Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

Corte de ruta en Formosa y acampe en Buenos Aires

La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) mantuvo un corte de ruta en reclama del cumplimiento de sus derechos. Y mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de compromisos que habían asumido Nación y Provincia.

acampe_qom_bsas_01Dos semana de acampe qom en Buenos Aires y un mes de corte de ruta en Formosa (que acaba de levantarse). Es la situación de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), que reclama el cumplimiento de los derechos indígenas, que se los consulte para realizar obras en la comunidad y exigen justicia por la represión de 2010 (en la que asesinaron al qom Roberto López). El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, denunció a los indígenas: “Son holgazanes con fines políticos”. Félix Díaz, autoridad electa por votación de la comunidad, afirmó que “en cuatro años no se cumplió ninguno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo (con Nación y Provincia)”. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

La lista de reclamos qom incluye la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad), el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–), justicia por la represión de 2010 y asistencia sanitaria.

El 26 de enero comenzó el corte de la ruta nacional 86. El motivo que aceleró la decisión fue la llegada de maquinarias y cuadrillas de obreros. El Gobierno señaló que construirían viviendas. La legislación nacional e internacional obliga a los Estados a consultar y a tener el consentimiento de los pueblos indígenas por cualquier actividad que pudiera afectarlos. Félix Díaz y las autoridades de la comunidad (el Consejo de Ancianos, de Mujeres y de Jóvenes) exigieron que se cumpla el derecho a consultar a la comunidad. Afirman que las obras de la Provincia tienen como destino a los punteros políticos y provocarán la división de la comunidad.

El 11 de febrero se vivió el momento de mayor tensión en el corte de ruta. El titular del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Hugo Arsenio Arrúa, trasladó en camiones a integrantes de la misma comunidad para romper el piquete. “Quieren hacernos pelear entre nosotros”, lamentó Félix Díaz.

Amnistía Internacional emitió un comunicado. Explicó que el corte de ruta se debe a que “reclaman por susderechos y las promesas incumplidas del Gobierno” y recordó la represión del 23 de noviembre de 2010: “Este hecho no puede volver a ocurrir”. Amnistía solicitó que se cumpla la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2011), que obliga a proteger la integridad de los qom.La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) visitó la comunidad, se reunió con la jueza federal Claudia Fernández (interviene en la causa) y también alertó sobre la violencia contra los indígenas.

Ante la falta de respuesta, el 14 de febrero, Félix Díaz volvió a acampar en la ciudad de Buenos Aires. Como en 2010, se instaló en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Mantiene la misma lista de reivindicaciones que hace cuatro años. Reclama diálogo con el Gobierno y que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 ante la Mesa de Garantes (Centro de Estudios Legales y Sociales, APDH, Amnistía y Serpaj, entre otros).

Díaz y Laureano Sanagachi (segunda autoridad qom), brindaron una conferencia de prensa en la APDH. Repasaron los hechos de violencia impunes y resaltaron que quieren las obras, pero con participación de la comunidad y sin manejos de los punteros políticos. Nora Cortiñas afirmó: “Los derechos humanos son los del pasado y los del presente. Nuestros hijos luchaban para que estas injusticias no pasen”.Sobre la represión de 2010, Díaz recordó que “todos los policías fueron absueltos y sólo los qom estamos imputados”. Afirmó que la nueva estrategia del gobierno provincial es encabezada por el funcionario provincial Arrúa y los pastores evangélicos. “Les hacen una iglesia a cada uno que le obedece y les dan planes sociales para repartir”, denunció.

El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, suele actuar como vocero del gobierno provincial. Arremetió contra el corte de la ruta: “Es una acción planeada y creada por holgazanes con fines políticos”. Responsabilizó a Félix Díaz por cualquier “altercado” que pudiera producirse y lo acusó de ser “autor de un delito federal” (por cortar una ruta nacional).

