Otra polémica ambiental a la Corte

Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.

otra polemica ambiental a la corteProhibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.

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Estudio multidisciplinario y urgente para el glifosato

El Comité de Ética del Ministerio de Ciencia solicitó la urgente creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del agrotóxico. Deberán ser científicos sin vinculación a empresas y ajenos a organismos del Estado. Dudas sobre quiénes integrarán la comisión.

En un hecho inédito, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) solicitó al ministro Lino Barañao la urgente creación de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los riegos del glifosato, químico indispensable del modelo de agronegocios actual. También pidió que los especialistas a convocar no tengan vinculación (ni pasada ni presente) académica ni económica con empresas del sector, insta que se abstengan investigadores en representación de institutos u organismos del Estado y abre el juego a especialistas de sociología rural, ecología y ciencias ambientales. Las comunidades afectadas por las fumigaciones, de una decena de provincias, se mostraron escépticas hasta tanto no se sepa quiénes integrarán la comisión. La recomendación del Cecte se produjeron luego de analizar la investigación del prestigioso especialista en embriología Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.

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Un apoyo a la libertad de investigación

Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.

un apoyo a la libertad de investigacionEl poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

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“Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son hipócritas con las consecuencias de los agrotóxicos”

El investigador de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco confirmó hace veinte días, mediante ensayos de laboratorio, el efecto devastador del glifosato en embriones, aún en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. Desde entonces es blanco de una campaña de desprestigio, sufrió amenazas e intimidaciones, y presiones de funcionarios nacionales. Agrotóxicos, la corporación científica, los periodistas, las comunidades fumigadas, el Gobierno y la necesidad de nuevos estudios.  

 Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.

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Contra el saqueo contaminante

En San Juan, y durante tres días, se reunieron organizaciones y asambleas de todo el país que resisten a mineras, pasteras, agronegocios y contaminación urbano-ambiental. Exigen la derogación de las leyes aprobadas en los ’90 y defensa de los bienes comunes.

contra-el-saqueo-contaminante«Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos, que privilegia negocios por sobre el ambiente y la salud de los pueblos.» Es la certeza que guía a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformado por un centenar de comunidades de todo el país, reunidas durante tres días en San Juan, una de las provincias emblema de la actividad minera. «Las UAC -como se las conoce en el espacio militante- son un espacio autónomo y asambleario, conformado por organizaciones que son la primera trinchera frente a la contaminación: pueblos en peligro por el avance minero, comunidades (rurales y urbanas) que padecen las fumigaciones, organizaciones sociales y familias víctimas de la contaminación urbano-industrial. En su noveno encuentro nacional, ratificaron el rechazo a los emprendimientos contaminantes, acordaron acciones directas (cortes de ruta, movilizaciones y escraches), denunciaron el veto a la ley que protegía los glaciares y advirtieron la creciente criminalización de la protesta. «Contra el saqueo y la contaminación», volvió a ser la frase que unificó el encuentro.

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El glifosato llegó a la Corte Suprema

Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.

el-glifosato-llego-a-la-corte-suprema «Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan -agrotóxicos básicos de la industria sojera- en todo el territorio nacional.» El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.

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