Jul 17, 2011 | General
En los últimos días, dos hechos se sumaron al incremento de la violencia contra campesinos e indígenas.
El viernes 8 de julio, a 250 kilómetros de la capital santiagueña, en La Overa, familias del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacadas por un grupo de diez personas que, según la organización, responden a un empresario que pretende desmontar las parcelas campesinas para sembrar soja. El mismo grupo había atacado, en diciembre de 2010, a familias del paraje El Simbolar, también en el departamento de Alberdi. En ambos casos se denunció a los agresores, pero no hubo detenidos.
También el viernes 8, pero a 80 kilómetros de Bariloche, siete personas armadas atacaron el loft mapuche Loncón, robaron animales y amenazaron con volver si la comunidad permanece en el lugar.
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Una lucha que llegó a la ONU
Jul 4, 2011 | 2011, General
Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.
Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
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Jul 4, 2011 | General
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. “En estos meses hemos relevado más conflictos que ya están en proceso de análisis y seguramente aumentarán las hectáreas en disputa”, adelantó Roberto Larrea, presidente de la Redaf, y remarcó que, aunque el informe sólo aborda la realidad del Chaco argentino, “es un proceso que se da en todo el país”. Afirmó que la cifra aumentará geométricamente si se suman los conflictos con las mineras, las petroleras y los del pueblo mapuche en la Patagonia.
Larrea afirma que la conflictividad rural aumentó, pero también resalta que en la actualidad los conflictos son más visibles que antaño por la existencia de organizaciones de base “que resisten y defienden del territorio”. “Aumentó el nivel de violencia hacia campesinos e indígenas, y también aumentó el nivel de impunidad de quienes provocan esos hechos de violencia”, afirmó Larrea.
La Redaf no es optimista. “Hoy todos los candidatos hablan de ‘la Argentina potencia agroexportadora’, ‘que hay que alimentar al mundo’ con el modelo tecnológico actual. Y si traducimos eso, implica el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes y más de este modelo que está generando conflictos y muerte.”
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La pelea por los territorios
Jun 15, 2011 | 2011, General
La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año.
“Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.
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Jun 15, 2011 | General
El endosulfan fue creado en 1950, es el insecticida más vendido en Argentina y suele utilizarse con un agrotóxico de mayor prensa y similares cuestionamientos: el glifosato. La utilización de ambos ya tuvo fallos adversos de la Justicia. En febrero pasado el Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de Santa Fe dejó firme una sentencia que limitó su utilización en la localidad de San Jorge. Lo mismo dictaminó la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Chaco, en marzo pasado, en la localidad de La Leonesa. En ambos casos se remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras).
La reciente Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo no es la primera del organismo que alerta sobre el peligro de los agrotóxicos. En noviembre pasado emitió la Resolución 147/10, en la que solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implica alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas y barrios.
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Un freno para el agrotóxico
Jun 7, 2011 | 2011, General
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
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