El 26 de febrero, el Ministro de Gobierno, Jorge Abel González (mano derecha del Gobernador), y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, recibieron una delegación de Potae Napocna, acompañada por la APDH, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les entregaron las carpetas técnicas con información de las obras. El 28 de febrero, la comunidad qom anunció que levantaba el corte mientras analizaba las carpetas técnicas, reclamó que no intervengan los punteros políticos e informó que el acampe en Buenos Aires se mantiene hasta que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 en la Mesa de Diálogo (con Nación, Provincia y organismos de derechos humanos como veedores).

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Apoyos

Entre las primeras en apoyar a Félix Díaz en el acampe en Buenos Aires sobresalen Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la APDH, el Serpaj y la organización Resistencia Qom, entre otros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de la Iglesia Católica, visitó el acampe el 21 de febrero y emitió un comunicado. Exigió el “cese inmediato de las persecuciones y despojos territoriales”, reclamó la “urgente” aplicación de la Ley 26.160 (dispone el relevamiento de los territorios indígenas) y demandó el “juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de muertes y ataques a miembros de comunidades indígenas, en particular el de Roberto López, asesinado por fuerzas de seguridad en noviembre de 2010”. Está firmado por la coordinadora de Endepa, María Josefa Ramirez, y el obispo Ángel José Macín.

También visitaron y apoyan el acampe la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y el Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom (Facultad de Agronomía de la UBA), que trabaja junto a La Primavera desde 2011.

* Por Darío Aranda. Publicado el 3 de marzo de 2015 en el diario Página12.

“Los Roca de hoy son las grandes estancias y las transnacionales”

“Los Roca de hoy son las grandes estancias y las transnacionales”

Osvaldo Bayer cumple 88 años. Periodista, historiador y activista. Siempre compañero de las luchas sociales y reivindicador de los pueblos originarios. El anarquismo y la democracia, el Gobierno y el peronismo, Rodolfo Walsh y los periodistas de hoy, el genocidio indígena y el silencio de los organismos de derechos humanos, el pasado y el futuro soñado.

osvaldo bayer - en bajaCamina el país, escribe sobre injusticias y resistencias, acompaña con su pluma a los que luchan. Periodista, historiador, documentalista, anarquista y militante de los derechos humanos. Crítico del poder económico y político, compañero de generación y oficio de Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti. Le duele tanto el genocidio de la última dictadura como el que padecieron los pueblos indígenas. Ni oficialista ni opositor, Osvaldo Bayer, autor del histórico libro “La Patagonia Rebelde”, no le escapa a ningún tema: los organismos de derechos humanos y su silencio ante el padecer indígena, el Gobierno con sus aciertos y errores, el periodismo actual y los caminos posibles, el peronismo, Montoneros, la democracia incompleta y la falsa opción de votar cada dos años.

Su austero departamento en el barrio de Belgrano sobresale desde lejos. Un colorido mural sobre pueblos indígenas en el frente de la casa. Un cartel fileteado en la puerta de entrada avisa “El Tugurio” (nombre propuesto por el también periodista y escritor Osvaldo Soriano). Un pasillo largo, repleto de libros y cuadros. Un pequeño jardín interno, plantas, algún rayo de sol se cuela, y columnas de más libros y diarios.

La tos lo tiene a maltraer. El teléfono no deja de sonar. Atiende. Mira un cuaderno que hace de agenda. Lo invitan a un viaje al sur. Se excusa. Explica que el médico lo instó a dejar las recorridas largas. Le cuentan que se trata del cambio de nombre de una escuela, sacarán el nombre de Roca. Duda unos segundos. Confirma que hará el viaje.

Osvaldo Bayer, nacido en Santa Fe, cumple hoy 88 años.

Kirchnerismo, peronismo y América Latina

-¿Qué opina del Gobierno?

-Es lo mejor de lo peor. Pero realmente para una verdadera democracia falta mucho. Hay niños con hambre y hay villas. No pueden decir que vivimos en democracia.

-¿Cuáles son las acciones del kirchnerismo que reivindica?

