Disparar al agronegocios

Disparar al agronegocios

El 68 por ciento de la tierra cultivada de Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transformó en un símbolo de la lucha: disparó con su escopeta contra un tractor fumigador. Entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico.

Desde San Benito, Entre Ríos

entre rios - julio ariza - en bajaVida de campo. Cría de animales, quinta para autoconsumo, siesta y aire puro. Julio Ariza tuvo veinte años de vida tranquila en San Benito (Entre Ríos). Hasta que la agricultura “moderna” se instaló en el campo vecino. Soja, maíz y más soja. Y, claro, agroquímicos. Fumigaciones con avión, luego con tractor (esos que tienen largos brazos rociadores y se los llama “mosquito”). Sobrevinieron la muerte de animales. Primero los chanchos, las crías nacían con malformaciones, las preñadas sufrían abortos espontáneos. La principal fuente de ingreso de la familia comenzó a quebrarse.

Hablaron con el vecino. No hubo solución. Fueron al Municipio e hicieron la denuncia policial. Tampoco hubo respuesta.

Lo volvieron a fumigar, con viento hacia la casa (y al corral). Al día siguiente encontró más animales muertos. Veía con impotencia cómo se perdía el sustento familiar.

Visualizó el mosquito con agroquímicos, otra vez fumigando hasta el borde de su campo. Fue al interior de la vivienda. Agarró la escopeta y caminó despacio hasta el alambrado. Nunca en sus casi 70 años había hecho algo semejante, pero no lo dudó. Apuntó y apretó el gatillo. 37 perdigones dieron en la cabina del tractor. Ya nada volvió a ser igual.

Fue denunciado por el productor sojero y sindicado como un “símbolo de la violencia” por los promotores del agronegocios (desde empresarios y funcionarios, hasta medios de comunicación y vecinos). Y, en el otro extremo, recibió la solidaridad de las víctimas de los agroquímicos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales.

En Entre Ríos el 68 por ciento de la tierra cultiva tiene soja transgénico. Julio Ariza tiene dos certezas: no utilizará agrotóxicos y no se irá de su campo.

Vida tranquila

-¿Cuánto hace que viven acá?

-Vivíamos en la ciudad (Paraná). Soy perito mercantil, tenía oficina contable y fui martillero público. En 1992 vinimos acá. Nos entusiasmó vivir en el campo tranquilo, sano, respirar aire puro. Y luego comenzamos a pensar que también podíamos vivir del campo. Son 7 hectáreas y media. Poco después comenzamos a producir.

-¿Qué producían?

-Comenzamos con una chancha con cría y tres lechones. Teníamos cero experiencia, con corrales muy modestos, hecho con palos, sin puerta. Luego fuimos mejorando. También tuvimos cabras, ovejas y hasta alguna vaca. En un momento hicimos cuentas y llegamos a la conclusión de que con cinco chanchas puede vivir una familia como la nuestra, con producción propia. Y a un vecino le cedíamos parte de la tierra para producción de girasol, avena, alfalfa y de ahí sacaba el alimento para los chanchos. Compramos libros, estudiamos y todo fue prueba y error.

-¿Y cuánto llegaron a tener?

-Hicimos la chanchería con tablas de madera y techo de chapa. Y llegamos a quince madres y 100 lechones. Vivíamos tranquilos. Nuestro plan era tener 21 madres. Con eso podíamos vivir bien dos familias y hasta tener un empleado.

-¿Cuándo comenzaron los problemas?

-En 2006 sacaron todo una franja de monte que había entre el campo del vecino y nosotros. Y el mosquito pasaba y fumigaba. De a poco dejaron de verse las anguilas, tortugas, bichos que siempre hubo. Y un día no se preñaron las chanchas. Algo pasaba. Al poco tiempo, aparecen diez chanchitos muertos y chanchas con abortos. ¿Qué pasó? Recordamos que había fumigado, con viento, y con olor amargo que no llegó hasta la casa.

-¿Qué hizo?

-Fui a hablar con el vecino (Sergio Plez). Le dije si no será el glifosato el problema. Y él me fue sincero. Me dijo que podía ser, que el mosquito fue en día equivocado y fumigó con viento.

-¿Acordaron algo?

-Le dije de buscar la forma de arreglar. “Vos no va a ser más pobre ni yo mas rico por diez chanchos. Arreglemos”. Le propuse. Pero nunca quiso. Y siguió fumigando.

-¿Y qué pasó?

