Jun 13, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
Chubut
El 13 de febrero de 2013, la Presidenta inauguró el primer pozo exploratorio de fracking en Chubut, en el área llamada El Trébol (“formación D-129”) . Transmitido en cadena nacional, la imagen mostraba los mamelucos grises- azules de YPF y la Presidenta ordenando: “Procedan”. Un aplauso cerrado de los concurrentes y una gigantesca mecha que comenzaba a circular y perforar el suelo.
Los grandes medios de comunicación de Chubut y de Buenos Aires dieron amplia cobertura. Ese mismo día, las asambleas socioambientales patagónicas y comunidades indígenas tuvieron una percepción distinta del acto.
“Día de luto para nuestra ciudad. Repudiamos que la avanzada petrolera bajo metodologías y técnicas cuestionadas y prohibidas en el mundo se imponga con la presencia de la autoridad presidencial”, comienza el comunicado del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), con sede en Comodoro Rivadavia.
Recordaba que en el octubre de 2012 se había realizado una audiencia pública en la que se presentó el estudio de impacto ambiental del pozo exploratorio, ubicado a 18 kilómetros de Comodoro.
Luego de la audiencia, y los cuestionamientos, no hubo información del Ministerio de Am – bien te y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, que omitió los cuestionamientos y dio vía libre al fracking. “Repudiamos la decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal de imponer métodos de explotación agresivos como parte de una escalada del modelo extractivista, el saqueo del agua, la pérdida de la soberanía y la contaminación irremediable”, finalizaba el documento del FASP.
En 14 de marzo de este año, el Juzgado Laboral 2 de Comodoro Rivadavia suspendió las actividades del pozo de YPF. Fue por una presentación de Marcelino Pintihueque, de la comunidad mapuche Lof Comarca Chubut, con el patrocinio de la abogada Silvia de los Santos.
La presentación judicial remarcaba cuatro objetivos: que se cumplan los derechos indígenas, que se realice un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, cuidar el patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua. Una semana antes, la petrolera había finalizado la perforación y ya estaba en etapa de extracción. YPF no detuvo las actividades y apeló ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Aún continúa la disputa en el ámbito judicial. Insólita fue la reacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), ámbito gubernamental integrado por todas las provincias y Nación.
Al conocer el fallo que protegía el ambiente, el Cofema emitió un comunicado:
“Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo (el fallo judicial), que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos”.
En marzo de 2014 terminó la perforación del pozo exploratorio, a los 3.584 metros.
El 22 de mayo se dieron a conocer los resultados de la exploración. El diario Jornada de Chubut celebró: “Encontraron un yacimiento similar a Vaca Muerta”. La foto mostraba al gobernador Martín Buzzi y al director ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio. “Este hallazgo amplía el horizonte de la actividad petrolera y gasífera en la región, y confirma que la cuenca del Golfo San Jorge tiene mucho para dar”, señaló el gobernador Buzzi desde el edificio de YPF en Puerto Madero. Galuccio mostró optimismo, pero fue más cauto.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
Aclaró que deben seguir explorando para conocer el verdadero potencial. Los diarios porteños, tanto los opositores al gobierno nacional como los oficialistas, también celebraron la noticia y dieron amplia cobertura a la nueva área de fracking. Silvia de los Santos advirtió que seguirán la lucha judicial, afirmó que el anuncio sobre el descubrimiento de grandes reservas de no convencionales en Chubut es “una burbuja” y apuntó a una de sus preocupación: “En en verano estuvimos una semana sin agua en Comodoro Rivadavia y casi un mes un Caleta Olivia. Con el fracking será un desastre”.
En vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) emitió el comunicado con el título “El pueblo sabe de qué se trata”. Cuestionaron el llamado “progreso” de la mano de la avanzada petrolera mediante el “Plan Exploratorio Argentina” (diseñado por YPF y que busca definir el potencial de hidrocarburos de las provincias tradicionalmente no petroleras y avanzar con más exploraciones y explotaciones en las que ya lo son) y apuntaron al rol conjunto de la petrolera estatal y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que realizan campañas publicitarias, lobby y charlas sobre las supuestas bondades del petróleo.