-No soy kirchenerista, soy sólo un analista de la realidad, y reconozco que este Gobierno fue capaz de juzgar a militares y mandarlos a una cárcel común. He pasado trece dictaduras. Y siempre los dictadores murieron en sus residencias y cobrando sueldos de generales. Es la primera vez que veo que los dictadores mueren en cárcel común. Lo reconozco como una acción que impulsó el Gobierno, pero no quiere decir que está todo bien. Los pobres siguen igual de jodidos que antes.

-El Peronismo siempre tuvo como bandera la lucha contra la pobreza.

-El peronismo es cambiar algo para no modificar absolutamente nada. Seguimos con el mismo sistema. Los dejan a los pobres de lado. Nunca hubo una distribución justa de la tierra ni de la riqueza. Sí modificó leyes obreras, mejoró la situación de los trabajadores, pero siguió un sistema de clases injusto, con clases altas, medias y luego muchos pobres.

-Muchos gobiernos de América Latina tienen discursos progresistas o de izquierda, pero acentuaron el extractivismo, la minería, la soja, el petróleo. ¿Es una contradicción?

-Lo principal tiene que ser una sociedad en paz, con trabajo, sin pobreza. Y las empresas que explotan recursos naturales nunca trajeron nada de eso. Al contrario. En América Latina hay cada vez villas más grandes.

Walsh y el periodismo actual

-¿Cómo se informa?

-Compro todos los días Página 12 y Clarín. Son dos extremos e intento llegar a la mitad, al equilibrio, donde quizá hay algo de verdad.

-¿Qué opina de la Ley de Medios?

-Me alegró mucho la sanción de la ley, pero hasta ahora se hizo muy poco. Los medios de comunicación deben ser de las organizaciones sociales, que representen intereses sociales, cooperativas de periodistas. Y no de capitales extranjeros o grandes empresas nacionales como La Nación o Clarín. Se tienen que impulsar medios en manos de los trabajadores, que traten información desde distintas miradas.

-¿Cuáles son sus referentes en periodismo?

-Fui compañero de muchos grandes referentes. Paco Urondo, Haroldo Conti, Walsh. Somos de la misma generación. Hicimos cosas para que la prensa sea de cooperativas de periodistas, con ideologías distintas. Por eso luchamos mucho y no lo logramos. Las pocas cooperativas de periodistas de nuestra época tuvieron poca vida, pero ese es un camino que hay que seguir intentando.

-A Walsh usted lo describe como “el escritor sin medallas”. ¿Por qué?

-Nunca se le dio un premio en vida. Walsh sí que era un periodista de  línea independiente, escribía sobre lo que sentía, fue un mártir de la libertad de prensa. Siempre se manejó con libertad, no perteneció a partidos políticos… entró en Montoneros, para mí una equivocación. Pensó que se iba a llegar a la revolución. La última vez que lo vi le dije que me sorprendía que “vos que siempre fuiste marxista te hayas hecho peronista”. Me respondió: “No te equivoques. Sigo siendo marxista, pero el pueblo es peronista”. Le dije que el pueblo era peronista, pero no los iba a acompañar. Él tenía confianza en que el pueblo seguiría a Montoneros en la revolución.

-En la actualidad muchos reivindican a Rodolfo Walsh, pero al mismo tiempo pueden ser condescendientes con el poder económico o con el  poder político.

-Intentan quedar bien. Saludan a un luchador como Walsh pero no hacen nada para seguir ese ejemplo, ni en la vida privada ni en el periodismo. Walsh siguió una línea heroica. Escribía terriblemente bien, podría haber ganado mucho dinero escribiendo libros, pero prefirió luchar junto al pueblo. Pocos siguen ese ejemplo.

Roca

-El año pasado se cumplieron 100 años de la muerte de Roca y desde muchos sectores lo reivindicaron. Usted tiene otra evaluación de Roca.

-Tuve una discusión por radio y TV con el historiador Félix Luna, sobre Roca. Hablé del genocidio con los pueblos originarios. Roca propuso el exterminio de los pueblos originarios. Un genocidio que aún no fue juzgado. Hay que llamar a un congreso de historiadores y juzgar. Félix Luna se molestó mucho. Dijo que “está bien, habrá matado algunos miles de indios, pero hizo muchas cosas, el edificio de Obras Públicas, Casa de Gobierno, muchas medidas de bien para el país”. Le dije que es lo mismo que cuando hablan mal de Hitler porque mató seis millones de judíos, pero hizo autopistas y en Alemania había pleno empleo. Es exactamente lo mismo, pero claro… eran indios… Lo que vale en la vida es la ética.

