Abr 24, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. Una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias, desalojos rurales, desmontes, empobrecimiento de suelos. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Periodistas que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o forestales.
Coincidencia I: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Coincidencia II: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de un clase media urbana (del que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir. Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un periodista repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a un redactor a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. Ese modelo requiere sacrificar territorios, y requiere sacrificar también las vidas que resisten en esos territorios.
Durante la reciente lucha docente, el colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz fue hasta la médula del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo. Sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
* Por Darío Aranda. Publicado el 24 de abril de 2014 en Comunicación Ambiental.
Mar 14, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
En Argentina se celebra cada metro ganado por empresas petroleras y se publicita como positiva cada nueva concesión. Mientras se invisibilizan las consecuencias del avance extractivo. Semblanza de Cristina Linkopan, autoridad mapuche, una vida cobrada por el progreso petrolero.
Hija. Hermana. Mapuche. Lonko. Madre. Luchadora. Algunos de los roles ejercidos simultáneamente por “Tina”, como llaman a Cristina Linkopan en la comunidad Gelay Ko (Neuquén). Tina creció en un campo invadido por las petroleras, donde ventean gas las 24 horas de todos los días del año y la dádiva empresaria se imponía como moneda de cambio.
Multinacionales que llegaban, exprimían el subsuelo, extraían hidrocarburos y se iban. Para dar paso a otras empresas, las mismas promesas y que repetían la rapiña. La comunidad sólo conocía de abundancias ajenas y necesidades propias. Pero Tina Linkopan dijo basta de saqueo, contaminación y violación de derechos.
Enero de 2011 fue un quiebre. La mayor parte de la comunidad estaba en los campos de veranada cuidando los animales, la empresa estadounidense Apache aprovechó esa ausencia e ingresó a un sector de la comunidad para hacer algo nunca visto en la zona: el primer pozo de multifractura horizontal (fracking) de Latinoamérica. Cientos de camiones, máquinas, torres, tanques de agua, camionetas, explosivos. Un ejército extractivo. La prueba más grotesca fue un gigantesco piletón con agua de desecho que implicó una trampa mortal para decenas de animales de la comunidad.
Al mes del ingreso, el Gobernador de Neuquén visitó la zona. Llegó para celebrar junto a la empresa el “éxito” del primer pozo de fracking en la región.
Tina dijo basta. Junto a otras familias de las comunidades exigió explicación a la autoridad mapuce de entonces (que mantenía buen trato con la empresa). La explicación nunca llegó. Entre bronca e indignación comenzaba a emerger la joven dirigente Cristina Linkopan, veinteañera, madre, mujer mapuche.
Divisiones y pesares
En un proceso largo y doloroso, la comunidad se reorganizó. Eligió a Tina como lonko. El gobierno provincial y la empresa Apache apoyaron al otro sector, que les aseguraba extraer hidrocarburos sin contratiempos.
La comunidad se partió en dos.
El sector de Tina acentuó la lucha contra la petrolera. Redoblaron esfuerzos de articulación, con otras comunidades mapuches, con organizaciones sociales de Zapala y Neuquén capital.
“Vivimos en un cochina pobreza”, lamentó Cristina en una de las pocas entrevistas televisivas que le realizaron.
No es fácil denunciar a las petroleras en una provincia con tradición extractiva. Y todo es más difícil si quien alza la voz es mujer, mapuche y pobre.
En Gelay Ko hay 222 pozos petroleros en sólo 224 hectáreas. Aunque existe frondosa legislación (provincial, nacional e internacional) nunca se cumplieron los derechos del Pueblo Mapuche. El Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades y obtener el consentimiento libre, previo e informado. Hermosa letra, de nulo cumplimiento.
La escuela más cercana está distante 30 kilómetros. Peor suerte si alguien se enferma: 60 kilómetros hasta el centro de salud más cercano. El combo de la carencia: no hay electricidad (pasan cables de media tensión por la comunidad, pero no bajan a las casas mapuches) y, peor aún, no hay agua para los indígenas.
Linkopan siempre fue tímida, pero sólo hacía falta preguntarle por la situación mapuche para vencer la timidez y que enumere las injusticias:
-“Vivimos un atropello de esta multinacional petrolera (Apache)”
-“Es jodido tener una petrolera en el territorio. Aparecen enfermedades respiratorias, las mujeres pierden embarazos”.
-“Hay cinco abuelos ciegos. Los médicos nunca dicen que es por la contaminación, pero día y noche queman gas, hay olor, y las enfermedades aparecen”.