-Al tiempo vino la veterinaria a atender a una chancha preñada y sacó dos lechones con malformaciones. Ahí fui e hice la denuncia porque nos seguía fumigando, no respetaba la ley de agroquímicos que pone un límite para no fumigar, que sea un día sin viento, que tenga que notificar y cuente con orden y control de un agrónomo. Hice denuncia en la policía y el municipio.

-¿Y qué respuesta tuvo?

-Ninguna. Cuando desde el Juzgado llamaron al veterinario dijo que era por los agroquímicos. Y está probado que fumigó con un 250 por ciento más de lo recomendado. Eso figura en la receta del ingeniero agrónomo de ese día.

Modelo

-¿Sabe que químico usó?

-Glifosato, 2-4d y atrazina. El 2,4d es un veneno terrible. Agarré el instructivo de uso y entendí todo lo que nos pasaba. Tiene consecuencias en la salud y el ambiente. Está prohibido en un montón de países.

-¿Conocía de agroquímicos?

-No sabía mucho, pero acá se utiliza mucho y había escuchado cosas. Pero cuando pasó esto me puse a estudiar. He leído mucho, imprimí más de 2500 páginas y usé mucho internet, hasta tesis doctorales que explican los efectos del glifosato y otros químicos. Está probado que tiene efectos en ambiente y personas.

-¿Cómo es el modelo productivo en la zona?

-Acá en San Benito la mayoría hace soja. Todos usan glifosato. Los jueces lo saben pero no hacen nada.

-Ante sus reclamos. ¿Qué respuesta tuvo?

-La Secretaría de Producción nos toma de imbécil. Dice que no hace nada. ¿Por qué mienten? He leído mucho. No soy ni médico, ni ambientalista, pero sé que esto envenena y dentro 30 años no va a crecer nada.

-¿No se considera ambientalista?

-No lo soy. Los admiro porque son pacíficos. Se paran, reparten volantes. Van mil personas y son felices. Van dos personas y son felices. Yo no soy así. Pero les agradezco mucho el apoyo que me dieron.

-¿Y el rol del Poder Judicial? (en la actualidad mantiene una denuncia penal contra su vecino por contaminación y daño a la propiedad; y una causa civil por daños y perjuicios por la mortandad de aves y cerdos, y daños en la salud de la familia)

-Los jueces acá están comprometidos con el modelo sojero, o presionados, o no saben o… son estúpidos (sonríe). También hay que decir que acá no se denuncia las fumigaciones porque son todos parientes, o empleados, pero hay muchos afectados. Y así sigue la cadena y cada día usan más venenos.

Disparo

-¿Qué pasó en febrero de 2011?

-Veníamos viendo cómo se morían los animales, que la Justicia no hacía nada, que perdíamos nuestra forma de subsistencia. Y encima eso.

-¿Qué es eso?

-En febrero de 2011 fue cuando entró el mosquito (tractor fumigador) a las 7.30 de la mañana. Y me dije “este tipo está loco. ¿Qué hace?” Vi que estaba por fumigar y bue… agarré la escopeta. Caminé despacio, pensando qué hacer… Si tiro al aire se me ríe. Le tiro al tanque y hago desparramo. Le tiro a la cabina y se caga bien cagado. Y me dije que tenía pararlo ese día o no lo paraba más.

-¿Y qué hizo?

-Disparé. Le tiré a la cabina.

-¿Qué pasó?

-Le hice 37 agujeros. Tenías que ver al tipo (aplicador) el susto que tenía. Se fue.

-¿Y luego?

-Me denunciaron por abuso de arma de fuego. Ahí sí que actuó rápido la Justicia (se ríe). Vino el secretario del Juzgado a hacer allanamiento. Si fuera delincuente, escondía el arma y no la encontraban nunca. Pero no soy delincuente. Le di el arma y le conté cómo fue todo y los años que venía denunciando que me fumigaban.

-¿Siguieron las fumigaciones?

-El tipo se emperró en fumigar. Aparecía el mosquito, yo llamaba a la policía y dejaban de fumigar. Y yo no tenía ni una gomera… (sonríe). ¡Y no vas a creer que él contrató a policías para que lo custodien!

-¿Pudo hablar con el productor?

-Otro día quiso fumigar, con escribano, policías, todo. Nos encontramos ahí en la calle. Y ahí le dije, con la policía adelante, la próxima vez no le voy a disparar un tiro al que fumiga, sino a vos. Entro, te busco y te cago de un tiro a vos.

-¿Le respondió algo?

-Me dijo que me sabía capaz de eso pero que no me iba a dar plata. Y ahí nomás le dijimos que no queríamos plata, sino los animales, para seguir trabajando. Queremos los animales y que respete la ley cuando usa venenos. Alguien lo tiene que frenar o esto termina para la mierda.