-¿Por qué se lo sigue reivindicando a Roca?

-Benefició a los poderosos. La Campaña del Desierto fue por iniciativa de la Sociedad Rural, está todo en sus propias actas. Cofinanció la Campaña del Desierto, cuatro pesos por hectárea. Después de la Campaña se repartieron 40 millones de hectáreas entre 3.800 estancieros. De ahí viene el poder. Esa acción se suele juzgar como un hecho progresista y no como una verdadera masacre de indios. Nunca se enseñó que Roca y el presidente Avellaneda restablecieron la esclavitud, que había sido abolida por la Asamblea de 1813. Eso no se puede negar. Está en todos los diarios de Buenos Aires de aquellos años. Decía en enero de 1879: “Hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo solicite se entrega un indio varón como peón,  una china como sirvienta y un chinito como mandadero”. Hasta impusieron la esclavitud de los niños.

-Pasó más de un siglo. ¿Por qué el Gobierno no habla del genocidio indígena?

-Se pondría en contra de una fracción poderosa de la Argentina. El poder económico defiende a Roca.

-Usted es uno de los impulsores de retirar las estatuas de Roca. ¿Cómo está esa campaña?

-Somos muchos los que exigimos que se retiren las estatuas de genocidas, pero los gobiernan se oponen. Macri se opone, es de derecha. En Bariloche no son del Pro pero tampoco quieren tocar a Roca. Y el gobierno nacional se calla la boca, no interviene.

-¿Por qué?

-Porque no quiere meterse en la discusión.

-¿Quiénes son los Roca de hoy?

-Los Roca de hoy son las grandes estancias y las empresas  transnacionales.

Pueblos indígenas y derechos humanos

-Suele decir que los indígenas eran anarquistas. ¿Por qué?

-No tienen sentido de la propiedad. Todo es de todos. Alsina, Ministro de Defensa del presidente Avellaneda, decía que era imposible enseñarles el derecho a la propiedad. No tienen sentido de la propiedad. Toman de la naturaleza lo necesario para vivir, pero es de todos. Y no toman más de lo necesario. Los indios resolvían todo entre todos, en asamblea. Eso es anarquismo.

-¿Cómo ve hoy a los pueblos indígenas?

-Los veo mejor que décadas atrás, pero no gozan de todos los derechos constitucionales. Formosa es un claro ejemplo. Se sigue talando bosques donde ellos han vivido durante siglos, se los persigue, están en constante peligro.

-Se avanzó mucho en la denuncia de los derechos humanos violados en la última dictadura. Pero no en los derechos indígenas…

-No se avanzó en nada. No se les da valor a los pueblos originarios, no se les reconoce nada.

-¿Por qué?

-Los argentinos están acostumbrados a no reconocerles nada a los pueblos indígenas. Desde el origen de la Argentina, se los echó de todos lados, nunca se les reconoció nada. Roca pareciera un héroe para muchos argentinos, siguen creyendo que la Campaña del Desierto fue un progreso.

-¿Qué responsabilidad tiene la sociedad?

-Todos miran para otro lado. Formosa es el ejemplo. El Gobernador les quita la tierra, les hace juicios y nadie dice nada. La Corte Suprema se calla la boca, el Gobierno, la Iglesia lo mismo. Y las organizaciones de derechos humanos no intervienen porque son indígenas.

-¿Por qué cree que muchas organizaciones de derechos humanos no se involucran con la violación de derechos de pueblos indígenas?

-No hay explicación. No se entiende el silencio de muchos organismos de derechos humanos.

-¿Conoce a Félix Díaz?

-Me considero amigo de él. Tengo el mejor de los conceptos sobre Félix. Lo he visto en asambleas de su pueblo, es un ser muy querido, vive muy humildemente. No ha pactado con políticos y lucha por su pueblo. Es una gran persona.

