Más violencia contra campesinos

A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario. Ayer a la mañana, en el norte provincial, dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacados por cuatro personas armadas que pretendían ingresar al campo comunitario. “Mis viejos nacieron ahí y vienen estos sinvergüenzas y quieren hacer negocios con nuestra tierra. No los vamos a dejar, aunque tengan a los políticos y la policía de su lado”, advirtió Ariel Palacios desde Salta, donde fue trasladado con un traumatismo de cráneo y donde su hermano, Néstor Palacios, permanecía internado con un disparo en el pecho. El Mocase acusó del hecho a funcionarios municipales. El Comité de Emergencia, ámbito oficial de la Jefatura de Gabinete provincial, había alertado sobre los conflictos en la zona.

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El crimen que fue anunciado

Un organismo oficial había advertido sobre desmontes irregulares y creciente violencia en el lugar donde luego asesinaron al campesino Cristian Ferreyra. El Mocase acusa al gobierno provincial de no tomar medidas pese a ser alertado.

El gobierno de Santiago del Estero fue alertado por un organismo oficial, en agosto pasado, de la presencia de “40 personas” armadas que “amenazan” a la población rural del paraje San Antonio, donde tres meses después fue asesinado el campesino Cristian Ferreyra. El alerta partió del Comité de Emergencia (organismo de la Jefatura de Gabinete) el 12 de agosto hacia la Dirección de Bosques (del Ministerio de Producción) y también le advirtió que “un plan productivo” (autorizado por Bosques) era el motivo del conflicto territorial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) había denunciado tres veces el mismo hecho (en marzo, junio y agosto), pero tampoco obtuvo respuesta del gobierno.

ONU: “El Gobierno debe dar mayor prioridad a los derechos humanos de los pueblos indígenas”

Nota no aceptada I

El Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Confirmó el incumplimiento de la normativa que protege los derechos indígenas, denunció la “inseguridad jurídica” respecto a los territorios y alertó sobre las consecuencias de las industrias extractivas.

Por Darío Aranda

“El Gobierno debe dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas (…) Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, afirmó la más alta autoridad en materia indígena de Naciones Unidas, James Anaya, luego de recorrer durante once días comunidades originarias de Argentina. Organismos de derechos humanos, que propiciaron su visita al país, entregaron un informe donde denuncian que “los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.

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COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE PAGINA12

La asamblea de trabajadores de Página12 repudia la censura en los artículos de nuestro compañero Darío Aranda sobre el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, militante del Mocase-VC de Santiago del Estero. En dos notas consecutivas, la primera sobre el crimen y la segunda sobre la marcha de repudio, el diario eliminó los párrafos que informaban que el gobernador de la provincia donde se produjo el asesinato se llama Gerardo Zamora, se define como un “radical K” alineado con el gobierno nacional, y que no se pronunció sobre un hecho de innegables connotaciones políticas ni respondió a los llamados del periodista. Esos datos elementales, que con ningún justificativo se pueden dejar de informar a los lectores, fueron eliminados de las crónicas sin avisarle al periodista ni retirarle su firma.

Darío es un periodista que recorre el país para cubrir sin intermediarios las luchas de campesinos e indígenas. Sus investigaciones sobre los conflictos derivados de la expansión de los agronegocios, el atropello de los derechos de las comunidades que habitan sus tierras desde tiempos ancestrales y la complicidad de autoridades políticas y judiciales han sido tapa de PáginaI12 durante años. Su compromiso y honestidad le han valido el respeto no sólo de las organizaciones a las que supo hacer visibles, sino también de sus compañeros y de los lectores.

Su situación laboral, sin embargo, es de absoluta precariedad: trabaja desde hace siete años como “colaborador”, sin garantías de estabilidad, sujeto al humor de la empresa, con pagos que en el último año promedian poco más de 500 pesos, costeando los viajes de su bolsillo o con la ayuda de organizaciones campesinas. Por tratarse de un “caso testigo” de precariedad y maltrato, sus compañeros de PáginaI12 solicitamos a la empresa el pase a planta permanente de Darío Aranda, porque entendemos que esa es la solución. Con eso, además, se garantizará que pueda seguir aportando su experiencia y sus conocimientos en los temas de su especialidad, pero a cambio de un sueldo digno, como corresponde a todo trabajador.

También queremos dejar sentado que  exigimos que de ahora en más no se repitan hechos de esta naturaleza y en el caso de que algún editor modifique el contenido de las notas contra la voluntad del periodista, se respete el derecho básico a retirar la firma.

Asamblea de Trabajadores de Página 12

24 de Noviembre de 2011.

Carta de adhesiones por situación en Página12

«Repudiamos la censura que sufrió el periodista Darío Aranda el sábado 19 de noviembre en el diario Página12.

Expresamos nuestra preocupación ante posibles represalias laborales contra su persona, ya que conocemos su trayectoria, honestidad intelectual y compromiso con las luchas más urgentes de esta coyuntura. 

Estaremos alerta ante cualquier medida que la empresa periodística pudiera tomar contra él.»

Enviar adhesiones a: comisioninternadepagina12@gmail.com  y darioaranda@yahoo.com.ar

Firmas:  

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“Asesinado por el agronegocio”

Campesinos y organizaciones sociales urbanas exigieron justicia por Cristian Ferreyra, militante del Mocase asesinado por defender el territorio.

“Asesinado por el agronegocio. Cristian vive, la lucha sigue”, resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), donde militaba Ferreyra, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires el vocero del MNCI, Adolfo Farías, fue explícito: “Hacemos público que vamos por el Gobernador, es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño”. También hubo marchas en Santiago y Córdoba.

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