Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”

El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha.

Por Darío Aranda

Se autodefine como “militante por los derechos humanos”. Y deja en segundo plano el Premio Nobel de la Paz, con el que fue reconocido en 1980. Adolfo Pérez Esquivel comenzó su militancia en 1971, dos años después fundó el periódico “Paz y Justicia”, espacio de encuentro para organizaciones y militantes. En 1975 participó de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y, entre 1977 y 1978, estuvo preso en Argentina por orden de la dictadura militar. Desde la década del 70 acompaña a los pueblos indígenas de América y, desde 2010, tuvo activa participación en el acompañamiento de la comunidad qom de Formosa Potae Napocna Navogoh (Puño de oso hormiguero – La Primavera). “El gobierno nacional no quiere  solucionar el conflicto, prioriza a sus aliados provinciales”, resume sobre la situación en Formosa y no le escapa a la mirada global del modelo extractivo (minería, soja): “Los pueblos dicen no a esas actividades, por ejemplo Esquel o Andalgalá, pero el gobierno les dice sí a las empresas porque prioriza el interés económico por sobre la vida del pueblo”.  Pérez Esquivel advierte sobre la mayor represión sobre quienes se oponen al modelo extractivo, denuncia que el INAI “no trabaja para los pueblos originarios, sino para los intereses de los gobiernos”, cuestiona que el kirchnerismo acota los derechos humanos al periodo 76-83 y descree que el nuevo Secretario de Derechos Humanos (Martín Fresneda) acompañe a las actuales víctimas de la represión.

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“El genocidio del general Roca continúa hoy”

Por Darío Aranda

El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.

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Represión a cielo abierto

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Por Darío Aranda

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

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Acampe contra la megaminería

Asambleístas de todo el país reclaman por el fin de los proyectos extractivos a cielo abierto. Desde el lunes hacen un bloqueo selectivo de camiones que abastecen a la Minera Alumbrera. La protesta es por tiempo indeterminado

Por Darío Aranda

Cerro Negro, pequeña localidad del oeste de Catamarca, se convirtió en el epicentro de la lucha contra la megaminería. Desde el 9 de julio se mantiene un acampe de asambleístas de todo el país y el lunes pasado se transformó también en bloqueo selectivo de camiones que abastecen a Minera Alumbrera, el yacimiento que desde hace quince años extrae cobre y oro. “Sabemos bien lo que es la megaminería, nadie nos contó, sino que lo vivimos en carne propia, porque desde años padecemos a la Alumbrera. Por eso decimos no a la megaminería, basta de este modelo extractivo que contamina, reprime y mata”, resumió Juanjo Rodríguez, desde el bloque catamarqueño bautizado Acampe Nacional Contra la Megaminería.

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La ONU sobre Argentina: «Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos»

Buenas leyes que no se respetan, industrias extractivas que vulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a la Justicia. Radiografía de la situación indígena en Argentina, según Naciones Unidas.

Por Darío Aranda

Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.

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Más universidades cuestionan la megaminería

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) rechazó dinero proveniente de Minera La Alumbrera (el mayor yacimiento metalífero de Argentina) y, con un duro documento votado por el Consejo Superior, se sumó a otras cuatro universidades nacionales que ya explicitaron su negativa a recibir fondos de la megaminería. “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que afectan derechos fundamentales de las poblaciones”, afirma en sus fundamentos la Universidad de Río Cuarto, brinda su apoyo a las comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década del ’90 que benefician la actividad extractiva.

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