Más muertes

-¿Luego sucedió lo de las gallinas?

-Con mi hijo que estudia para ingeniero agrónomo escribimos un proyecto muy detallado para cría de gallinas. Obtuvo el crédito de 10.800 pesos. Hicimos el galpón, comedero, bebedero y 500 gallinas, con apoyo del INTA y del municipio de Oro Verde. Venía todo muy bien, engordaban bien.

-¿Y qué sucedió?

-Las fumigaciones. Primero las gallinas dejaron de poner huevos. Llamé al INTA y no sabían qué pasaba. Hasta que un día fue la peor. Estábamos sentado acá y sentimos el olor amargo, fuerte. Mi esposa corrió a cerrar todo y yo me quedé acá, ya está, preparémonos para lo peor.

-¿Qué pasó?

-Algunas murieron ese día y el siguiente. Comenzaron a actuar raro, caminaban muy poco y se tiraban y quedaban al sol, como los perros. Y las gallinas no son así, andan siempre caminando. Y después sí, comenzaron a morir de a 50 por día. Era terrible. Estaba el campo alfombrado de gallinas muertas. Perdimos toda la producción.

-¿Pudieron acordar con el vecino algún arreglo?

-No hubo nada. Le dijimos que deje de fumigar. Y lo denunciamos.

-¿Cómo los afectó la muerte de los animales?

-Nos arruinó. No sacaron la forma de subsistencia. Mi hijo comenzó a cortar el pasto, hacer jardines, se la rebuscó. Y perdimos nuestro trabajo.

Propuesta

-Ustedes tienen una propuesta de otro modelo productivo.

-Hay que buscar cordones verdes. Los pueblos tienen que tener un ingeniero agrónomo, veterinario, cordones verdes y galpón como feria. Podemos producir alimentos sanos. Que los otros si quieren se sigan envenenando, pero que no nos impongan su basura a nosotros.

-¿También está pensando otra alternativa?

-(Sonríe) Estoy buscando el amaranto (planta que resiste al glifosato y que incluso puede avanzar sobre la soja o el maíz transgénico).

-¿Para qué?

-Si no nos dejan de envenenar los voy a bombardear con amaranto. Les voy a arruinar la cosecha. Será la venganza del amaranto.

Libertad

-¿Cómo sigue hoy su vida?

-Queremos volver a producir. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Chanchos, gallinas, incluso conejos. No me voy a ir de acá.

-¿Muchos vecinos se fueron?

-Muchos se van. La gente vieja queda viuda, y arriendan. Les hacen soja y ellos se van a una departamento a Paraná. A nadie le importa si el que se queda acá se muere. Los viejos mueres y los hijos venden. Así es que se acaban los productores chiquitos. Pero esos tipos no saben que nuestros nietos van a comer soja, más soja y luego ya no van a comer nada, porque esto va a ser arena, tierra. Y van a estar todos envenenados. Pero yo no me voy.

-¿Por qué?

-Soy vasco. Ojo, no es que tengo apellido vasco. Yo me críe y pienso como vasco. Luego de cierta edad, ahora, casi 70 años, soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El Pueblo Vasco lucha por libertad. Los vascos llegaron a esa tierra antes que los españoles, antes que los catalanes. Y se les quita la tierra. Como acá sucede a los charrúas, a los mapuches. ¿Por qué te cuento esto? Porque este tipo me robó la libertad… la libertad de caminar en el campo, de tener animales, pero sabés qué… ese hombre se equivocó de campo, de vecino, de lugar, de todo. Como buen vasco, no me voy a retirar de esta batalla… la lucha continuará hasta el sol se apague.

 

* Por Darío Aranda. Publicado en el Periódico de la CTA de Marzo de 2015.

«No experimenten más con nuestro pueblo”

«No experimenten más con nuestro pueblo”

Expertos que investigan el impacto en los humanos del herbicida se mostraron conformes con que la Organización Mundial de la Salud lo haya calificado de “probablemente cancerígeno”, aunque advirtieron que es una medida “tardía”. Quejas de Monsanto.

glifosato - fumigacionesLa Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. Y afirmó que produce daño genético en humanos. Organizaciones sociales y científicos independientes sin vinculación con las empresas dieron la bienvenida a la decisión de la IARC-OMS. Monsanto, la creadora y mayor productora de glifosato, acusó a la Agencia de la OMS de hacer “ciencia basura”. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina se fumigan con el agrotóxico.

Luego de un año de trabajo de 17 expertos científicos de once países, el máximo espacio para el estudio del cáncer de la OMS categorizó al glifosato (el agroquímico más utilizado del mundo, pilar del modelo transgénico) en la segunda categoría más alta vinculada a la enfermedad: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer”, pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.

Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A” (segundo en una escala de 1 a 5), que significa para la OMS: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. La IARC-OMS afirmó que el herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (tiene relación directa con el cáncer y malformaciones) y detalló que se detectó glifosato en agua, alimentos y en sangre y orina de humanos.

Rafael Lajmanovich es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral, investigador del Conicet y cuenta con más de 85 investigaciones sobre agroquímicos. “La comunidad científica internacional advierte desde hace años, con estudios, que el glifosato en carcinogénico. Es bueno que la OMS lo haya reconocido”, evaluó. Y, a modo de ejemplo, precisó las pruebas: “La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (conocida como Medline) cuenta con más de 500 trabajos científicos sobre la toxicidad del glifosato”.

Fernando Mañas integra el Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace nueve años que investigan el efecto de los agroquímicos, realizaron más de quince publicaciones científicas y confirmaron la relación entre glifosato y el daño genético, que conlleva a mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “La reciente clasificación que la IARC-OMS es consecuencia de la creciente evidencia científica que se ha generado por diversos investigadores independientes. Esta evidencia, hasta el momento deliberadamente ignorada, implica que se han utilizado millones de litros de un herbicida con potencial carcinogénico con las regulaciones propias de una sustancia prácticamente inocua”, cuestionó el doctor en ciencias biológicas. Denunció que durante dos décadas poblaciones enteras fueron “sometidas” a exposiciones crónicas del plaguicida “basado en criterios elaborados por las mismas empresas que producen y comercializan” los agrotóxicos.

El glifosato se utiliza en los campos con soja transgénica, maíz, girasol, algodón, cítricos, manzana, pera, membrillo, vid, yerba mate, pinos y trigo. Más de 28 millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores del herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Según la última estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año.

Raúl Horacio Lucero (biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, con sede en Chaco) y Damián Verzeñassi (Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario) estudian el impacto de agroquímicos desde hace más de una década. Confirmaron malformaciones y cáncer (entre otras consecuencias). Coincidieron en lo tardío de la clasificación de la AIRC-OMS, pero al mismo tiempo señalaron lo importante de que, en una escala de cinco, lo hayan clasificado en la segunda categoría de productos cancerígenos. Ambos investigadores instaron a la aplicación “urgente” del principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.

Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, explicó que, por la nueva clasificación, “el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos y hoy prohibido) y el formaldehido, ambos miembros del Grupo 2A”.

Monsanto, la mayor corporación del agro y productora de glifosato, respondió con violencia inusitada a la agencia de la OMS. “Monsanto está en desacuerdo con la ciencia basura”, inicia el comunicado enviado por Victoria Manny, jefa de Asuntos Gerenciales. La gacetilla de la compañía, firmada por Robb Fraley, director de Tecnología de la compañía, reconoce: “Estamos indignados. El proceso de evaluación de la IARC no es transparente y su decisión es irresponsable”. Monsanto acusó de “sesgada” la evaluación y denunció a los expertos de no basarse en “ciencia de calidad”.

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Organizaciones sociales

La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), integrada por 23 organizaciones de todo el país, aseguró que es una “práctica empresaria común” afirmar la inocuidad de un producto, utilizarlo y años después reconocer sus perjuicios. Citaron como ejemplos al endosulfan y al DDT. “Las compañías argumentan que no está demostrado que causa daño y los funcionarios de los gobiernos niegan las evidencias de científicos independientes”, denunciaron y reclamaron como “imperioso” en viraje a un modelo productivo sin agrotóxicos.

La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal) instó a aplicar la legislación vigente (“principio precautorio”) para limitar de inmediato el uso del glifosato y llamó a los ministerios de Agricultura, Salud y a la Secretaría de Ambiente a tomar medidas urgentes para “proteger la salud y prohibir el uso del herbicida”. Sofía Gatica, de la organización Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba), recordó que los niños mueren a pequeña edad y sufren discapacidad. “¿Por qué la OMS esperó tanto para reconocer lo que hace el glifosato?”, preguntó y afirmó: “No pueden jugar con la vida de nuestros hijos. No experimenten más con nuestro pueblo”.

 

* Por Darío Aranda. Publicada el 31 de marzo de 2015 en el diario Página12.

“Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales»

“Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales»

Fernando Barri, de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, asegura que las causas de la catástrofe cordobesa “no son naturales sino políticas”. Las consecuencias del desmonte y el desmanejo ambiental en la provincia.

inundaciones-en-cordoba en bajaOnce muertos, más de 2000 evacuados, 500 mil hectáreas anegadas y millones de pesos en pérdidas materiales. Es lo padecido de Córdoba luego de la inundación de las últimas semanas (la situación se repitió en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe). El gobierno de Córdoba responsabilizó a la naturaleza y el gobernador, José Manuel de la Sota, afirmó que se trató de un “tsunami” que provino del cielo. Organizaciones sociales e investigadores afirmaron todo lo contrario, que influyó la acción del hombre y los intereses económicos. Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la cátedra de Problemática Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet. “Estamos pagando las consecuencias de las malas políticas ambientales de los gobiernos”, afirmó el investigador y destacó dos actividades principales: el desmonte por el corrimiento de la frontera del agronegocio y la especulación inmobiliaria con los barrios cerrados. La necesidad de un ordenamiento territorial participativo.

–¿Por qué se inundó Córdoba?

–Córdoba está en una crisis ambiental muy seria. Agudizada en las últimas décadas por el avance de la frontera agropecuaria y urbana, que la han debajo sin la vegetación nativa que evita o mitiga este tipo de fenómenos climáticos extremos (lluvias torrenciales).

–¿Cómo la vegetación podría haber mitigado la inundación?

–Las sierras de Córdoba con su vegetación nativa son como el tanque de agua natural de la población. Cuando llueve, en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son toboganes, el agua escurre rápidamente, se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía.

–¿Cómo fue devastada la vegetación?

–Los últimos gobiernos provinciales han permitido el avance de los intereses económicos particulares, sobre todo en zona de llanura por los agronegocios y en la zona serrana por los intereses inmobiliarios, con un boom de barrios cerrados. Esas zonas son importantes para presentar el efecto esponja, que se pierde. Y genera catástrofes como la que se ha vivido en Córdoba, con costos económicos, sociales y pérdida de vidas.

–¿En que momentos históricos se arrasaron los montes?

–En los últimos veinte años ha habido un descontrol y desmanejo absoluto en lo que hace a política ambiental.

–¿Cuánto incide el desmonte por el agronegocio?

–Córdoba es una de las provincias de mayor tasa de deforestación. Buena parte en zona de llanura, norte y noroeste, por el modelo agropecuario. Y es lo que explica las inundaciones en zonas llanas.

–¿Qué dice el gobierno?

–El gobierno hace oídos sordos a las voces de académicos, universidad y organizaciones sociales. Es dramático escuchar a funcionarios insistir en que fue una catástrofe natural. Ellos permitieron que avanzaran los grupos económicos sabiendo que ésta sería una de las consecuencias. Las causas de la tragedia de Córdoba no son naturales sino políticas.

–¿Hubo advertencias de que podía pasar una inundación de este tipo?

–Había muchos estudios que preveían esto. Estudios de riesgo, de deforestación y geomorfológicos que nunca fueron tenidos en cuenta.

–¿Se puede repetir la inundación y sus consecuencias?

–Soy pesimista por la reacción del gobierno, que no muestra interés en un cambio y esconde responsabilidades. Soy medianamente optimista por las reacciones de vecinos, que están comenzando a organizarse y se muestran firmes para evitar loteos y desmontes.

–¿Ve similitudes con otras provincias que están sufriendo lo mismo? (Tucumán, Santa Fe. Santiago del Estero).

–Este es un fenómeno que los argentinos vamos a tener que prever y acostumbrarnos. Tiene relación con el cambio climático global, que es modelo de desarrollo imperante en el planeta y que también tiene relación directa con los intereses económicos. La región del centro de Argentina será cada vez más húmeda y con eventos climáticos extremos más repetitivos. Antes pasaban cada 30 años, ahora cada cinco y puede llegar a suceder cada dos o un año. Si a eso se le suma una región que ha sido devastada, que no tiene la capacidad de amortiguar esa lluvia, la situación empeorará. Hay que dar un giro de timón urgente.

–¿Cómo?

–Hay que preservar lo poco que queda de vegetación y administrar de forma racional para brindar servicios ecosistémicos a la población.

–¿De qué manera?

–Es imprescindible realizar un ordenamiento territorial participativo en todas las regiones del país. Debiera ser un mapa de cada región, priorizando criterios sociales y ambientales. Definir dónde se van a desarrollar actividades productivas, dónde infraestructura, dónde urbanizaciones y dónde se deben preservar los sistemas naturales. Hoy existen muchos barrios cerrados y mucha soja, y sólo se tuvo en cuenta el criterio económico. Y eso nos ha llevado a la devastación ambiental actual que sufren muchas regiones del país.