Anarquismo y democracia

-¿Qué es ser anarquista hoy?

-Es soñar con un socialismo en libertad. Repartir las riquezas del mundo, cuidarlas para las generaciones futuras, gobernar con mayorías de asambleas, con voz y voto de todos. No es democracia un papelito en la urna cada dos años. Las grandes medidas deben ser con la participación de todos. Tener mandatarios pero no más de un año de mandato y que vuelvan a sus trabajos. Y sean reemplazados por otros.

-¿Por qué no vota?

-No tiene sentido votar. ¿A quién votamos? Se reparten el poder, acá entre radicales y peronistas. Pueden ser más conservadores o más de izquierda, pero son los mismos. Llamaría a todos a no votar.

-¿Cómo evalúa la democracia actual?

-Tenemos la libertad del papelito en la urna, pero es una sociedad con mucha injusticia. Basta ver la Villa 31 en Retiro. La falla de la democracia queda a la vista en las villas y en la pobreza. Y también los contrastes, ves Barrio Norte y parece otro mundo.

-¿Qué futuro sueña?

-Sueño con un socialismo libertario. Una sociedad sin clases ni pobreza. Ninguna dictadura, ni siquiera la del proletariado. Es un sueño… y en la vida hay que luchar para  lograrlos. En eso estamos.

* Por Darío Aranda. Publicado el 18 de febrero de 2015 en comabiental.com.ar

Lucha mapuche en el sur

Lucha mapuche en el sur

Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.

lucha mapuche en el sur - en bajaSin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.

El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.

El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.

En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.

A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.

“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.

El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.

En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.

Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.

Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.

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Diario Río Negro

“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.

La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.

“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.

* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.

Catamarca movilizada contra la megaminería

Catamarca movilizada contra la megaminería

Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.

catamarca no a la mina - en bajaAndalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.

El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.

En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.

En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.

En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.

“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).

Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo

(que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.

La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.

El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.

“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.

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El informe ambiental

El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Minera Alumbrera tiene más de 500 carillas. Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, estudió el IIA y destacó que sólo hay una descripción de la flora, fauna, el aspecto económico y social, pero no hay nada respecto de las consecuencias de la actividad minera. “Además de la falta de audiencia, algo obligatorio por ley, no se analiza el impacto que tendrá todo el proceso minero, y tampoco está la evaluación que debiera haber hecho el organismo de control estatal sobre el documento presentado por la empresa”, explicó. El investigador Fernando Berdugo definió el informe como un “disparate total”. Señaló que ni siquiera precisa dónde está el yacimiento a explotar y la compañía lo describe como una “ampliación de Alumbrera” cuando en realidad se trata de yacimientos distintos. “La empresa debe presentar informes de impacto ambiental de exploración, prospección y explotación, pero no presentarán el impacto de la explotación porque dicen que ya lo hicieron por Alumbrera. Un disparate”, afirmó. Y cuestionó que en el informe haya participado la empresa Corplab. “Hay conflictos de intereses. Se trata del zorro cuidando a las gallinas”, denunció.

* Por Darío Aranda. Publicada el 26 de enero de 2015 en el diario Página12.

Desmontes y genocidio indígena

Desmontes y genocidio indígena

Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.

desmontes y genocidio - en bajaEn Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.

La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.

Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.

La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.

En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.

Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.

En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.

La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.

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Denuncia en Chaco

En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.

La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.

El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.

* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.

Otra muerte qom en Formosa

Otra muerte qom en Formosa

otra muerte qom - en bajaEl pueblo qom de Formosa comenzó 2015 con otra muerte. Sucedió en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Un adolescente de 17 años, Esteban Medina, fue encontrado muerto al costado de la ruta 86. “Hacemos un grito desesperado de ayuda a todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas estas cosas inhumanas que nos hacen”, pidió Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad. El gobierno provincial lo acusó de “fantasear persecuciones”. En los últimos cuatro años hubo diez muertes qom en La Primavera y una docena de hechos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó la medida cautelar que obliga al Estado a proteger a los integrantes de la comunidad.

