Dic 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Campesinos
Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
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El ministro y el senador
El ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara, reconoció que el monocultivo de árboles avanza sobre campesinos y anunció que elaboraron un proyecto de ley para frenar esa avanzada. También cuestionó que “empresarios estadounidenses” acaparen tierras. Respecto de los campesinos y las 3100 hectáreas de la Fundación San Nicolás, aseguró que mientras sea ministro “no se expulsará a nadie que haya trabajado la tierra”. Explicó que los grandes empresarios “fueron rodeando el Iberá de manera estratégica, cerrándolo” y que (mediante campo San Nicolás) podrán “abrir un paso” para recibir turistas desde las localidades de San Miguel y Loreto.
El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Sergio Flinta, es señalado por campesinos y organizaciones sociales como el nexo entre forestales, empresarios turísticos y poder político. “Es todo mentira”, resumió Flinta. Negó que en el Iberá haya “problemas de tierras” y señaló que en las 3100 hectáreas de la Fundación-Instituto San Nicolás “no hay campesinos ni pequeños productores, hay sólo intrusos desde hace muchos años que no quieren que el gobierno ordene el lugar”.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de diciembre de 2013.
Nov 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
El reclamo contra la planta de semillas transgénicas en Malvinas Argentinas empezó el 19 de septiembre. La empresa envió cartas documento a los protagonistas de la protesta.
Asambleas socioambientales, activistas, organizaciones sociales y vecinos de a pie lograron lo que pocos creían: frenar a Monsanto, la mayor empresa de agronegocios del mundo, que desde hace dos meses tiene paralizada la construcción de su megaplanta de semillas transgénicas en Córdoba. Dos encuestas revelan el rechazo a la empresa en la provincia y tres universidades nacionales (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de la multinacional. Los vecinos exigen que se cumpla la Ley General del Ambiente (ordena evaluación de impacto ambiental) y proponen un plebiscito. En San Luis, donde la empresa produce semillas, también suma rechazos. Monsanto envió carta documento a vecinos y amenazó con juicios civiles y penales.
Monsanto anunció en junio de 2012 la construcción de su mayor planta en Latinoamérica de semillas de maíz transgénico. El lugar elegido fue Malvinas Argentinas (Gran Córdoba), ciudad rodeada de soja y con experiencia en fumigaciones sobre viviendas. De inmediato nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Primero exigieron información a la municipalidad y al gobierno provincial. La información nunca llegó. Pero los vecinos comenzaron a realizar asambleas y comunicar quién era Monsanto, qué modelo agropecuario representa, y los propios vecinos comenzaron a informar a sus pares mediante panfletos, charlas debate y murales. La empresa no hizo, y el Gobierno no le exigió, el estudio de impacto ambiental que ordena la Ley General del Ambiente.
En noviembre de 2012, la Asamblea comenzó a exigir que la población de Malvinas Argentina pudiera votar. El intendente Daniel Arzani (UCR) y el gobernador José Manuel de la Sota (PJ) rechazaron la iniciativa. El 19 de septiembre se realizó un festival en la puerta del predio bajo el nombre “primavera sin Monsanto”. Ese día comenzó el bloqueo a la planta, que esta semana cumplió dos meses. Las contratistas retiraron maquinaria pesada, los obreros ya no concurren y la empresa reconoció que se atrasaron todos sus planes de obra.
Dos encuestas confirmaron el rechazo a la empresa. En abril, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica y del Conicet realizaron 350 encuestas en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación. En octubre, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión de 1000 casos (en capital y el interior). El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo con la planta y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que se oponen.
El 31 de octubre, Monsanto envió cartas documentos a Sofía Gatica (de la organización Madres de Ituzaingó) y a Eduardo Quispe, de la asamblea de Malvinas Argentinas. A ambos los acusó de “lesionar la seguridad pública” por el bloqueo y denunció supuestos “actos de violencia contra el personal”.
“Queda intimado a cesar de inmediato con el bloqueo”, advierte la carta, los acusa de “usurpación” y los amenaza con denuncia penal “con penas de hasta tres años de prisión” y también con querellas por la vía civil “para el cobro de daños y perjuicios económicos”.
En las últimas semanas, tres universidades nacionales de Córdoba cuestionaron la instalación de Monsanto. En documentos separados, la Universidad Católica, la de Río Cuarto (UNRC) y la de Córdoba cuestionan que se haya permitido la obra sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental, como establece la Ley General del Ambiente, y que tampoco se cumpliera con las audiencias públicas. También explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden provocar esa afectación). La UNC ya había cuestionado la llegada de Monsanto en agosto de 2012. Y la UNRC se había expedido también contra la multinacional y el modelo de agronegocios.
El rechazo a Monsanto también llegó a San Luis. La empresa alquila campos a la empresa Cresud en el Valle de Conlara. “Monsanto produce semillas bajo el modelo de la agricultura industrial, desmontaron miles de hectáreas, se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla, se fumiga muchísimas veces durante el ciclo del cultivo con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad”, denunció la Asociación Campesinos del Valle de Conlara, que reúne a las familias rurales vecinas de la empresa.
Los campesinos alertaron que el uso de agroquímicos “pone en riesgo los acuíferos”, reclamaron que se los deje de fumigar en sus casas, exigen un estudio de impacto ambiental y resaltaron: “Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud”.
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Amenaza contra una dirigente
“Vamos a desparramar tus sesos por Malvinas Argentinas. No jodas más.” Fueron las palabras de un hombre que, arma en mano, amenazó días pasados a Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó Anexo (referente en la lucha contra las fumigaciones) y una de las caras visibles en el bloqueo contra Monsanto. “Tengo bronca, impotencia, mezcla de dolor y tristeza. Me paralizaron el corazón, me sacaron lágrimas, pero allí me quedo, allí nos quedamos, el bloqueo será por tiempo indefinido”, afirmó Gatica.
La amenaza sucedió en Alta Gracia, cuando Gatica iba al trabajo. Un hombre de unos 50 años se acercó y le mostró un arma. “Hay varias formas de morir”, le advirtió. Gatica hizo la denuncia y destacó que había visto en las marchas contra Monsanto. Darío Avila, abogado allegado a las Madres de Ituzaingó, explicó que “Sofía está mal por la amenaza, pero también porque se dio cuenta de que este hombre la estuvo siguiendo en marchas, puede ser un infiltrado, lo había visto varias veces y lo puedo reconocer”. “Es un hecho muy grave. No hay que perder de vista las denuncias sobre el accionar de la policía de Córdoba con el narcoescándalo, esa misma policía es la que está en el bloqueo a Monsanto”, afirmó.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de noviembre de 2013.
Oct 25, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales, Pueblos Originarios
En vísperas de las elecciones en Argentina, repaso de la tensión entre las democracias representativas y la lucha por la democracia directa para decidir sobre el propio territorio. Desde el ejemplo del plebiscito en Esquel (Chubut), hasta el pedido por la consulta popular en Malvinas Argentinas (Córdoba). «Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda».
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).
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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.
El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.
Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.
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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.
Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.
Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.
Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años.
*Por Darío Aranda. Publicado el 25 de octubre de 2013 en comambiental.com.ar
Oct 23, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Los piquetes que impiden llegar al predio donde la empresa intenta instalar una nueva planta de semillas ya llevan un mes. Hoy habrá una marcha contra la instalación de los silos.
Las asambleas socioambientales de Córdoba mantienen desde hace un mes un bloqueo en el predio de Monsanto, donde la compañía intenta construir su planta de semillas de maíz más grande de América latina. Los asambleístas exigen que la población pueda votar si acepta o rechaza tener 240 enormes silos en el barrio. La empresa suspendió momentáneamente la obra y, en paralelo, la ONG Funam denunció al gobierno de Córdoba por “violar todos los pasos” administrativos en la autorización de la planta. Una reciente encuesta reveló que el 63 por ciento de los cordobeses rechaza la instalación de Monsanto y el 67 por ciento apoya el reclamo de los asambleístas. Hoy habrá nuevas acciones contra la empresa y en denuncia al modelo extractivo.
El 19 de septiembre se realizó un festival artístico en Malvinas Argentinas, a veinte kilómetros del centro de Córdoba. La consigna fue “Primavera sin Monsanto”. Hubo grupos musicales y discursos. Ese día comenzó el bloqueo a Monsanto, en el portón de ingreso a la planta.
A la semana del acampe, una patota de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) amedrentó a los asambleístas. El lunes 30 de septiembre, la policía de Córdoba reprimió el acampe e intentó liberar el paso. Fue golpeada y hospitalizada Sofía Gatica (de Madres de Ituzaingó) y otras dos militantes fueron detenidas. El bloqueo continuó.
El 8 de octubre hubo una masiva movilización en la capital de Córdoba. Se denunció la “emergencia ambiental” de la provincia. Entre los motivos de la marcha estuvo el rechazo a Monsanto, los altos índices de desmonte y la emergencia hídrica.
Monsanto anunció la suspensión de la obra, pero a los tres días intentó avanzar con camiones por un nuevo ingreso (por la parte posterior del predio de treinta hectáreas). Los asambleístas cerraron también ese paso.
A cada bloqueo, la empresa respondió con la apertura de un nuevo portón. Las asambleas de Córdoba cerraron ya el tránsito a los cinco ingresos del predio. Y el lunes pasado, Monsanto anunció a la Uocra que suspendía las actividades hasta luego de las elecciones.
Gastón Mazzalay, de Malvinas Lucha Por la Vida, remarcó lo positivo de haber frenado la construcción de la obra y alertó sobre lo que pudiera suceder luego del domingo. “Reprimir esta semana tendría un costo político alto. Pero seguro volverán a mandar a la policía para reprimir a los vecinos y proteger a la empresa”, afirmó. Mazzalay recordó que la instalación de Monsanto es “ilegal” por la “fraudulenta” autorización de la Secretaría de Ambiente (ver recuadro) y porque no se cumplió la Ley General del Ambiente (25.675) que ordena estudios de impacto ambiental y audiencia pública previos a la instalación de plantas como la de Monsanto. En Córdoba no se cumplió ninguno de los dos requisitos.
Monsanto es la mayor corporación del agro mundial. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales) y el 86 por ciento del mercado de transgénicas. En junio de 2012 logró la aprobación, por parte del Ministerio de Agricultura de Nación, de una nueva semilla de soja transgénica (“RR2 Intacta”) e impulsa una nueva ley de semillas.
El fin de semana pasado, la consultora Sicchar difundió una encuesta de opinión electoral en Córdoba, de 1000 casos (400 en la capital y 600 del interior provincial). Interrogó sobre las obras públicas, la educación, el servicio eléctrico, el accionar de la policía, la intención de voto y, lo novedoso, dos preguntas estuvieron referidas a la mayor empresa de agronegocios del mundo. “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas?” El 63,2 por ciento se mostró en desacuerdo, el 19,3 a favor, 6,9 indiferente y 10,5 no sabe/no contesta (NS/NC).
“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los vecinos que protestan en contra de la instalación de Monsanto?” El 66,8 por ciento afirmó estar de acuerdo con los vecinos que rechazan a la multinacional. El 33,8 en desacuerdo. El 3,1, indiferente. Y el 2,3, NS/NC.
La nueva encuesta se complementa con la difundida en abril pasado por siete investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y del Conicet. El relevamiento fue realizado sólo en Malvinas Argentinas. Nueve de cada diez (87 por ciento) se mostraron a favor de que se realice una consulta popular en la localidad y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de Monsanto.
El lunes pasado, frente al Congreso Nacional, asambleas de Buenos Aires comenzaron un acampe por tiempo indeterminado en apoyo a sus pares de Córdoba. Y hoy, en Córdoba, habrá una nueva movilización contra la instalación de Monsanto.
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Denuncia judicial
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Federico Bocco, y contra su antecesor, Raúl Costa.
“Autorizaron ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente”, afirmó Raúl Montenegro, presidente de Funam. Explicó que “un organismo clave” de la Secretaría de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), no estaba conformada como lo establecen las leyes provinciales. “La comisión estaba integrada por personal sin suficiente experiencia profesional, no manejaba temas clave como salud o sociales, y aun así aprobaron el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de Monsanto”, acusó Montenegro. La CTI estaba integrada en 2007 por representantes de todos los ministerios y de organismos descentralizados del gobierno provincial (conforme las leyes provinciales 8789 y 9156). “Se aseguraba un funcionamiento plural y participativo pero, a partir del 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada, en abierta violación a la ley”, explicó Montenegro.
Desde 2008, la CTI se integra solamente con personal de la Secretaría de Ambiente. “En muchos casos son técnicos sin suficiente experiencia profesional y precarizados, lo que facilitó que la CTI actúe como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no tengan tropiezos”, afirmó el presidente de Funam.
La organización ambientalista también denunció penalmente al secretario de Ambiente provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y pidió la nulidad de las aprobaciones (como la de Monsanto) que se concedieron en forma “ilegal e irregular”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 23 de octubre de 2013.
Sep 28, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Diversos sectores nucleados en la Mesa Provincial No a las Represas organizaron una marcha desde el lunes pasado que atravesó distintas ciudades misioneras y hoy confluye en Posadas. Piden una consulta popular por la represa hidroeléctrica Garabí.
Seis días de caminata con una bandera: “Por los ríos libres”. Cientos de misioneros, correntinos y brasileños marcharon desde el lunes en rechazo a la construcción de una represa que inundará 90.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. Hoy ingresarán a Posadas y exigirán que se cumpla la ley provincial que obliga a una consulta popular vinculante para decidir sobre nuevos proyectos hidroeléctricos. “Ya tuvimos una horrible experiencia con Yacyretá. Las megarrepresas arrasan territorios, condenan a miles de personas al desarraigo, contaminan y enferman. Sólo queremos que se cumpla la ley y nos dejen votar para decidir nuestro futuro”, reclamó Rulo Bregagnolo, uno de los voceros de la marcha.
El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina originado en los ’80. Consiste en una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes, con el estado brasileño de Rio Grande Do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y fue relanzado formalmente.
La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a más de cuarenta organizaciones. Desde indígenas y campesinos hasta sindicales y de derechos humanos, y diversas iglesias. Un amplio abanico y diversidad de posicionamientos políticos, pero una coincidencia: no quieren represas en Misiones y exigen que se cumpla la Ley IV-56 vigente en la provincia. El artículo 6 dice que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.
La ley señala que el Poder Ejecutivo provincial debe convocar a la votación. A pesar del reclamo, desde hace dos años, el gobernador Maurice Closs aún no ha dado señales de llamar a plebiscito. El proyecto está en manos de un consorcio binacional. La argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), de capital estatal, y la empresa brasileña Eletrobras.
Las organizaciones sociales realizan desde hace dos años charlas debate, talleres, panfleteadas y movilizaciones. Pero la que comenzó el lunes 23 en Panambí, al este de Misiones (sobre el río Uruguay y en el límite con Brasil), es histórica. Hombres, mujeres y niños caminando sobre la ruta, otros en bicicletas y a caballo. Unas 2000 personas iniciaron la marcha bajo la lluvia. A pesar del clima, un grito de celebración: “Que llueva, que llueva. Mejor mojarse que inundarse”.
El lunes hicieron noche en Oberá, el martes estuvieron en Alem, miércoles en Bompland, jueves Santa Ana y viernes en Garupá. En todas las paradas hubo actos en las plazas y fueron recibidos por organizaciones y gente de a pie. También hubo relevos, donde se sumaron nuevos marchantes. Luego de 150 kilómetros de caminata, hoy sábado es la gran entrada a la capital provincial. Se leerá la “proclama por los ríos libres”. Remarca la “necesidad urgente” de llamar a plebiscito vinculante (para abril de 2014), llaman a los gobiernos (de Misiones, Corrientes, Argentina, Brasil y Paraguay) a desistir de nuevas represas, recuerdan que los desalojos implican también violación a los derechos humanos.
La proclama de los marchantes propone un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que “apuesta a energías renovables” y finaliza: “Es necesario que sean los pueblos y no las transnacionales y algunos funcionarios los que determinen cómo quieren vivir y de qué modo queremos generar energía”.
Misiones tiene historia en represas. Yacyretá, bautizada durante la década del ’90 como “el monumento a la corrupción”, fue iniciada en 1973, inundó 140 mil hectáreas y desalojó a 40 mil personas. “Miles de pescadores fueron ubicados en barrios en las afuera de Posadas, lejos de su fuente de trabajo, engrosando así los cordones de pobreza, o teniendo que depender de algún tipo de ayuda social para poder sobrevivir. Y la mayoría de las obras complementarias aún no están finalizadas, después de 30 años”, recordó Eugenio Albrecht, integrante de la Mesa Provincial, pastor de la Iglesia Luterana y marchante.
En 1995, los gobiernos de Argentina y Paraguay, junto con el de Misiones, impulsaron la represa Corpus Christi (sobre el río Paraná). Luego de debates y movilizaciones, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento dijo “no”. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas provinciales.
La Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los efectos sanitarios. Explica que los lagos que generan las represas son el hábitat de vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis, entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad de las represas”, afirma la organización misionera Cemep-Adis, parte del Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela).
Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú y de la Mesa Provincial, afirmó que el “90 por ciento” de los misioneros no quiere las represas y envió un mensaje para “los compatriotas” que no conocen lo que implican las represas: “Dijimos no a Corpus en 1996, y seguimos diciendo que no ahora. Es muy simple hermanos argentinos, no queremos que nos inunden, no queremos que nos corran de nuestras casas por un supuesto ‘progreso’, no queremos ser la usina del país, no queremos pagar el costo humano de la electricidad que derrochan en las grandes ciudades”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 28 de septiembre de 2013.
Sep 19, 2013 | 2013, Asambleas Socioambientales
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
*Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 19 de septiembre de 2013.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