–¿En algún lugar se hizo un ordenamiento territorial como el que propone?

–La verdad que no. En la Argentina prima el factor económico por sobre lo social y ambiental. Es urgente comenzar a revertir eso.

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Ley del desmonte

Usted fue parte de una comisión oficial que intentó frenar los desmontes en 2010. ¿Cómo fue esa experiencia?

–La Cotbn (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) trabajó durante dos años, debatió un proyecto de ley de modo muy participativo. Estaban el sector académico, político, social, campesino. Era amplio y se presentó un proyecto en 2010 consensuado, entre muchos sectores, para proteger lo poco que quedaba de bosques.

–¿Y qué sucedió?

–El gobierno de Córdoba lo ninguneó. Y de la noche a la mañana votaron otra ley (9814), a pedido de sectores del agro, que fue bautizada la “ley del desmonte”, porque facilitó la devastación de los bosques de la provincia.

–¿Ve relación entre ese hecho y la inundación actual?

–Tiene mucho que ver. Si se hubiera adoptado la propuesta de la Cotbn, que se desechó para favorecer a sectores inmobiliarios y del agro, se podrían haber amortiguado las consecuencias del temporal reciente. Muchos sectores del agro que impulsaron esa ley hoy tienen sus campos inundados.

 

* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de marzo de 2015 en el diario Página12.

«Le sacan territorios a los indígenas para entregárselos a las multinacionales»

«Le sacan territorios a los indígenas para entregárselos a las multinacionales»

Comunidades indígenas de Formosa marcharon por las calles de Buenos Aires. Entregaron petitorios en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional y en la Casa de Gobierno. Si no hay respuesta en 72 horas, cortarán la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Foto: Resistencia Qom

Foto: Resistencia Qom

Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.

Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.

Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.

Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.

Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Acampe
Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.

Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.

Qopiwini
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tiene tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.

Desde 2013, Félix Díaz redobló la recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.

Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.

“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.

Acampe II
El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.

Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.

Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.

Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.

Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.

10 M
No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.

La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.

A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).

La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.

Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.

Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.

Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.

Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.

Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.

Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.

El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.

Poder Legislativo
Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.

Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.

Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.

Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.

Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.

Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.

Poder Ejecutivo
El sol del mediodía ya castigaba duro. Se nota deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.

Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.

Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.

La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.

Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.

Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.

Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios. Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar.

* Por Darío Aranda. Publicado el 11 de marzo de 2015 en comambiental.com.ar

Una barrera a los camiones

Una barrera a los camiones

Villa la Angostura movilizada por un proyecto vial. Pasarán 12.000 camiones por mes y cambiará la vida de la ciudad.

angostura sin camionesEn la localidad de Villa La Angostura (Neuquén) no hay minería, ni pasteras ni represas, pero está a un paso de transformarse en una ciudad movilizada por una lucha socioambiental y en defensa de su perfil turístico. Se debe al intento de construcción de una obra vial que implicaría el paso de 400 camiones por día (12 mil por mes). Organizaciones sociales y vecinales denuncian la falta de estudio de impacto ambiental, advierten que afectará reservorios de agua y, sobre todo, afirman que la obra cambiará “drásticamente la forma de vida del lugar”. El tema de fondo: el trazado de un paso bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.

Villa La Angostura está ubicada en el oeste de Neuquén, a 90 kilómetros al norte de Bariloche por la Ruta Nacional 40 y 100 kilómetros al sur de San Martín de los Andes. La ruta atraviesa el centro mismo del casco urbano y los camiones son uno de los problemas identificados desde hace décadas por la población y las autoridades municipales.

Solicitan la construcción de una ruta de circunvalación para el tránsito pesado, que pase por fuera del casco urbano. En 2013, Vialidad Nacional, provincia y municipio presentaron un megaproyecto de seis kilómetros que contempla cuatro carriles, puentes, rotondas y una infraestructura mucho mayor a la requerida. “Cuando vemos el plano parece que quieren hacer la avenida General Paz o la Panamericana en Villa La Angostura”, señaló Patricio Raposo, de la organización Vecinos Autoconvocados Angostura Sin Camiones.