Esteban Rolando Medina fue encontrado muerto el sábado 3 de enero. Estaba a la vera de la ruta 86, en la zona de conflicto territorial con familias criollas y cerca de donde también habían encontrado muerta a su tía, Norma Artaza, el 12 de diciembre pasado. La policía caratuló la muerte como “paro cardíaco”. Félix Díaz aseguró que “siempre las muertes qom son por paro cardíaco o accidente de tránsito” y precisó que “nunca dejan que haya peritos por parte de la comunidad” en las autopsias. La comunidad cuestionó que no se continuara con la investigación judicial de las muertes qom.

Dos semanas antes, el 22 de diciembre, una asamblea qom había declarado el estado de alerta y movilización por la falta de respuesta de la provincia por la ocupación que realizó un criollo (de apellido Saucedo) en tierras de la comunidad. Además de usurpar tierras qom, lo denuncian por continuos hechos de violencia contra los integrantes de La Primavera. La asamblea qom barajó la posibilidad de realizar el desalojo de criollos ellos mismos. Pero, para evitar una escalada de violencia, volvieron a hacer el reclamo al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para que cumpla con el compromiso de reubicar al criollo.

En la asamblea también se denunció la muerte, el 12 de diciembre, de la qom Norma Artaza, encontrada sin vida a la vera de la ruta 86, frente al campo en disputa con la familia criolla Celía. La comunidad explicó que la policía sostuvo que fue “muerte natural” y que el acta de defunción precisa “broncoaspiración e ingesta alcohólica”. Félix Díaz denunció que la mujer tenía golpes en el rostro y remarcó que no cree en la “misma policía que nos reprimió” (el 23 de noviembre de 2010).

El 29 de diciembre, el nuevo comunicado qom alertaba: “Crítica inseguridad en nuestra comunidad”. Señalaba la presencia de criollos (precisaron nombres y apellidos) armados que ingresan al territorio con complicidad política, cortan árboles, roban y faenan animales. Denunciaron el ataque al hijo de menor de Díaz (Rolando), que fue golpeado y sus ropas tajeadas con cuchillos. Y alertaron sobre disparos por la noche, cerca de la zona en conflicto con los Celía.

Responsabilizaron por la violencia a la “manipulación política del gobierno provincial” y la complicidad de la Gendarmería y la policía. La comunidad precisó que habían informado la situación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que lleva las causas judiciales de la comunidad, a la Defensoría General de la Nación y a Julián Langevín (defensor oficial ante la Corte Suprema). “Nos preocupa este silencio, nos genera mucho miedo. Queremos que la Justicia funcione, que nuestras denuncias no sean un mero documento que se firma y se deja archivado hasta que haya otra muerte”, dijo Félix Díaz.

La respuesta provino del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González. Acusó a Díaz de “fantasear persecuciones” y argumentó que se trata de “hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar”.

Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015). Son algunas de las muertes sucedidas en La Primavera en los últimos cuatro años. En todos los casos hubo dos versiones contrapuestas. El gobierno de Formosa habló de accidentes de tránsito y causas naturales. La comunidad qom dio otra versión: “atentados” y “abandono” por parte del Estado. Desde que el conflicto territorial tomó repercusión nacional también hubo una docena de agresiones a miembros de la comunidad que reclaman sus derechos territoriales.

El Grupo de Estudio y Trabajo Junto a las Comunidades Qom (de la Facultad de Agronomía de la UBA) realizó una denuncia pública el 5 de enero. Confirmaron las agresiones con la comunidad y la destrucción de obras que los universitarios realizaron en La Primavera. “Nos solidarizamos con la comunidad qom, repudiamos la situación de violencia e inseguridad y exigimos se tomen efectivas medidas para una urgente solución”, reclamaron. El 5 de enero, el CELS informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó la vigencia de una medida cautelar para proteger la vida de los habitantes de la comunidad qom. Fue una respuesta al pedido del Estado, que había solicitado el levantamiento de la protección a los qom de La Primavera.

* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de enero de 2015 en el diario Página12.