Como respuesta, y con información que cuenta aspectos silenciados del fracking, las asambleas realizan una campaña dirigida a concejales, legisladores, medios de comunicación y a la población en general. Respaldada con información técnica del mismo sector petrolero, destacan que la “la fractura hidráulica pone en riesgo las napas de agua; el argumento empresario de que existe separación entre las capas acuíferas y las capas gasíferas es falso”.
En marzo pasado, cuando el Congreso Nacional debatió la indemnización a la española Repsol por el 51 por ciento de YPF, tres dirigentes mapuches fueron escuchados en la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Gabriel Cherqui, Martín Maliqueo y Nilo Cayuqueo. Los tres remarcaron la contaminación de Repsol-YPF en territorio mapuche, las continuas denuncias que nunca fueron atendidas, exigieron remediación ambiental y reclamaron que se respeten los derechos indígenas que el propio Estado aprobó en las últimas décadas e incumple de manera reiterada.
La respuesta provino del jefe de la bancada oficialista en Senadores, Miguel Pichetto. “Entendemos el derecho de los pueblos originarios y el reclamo de la tierra. Está todo bien con eso. Está contemplado incluso en la norma constitucional. Pero me pregunto, ¿por qué no podemos compatibilizar los intereses del país, los de los pueblos originarios, el medio ambiente y el esquema productivo que el país necesita? ¿Por qué no hacemos un discurso de más realismo?”, señaló ante la visita mapuche. Y fue por más: “Es una buena forma de vida. Trabajo en blanco, ingresos importantes (…) Con la economía pastoril se morían de hambre”. El Congreso Nacional, con mayoría oficialista, no tuvo en cuenta ninguno de los planteos mapuches. Y votó pagar 5000 millones de dólares a Repsol.
Seguridad jurídica
Empresas y funcionarios suelen mencionar la “seguridad jurídica” para cualquier modificación o posible incumplimiento de las leyes que benefician al sector privado. Pero nunca la utilizan para las leyes que protegen los derechos indígenas. “Los instrumentos jurídicos internacionales contemplan los casos en que las actividades extractivas se realizan en territorios indígenas.
Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas son muy claros al respecto. El Convenio 169 se refiere de modo contundente a que en estos casos los pueblos indígenas deben ser consultados, y en su caso deben participar de los beneficios u obtener una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir”, explica Silvina Ramírez, profesora de Derecho Constitucional en la UBA y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Ramírez destaca que la Declaración de la ONU y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en proyectos de inversión a gran escala debe obtenerse el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades afectadas y recuerda que la Constitución Nacional también señala la necesidad de la participación indígena. “El derecho de los pueblos indígenas es recurrentemente vulnerado tanto por el Estado nacional como por los estados provinciales. Esta situación se ha agravado por la irrupción en el escenario político y económico de empresas transnacionales y nacionales cuyo objetivo es la explotación de recursos naturales”, afirma Ramírez.
Resistencias
La localidad rionegrina de Cinco Saltos fue la primera en aprobar una ordenanza de prohibición del fracking (diciembre de 2012). Le siguieron Diamante, Colón, Concepción del Uruguay y San Jaime de la Frontera (Entre Ríos); San Carlos, Tupungato y General Alvear (Mendoza). En mayo pasado, el municipio de María Grande se transformó en el décimo octavo lugar de Entre Ríos en rechazar la actividad.
En paralelo, en junio de 2013 fue el primer traspié judicial para el fracking en Argentina. Marcelino Pintihueque, de la comunidad Lof Comarca Chubut, y la abogada Silvia de los Santos obtuvieron un amparo ambiental por un pozo de exploración no convencional llamado “La Greta”, a quince kilómetros de Río Mayo (suroeste provincial). En primera instancia había sido rechazado, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revirtió la sentencia y ordenó frenar el proyecto (en manos de YPF).
De los Santos detalló que se tuvo en cuenta la falta de consulta a los pueblos indígenas, la vulneración de la legislación ambiental (falta de acceso a la información y carencia de participación efectiva en la audiencia pública) y el riesgo de afectar las fuentes de agua. En noviembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el pedido de YPF de habilitar el fracking en Río Mayo y mantuvo la suspensión de las operaciones. Un triunfo del derecho indígena y ambiental.
