May 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en Buenos Aires.
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, llegó a argumentar una “cuestión cultural”1 y hasta culpar a la comunidad que, según su apreciación, tenía responsabilidad por no dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. No mencionó la palabra desnutrición.
El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política”2 contra el Gobierno y aseguró que «Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina».
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición (en Pichanal, Salta). El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014, pero no fueron difundidos por el Gobierno. La secretaria de Salud de la provincia, Cristina Lobos, lo justificó: “El Ministerio de Salud no es un obituario”3.
Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Dorita Fernández tiene 36 años, wichí de la localidad de Pichanal (departamento de Orán, al norte provincial). Es docente bilingüe y trabaja junto a promotores de salud. “Aún hay muchos chicos desnutridos en toda esta zona. No tienen acceso a alimentos ni agua, tampoco les llegan medicamentos y atención de salud como debe ser. En el verano se agrava por el calor, menos agua, menos alimentos y todo sigue igual”, lamenta Fernández.
Precisa que cuando el tema llegó a los medios, llegaron más recursos, pero aún son insuficientes. No alcanzan los medicamentos, la infraestructura ni lo recursos humanos para hacer seguimiento sanitario. “Los políticos dicen que es por nuestra cultura hay desnutrición o enfermedades, pero en mentira. No hay más monte, no hay árboles, no tenemos más frutos ni animalitos que siempre nos dio el monte”, explica.
Estadísticas
El Ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no son públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio. Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial «Mortalidad infantil en Argentina» afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena4, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años5. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
El informe Situación de Salud de la Provincia de Formosa, realizado por la Cátedra de Salud Pública de Universidad Nacional de Formosa en 2014 confirma que la mortalidad infantil de recién nacidos hasta 1 año es más alta en regiones donde está la mayor población indígena: Ibarreta (20,7), Las Lomitas (21,8), Ingeniero Juárez (22), Misión Laishi (25,5).
“Muchas veces el énfasis puesto por las autoridades y la prensa sobre la mortalidad infantil hace perder de vista el hecho de que la vulnerabilidad infantil no acaba al cumplir el primer año de vida; sin embargo muchos de los soportes sociales están asociados a ésta edad y se cortan al cumplir el año de vida. Las condiciones estructurales que determinan la pobreza y la vulnerabilidad social no desaparecen en el soplar de una velita (cuando esta existe)”, advierte el informe de la Universidad Nacional y precisa que, respecto a la mortalidad entre 1 y 4 años de vida, Formosa duplica el promedio nacional.
Si el parámetro es de 1 a 5 años, otra vez los departamentos con mayor población indígena son los que más sufren. Ingeniero Juárez, Ibarreta, San Martín, Las Lomitas y Misión Laishi (entre 25 y 33 muertes por cada mil niños). Muy por encima del promedio nacional (13 por mil6).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Potae
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencia Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida(hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento del Gobierno de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial (personificado en la Corte Suprema) por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
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* Por Darío Aranda. Publicado el 17 de mayo de 2015 en http://www.biophilia-foundation.org/ES/2015/05/17/argentina-profunda/
Abr 23, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de Chubut, sobre la Ruta nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal.
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche. Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia Territorial Indígena).
El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.
El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional”. Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de grandes empresarios.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El Hoyo.
Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie, volviendo a nuestro lugar”, afirmó.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche.
Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton.
En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos”.
Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio. Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.
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Reclamo por agua
La comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de Gan Gan (centro geográfico de Chubut), denunció penalmente al propietario de la estancia Aguada Tibia, Roberto Rial, por el delito de usurpación de agua al desviar un arroyo. “La comunidad se ve afectada desde hace más de dos meses. Los animales no tienen agua. Se torna dramática la situación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que acompaña a los pueblos indígenas. “Esperamos que la Justicia de una vez actúe y podamos volver a ver correr el agua en el arroyo”, reclamó en un proclama pública la comunidad originaria.
La comunidad mapuche-tehuelche Cual pidió soluciones ante la estancia y en la comisaría de Gan Gan, pero no obtuvo respuesta. Endepa denunció la inacción de la Fiscalía de Puerto Madryn y del gobierno de Chubut. “Aquí hay un delito que debe ser investigado y debe ser reparado, porque nuestro derecho al agua está violentado y se pone en peligro la economía y subsistencia familiar”, denunció la autoridad de la comunidad originaria, Gabriela Cual.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de abril de 2015 en el diario Página12.
