Abr 24, 2010 | General
Las provincias mineras por excelencia son Catamarca y San Juan. En un segundo nivel, pero con aspiraciones de ser líderes, aparece Jujuy, que fomenta la actividad minera y la considera uno de los pilares de su “desarrollo”. Cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación (El Aguilar y Pirquitas) y exploración de uranio en la zona de la Puna y la Quebrada. También cuenta con decenas de organizaciones sociales que rechazan la actividad minera a gran escala. Entre sus argumentos señalan la polémica experiencia de Minera Alumbrera en Catamarca, la contaminación en Abra Pampa por desechos mineros e investigaciones del fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
“Los valores de plomo, cinc y cadmio que llegan por el dique de colas al río Grande se encuentran por encima de los límites permitidos y la propia empresa reconoce que dicho impacto es permanente, irreversible y severo. Con respecto a la afectación del suelo, la propia compañía Mina Aguilar reconoce en su informe que la misma es permanente, irreversible, irrecuperable y crítica en la zona del dique de colas”, afirma el fiscal Gómez, y detalla que, en lo referente a metales pesados presentes en agua, “la misma minera en su informe de impacto ambiental de 2001” dice que el río Grande cuenta con niveles de plomo 50 veces superiores a lo permitido. El fiscal remarca que la contaminación del agua, con 50 veces más de plomo, se comprobó en el pozo de la escuela Casa Grande.
En cuanto al rol de los organismos provinciales de control, el fiscal concluye: “Los informes presentados por la empresa siempre son aprobados, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente”.
El fiscal también investigó la situación de los yacimientos Orosmayo-Pirquitas, donde aportó registro de fotos, relatos, denuncias de vecinos afectados e incluso análisis realizados por el Ministerio de Salud de Jujuy. También recogió un estudio del jefe del Area de Ingeniería de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, ingeniero Daniel Crespe: “La explotación aurífera se realiza en el interior del cauce del río Orosmayo sin la debida autorización y contralor de la Dirección de Recursos Hídricos, habiendo quedado diversos sectores del río totalmente destruidos, convertido en una sucesión de pequeñas represas, con la consiguiente disminución del caudal del mismo, afectando a los usuarios aguas abajo. Se modificó sin autorización la morfología del cauce”, detalla el informe oficial.
A pedido de comunidades indígenas afectadas, el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán puntualizó violaciones ambientales en siete emprendimientos mineros durante 2007 y 2008. Elevó las actuaciones preliminares, y las pruebas, a los fiscales de Jujuy, que pueden actuar de oficio. “Los fiscales federales no avanzaron con las investigaciones, a pesar de las pruebas. Es evidente la desidia de la Justicia por no abordar las consecuencias de las mineras”, afirmó Chalabe, abogada de los vecinos de Tilcara.
Un caso testigo de la acción minera de Jujuy es lo sucedido en Abra Pampa, una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.
Nota principal:
Nace un megaproblema para la megaminería
Publicado en Página 12 el 24 de Abril de 2010.
Abr 24, 2010 | 2010, General
El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
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Abr 22, 2010 | General
Amnistía Internacional asegura que los avances legales no fueron de la mano de un cambio en las condiciones de existencia de los pueblos originarios y detalla que en los últimos cinco años hubo un “notable crecimiento” de las denuncias de desalojos y de intentos de despojo de los bienes naturales. “El común denominador de muchas violaciones es el privilegio de intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras sobre los derechos de las comunidades indígenas a mantener sus tierras ancestrales”, explica AI.
La ley 26.160 prohíbe los desalojos y ordena el relevamiento territorial de todas las comunidades. “Diversos casos ocurridos en todo el país durante los últimos tres años demuestran que las órdenes de desalojo siguen expidiéndose. En el caso de Formosa, los avances en la implementación de la ley son prácticamente inexistentes”, asegura el informe, que será presentado públicamente hoy a las 11 en el Centro Cultural General San Martín.