Cristina solía tomar como referencia a la comunidad Kaxipayiñ de Loma La Lata (también de Neuquén), donde desde hace 40 años extraen hidrocarburos y se repiten los casos de cáncer, diabetes, cegueras, abortos espontáneos y muertes tempranas.
Uno de los temas que más le dolía a Linkopan era la división de la comunidad, impulsada por el Gobierno y la petrolera. “Nos da vergüenza explicar, pero hay que hacerlo”, se disculpaba. Y contaba que en el Pueblo Mapuche también hay “yanakonas (traidores) que aceptan plata que decir que las empresas no contaminan”. Era dura con sus hermanos, pero soñaba con un posible unión entre los dos sectores de Gelay Ko y un reencuentro entre las distintas comunidades del Pueblo Mapuche de Neuquén.
Recuerdos
Lorena Rifo, de la Multisectorial de Neuquén contra el Fracking, conoció a Linkopan. La recuerda como una de las primeras voces en denunciar cuando todos celebraban el descubrimiento de Vaca Muerta. “Fue esencial para empezar la lucha en conjunto contra la hidrofractura”, afirma.
Empresas y funcionarios la subestimaban porque la lonko no tenía formación académica para detallar las técnicas petroleras, pero los refutaba con la vivencia en el territorio, de crecer con las petroleras en el patio de su casa. “Su propio cuerpo demostró que el saqueo y la contaminación implican muerte, pero al mismo tiempo nos dejó la fortaleza que necesitamos para seguir luchando contra las empresas extractivistas que saquean los territorios y no dejan ningún beneficio para el pueblo”, afirman dese la Multisectorial.
Pety Piciñam es parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. No tiene dudas de que la muerte de Linkopan tiene directa vinculación con el avance de las multinacionales y la complicidad de los Estados. “Se llevan lo que ellos consideran recursos económicos y también se llevan vidas. Las empresas extractivas no reconocen la biodiversidad ni a los seres humanos que viven en el territorio”, asegura y hace el paralelo entre la muerte de Linkopan y los asesinatos qom en Formosa. Distintas latitudes, dos provincias, dos pueblos indígenas, mismas violaciones de derechos humanos. Misma indiferencia de funcionarios provinciales y nacionales.
Piciñam aclara que los mapuce no hablan de “conservacionismo” sino de tomar lo justo y necesario de la naturaleza para poder proyectarse dentro del buen vivir, una forma de tomar sólo lo requerido para vivir, sin consumismos y sin avasallar derechos de otros. También refuta un lugar común del medio pelo argentino: “Los mapuches no estamos en contra del progreso, pero el ‘progreso’ no puede matar a quienes viven en los territorios”.
Pablo Fernández es el periodista del programa “Cartago TV”, una excepción televisiva que da amplios minutos a organizaciones sociales, maestros, activistas y pueblos originarios. Es quien entrevistó a Linkopan y dejó registro de sus pesares, luchas y sueños. “Nos dio una lección de comunicación popular, sin vueltas, y nos dejó una marca indeleble en la memoria popular”, asegura a dos años de la entrevista.
Fernández no le escapa a dos aristas ríspidas. Señala que en el campo popular hay racismo e ignorancia respecto a los pueblos indígenas. “Cuesta mucho nombrar a los compañeros mapuce con nombre propio, se los minimiza, y se toma con lástima su reclamo”, lamenta. Y apunta a los medios de comunicación. No pierde el tiempo con los medios comerciales, que repiten el discurso del poder (empresario y gubernamental), pide a los medios alternativos que incorporen el lenguaje y la mirada de los pueblos indígenas. “De otra forma terminan reproduciendo el lenguaje racista y despreciativo”, advierte.
Contextualiza la vida de Cristina Linkopan en la lucha de 500 años de los pueblos indígenas. “Se jugó la vida” en una “lucha anticapitalista”, afirma. Rescata que la joven mapuche “empoderó a toda una comunidad en una lucha inclaudicable”.
Lidia Alvarez, actual werken (vocera) de la comunidad Gelay Ko, es una mujer fuerte, que enfrenta policías, petroleros, políticos y jueces. Pero se quiebra cuando recuerda a “Tina”, como siempre la llamó y la sigue llamando. Incluso muchas veces habla de Linkopan en presente.
“Tina es una mujer valiente, es muy difícil sin ella. Es una líder, su figura se imponía, e imponía respeto. La gente la seguía. Y su recuerdo es muy doloroso porque se la extraña mucho, nos falta un pedazo de nosotros”, sincera.