Abr 17, 2015 | 2015, General, Pueblos Originarios
La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemático para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno Nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta”, explica Félix Díaz, qom de Formosa.
Acampe
El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, también, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010).
Pero se sumaron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.
El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de Formosa había reclamado de ese modo tan lejos de sus comunidades. Recorrieron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recuperado”.
En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y escasos alimentos. “Nuestros hijos toman agua de charcos”, denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, frente a la Corte Suprema de Justicia.
Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: “¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre”. Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: “Le sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales”.
Racismo
Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de verde y su familia. “No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nuestros derechos”, explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
Alegre recuerda que presentaron petitorios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Casa de Gobierno). “Tenemos derechos y queremos que se cumplan”, reclama y recuerda que el gobernador, Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tener una respuesta. “Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.
Voces
Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comunidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le es insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que los obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. “No podemos seguir viviendo así. En injusto”, resume.
Un hombre observa desde lejos. Aparente unos 50 años. Se acerca y presenta. “Castro José. Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa”, dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formosa: “Estamos olvidados”.
Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visita y, cuando lo hacen, prometen mejoras y luego nunca se cumplen. Viven al borde del río Bermejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. También menciona los caminos, donde solo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece que finaliza la lista de derechos incumplidos, agrega otra: la escuela rural no funciona.
Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gobernador y la Presidenta, “pero luego nos olvidan, ni nos miran”.
Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patiño), de 400 familias en 900 hectáreas. Hablar fluido, no le gana la timidez. Lamenta que ya casi dos meses en Buenos Aires y no tienen respuestas. “Solo nos citaron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta”, acusa.
Señala que se están sumando comunidades de Salta, Tucumán y de la Patagonia. “Los indígenas de todos el país estamos pasando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas”, denuncia. Y afirma que en su región están avanzando las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.
Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, “que cumpla las leyes”. Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Buenos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo: “Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros”.
DDHH
El 24 de marzo, en la tradicional marcha por memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue “nunca más”.
Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hombres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste provincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Estaban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. “Nos reprimieron con palos y balas de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos», afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de Formosa.
Esa misma semana se conoció en Formosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organizaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electrónicos que confirman el seguimiento y reportes diarios, al estilo de la dictadura militar, de la policía de Formosa.
Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo.
Los de abajo
El sol se hace sentir en el acampe. Golpea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco litros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta.
Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampantes y bajan bolsones con alimentos. “Fuerza”, los arenga. Y se retira tan rápido como llegó.
En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que avalan sus reclamos. “Por la falta del debido cumplimiento del derecho indígena nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años”. Exigen el respeto al derecho de autodeterminación (su propio gobierno, autoridades y políticas) y el cumplimiento del derecho al “consentimiento libre, previo e informado” para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organización Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: “Pueblo indígena de pie en defensa de sus derechos”.
Algunos transeúntes paran, miran, preguntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de paisaje o, peor, no existiera.
La Wiphala (bandera multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.
“Jamás he sido dura con los de abajo”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 16 de marzo, en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.
Corte
Ante la falta de respuesta, las comunidades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indiferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la medianoche. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta.
Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas manos. Luego en Avenida de Mayo. La policía estaba al tanto y desvía el tránsito.
En Radio Continental (AM 590) la periodista María O’Donnell, cuestiona. “El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo”. En TN, Nelson Castro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar “el derecho de circulación”.
Ninguno de los dos periodistas menciona el motivo del corte. Mucho menos precisa los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la represión del 24 de marzo a los wichí.
Madres y organismos
Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Está sentado en la 9 de Julio, junto a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. “No queremos cortar el tránsito, pero nadie nos escucha”, explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una respuesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básico que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respeto al territorio.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acampe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata, pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: “Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman”. También llegan otras madres, Mirta de Baravalle y Elia Espen. Y Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: “¿Dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Familiares de Desaparecidos? Trabajamos juntos durante casi 40 años por los derechos humanos y ante esto tan grave no aparecen”.
Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno “intenta ignorar” a los pueblos pueblos indígena, pero avisa: “Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigimos que se cumplan”.
* Por Darío Aranda. Publicada en el Periódico VAS en abril de 2015.
Mar 3, 2015 | General, Pueblos Originarios
La comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) mantuvo un corte de ruta en reclama del cumplimiento de sus derechos. Y mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de compromisos que habían asumido Nación y Provincia.
