotada de derechos humanos que tiene este Gobierno. No pueden ser tan hipócrita de no reconocer que la primera violación de derechos humanos de Argentina fue con los pueblos originarios, desde la misma creación del Estado.
-En la marcha de 2010, del Bicentenario, tuvieron una reunión con la Presidenta y plantearon esa situación.
-Teníamos esperanza en el Bicentenario de que iba a ser un reconocimiento de ese genocidio y habría una reparación histórica.
-¿Por dónde pasa la reparación?
-No queremos indemnización, no queremos dinero. Queremos nuestros territorios.
-¿Cuál fue la respuesta de aquella reunión?
-La Presidenta nos dijo que si venían las petroleras iban a tener prioridad. Y que no nos opongamos. Ahí se terminaron los derechos humanos.
-¿Cuál es el balance desde 2003 referidos a pueblos indígenas?
-Para la mayoría de los hermanos estos diez años han sido terrible. Este modelo nacional y popular se llevó la vida de muchos hermanos. Te doy sólo dos ejemplos, bien claros, Javier Chocobar en Tucumán y Cristina Linkopan en Neuquén. Y no hubo justicia para ellos. ¿Sabés por qué? Porque para este Gobierno primero están sus gobernadores feudales y las multinacionales como Chevron. Ni el más oficialista te puede negar esa realidad.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de diciembre de 2014 en lavaca.org
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