Amnistía explica que las experiencias y luchas del pueblo pilagá “son en cierto modo similares a los de otros pueblos indígenas de la Argentina”.
Nota Principal :
Una histórica discriminación
Publicado en página 12 el 22 de Abril de 2010.
Abr 22, 2010 | 2010, General
Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una “sistemática violación” de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.
“Exigimos respeto” es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe “la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas”. Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia “la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas”. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
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Mar 29, 2010 | General
La Municipalidad de Andalgalá pidió en 2007 a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que hiciera un análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Agua Rica. La intención era apurar la aprobación de Agua Rica, que estaba demorada. Pero los consultores de la UNT cuestionaron el informe de la empresa. El estudio se llamó “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” y fue presentado en julio de 2008. Abundan los cuestionamientos técnicos, pide numerosos modificaciones, insta a la realización de nuevos estudios y recomienda que, de mantenerse como está, el proyecto sea desestimado. A pesar de todo, la provincia dio luz verde al emprendimiento. La Unidad de Gestión Ambiental (UGAP) es un organismo dependiente de la Secretaría de Minería. En octubre de 2008, el jefe de la UGAP, Jorge Eremchuk, reconoció que el proyecto tenía “tres puntos críticos” (no precisó cuáles) y se negó a aprobar el Informe Ambiental de Agua Rica. Al día siguiente, el secretario de Minería, José Sinner, lo echó de su puesto.
Por los cuestionamientos al Informe Ambiental, Agua Rica funcionó a paso lento. Era imprescindible esa aprobación para comenzar la construcción. El 17 de marzo de 2009, la compañía anunció que echaría personal, se declaró en “stand by” y dejó trascender la noticia de que, de no obtener vía libre en breve, se retiraría del emprendimiento. Dos días después, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el cuestionado Informe de Impacto Ambiental y autorizó el avance minero.
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Contra el Bicentenario
Un plebiscito para decidir el futuro
Agua en peligro
Nota Principal:
Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
Publicado en Página 12 el 29 de Marzo de 2010.
Mar 29, 2010 | General
La megaminería a gran escala requiere para su funcionamiento enormes cantidades del líquido. Y Andalgalá es testigo de ese monumental uso: Minera Alumbrera cuenta desde hace trece años con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, 66.000 litros por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El nuevo yacimiento, Agua Rica, ya comenzó con las obras de infraestructura y se ubica en la cima de las montañas donde nacen los ríos que alimentan de agua a las ciudad. La compañía descarta que exista riesgo hídrico.
El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Según la OMS, una personas necesita 50 litros diarios para satisfacer sus necesidades. Agua Rica consumirá, por día, el equivalente a lo que utilizan 680 mil personas.
En 2007, la sede local del INTA pidió que el Congreso nacional “establezca zona de exclusión minera a todos aquellos sitios emplazados en las nacientes de las fuentes hídricas y de aguas que abastecen a la población, como es el caso de Agua Rica en Andalgalá”.
Hernán Vera, de Yamana Gold, afirmó que el uso de agua “será mínimo, existe un permiso por 390 litros por segundo, pero no se usarán más de 250”. “No hay riesgo alguno de falta de agua”, dijo y aseguró que “una chacra de 250 hectáreas usa la misma cantidad de agua que requerirá Agua Rica”.
Horacio Machado Aráoz es magíster en Ciencias Sociales e investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso. Junto a un grupo de profesionales estudió el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica. “La propia empresa reconoce que ‘la cantidad de agua superficial disminuirá’.” El investigador cita textual la promesa de la empresa: “Si se detectan cambios atribuibles al proyecto en la disponibilidad del agua, la compañía construirá pozos para reemplazar las fuentes de agua y comprometerá a los usuarios a planificar una estrategia de manejo de agua”.
Subnotas:
Un estudio con dudas
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Contra el Bicentenario
Un plebiscito para decidir el futuro
Nota Principal:
Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
Publicado en Página 12 el 29 de Marzo de 2010.
