Leyes para incumplir

A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro Crónicas de la resistencia Mapuche, un completo relato histórico del investigador y periodista Adrián Moyano, da cuenta de que esos incumplimientos son recurrentes a lo largo de la historia. Recuerda la violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con los pueblos indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para avanzar sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades. “Al internarse las tropas de Roca en territorio indígena, varios de esos tratados estaban en vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes”, denuncia. En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi identificó 74 tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos indígenas.

Un sector importante de la clase política consideró que el 1º de noviembre de 2006 era el “día de la reparación histórica”. El Congreso acababa de sancionar la Ley 26.160, que declaraba por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma suspendía los desalojos y comprometía al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente. Tan retrasada estaba la aplicación de la ley que fue prorrogada otros tres años. El noviembre de 2009, el Congreso aprobó que se extendiera el plazo hasta el 2013.

En la actualidad los derechos indígenas constan en el artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango superior a las leyes ordinarias) y una decena de constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

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Un sector organizado, pero atomizado

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La plaza de los pueblos originarios

 

Publicado en Página 12 el 21 de Mayo de 2010.

Un sector organizado, pero atomizado

En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5 millón de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En el país no hay una organización que nuclea a todas las comunidades, ni siquiera existe un organización que reúna a todos los indígenas de una provincia o etnia. Al contrario, en provincias con alta población indígena (Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones o las patagónicas) existen decenas de organizaciones, disputas, divisiones y, en algunos casos, alianzas con gobiernos provinciales o nacional.

Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo reclamos, de distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes de ruta) y en distintos lugares del país, pero nunca una movilización tan masiva y heterogénea había llegado a Buenos Aires.

La marcha no estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en diciembre pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del Gobierno, que acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social y desde Radio y Televisión Argentina (RTA). Pero una división entre organizaciones significó el retiro del apoyo económico a la marcha.

El otro sector, llamado Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, reúne a una decena de organizaciones, sí cuenta con el respaldo del INAI y también fue recibido ayer por la Presidenta, que realizó junto a ellos un acto en el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al gobierno nacional, enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje central de todas las comunidades indígenas del país.

Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina “el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos”. Participan organizaciones sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán y Formosa. También estará la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) y la mayor parte de los reclamos pasan por el rechazo a las industrias extractivas y el papel del Gobierno.

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Leyes para incumplir

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La plaza de los pueblos originarios

 

Publicado en Página 12 el 21 de Mayo de 2010.

La plaza de los pueblos originarios

Los reclamos principales fueron por tierras y el rechazo a industrias extractivas. Fueron recibidos por CFK.

Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban “anuncios concretos a las históricas demandas”.

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En marcha por una reparación

Comunidades indígenas de todo el país llegan hoy a Plaza de Mayo con reclamos históricos: tierras, proteger su cultura y frenar el avance de las industrias extractivas. Habrá un acto y serán recibidos por la Presidenta.

Será la mayor marcha indígena que haya ingresado alguna vez a Buenos Aires. Y llegará con un reclamo histórico, tan antiguo como la conformación del Estado argentino: tierra para los pueblos originarios. Tres columnas provenientes de distintos rincones del país se encontraron ayer en Campana, luego de ocho días de marcha, y se dirigirán hoy hacia la Plaza de Mayo, donde también exigirán detener los desalojos, el freno a los desmontes y la extracción de los recursos naturales, derogar las leyes mineras de la década del 90, el cumplimiento del derecho a ser consultados sobre acciones que los involucran y el efectivo cumplimiento de las leyes que los asisten. Está confirmado que la Presidenta los recibirá y, luego de miles de kilómetros de marcha, esperan anuncios significativos.

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Una voz de peso científico

Responsable del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Especializado en bioecología y ecotoxicología de anfibios, es licenciado en biodiversidad y doctor ciencias naturales. Investigador del Conicet, tiene 45 años, hace trece que aborda el tema agroquímicos y cuenta con 85 publicaciones científicas. De perfil muy bajo, pidió expresamente que se cite a su equipo de trabajo: Paola Peltzer (doctora en ciencias naturales), Andrés Attademo (doctor en biología), Mariana Cabagna (bioquímica), Celina Junges (licenciada en saneamiento ambiental), Laura Sánchez (bióloga), Clarisa Bionda (licenciada en biología), Agustín Bassó (estudiante de biodiversidad). Lajmanovich es uno de los investigadores que más estudiaron el efecto de los agroquímicos en Argentina, y su voz aún no había sido escuchada fuera del ámbito académico.

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“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”

 

“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”

El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”

El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.

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