“Tenemos derecho a vivir donde nacimos”

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste de Salta. El texto advierte sobre posibles conflictos.

Por Darío Aranda

desmonte en saltaEl corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

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La Ley Monsanto

Por Darío Aranda

La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).

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La vida es el territorio

El 12 de octubre de 2009 asesinaron de un balazo al diaguita Javier Chocobar. A tres años del crimen, los acusados están en libertad y la Provincia aún no entregó el título comunitario de la tierra. Viaje a la comunidad diaguita que resiste frente a empresarios, policías, jueces y políticos.

 

Por Darío Aranda

Desde Trancas, Tucumán

La nube gris está en a cima del cerro, sólo deja ver unas casas bajas. La subida es empinada y sinuosa, angosta y de piedra, sólo se sube a pie. La vegetación es abundante, verde a ambos lados del sendero. Son sólo cinco minutos de caminata, pero dejan sin aire. Arriba, separadas por un patio de piedra, cuatro casas de adobe, techo a dos aguas, muy prolijas. Desde la cima se observa el valle, otros cerros y un riacho. Es un paisaje de postal. Es la casa del diaguita Javier Chocobar, asesinado por defender el territorio ancestral, pretendido por empresarios que pretenden explotar la riqueza de las piedras lajas y el enorme potencial turístico. El silencio, y la impunidad, del crimen radica en que son una comunidad indígena y que enfrentan a empresarios, policías retirados, caudillos políticos y Poder Judicial. La comunidad encuentra otro factor que le juega en contra: “Los grandes medios juegan para el poderoso”. Crónica desde territorio diaguita.

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La Universidad Nacional de Córdoba cuestionó la llegada de Monsanto a la provincia

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.

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Un grito Mapuche contra el gobierno nacional

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, fue abucheado en la audiencia por la reforma del Código Civil y abandonó la sala al grito de “mentiroso”.

Por Darío Aranda

Está diciendo mentiras”. “No sos nuestro hermano”. “No nos representás”. “Yanakona (traidor)”.

Fueron algunos de los gritos que se escucharon el jueves en Neuquén, en el marco de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil.El destinatario de las acusaciones fue el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, máximo funcionario del gobierno nacional en materia de pueblos originarios. Organizaciones indígenas de todo el país, y organismos de derechos humanos, denuncian que el proyecto de Código Civil rebaja de categoría a los derechos indígenas y, advierten, favorece a las industrias extractivas que avanzan sobre territorios ancestrales.

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El desierto verde*

El monocultivo de árboles se extiende sobre Misiones y provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones.

 Por Darío Aranda

Desde Puerto Piray, Misiones

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Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de  madera. Gallinas, algún chancho y perros. Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo, siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de –al menos– el 8,4 por ciento de Misiones (256.000hectáreas) y el 62 por ciento del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.

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