Negocios mineros, pesares indígenas

Cuestionado megaproyecto metalífero avanza en la Patagonia. La compañía canadiense Aquiline Resources y el gobierno provincial impulsan en plena meseta de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. Con reservas por diez mil millones de dólares, vulnera media docena de leyes, avanza sobre pueblos originarios y desoye el reclamo de las comunidades afectadas.

 

Por Darío Aranda y Luis Manuel Claps

 

Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de ripio. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. «Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?», increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero «Navidad», de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario, violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: aproximadamente 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día durante los quince años de vida del yacimiento y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido, calificó al proyecto como «una experiencia fantástica».

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Huellas de la Campaña del Desierto

En el Día Internacional de los Derechos Indígenas, representantes de comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén relatan los conflictos que mantienen a más de un siglo de las campañas de exterminio. La disputa incluye trece mil hectáreas, donde viven 2800 familias.

Desalojos con quema de viviendas, matanza de animales y centenares de familias golpeadas. Operativo con cien soldados en plena dictadura, con robos y la detonación con explosivos militares de hogares indígenas. Prácticas de tiro y ejercicios de combate sobre cementerios de comunidades originarias. Esas son algunas de las acciones ejecutadas por el Ejército desde su llegada a Puelmapu (espacio ancestral mapuche al este de la Cordillera), cuando la región ya estaba habitada por el pueblo originario. Un siglo después de la Campaña al Desierto, comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén aún mantienen conflictos territoriales con el Ejército. El enfrentamiento incluye 2800 familias, trece mil hectáreas y una reparación histórica por los crímenes cometidos. Un dato del mundo al revés: todas las comunidades están denunciadas por «usurpación» del espacio donde siempre vivieron.

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Otras entidades, otras demandas

Desde marzo, pareció que se escuchaba «al campo». Pero por detrás de las cuatro organizaciones patronales que protagonizaron el lockout hay un universo de tres millones de personas con otra agenda. Es el campo indígena y campesino, acosado por la miseria y el hambre de tierra.

En los últimos cuatro meses, donde cuatro entidades patronales del sector se autoproclamaron «el campo», dos actores centrales fueron sistemáticamente omitidos. Se trata de 280 mil familias numerosas de pueblos originarios y 220 mil familias campesinas, una población estimada en tres millones de personas. No producen soja ni suscriben a los agronegocios. Siembran alimentos, crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra porque no la consideran un medio para negocios: se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común de las próximas generaciones. Pueblos indígenas y campesinado fueron pioneros en denunciar la sojización y el corrimiento de la frontera agropecuaria hace una década, pero ningún gobierno tomó nota. En la actualidad advierten el saqueo y la contaminación minera, ponen el cuerpo a las topadoras, rechazan las represas que inundan tierras ancestrales, enfrentan a empresarios que pretenden sus campos y padecen el envenenamiento de los agrotóxicos. Lejos de la alta rentabilidad de los agronegocios, recorrida por las organizaciones de base del campo argentino, un sector heterogéneo, diverso y atomizado, pero con ricas historias de trabajos, resistencias y luchas.

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No todo lo que brilla es oro

El vicepresidente de Bajo la Alumbrera, el principal yacimiento de oro y cobre a cielo abierto, fue acusado del delito de contaminación peligrosa para la salud. Es la primera vez que la Justicia avanza por daño ambiental sobre un directivo de alto rango de una minera.

Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Trece años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, cuatro derrames tóxicos comprobados, una decena de denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de bienestar regional. Son algunas de las cifras del yacimiento, el caso testigo de la minería metalífera a gran escala, una industria extractiva millonaria que avanza en Argentina a lo largo de la cordillera. Pero el emblema de la minería nacional tuvo un pequeño freno: la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud.

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«Varias generaciones están comprometidas»

Una investigación del Hospital Italiano de Rosario confirmó los efectos en la salud de los agrotóxicos en los pueblos sojeros.

Malformaciones, cáncer y problemas reproductivos tienen vinculación directa con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. «Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes», afirma Alejandro Oliva, médico y coordinador de la investigación que abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y que confirma, en esas localidades, la existencia de diferentes tipos de cánceres -de próstata, testículo, ovario, hígado, páncreas, pulmón y mamas- muy por encima de la media nacional. El estudio también detalla que cuatro de cada diez hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a químicos agropecuarios y alerta que el efecto sanitario de los agrotóxicos puede manifestarse en las generaciones futuras. «Hijos o nietos de los trabajadores rurales, y las poblaciones cercanas, son los que dentro de décadas pueden sufrir las consecuencias», advierte la investigación.

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Soja para hoy, enfermedad para mañana

El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos. Los casos.

Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel -de manos, cara y piernas- en carne viva. Es la historia clínica de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace diez años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial Roundup -de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo-, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.

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