Para frenar los agrotóxicos
Una organización que viene denunciando los efectos de los agroquímicos en la salud humana pidió que la Justicia federal suspenda la venta y el uso de esas sustancias en todo el país. La demanda puntualiza acusaciones de una decena de provincias.
El Grupo de Reflexión Rural (GRR), organización que impulsa desde hace tres años una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, realizó una presentación judicial para suspender la venta y uso de agroquímicos en todo el país. Radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la denuncia toma como uno de sus fundamentos la «emergencia sanitaria» del barrio cordobés Ituzaingó Anexo -saturado de casos de cáncer, enfermedades respiratorias y malformaciones-, solicita penas de hasta 25 años de cárcel y apunta contra el modelo de agronegocios, personificado en empresas (Monsanto), ámbitos académicos (Facultad de Agronomía de la UBA y Conicet) y organismos oficiales (INTA, Secretaría de Agricultura y Senasa). La entidad Madres de Ituzaingó, que se organizó a medida que las enfermedades se multiplicaban en su barrio, ya tuvo su primera reunión con la comisión investigadora del Ministerio de Salud, creada por orden de la Presidenta. «Queremos creer lo que nos dicen, pero tenemos miedo de que todo quede en la nada», advirtieron.
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban «las locas», pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa -por primera vez- acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.
Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas (ver recuadro), justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente.