Formosa: la democracia ausente

Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.

Por Darío Aranda

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Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a la siesta, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía de ayer. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), el epicentro de la represión desde hace dos años, cuando decidieron hacer respetar sus derechos y no alinearse al gobernador Gildo Insfrán. Ricardo Coyipé, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.

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“Quieren ser blanquitos y europeos”

Leyes que no se cumplen, un proyecto de Código Civil que resta derechos y el modelo extractivo que avanza. El Gobierno que divide organizaciones, medios y DDHH. Voces indígenas que interpelan.

 

Por Darío Aranda

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La Ley de Comunicación Audiovisual no es la única norma nacional que no se cumple.

Los pueblos originarios tienen amplia normativa que protege sus derechos. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT (norma internacional vigente en Argentina) y Ley Nacional 26160 (insta, desde 2006, a suspender los desalojos).

Son décadas de lucha, no fue regalo de ningún gobierno, lo logramos con lucha”, aclara con voz firme la abuela huarpe Paz Argentina Quiroga, y de inmediato explicita la preocupación de los pueblos indígenas: “Mucho de lo obtenido está en peligro, el nuevo Código Civil que buscan aprobar quiere sacarnos derechos. No lo vamos a permitir”.

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«El modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo»

Por Darío Aranda

Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.

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Cuando la ley se cumple: la tierra para los pueblos originarios

Una jueza determinó que una comunidad indígena en Neuquén tiene derechos sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de propiedad del lugar. Y negó el desalojo.

 Por Darío Aranda

mapucheUn fallo de la Justicia de Neuquén determinó que la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo tiene derechos sobre un territorio de veranada (que utilizan en primavera y verano), rechazó el pedido de desalojo realizado por un empresario (a pesar de que éste posee título de propiedad) y confirmó la supremacía de la legislación indígena por sobre el derecho privado. Es el primer fallo favorable a una comunidad indígena respecto de la práctica ancestral de trashumancia (trasladarse con los animales a distintas zona según la época del año). Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una “ley integral de tierras” que contemple la trashumancia, un reordenamiento territorial y la función social de la tierra.

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“Tenemos derecho a vivir donde nacimos”

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste de Salta. El texto advierte sobre posibles conflictos.

Por Darío Aranda

desmonte en saltaEl corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

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La Ley Monsanto

Por Darío Aranda

La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).

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