El 21 de mayo fue el Día Internacional contra Chevron, señalada como empresa referente por los desastres petroleros en el mundo. Hubo manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Francia, Nigeria, Ecuador y Rumania, entre otros países.
En Argentina se realizaron acciones en Buenos Aires y Neuquén. “La alianza de YPF con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos”, señala la declaración de los “pueblos argentinos en contra de Chevron”, espacio amplio conformado por organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas y asambleas socioambientales. Recordaron que el fracking en Argentina comenzó de la mano de la petrolera estadounidense, el gobierno provincial y el nacional “violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social”.
Puntualizaron en los desastres de Chevron en Nigeria y en Ecuador (donde tiene condena firme por 9000 millones de dólares por contaminar 480 mil hectáreas). El documento es también un llamamiento para redoblar las acciones contra el corrimiento de la frontera petrolera en Argentina. Una acción directa de la resistencia mapuche sucedió en marzo pasado en el paraje neuquino Santo Domingo Abajo (a 50 kilómetros de Zapala). La empresa china Sinopec llegó hasta el lugar, comenzó con una locación petrolera para YPF y rápidamente inició el montaje de la torre de perforación de fracking.
El paraje es parte de Vaca Muerta, pero también es territorio de la comunidad mapuche Wiñoy Folil. La compañía no realizó ningún tipo de consulta a la comunidad mapuche ni respetó los derechos indígenas vigentes. Las comunidades mapuches le cerraron el paso y le informaron que no entrarían más camiones. Hubo intentos empresarios por convencerlos para abrir el paso, la negativa indígena se mantuvo y finalizó con un resultado sujeto a derecho: la empresa retiró la maquinarias y dejó el territorio mapuche. Ordenanzas en el terreno político, amparos en ámbitos judiciales, movilización de organizaciones en los sectores urbanos, cierre de caminos en los campos rurales. Siembran luchas, cosechan victorias.
Por Darío Aranda. Publicado en junio de 2014 en el periódico de CTA.
Jun 12, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El desmonte en la selva Paranaense y las represas en Brasil son los dos factores que señalan organizaciones sociales, investigadores y hasta Parques Nacionales para explicar la crecida en el río Iguazú y sus consecuencias. “Vemos a funcionarios y medios de comunicación hablando de la cantidad de agua que baja de Brasil, de los daños en las pasarelas de las cataratas, pero lo más grave es la deforestación en las cuencas superiores, las hidroeléctricas y cómo se perjudica a quienes menos tienen”, afirmó Rulo Bregagnolo, activista socioambiental misionero e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.
La explicación mayoritaria fue la responsabilidad de la naturaleza, expresada en las lluvias en Brasil. Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Giraud está atento a lo que se suele llamar “desastres naturales” y maneja estadísticas, estudios y una base de datos que suele explicar el factor humano en cada desastre.
“La imagen satelital de 2013 de la cuenca del Iguazú muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil ya está deforestada. Cambiaron los cultivos tradicionales por soja. Las lluvias caen sobre un suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual lo hace muy propenso a la erosión. Esta situación es una de las causas de que ante lluvias no tan extraordinarias, sea record el tiempo en que el agua precipitada llega al río, provocando esta crecida histórica”, explicó el geógrafo.
Federico Soria, técnico en Conservación de la Naturaleza e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), consideró que “la lluvia no fue muy diferente de otro años. De lo que no se habla es del desastre ecológico que representa la deforestación casi completa de la cuenca y de las megarrepresas (hay cinco aguas arriba y una más proyectada). La cuenca no puede retener el agua, tal como lo hacía naturalmente cuando existía la selva, y por eso baja rauda, siendo imposible que las represas la puedan retener”, aseguró y destacó la ruptura de la represa en construcción Baixo Iguazú, a pocos kilómetros de Misiones. “La ruptura fue un error humano y el agua corrió con enorme fuerza. Será la sexta represa en el cauce del río”, señaló Soria.
