“El genocidio del general Roca continúa hoy”

Por Darío Aranda

El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días. El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.

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Represión a cielo abierto

La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.

Por Darío Aranda

Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.

Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera Alumbrera –empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold–, que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires.

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Acampe contra la megaminería

Asambleístas de todo el país reclaman por el fin de los proyectos extractivos a cielo abierto. Desde el lunes hacen un bloqueo selectivo de camiones que abastecen a la Minera Alumbrera. La protesta es por tiempo indeterminado

Por Darío Aranda

Cerro Negro, pequeña localidad del oeste de Catamarca, se convirtió en el epicentro de la lucha contra la megaminería. Desde el 9 de julio se mantiene un acampe de asambleístas de todo el país y el lunes pasado se transformó también en bloqueo selectivo de camiones que abastecen a Minera Alumbrera, el yacimiento que desde hace quince años extrae cobre y oro. “Sabemos bien lo que es la megaminería, nadie nos contó, sino que lo vivimos en carne propia, porque desde años padecemos a la Alumbrera. Por eso decimos no a la megaminería, basta de este modelo extractivo que contamina, reprime y mata”, resumió Juanjo Rodríguez, desde el bloque catamarqueño bautizado Acampe Nacional Contra la Megaminería.

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La ONU sobre Argentina: «Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos»

Buenas leyes que no se respetan, industrias extractivas que vulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a la Justicia. Radiografía de la situación indígena en Argentina, según Naciones Unidas.

Por Darío Aranda

Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.

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Más universidades cuestionan la megaminería

Por Darío Aranda

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) rechazó dinero proveniente de Minera La Alumbrera (el mayor yacimiento metalífero de Argentina) y, con un duro documento votado por el Consejo Superior, se sumó a otras cuatro universidades nacionales que ya explicitaron su negativa a recibir fondos de la megaminería. “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que afectan derechos fundamentales de las poblaciones”, afirma en sus fundamentos la Universidad de Río Cuarto, brinda su apoyo a las comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década del ’90 que benefician la actividad extractiva.

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Atropellando raíces

Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo .

Por Darío Aranda

Sandra Juárez, Javier Chocobar, Roberto López y Cristian Ferreyra. Cuatro asesinatos de campesinos e indígenas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2011. No hubo más porque falló la puntería: se repiten las represiones sobre territorios rurales y tienen como trasfondo el modelo extractivo (agronegocios, megaminería, forestales, petróleo). Datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país. La Red Agroforestal (Redaf), colectivo de organizaciones y profesionales, precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Sólo las últimas dos semanas: hubo represiones en cinco provincias. El lado oculto del “modelo”.

Organizaciones campesinas exigen una ley que frene los desalojos, pero duerme cajoneada en el Congreso. Mientras: la Presidenta celebra acuerdos con Monsanto y propone correr la frontera transgénica.

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