El proyecto prevé desmontar más de 3000 árboles autóctonos, con un gran movimiento de suelo en una zona frágil y de derrumbes. Y se afectará dos mallines (especie de humedal que recarga las napas subterráneas, mitiga inundaciones y purifica el agua, entre otras funciones). El estudio de impacto ambiental (realizado por la consultora Ungaro, Ale Ortiz Ingenieros Asociados SA) reconoce el gran impacto ambiental, pero no detalla cómo se mitigarán. Los Vecinos Autoconvocados detectaron irregularidades típicos del copiar/pegar informes de otros emprendimientos. El más notorio, cuando se indica media docena de veces que “se respetarán las leyes ambientales de Córdoba” (no de Neuquén).

Cuestionan también el “corredor bioceánico”, impulsado por cámaras empresarias y el gobierno de Río Negro, para el paso de camiones desde el este de Argentina, que atraviesa toda la provincia de Río Negro hasta Bariloche y asciende por Neuquén (vía Villa La Angostura) hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré. “El informe para la construcción de la ruta de circunvalación reconoce que la dimensión obedece al bioceánico para cargas pesadas”, afirmó Gerardo Ghioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura.

El camino turístico que une Bariloche y Angostura tiene una extensión de 80 kilómetros, paisajes de postal, lagos, curvas y contracurva. “Turismo sí, camiones no”, es la consigna de los vecinos de Villa La Angostura. Afirman que, de construirse el corredor bioceánico, el hoy camino turístico por excelencia de la región mutará a una ruta atestada de camiones, con hasta 400 camiones por día. Los vecinos argumentan con una pregunta retórica: “¿A qué turista le agrada estar dos horas detrás de un camión?”

Ghioldi remarcó que la localidad vive del turismo y, con la gran cantidad de camiones, “cambiará su forma de vida”. Al momento de pensar el peor de los escenarios (construcción de la mega ruta de circunvalación y el corredor bioceánico), comparó: “El rechazo será mayor al de Gualeguaychú con las pasteras. Todo el pueblo saldrá a la calle”.

La propuesta de los vecinos, apoyada por distintos dirigentes políticos de Neuquén, es construir un circunvalación simple y que el corredor bioceánico de camiones sea por el Paso Pino Hachado (más al norte, cercana a la localidad de Las Lajas).

El intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, llamó a audiencia pública, por la ruta de circunvalación, para el 20 de febrero. Pero las organizaciones denunciaron que faltaba el estudio de impacto ambiental. La audiencia pública fue suspendida a pedido de Vialidad Nacional, que explicó que aún faltaban estudios requeridos a la Universidad Nacional del Comahue. Fijó nueva fecha para el 6 de abril.

La primera semana de febrero se realizó en la ciudad la Fiesta Nacional de Los Jardines. El día de desfile de carrozas los vecinos marcharon con pancartas de rechazo al bioceánico y a la planificada circunvalación.

Angostura Sin Camiones sugiere la realización de talleres participativos donde se informe el proyecto de ruta de circunvalación, pero también el proyecto macro (bioceánico) y propone un proyecto alternativo, con estudios multidisciplinarios y que priorice el perfil turístico y el ambiente de la localidad.

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La ciudad que avanzó sobre un pueblo originario

El gobierno nacional entregó en 1902 a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi. Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. Durante todo el siglo XX creció la ciudad y, al mismo tiempo, les fue arrebatada la casi totalidad de su territorio a las familias mapuches. La cronología está detallada en el libro Historias de las familias Mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo (compilado por la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer). El proyecto de ruta de circunvalación tampoco respetó los derechos indígenas, que contempla la consulta libre, previa e informada por cualquier emprendimiento que pudiera afectar a las comunidades originarias.

La comunidad Paichil Antriao, reorganizada en 2003, sostiene en la actualidad reclamos territoriales en el cerro Belvedere, donde sufrió represiones e intentos de desalojo. Están denunciados por usurpación del territorio donde siempre vivieron y, en paralelo, tramita una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de marzo de 2015  en el diario Página12.

Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) mantuvo un corte de ruta en reclama del cumplimiento de sus derechos. Y mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de compromisos que habían asumido Nación y Provincia.

acampe_qom_bsas_01Dos semana de acampe qom en Buenos Aires y un mes de corte de ruta en Formosa (que acaba de levantarse). Es la situación de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), que reclama el cumplimiento de los derechos indígenas, que se los consulte para realizar obras en la comunidad y exigen justicia por la represión de 2010 (en la que asesinaron al qom Roberto López). El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, denunció a los indígenas: “Son holgazanes con fines políticos”. Félix Díaz, autoridad electa por votación de la comunidad, afirmó que “en cuatro años no se cumplió ninguno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo (con Nación y Provincia)”. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La lista de reclamos qom incluye la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad), el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–), justicia por la represión de 2010 y asistencia sanitaria.