Giraud confirmó la ruptura de la hidroeléctrica y detalló que las represas de aguas arriba abrieron de manera repentina las compuertas. “La población ribereña, y no los capitalistas dueños de la represa, sufrió las graves consecuencias. Y a lo largo del curso del Paraná veremos las consecuencias en los próximos días”, remarcó.
Claudio Altamirano, responsable de prensa del Parque Nacional Iguazú, explicó a una radio misionera que el Iguazú nace a 800 kilómetros de las cataratas y sostuvo que las “las hidroeléctricas manejan el grifo, creo que hasta ellos se vieron sorprendidos por la cantidad de agua y decidieron abrir las compuertas. En una semana veremos la consecuencia que generó esta crecida”. El director regional de Parques Nacionales, Andrés Bosso, confirmó que la deforestación es una de las causantes del fenómeno: “Tenemos apenas el ocho por ciento de la superficie originaria de selva, hemos destruido la forestación en un 92 por ciento de la superficie y lo estamos pagando de esta manera”.
Juan Yahdjian es médico, histórico activista socioambiental misionero e integra la Mesa Provincial No a las Represas. Reconoce que siempre hubo inundaciones, pero aclara que parte del agua que hoy fluye debiera quedarse en el subsuelo de Brasil, Argentina y Paraguay (en el acuífero). “Pero ya no existe la vía de recarga de napas y ríos subterráneos, el suelo esponjoso del monte se lo llevó la inconsciente topadora, manejada por inconscientes humanos y lo reemplazó por soja en Brasil y Paraguay y por pinos-eucaliptos en Misiones. Entonces el agua de lluvia se escurre”, detalla. Yahdjian recuerda que lo natural para la región es el monte y advierte que destruirlo tiene consecuencias: “El agua busca su cauce y frenarla tiene riesgos, lo estamos viviendo en estas horas. La naturaleza no se equivoca, avisa que estamos haciendo mal las cosas, que no pensamos en nosotros y menos en nuestros hijos”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 12 de junio de 2014 en el diario Página12.
May 27, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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En Argentina y en el mundo
La jornada internacional contra Monsanto se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. México, Chile, Brasil, Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Perú, Francia y Suiza, entre otros. Identifican a la compañía estadounidense como la referente (aunque no la única) del modelo agroindustrial en base a agroquímicos, semillas transgénicas, concentración del mercado y sus efectos: contaminación, desmontes, desalojos y consecuencias sanitarias.
En Argentina hubo actividades en Malvinas Argentinas (Córdoba), Paraná, Rosario y La Plata. En la ciudad de Buenos Aires las actividades fueron en plaza San Martín (Retiro), frente a las oficinas de Monsanto. Comenzaron a las 11 y se extendieron hasta la tarde. Hubo mesas-debates, proyección de documentales y actividades artísticas. Estuvieron asambleístas cordobeses de Malvinas Argentinas y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), que junto a las organizaciones sociales rindieron un homenaje al científico argentino que confirmó los efectos letales del glifosato: Andrés Carrasco.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 27 de mayo de 2014 en el diario Página12.
Abr 21, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
En Salta, desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos que proyecta una fábrica de nitrato de amonio. En La Rioja, buscan impedir la extracción de uranio.
Dos preguntas resuenan en Salta y La Rioja. ¿Quién quiere una planta química al lado de su casa? ¿Quién acepta un yacimiento de uranio a pocos kilómetros de su barrio? El interrogante proviene de la localidad de El Galpón (Salta), donde desde hace casi un año cierran el paso a una empresa de Estados Unidos, y de la capital riojana, donde cortan la ruta desde hace un mes a vehículos mineros. Plantean como trasfondo el extractivismo y quién decide sobre los territorios. El gobierno salteño descartó cualquier irregularidad en la planta química y afirmó que los vecinos están “desinformados”.
En la localidad salteña de El Galpón, a 180 kilómetros de la capital provincial, se realiza desde hace once meses “el tranquerazo a Austin”, el bloqueo a una empresa estadounidense que pretende construir una fábrica de nitrato de amonio (insumo básico de explosivos utilizados en minería). La tranquera cerrada a la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder) está en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16, donde sobresale un acampe pacífico de hombres y mujeres de todas las edades.