Dos semana de acampe qom en Buenos Aires y un mes de corte de ruta en Formosa (que acaba de levantarse). Es la situación de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), que reclama el cumplimiento de los derechos indígenas, que se los consulte para realizar obras en la comunidad y exigen justicia por la represión de 2010 (en la que asesinaron al qom Roberto López). El defensor del pueblo de Formosa, José Gialluca, denunció a los indígenas: “Son holgazanes con fines políticos”. Félix Díaz, autoridad electa por votación de la comunidad, afirmó que “en cuatro años no se cumplió ninguno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo (con Nación y Provincia)”. Amnistía Internacional solicitó al Estado que proteja la integridad física de la comunidad. Se solidarizaron con los qom la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La lista de reclamos qom incluye la realización del relevamiento territorial (como establece la Ley Nacional 26160, con participación de la comunidad), el reconocimiento oficial a las autoridades votadas por la comunidad (había sido uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior –Félix Díaz fue electo en junio de 2011 con el 62 por ciento de los votos–), justicia por la represión de 2010 y asistencia sanitaria.
El 26 de enero comenzó el corte de la ruta nacional 86. El motivo que aceleró la decisión fue la llegada de maquinarias y cuadrillas de obreros. El Gobierno señaló que construirían viviendas. La legislación nacional e internacional obliga a los Estados a consultar y a tener el consentimiento de los pueblos indígenas por cualquier actividad que pudiera afectarlos. Félix Díaz y las autoridades de la comunidad (el Consejo de Ancianos, de Mujeres y de Jóvenes) exigieron que se cumpla el derecho a consultar a la comunidad. Afirman que las obras de la Provincia tienen como destino a los punteros políticos y provocarán la división de la comunidad.
El 11 de febrero se vivió el momento de mayor tensión en el corte de ruta. El titular del Instituto de Pensiones Sociales de Formosa, Hugo Arsenio Arrúa, trasladó en camiones a integrantes de la misma comunidad para romper el piquete. “Quieren hacernos pelear entre nosotros”, lamentó Félix Díaz.
Amnistía Internacional emitió un comunicado. Explicó que el corte de ruta se debe a que “reclaman por susderechos y las promesas incumplidas del Gobierno” y recordó la represión del 23 de noviembre de 2010: “Este hecho no puede volver a ocurrir”. Amnistía solicitó que se cumpla la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 2011), que obliga a proteger la integridad de los qom.La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) visitó la comunidad, se reunió con la jueza federal Claudia Fernández (interviene en la causa) y también alertó sobre la violencia contra los indígenas.
Ante la falta de respuesta, el 14 de febrero, Félix Díaz volvió a acampar en la ciudad de Buenos Aires. Como en 2010, se instaló en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Mantiene la misma lista de reivindicaciones que hace cuatro años. Reclama diálogo con el Gobierno y que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 ante la Mesa de Garantes (Centro de Estudios Legales y Sociales, APDH, Amnistía y Serpaj, entre otros).
Díaz y Laureano Sanagachi (segunda autoridad qom), brindaron una conferencia de prensa en la APDH. Repasaron los hechos de violencia impunes y resaltaron que quieren las obras, pero con participación de la comunidad y sin manejos de los punteros políticos. Nora Cortiñas afirmó: “Los derechos humanos son los del pasado y los del presente. Nuestros hijos luchaban para que estas injusticias no pasen”.Sobre la represión de 2010, Díaz recordó que “todos los policías fueron absueltos y sólo los qom estamos imputados”. Afirmó que la nueva estrategia del gobierno provincial es encabezada por el funcionario provincial Arrúa y los pastores evangélicos. “Les hacen una iglesia a cada uno que le obedece y les dan planes sociales para repartir”, denunció.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Gialluca, suele actuar como vocero del gobierno provincial. Arremetió contra el corte de la ruta: “Es una acción planeada y creada por holgazanes con fines políticos”. Responsabilizó a Félix Díaz por cualquier “altercado” que pudiera producirse y lo acusó de ser “autor de un delito federal” (por cortar una ruta nacional).
El 26 de febrero, el Ministro de Gobierno, Jorge Abel González (mano derecha del Gobernador), y el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreyra, recibieron una delegación de Potae Napocna, acompañada por la APDH, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les entregaron las carpetas técnicas con información de las obras. El 28 de febrero, la comunidad qom anunció que levantaba el corte mientras analizaba las carpetas técnicas, reclamó que no intervengan los punteros políticos e informó que el acampe en Buenos Aires se mantiene hasta que se cumplan los acuerdos firmados en 2011 en la Mesa de Diálogo (con Nación, Provincia y organismos de derechos humanos como veedores).