El 26 de enero comenzó el corte de la ruta nacional 86. El motivo que aceleró la decisión fue la llegada de maquinarias y cuadrillas de obreros. El Gobierno señaló que construirían viviendas. La legislación nacional e internacional obliga a los Estados a consultar y a tener el consentimiento de los pueblos indígenas por cualquier actividad que pudiera afectarlos. Félix Díaz y las autoridades de la comunidad (el Consejo de Ancianos, de Mujeres y de Jóvenes) exigieron que se cumpla el derecho a consultar a la comunidad. Afirman que las obras de la Provincia tienen como destino a los punteros políticos y provocarán la división de la comunidad.

El 11 de febrero se vivió el momento de mayor tensión en el corte de ruta. El titular del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Hugo Arsenio Arrúa, trasladó en camiones a integrantes de la misma comunidad para romper el piquete. “Quieren hacernos pelear entre nosotros”, lamentó Félix Díaz.

Amnistía Internacional emitió un comunicado. Explicó que el corte de ruta se debe a que “reclaman por susderechos y las promesas incumplidas del Gobierno” y recordó la represión del 23 de noviembre de 2010: “Este hecho no puede volver a ocurrir”. Amnistía solicitó que se cumpla la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2011), que obliga a proteger la integridad de los qom.La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) visitó la comunidad, se reunió con la jueza federal Claudia Fernández (interviene en la causa) y también alertó sobre la violencia contra los indígenas.

Ante la falta de respuesta, el 14 de febrero, Félix Díaz volvió a acampar en la ciudad de Buenos Aires. Como en 2010, se instaló en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Mantiene la misma lista de reivindicaciones que hace cuatro años. Reclama diálogo con el Gobierno y que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 ante la Mesa de Garantes (Centro de Estudios Legales y Sociales, APDH, Amnistía y Serpaj, entre otros).

Díaz y Laureano Sanagachi (segunda autoridad qom), brindaron una conferencia de prensa en la APDH. Repasaron los hechos de violencia impunes y resaltaron que quieren las obras, pero con participación de la comunidad y sin manejos de los punteros políticos. Nora Cortiñas afirmó: “Los derechos humanos son los del pasado y los del presente. Nuestros hijos luchaban para que estas injusticias no pasen”.Sobre la represión de 2010, Díaz recordó que “todos los policías fueron absueltos y sólo los qom estamos imputados”. Afirmó que la nueva estrategia del gobierno provincial es encabezada por el funcionario provincial Arrúa y los pastores evangélicos. “Les hacen una iglesia a cada uno que le obedece y les dan planes sociales para repartir”, denunció.

El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, suele actuar como vocero del gobierno provincial. Arremetió contra el corte de la ruta: “Es una acción planeada y creada por holgazanes con fines políticos”. Responsabilizó a Félix Díaz por cualquier “altercado” que pudiera producirse y lo acusó de ser “autor de un delito federal” (por cortar una ruta nacional).

El 26 de febrero, el Ministro de Gobierno, Jorge Abel González (mano derecha del Gobernador), y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, recibieron una delegación de Potae Napocna, acompañada por la APDH, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les entregaron las carpetas técnicas con información de las obras. El 28 de febrero, la comunidad qom anunció que levantaba el corte mientras analizaba las carpetas técnicas, reclamó que no intervengan los punteros políticos e informó que el acampe en Buenos Aires se mantiene hasta que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 en la Mesa de Diálogo (con Nación, Provincia y organismos de derechos humanos como veedores).

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Apoyos

Entre las primeras en apoyar a Félix Díaz en el acampe en Buenos Aires sobresalen Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la APDH, el Serpaj y la organización Resistencia Qom, entre otros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de la Iglesia Católica, visitó el acampe el 21 de febrero y emitió un comunicado. Exigió el “cese inmediato de las persecuciones y despojos territoriales”, reclamó la “urgente” aplicación de la Ley 26.160 (dispone el relevamiento de los territorios indígenas) y demandó el “juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de muertes y ataques a miembros de comunidades indígenas, en particular el de Roberto López, asesinado por fuerzas de seguridad en noviembre de 2010”. Está firmado por la coordinadora de Endepa, María Josefa Ramirez, y el obispo Ángel José Macín.

También visitaron y apoyan el acampe la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y el Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom (Facultad de Agronomía de la UBA), que trabaja junto a La Primavera desde 2011.

* Por Darío Aranda. Publicado el 3 de marzo de 2015 en el diario Página12.