Desde el 14 de mayo de 2013, la consigna principal es “el agua y la vida valen más que el nitrato de amonio” y el reclamo reúne a vecinos de El Galpón, el Tunal y Joaquín V. González, nucleados en Vecinos Autoconvocados de la cuenca del río Juramento. También participa la organización Vapumas (Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano). Denuncian la posible contaminación del río Juramento, el riesgo de explosiones y la falta de consulta a la comunidad.
El secretario de Industria de Salta, Nicolás Ramos Mejía, atribuyó la negativa de la población a “la desinformación”. Señaló que la planta no producirá explosivos, sino “una sal usada en explosivos” y afirmó que la fábrica “no producirá efluentes”. El funcionario señaló que los desechos irán a piletones donde el líquido “se evaporará” y el residuo sólido se reutilizará. El funcionario aseguró que la fábrica “cumple todos los requisitos de seguridad” e insistió en la “desinformación” de quienes se oponen.
La senadora salteña (mandato cumplido) Sonia Escudero presentó en julio pasado un proyecto de comunicación en el Congreso Nacional. Detalló un dictamen técnico municipal que daba cuenta del “alto impacto ambiental” y citó el Estudio de Impacto Ambiental de Austin, que reconoce riesgos en la posible explosión de alguno de los sitios de almacenaje de nitrato de amonio, derrame de ácido nítrico y fuga de amoníaco. Escudero recordó que una planta similar explotó en abril de 2013 en Texas (Estados Unidos) con 25 muertos y 160 heridos.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta analizó el expediente administrativo y se expidió en julio de 2013: “El Certificado de Aptitud Ambiental es, a los efectos legales, inexistente (…). El documento presentado como Estudio de Impacto Ambiental no reúne las características legales y técnicas exigidas por la ley”. Confirmó que no se cumplió con los controles previstos en la Ley 20.429 (de armas y explosivos) y 12.709 (fabricaciones militares). Y remarcó que la propia empresa reconoce que “generará emisiones por encima de los parámetros legalmente establecidos”.
Los Vecinos Autoconvocados se aprestan a celebrar el año de bloqueo y avisan: “La tranquera sigue cerrada”. La construcción de la planta sigue frenada.
A 680 kilómetros al sur, en La Rioja, la Secretaría de Minería concedió, a inicios de febrero, servidumbre de paso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que avance con once proyectos de extracción de uranio en la zona conocida como El Cantadero. La Asamblea Riojana Capital emitió un comunicado los primeros días de marzo. “La explotación de uranio es la minería mas tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros”, denunció la asamblea y remarcó que el proyecto autorizado por el gobierno (llamado Alipan) está ubicado a sólo veinte kilómetros de la capital riojana.
Marisa Romero afirmó que la minería de uranio es parte de la megaminería a cielo abierto, con explosivos, drenajes ácidos, grandes consumos de agua y entre sus mayores peligros destacó los desechos radiactivos. Y recordó los pasivos ambientales de los yacimientos de uranio Los Colorados (La Rioja), Los Gigantes (Córdoba) y Sierra Pintada (Mendoza).
El 17 de marzo comenzaron el corte de la ruta 38, bloqueando el paso a los camiones mineros (no a vehículos particulares). La consigna es “por el agua y contra la minería de uranio”. Exigen la suspensión del proyecto minero en base a cuatro puntos. Los efectos en ambientes y salud, el riesgo de las fuentes de agua, la falta de licencia social y la “ilegalidad”. La ordenanza 4930 prohíbe la exploración y explotación de uranio en la capital riojana y declara al municipio “departamento no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. Acusan al gobierno provincial y a la CNEA de violar la ordenanza.
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Chubut
Por primera vez en la historia de Chubut se hizo uso de la Iniciativa popular, una instancia contemplada en la Constitución provincial y que consiste en reunir las firmas del tres por ciento del padrón electoral, la presentación de un proyecto de ley (en este caso de prohibición de la megaminería) y la obligación de la Legislatura de tratar el proyecto.