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Apoyos
Entre las primeras en apoyar a Félix Díaz en el acampe en Buenos Aires sobresalen Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la APDH, el Serpaj y la organización Resistencia Qom, entre otros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de la Iglesia Católica, visitó el acampe el 21 de febrero y emitió un comunicado. Exigió el “cese inmediato de las persecuciones y despojos territoriales”, reclamó la “urgente” aplicación de la Ley 26.160 (dispone el relevamiento de los territorios indígenas) y demandó el “juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de muertes y ataques a miembros de comunidades indígenas, en particular el de Roberto López, asesinado por fuerzas de seguridad en noviembre de 2010”. Está firmado por la coordinadora de Endepa, María Josefa Ramirez, y el obispo Ángel José Macín.
También visitaron y apoyan el acampe la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y el Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom (Facultad de Agronomía de la UBA), que trabaja junto a La Primavera desde 2011.
* Por Darío Aranda. Publicado el 3 de marzo de 2015 en el diario Página12.
Feb 9, 2015 | General, Pueblos Originarios
Comunidades de Río Negro y Neuquén reclaman contra estancieros que ocuparon tierras que pertenecen a las comunidades. Aseguran que la ocupación se realizó sin orden judicial y en violación a una ley nacional vigente desde 2006.
Sin orden judicial, con violencia y vulnerando leyes nacionales, estancieros en la Patagonia ocuparon tierras de comunidades mapuche. Sucedió en cercanías de Comallo (Río Negro) y de Zapala (Neuquén), donde privados alambraron territorio de las comunidades Mariano Epulef y Cayupán. Un gran trawün (parlamento) de comunidades alertó que “se actualiza el avasallamiento territorial con títulos de propiedad fraudulentos e ilegales”, y denunciaron que se “menosprecia al pueblo mapuche”. La Ley Nacional 26.160, sancionada en 2006, prohíbe el desalojo de pueblos originarios en la Argentina.
El lof Mariano Epulef integra la comunidad Newen Ñuke Mapu (Fuerza de la Madre Tierra) y vive en el paraje Anecón Chico (a 40 kilómetros de Comallo) desde hace 125 años (1890). Sus reclamos formales para el reconocimiento de sus tierras comenzaron en 1927. En 2005 comenzaron a sufrir intentos de despojos por parte de la empresa Las Chinitas SA Agropecuaria, que enarbolaba un supuesto título de propiedad que incluía las tierras mapuche. La comunidad presentó resistencia en el territorio, en oficinas estatales (volvió a exigir que reconozcan el territorio indígena) y en los tribunales. Durante el proceso judicial, la comunidad presentó documentación y pruebas que acreditan la posesión de décadas de la tierra y denunció la ilegalidad del título de propiedad de la sociedad anónima.
El juez de primera instancia (Marcelo Cuellas) y la Cámara de Apelaciones reconocieron la posesión y ocupación del lof Mariano Epulef. La causa está a la espera de sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La comunidad exige que se cumpla la Ley 26.160, que frena desalojos y ordena relevar las tierras de pueblos originarios.
En 2011, el título de propiedad fue adquirido por la Estancia Los Amigos SA, que a su vez pertenece a Invernepa, compañía santacruceña que tiene como accionista al empresario Osvaldo Sanfelice y como administrador de la estancia a Nyr Weinberg. La Estancia Los Amigos acapara en Río Negro unas 35 mil hectáreas.
A la espera de la sentencia definitiva, y con la plena vigencia de la Ley 26.160, el 20 de diciembre la empresa avanzó sobre tierras mapuche. Sacó los animales de la comunidad y cerró los caminos. En las tierras usurpadas por la empresa hay dos tumbas de integrantes de la comunidad, otra prueba que confirma la posesión indígena.
“Ahora he sentido en carne propia la impotencia y la bronca que han sufrido mis abuelos o mis tíos. Cada día vemos los animales orillando los nuevos alambres para volver a su lugar y eso, créanme, duele mucho. Si no hemos regresado aún es por inseguridad y porque no sabemos si nos van a robar o nos van a violentar”, detalló Lorena Cañuqueo, integrante del lof Mariano Epulef. Explicó que siempre en diciembre y enero los grupos empresarios aprovechan el receso del Poder Judicial para usurpar territorios indígenas.
