“Serra sería un retroceso para Brasil y el continente”

El mayor movimiento rural de Brasil rechaza al candidato de derecha, pero también remarca la deuda que deja el gobierno de Lula. Críticas al modelo sojero y los medios de comunicación. Un apoyo condicionado para Dilma Rousseff.

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil es una organización referente en las luchas continentales. Integrado por 350 mil familias –casi dos millones de personas–, cuenta con 27 años de experiencia en asentar familias en campos recuperados, fundar escuelas, producir alimentos sanos y movilizarse por uno de sus objetivos centrales: la reforma agraria. Ubica entre sus enemigos principales a las empresas transnacionales de los agronegocios y los grandes propietarios, “el latifundio”, ese uno por ciento de la población que posee el 46 por ciento de la tierra productiva de Brasil. Durante la mayor parte de su historia el MST tuvo como aliado incondicional al entonces trabajador y delegado sindical Luiz Inácio Lula da Silva, coincidían en luchas y movilizaciones. Cuando fue electo presidente, en 2002, los Sin Tierra festejaron, pues visualizaban mayores posibilidades de concretar sus demandas históricas. A ocho años de aquel momento, y a días de una nueva elección, Itelvina Masioli, dirigente nacional del MST, alertó sobre el avance del monocultivo de soja, apuntó contra el “latifundio mediático”, marcó las deudas de la gestión Lula y afirmó que un triunfo de José Serra (Partido Socialdemócrata) sería un retroceso para Brasil y el continente.

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Para frenar los agrotóxicos

En una audiencia pública en la Cámara de Diputados, legisladores, científicos y organizaciones sociales avalaron un proyecto de ley que busca prohibir en todo el país las pulverizaciones aéreas con plaguicidas. También limita las terrestres.

El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.

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El otro campo en marcha

El Movimiento Campesino Indígena cerró su primer congreso con una masiva marcha a Plaza de Mayo. Reforma agraria y soberanía alimentaria, claves para otro modelo agropecuario.

Avenida de Mayo después del mediodía. Oficinistas almuerzan en un restaurante de nombre inglés y miran sorprendidos detrás del vidrio. En la calle marchan dos mil campesinos, remeras rojas y verdes, banderas y un grito inédito sobre la histórica avenida, que retumba frente al bar: “¿Quiénes somos? ¡Campesinos! / ¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia!”. Gritan hasta la afonía dos mil integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 20.000 familias de diez provincias. Fue el cierre del primer congreso de la organización, cuatro días de debates, donde consensuaron formas para fortalecer un modelo agropecuario opuesto a los agronegocios, basado en la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria (producción de alimentos sanos para alimentar a la población local). Siete cuadras de hombres y mujeres del campo profundo. “Hace diez años nos decían locos. Ahora somos 20.000. A pesar de la Mesa de Enlace, las corporaciones internacionales del agro y algunos políticos, vamos a cambiar el modelo agropecuario”, explica con paciencia Cristina Loaiza, santiagueña, y remata con la consigna del MNCI: “Somos tierra para alimentar al pueblo”.

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Para que no vuelva la fiebre del oro

Desde la polémica por la mina de oro en Esquel, Chubut tiene una ley que prohíbe la minería, pero avanza un proyecto en el centro de la provincia. Asambleas socioambientales y comunidades indígenas marchan hoy para reclamar que no se concrete.

 “La explotación minera no es la única alternativa de desarrollo. Todos estos años hemos vivido sin minería, hemos vivido de nuestro trabajo y animales. La explotación minera nos dejará más pobres”, explican con firmeza las comunidades originarias de la meseta de Chubut que hoy realizarán una marcha de antorchas por las calles de Gan Gan, en el centro geográfico de la provincia, donde la compañía canadiense Pan American Silver impulsa la extracción de plomo y plata, a pesar de la negativa de los pueblos originarios y una ley que prohíbe la actividad extractiva. También se movilizarán asambleas socioambientales y organizaciones sociales de los extremos de la provincia, cordillera y la costa este, que alertan sobre las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería metalífera, con enormes consumos de agua, en la zona más pobre y desértica de la provincia.

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Hablando de reforma agraria

Desde hoy y hasta el lunes, dos mil campesinos de quince provincias se reunirán en Buenos Aires para impulsar un debate sobre la necesidad de una reforma agraria integral y la soberanía alimentaria. Un modelo opuesto al de la Mesa de Enlace.

Quince provincias. Cincuenta organizaciones. Dos mil campesinos e indígenas. Y una decisión: implementar en Argentina una reforma agraria integral y una política real de soberanía alimentaria –producción de alimentos sanos para alimentar a la población local–. Serán los ingredientes del Primer Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI), que se desarrollará a partir de hoy, durante cuatro días, en Buenos Aires y donde tomará forma un inédito plan de desarrollo para la pirámide del sector rural argentino, familias campesinas que siembran sus propias parcelas, criadores a pequeña escala y trabajadores rurales sin tierra. Participarán referentes campesinos de la región, nucleados en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y delegados de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques

Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.

“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.

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