Con 13007 firmas, las Asambleas Ciudadanas de Chubut y comunidades mapuche-tehuelche se movilizaron a Rawson, donde llegaron hasta el Tribunal Electoral para presentar las firmas. “La población tomó la iniciativa y se fue multiplicando por todos los rincones de nuestro interior provincial, siempre teniendo presente la defensa del agua y la tierra, porque no queremos el saqueo de las corporaciones”, explicó Angel Cayupil, activista junto a comunidades mapuche-tehuelche y pobladores de la meseta de Chubut.
La provincia ya cuenta con una ley que restringe la minería, pero sólo limita la etapa de explotación y refiere a la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El proyecto de ley incluye otras sustancias químicas y abarca la extracción metalífera y la de uranio.
* Por Darío Aranda. Publicado el 21 de abril de 2014 en el diario Página12.
Abr 15, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
«Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
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Un estudio en Coronel Suárez
Coronel Suárez es el único lugar de la Argentina en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente realizó un informe, llamado “Consecuencias en la salud por la utilización de agrotóxicos en los establecimientos educativos rurales”. El escrito de 104 páginas y fechado en mayo de 2013 revela que existen 41 establecimientos afectados (23 primarios, 16 jardines y 2 secundarios). El secretario de Ambiente, Emanuel Garrido, solicitó ayuda a la gobernación bonaerense y a la Nación, pero aún no obtuvo respuestas.
“Los establecimientos educativos se encuentran expuestos a las derivas y otros tipos de contaminación de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala el informe. Detalla que los campos están literalmente pegados a la escuela y muestra tractores mosquito fumigando mientras los niños juegan en el patio. El trabajo confirmó que hubo alumnos con afecciones respiratorias, cefaleas y ojos irritados.
Cuestiona que las escuelas estén “desprovistas de mínimas garantías para la salud” y realiza recomendaciones a las autoridades, como “proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa, fijar una franja de 2000 metros alrededor de escuelas y, luego de repasar bibliografía científica nacional e internacional, recomienda “erradicar transicionalmente” los cultivos transgénicos de Coronel Suárez por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El trabajo fue realizado por un equipo integrado por médicos, docentes, agrónomos y abogados. El secretario de Ambiente comunicó formalmente su trabajo a autoridades de la Dirección General de Educación, al defensor del Pueblo, al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a la Secretaría de Ambiente de Nación. A todos solicitó medidas “urgentes” para proteger a niños y docentes. Incluso recomendó no comenzar las clases por las consecuencias en la salud. Hasta ahora no obtuvo respuesta.
* Por Darío Aranda. Publicado el 15 de abril de 2014 en el diario Página12.
Feb 24, 2014 | 2014, Asambleas Socioambientales
El estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para levantar una planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas, Córdoba, fue rechazado por la Secretaría de Ambiente provincial, porque es “insuficiente, reiterativo y sin profundidad”.
La empresa Monsanto sumó un nuevo traspié en Córdoba: el gobierno provincial le rechazó el estudio de impacto ambiental para su planta de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas. La negativa –que demora aún más los planes de obra– se suma a un fallo judicial que paralizó la construcción, a un bloqueo de organizaciones socioambientales que lleva cinco meses y a la opinión de tres universidades nacionales que cuestionan la instalación de la multinacional. “La documentación respaldatoria (del estudio de Monsanto) es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria para responder adecuadamente a los condicionamientos”, afirma el dictamen de la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
La Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de Córdoba analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Monsanto. “El EIA no posee el contenido satisfactorio para su evaluación y/o carece de información sobre algunos aspectos relevantes de la actividad”, afirma el dictamen de evaluación, de cuatro carillas. Y puntualiza las actividades que generan impactos ambientales y no tuvieron respuestas “idóneas”: la gestión de residuos peligrosos y residuos del proceso productivo, gestión de efluentes líquidos y tránsito vehicular, entre otros.
“Se advierten impactos ambientales negativos relevantes que no fueron contemplados de manera adecuada, o bien no fueron incorporados. No se consideraron aspectos con impactos severos, críticos o importantes, notoriamente predecibles para el tipo de actividad y magnitud del proyecto en cuestión”, cuestiona el dictamen.
