Oct 12, 2011 | 2011, General
Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.
La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo económico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. “Han pasado muchos años y poco ha cambiado, no hay voluntad política de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio”, denunció Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y afirmó que “ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras”. La actividad minera aumentó, según datos oficiales, 340 por ciento en los últimos siete años. También se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, sólo en la región del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hectáreas. La gran mayoría comenzó a fines de la década del 90, cuando la soja empezó a expandirse.
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Oct 12, 2011 | General
En las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, que abarcan Salta y Jujuy, se desarrolla uno de los principales conflictos de la actualidad. Allí se encuentran reservas de litio, “el oro del futuro”, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que ya comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. Los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron en concesión la región a empresas mineras.
Los pueblos kolla y atacama conformaron la Mesa de Pueblos Originarios, integrada por 33 comunidades. Rechazan la minería en su territorio ancestral, privilegian el agua, realizaron movilizaciones y recurrieron a dos altas instancias: la Corte Suprema de Justicia y al relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia, quien se comprometió a visitar el lugar el próximo mes.
En la meseta de Chubut, cercano a los pueblos de Gan Gan y Gastre, se ubica el mayor reservorio de plata y plomo del mundo aún sin explotar. Ancestral territorio de vida y desarrollo comunitario del pueblo Mapuche Tehuelche. A pesar de la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios y de la vigencia de la Ley 5001, que limita la actividad en toda la provincia, la canadiense Pan American Silver avanza en trabajos de exploración para explotar el lugar.
“La exploración en el sector minero registró en 2010 un nuevo record histórico, con más de 730 mil metros de perforaciones en todo el país, un 340 por ciento más que en 2003, año en que comenzó a recuperarse esta actividad. También demuestran un incremento del 21 por ciento por sobre el último record exploratorio alcanzado en 2008”, detalla el comunicado del 10 de enero de 2011 de la Secretaría de Minería de la Nación.
La gacetilla oficial destacó que “se trata de un escenario que hace posible que Argentina cuente con 18 proyectos de gran escala en producción, un hecho histórico que nos posiciona entre los países mineros más importantes del mundo”. Y adelantó la construcción de “al menos quince nuevos proyectos de escala internacional”.
La minería metalífera a gran escala, con enormes uso de agua y sustancias tóxicas, afecta también a poblaciones de pueblos y ciudades. Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella (Jujuy) y comunidades indígenas lograron, en febrero de 2010, que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia frene un proyecto minero en la Quebrada de Humahuaca. Hizo hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras–.
En Purmamarca, también Jujuy, desde hace 48 horas permanece un corte de ruta de 92 comunidades kollas que exigen los títulos comunitarios de sus tierras. “Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con un gobierno provincial que sólo apuesta al avasallamiento de la gran minería, es que estamos presentes en la ruta para hacer escuchar nuestra voz”, denunciaron ayer en el corte de ruta, a la espera del gobernador. Al cierre de esta edición, habían llegado al lugar la Gendarmería Nacional y la policía provincial.
Nota principal:
Las nuevas invasiones sobre los pueblos originarios
Oct 11, 2011 | 2011, General
Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.
–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?
–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.
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Oct 11, 2011 | General
Diana Lenton es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y docente en la misma universidad. Su tesis doctoral analizó los discursos circulantes entre 1880 y 1970 sobre los pueblos indígenas y el diseño de políticas nacionales al respecto. Es investigadora adjunta del Conicet con un proyecto sobre la emergencia de organizaciones representativas de los pueblos originarios a partir de la década de 1970 y su articulación con otros movimientos sociales. Dirige un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el que se integran otros docentes-investigadores, tesistas y becarios sobre la temática. Desde 2005 es cofundadora, junto al historiador Walter Delrio, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, un espacio interdisciplinario de investigación académica y de “transferencia a la sociedad”, con el objetivo de aunar los esfuerzos de antropólogos, sociólogos, historiadores, educadores y comunicadores que trabajan por el esclarecimiento de las modalidades históricas de relación entre el Estado y los pueblos originarios. El colectivo de jóvenes investigadores ha logrado aportar pruebas concretas y documentadas sobre el genocidio ejecutado sobre los pueblos originarios. Su último libro es el indispensable Historia de la crueldad argentina.
Nota principal:
«El Estado se construyó sobre un genocidio»
Oct 3, 2011 | 2011, General
Un extenso cartel, escrito a mano y colgado en el hall de entrada, expone uno de los problemas del país: “El 2 por ciento (de las explotaciones agropecuarias) tiene el 50 por ciento de la tierra. El 57 por ciento sólo tiene el 3 por ciento de la tierra”. Es el ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, donde se desarrolló el XXIII Congreso de la Federación de Estudiantes de Agronomía y Afines (FAEA). Los participantes cuestionaron el actual perfil profesional y explicitaron los efectos sociales de los agronegocios. Se abordó la gran incidencia de las empresas en la universidad pública y reforzaron la necesidades de que la universidad deje de priorizar la soja y aborde la agroecología y la soberanía alimentaria.
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Sep 27, 2011 | 2011, General
Marcharon en Santa Rosa y lograron que se prorrogue la ley que frena temporalmente los desalojos. La tremenda ampliación de los campos dedicados a la soja desplazó a los ganaderos, que a su vez intentan desplazar a los pequeños puesteros y campesinos.
La imagen idílica de La Pampa como una llanura sembrada y próspera es real en el noreste provincial, donde la agricultura es la principal actividad. Pero la provincia también cuenta con una realidad rural invisibilizada, en todo el oeste, puesteros con posesión de décadas que son desalojados por el avance de la frontera ganadera y petrolera. Como respuesta, los puesteros marcharon en Santa Rosa para reclamar la prórroga de la ley que impide los desalojos y exigir “una solución de fondo” para el campesinado: acceso al agua, salud, mejoras de caminos, insumos (en tiempo y cantidad suficiente) para fortalecer la producción y políticas activas para frenar el éxodo rural. Lograron que la legislatura provincial extienda el freno a los desalojos hasta 2013, pero no tuvieron respuesta al resto de los pedidos.
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