Un límite para las fumigaciones en el campo

Médicos, científicos e investigadores expusieron en Córdoba trabajos académicos que vinculan agroquímicos con cáncer, malformaciones y pérdidas de embarazos. En el documento final pidieron prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres.

 

Desde Córdoba

Biólogos moleculares, genetistas, epidemiólogos y endocrinólogos, entre otras especialidades médicas, expusieron sus trabajos durante dos días en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y llegaron a una conclusión: “Existe evidencia (científica) que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”. Sucedió en el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, la primera vez que una universidad pública convoca a investigadores y académicos para abordar el uso de agroquímicos y el modelo agropecuario actual. Con investigaciones nacionales e internacionales, y con las historias clínicas de pacientes, reconocidos especialistas vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y afectan a 12 millones de habitantes. Solicitaron al gobierno nacional que se prohíban las fumigaciones aéreas y se limiten las aspersiones terrestres, y pidieron la aplicación urgente del principio precautorio que figura en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Participaron especialistas de diez provincias y seis universidades nacionales.

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“Deformaciones similares a las de embriones humanos”

El glifosato produce malformaciones en embriones anfibios y sus efectos alertan sobre las consecuencias en humanos. Una revista científica acaba de publicar el trabajo del argentino Andrés Carrasco, que estudió el efecto del agroquímico.

 “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó en abril de 2009 el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco. Fue la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios. Luego del anuncio, Carrasco fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de las empresas del sector, medios de comunicación y funcionarios. Aunque el científico aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico. Un año y medio después de aquella alerta, el lunes último, la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Carrasco, donde se confirma que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advierte: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

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Asambleas a cielo abierto

Durante cuatro días se realiza en Santiago del Estero el XIII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se oponen a las industrias extractivas sin límites. En el temario figura la ley de glaciares e Iirsa, el proyecto para megaobras.

La contaminación urbana-industrial, la minería metalífera a gran escala, el monocultivo de soja, las pasteras y el plan nuclear son algunos de los temas que se analizan en el XIII Encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas, espacio integrado por medio centenar de organizaciones de todo el país que se reúnen desde el viernes y hasta hoy en Santiago del Estero, donde se consensuarán acciones de resistencia frente a las distintas industrias extractivas. También se aborda las consecuencias de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), un plan de megaobras que afecta a toda la región, y está presente en los debates el accionar de los gobernadores cordilleranos, que impulsan leyes de glaciares provinciales que podrían entrar en conflicto con la muy esperada ley nacional.

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El Mocase, un hito en la defensa de la tierra

Pionera en denunciar el modelo de agronegocios, la organización campesina cumple dos décadas de existencia. Agrupa a unas 9 mil familias rurales y encara proyectos productivos, radios comunitarias, escuelas y la apuesta por otro modelo agrario.

En la historia de Santiago del Estero está presente el saqueo de recursos naturales y la explotación de trabajadores rurales. Durante la primera mitad del siglo XX fue La Forestal, compañía inglesa que arrasó con los quebrachales y mantuvo condiciones laborales de semiesclavitud. Sobrevinieron las estancias con trabajo a destajo, el juarismo (régimen de gobierno que se mantuvo casi medio siglo) y el avance de los empresarios sojeros. Las familias campesinas pagaron con represión, pobreza y desalojos violentos. “Dijimos basta y nos organizamos. Ya no tenemos miedo, nadie nos pasa por arriba, nadie nos corre ni nos hace callar, ya no nos desalojan”, habla fuerte doña Mirta Quiroga, cincuenta años, orgullosa de ser parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), que reúne a 9 mil familias rurales, la base de la pirámide rural. Hoy se cumplen veinte años de la conformación del Mocase, organización que marcó un antes y después en la lucha por la tierra en la Argentina.

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Cómo expulsar a los dueños originarios

Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

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Las provincias que rompen el hielo

En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.

Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.

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