En la página tres se refiere a los “subproductos”. Detalla que Monsanto producirá 247 toneladas diarias de residuos, el equivalente a lo que provoca por día una ciudad de 250 mil habitantes (en Malvinas Argentinas viven 12 mil personas). El dictamen remarca que Monsanto no brinda precisiones sobre qué destino les dará a esas 247 toneladas diarias. La evaluación del gobierno de Córdoba es muy dura en este aspecto: “Ninguna de las propuestas está respaldada técnicamente y no representan una solución ambiental adecuada para la magnitud de residuos a disponer o reutilizar como subproducto (…). La gestión de 250 toneladas por día de residuos del proceso debe ser considerada como un aspecto crítico”.
También cuestiona la gestión de los residuos peligrosos. Monsanto “no especifica qué tipo de tratamiento se va a utilizar y quiénes son los operadores con la tecnología apropiada capaces de darle tratamiento y disposición final a los residuos peligrosos generados (residuos resultantes de la utilización de agroquímicos)”.
Sin la aprobación del estudio ambiental, la compañía no puede construir la planta. “Es una victoria de todos quienes venimos resistiendo desde hace tiempo, del pueblo organizado, que se sabe soberano y que ejerce su soberanía”, celebró la Asamblea de Malvinas Argentinas, pero alertó: “Sabemos que todavía no está todo dicho, pero somos conscientes de que dimos un paso enorme”. Recordó que Monsanto “no tiene licencia social” para instalarse y enfocó en la responsabilidad de la dirigencia política para que den de baja a la planta de semillas.
Monsanto controla el 27 por ciento del mercado mundial de semillas (y el 86 por ciento de las transgénicas). Comercializó durante décadas el PCB (utilizado en transformadores eléctricos, denunciado durante años y luego prohibido por cancerígeno) y es el creador del herbicida glifosato. Anunció la instalación de su “planta de maíz más grande de Latinoamérica” en junio de 2012 en Malvinas Argentinas, en las afueras de Córdoba capital. La localidad está rodeada de campos transgénicos y fumigados. De inmediato comenzó a organizarse la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. En noviembre de 2012, la Asamblea ya exigía que la población pudiera votar para decidir si deseaban la megaplanta como vecina. El intendente Daniel Arzani (UCR), el gobernador José Manuel de la Sota y Monsanto siempre rechazaron la posibilidad de un plebiscito. Hoy, a las 17, la Asamblea de Vecinos se concentrará en la plaza de Malvinas Argentinas para marchar hacia la sede municipal y reclamar el cierre del proyecto.
La empresa planifica una mayor producción de maíz, en parte para la proyectada ampliación en un 56 por ciento del área sembrada para 2020 (de 3,7 millones de hectáreas a 5,7 millones) y también para la producción de combustibles mediante el maíz (se planifican veinte nuevas plantas de agrocombustibles para los próximos años). Adrián Villaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto, negó que se vayan de Córdoba y anunció que realizarán un nuevo estudio ambiental “con la rigurosidad técnica que nos requieren y dando participación a los ciudadanos”.
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El bloqueo vecinal
La Asamblea de Vecinos de Malvinas Argentinas y organizaciones sociales comenzaron un bloqueo al predio de Monsanto en septiembre pasado. Sufrieron cuatro represiones, pero mantienen el bloqueo. En noviembre, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, informó que el estudio de impacto ambiental de Monsanto (para la instalación de una estación experimental) “dio negativo” y advirtió que “más allá de ese resultado, he tomado la decisión de no permitir que se instale Monsanto”. La llegada de la empresa había sido cuestionada por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos.
En la primera semana de enero, la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba hizo lugar a un amparo presentado por los vecinos y ordenó al municipio que frene las obras de la multinacional. Entre los fundamentos estaba la necesidad de contar con el estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto. En octubre, la consultora Sicchar difundió una nueva encuesta. El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la instalación.
Tres universidades nacionales cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto y la de Córdoba criticaron que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental (como establece la Ley General del Ambiente). También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras) y remarcaron las consecuencias ambientales y sociales del modelo de agronegocios.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 24 de febrero de 2014.
El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae. “Soberanía energética” y “autoabastecimiento” funcionan como llaves justificadoras. Enfrente, pueblos indígenas, organizaciones sociales, asambleas socioambientales y activistas que no cederán los territorios donde viven, trabajan y sueñan.