El 24 de enero se realizó un trawün (parlamento) en Anecón Chico. Concurrieron once comunidades mapuche. “Denunciamos la situación del actual e histórico despojo territorial que sufren las familias mapuche. Esta situación se prolonga por el accionar de los privados, que han actuado ilegítima e ilegalmente con la connivencia de la administración estatal”, cuestiona el petitorio de cuatro carillas firmado por todas las comunidades mapuche. También participaron técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras Rurales y el Movimiento Evita, entre otros. Exigen la intervención inmediata de los organismos públicos provinciales y nacionales, e instan a la devolución del territorio indígena. El lof Mariano Epulef fue conciso: “Sólo queremos que se cumplan los derechos indígenas reconocidos por el mismo Estado”.
En Neuquén, en el departamento de Catan Lil, las comunidades mapuche Cayupán y Felipín denunciaron una “nueva usurpación del territorio ancestral mapuche”. En toda esa región es práctica histórica permanecer con los animales en tierras bajas, de “invernada”, durante los meses fríos, y migrar hacia las zonas de “veranada” (tierras altas, con buenas pasturas y agua) durante los meses de calor. Se llama trashumancia. “Sufrimos la ocupación del territorio de veranada en el paraje Alonkeo por parte de Juan Sapag, presidente de la Cooperativa de Comercialización de pequeños Productores de Zapala”, afirmaron las comunidades en un comunicado.
Recordaron que en la zona se volvió una práctica recurrente que privados alambren las tierras de veranada mapuche. Enumeraron una decena de casos de los últimos años y alertaron que se repiten los hechos de violencia contra indígenas y campesinos. En el caso de Sapag (familiar del gobernador de Neuquén), hubo disparos al aire como forma de intimidación a las comunidades.
Los territorios en disputa fueron relevados en el marco de la Ley Nacional 26.160 en febrero de 2014. El Estado censó a la comunidad y sabe de su presencia y derechos en el lugar, aunque aún no finalizó el trámite administrativo. “El señor Sapag menosprecia al pueblo mapuche”, afirmaron las comunidades Cayupán y Felipín. Y responsabilizaron al gobierno provincial por cualquier hecho de violencia que suceda en el territorio usurpado.
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Diario Río Negro
“Lamentamos el accionar del diario Río Negro, que se ha convertido en un medio ‘periodístico’ que expresa los pensamientos más retrógrados y discriminatorios en relación con los avances logrados en materia de diversidad cultural y derechos humanos”, afirmó la Confederación Mapuche en referencia a dos suplementos que el medio, uno de los más influyentes de la Patagonia, publicó a inicios de año, titulados “La cuestión mapuche”.
La Confederación denunció que la publicación cuestionó la legitimidad de la lucha indígena, sesgó la historia del pueblo originario y desconoció derechos vigentes en frondosa legislación provincial, nacional e internacional. Y que no dio espacio a las organizaciones indígenas para aportar su opinión.
“Lamentamos el suplemento antimapuche”, es el título del comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, que recuerda que el pueblo originario es preexistente a la conformación de los estados. El texto señala que “los ataques mediáticos se deben a la lucha contra las corporaciones extractivas que son socias de los grandes medios de comunicación”.
* Por Darío Aranda. Publicado el 9 de febrero de 2015 en el diario Página12.
Ene 14, 2015 | General, Pueblos Originarios
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.
En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. “El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie”, reclamaron comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) alertó sobre la “extinción” de los pueblos originarios y definió la grave situación diciendo que “bien podría calificarse como genocidio”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe “Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina”. Precisa que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques) hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.
La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy, Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre, las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador, Juan Manuel Urtubey. “El monte nos da comida, es nuestra farmacia a cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos de desmonte que otorgó”, reclamaron y le recordaron la vigencia de la Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron respuesta.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alerta.
Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: “Sus acciones no respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no repara en los costos ambientales y humanos”.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja) de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”, alerta el documento de la Escuela de Antropología.
Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de puntualizar en el “aspecto humano” del desmonte, evaluó la situación como “muy preocupante” e insistió en que “está en riesgo la supervivencia” de los pueblos originarios. “Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge revertir”, instó Buliubasich.
En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.
La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29 de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre empresarios y pueblos originarios.
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Denuncia en Chaco
En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el juzgado, y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí y de las personas que la integran”.
La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas (llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma que se deben tomar medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante. Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para hacerse de los árboles.
El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La Esmeralda. “El desmonte de miles de árboles es realizado en forma clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades originarias y campesinas”, denunció el FNC.
* Por Darío Aranda. Publicado el 14 de enero de 2015 en el diario Página12.