Reconoce que la situación actual es difícil porque la empresa y el gobierno insisten en dividir a la comunidad. Reparte agua (el bien más preciado en Gelay Ko) y compran voluntades.
Tina soñaba que su comunidad no sufriera más contaminación, que sus hijos no respiren el aire viciado por los desechos de los hidrocarburos. La werken confiesa que cuesta seguir sin Tina, pero en vida le hizo una promesa y asegura que la cumplirá: “Siempre nos impulsaba a luchar, nuestro newen nos impulsa, seguiremos defendiendo el territorio”.
Vidas
“Nosotros no tenemos agua y a la petrolera nunca le falta”, explicaba Linkopan y graficaba así la vida en Gelay Ko, la manera más cruda de explicitar quién tiene prioridad en Neuquén.
La indignaba ver pasar los camiones cisternas con agua para la empresa, mientras ellos debían esperar que la Municipalidad de Zapala les entregue 500 litros mensuales por familia. Lo que es igual a 16 litros por día, para todo uso.
En más de una oportunidad le cortaron el paso a los petroleros. “Nos dicen locos, pero qué harían ellos en nuestro lugar, vemos todos los días la contaminación y los derrames, nuestros animales mueren, nos destrozaron todo el territorio”, lamentaba.
La joven lonko lamentaba que los traten de “locos” por oponerse a la extracción petrolera. Cuestionaba el avance extractivo de empresas que dejaban de lado los derechos indígenas. Sufría por el agua que escaseaba en la comunidad, pero también pensaba en los no mapuches, advertía del riesgo de contaminación del acuífero de Zapala, reservorio sensible y rodeado de explotaciones petroleras. “Sin agua no vamos a poder vivir. Ni la plata ni el poder nos va a salvar si no hay agua”, explicaba con esperanza de ser escuchada.
“Soberanía energética”. “Autoabastecimiento”. “La oportunidad de Vaca Muerta”. Algunas de las formas de justificar y celebrar en la actualidad el avance petrolero. Discursos macroeconómicos que invisibilizan el impacto humano de decisiones tomadas en oficinas lujosas y despachos del poder. En febrero de este año, YPF compró Apache. Satisfacción empresaria y gubernamental, amplia cobertura periodística, nula mención a la contaminación y a las consecuencias en las comunidades indígenas.
El 14 de marzo de 2013, Cristina Linkopan dejó de respirar. El parte médico señaló “hipertensión pulmonar”. Tenía sólo 30 años.
Hoy, a un año de su partida, será recordada en su comunidad, donde aún viven sus padres y sus cuatro hijos.
Gelay Ko, en el centro de Neuquén, extraña a la joven mapuche que enfrentó a una multinacional petrolera y a un Gobierno.
Cristina Linkopan, acusada de “loca” por defender a su comunidad, ya es bandera de lucha en un país que sacrifica vidas en nombre de un falso progreso.
* Por Darío Aranda y Umawtufe Wenxu. Publicado el 14 de marzo de 2014 en el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Mar 4, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El reclamo de indígenas y campesinos por agua, asistencia sanitaria y alimentos terminó con una feroz represión y con cinco detenidos en Pampa del Indio (Chaco). El gobierno provincial acusó a los indígenas de una “emboscada” y señaló que hubo policías heridos de bala. Ramona Pinay, del Movimiento Originarios en Lucha, afirmó todo lo contrario: “Fue una cacería, había saña para pegarles a indígenas, es parte del genocidio que nos toca”. Es la cuarta represión del año en Chaco. En lo que va de 2014, pueblos indígenas y campesinos de la Argentina sufrieron al menos ocho hechos de violencia por reclamos territoriales y sociales.
En octubre pasado murió quemado un bebé qom en el hospital de Pampa del Indio. La familia denunció que se debió a una incubadora improvisada y a mala praxis. Desde entonces se mantienen reclamos por mejoras en la atención sanitaria. Otro factor reciente de reclamo fue la decisión del gobierno de eliminar los bolsones de comida y reemplazarlos por una tarjeta alimentaria de 100 pesos mensuales. Las organizaciones cuestionan que sólo se puede comprar en tres negocios (con acusaciones por precios abusivos y ligados al poder político) y que los bolsones contenían alimentos por más de 200 pesos (el doble de lo que se puede comprar con la tarjeta).
La falta de agua fue el tercer factor de movilización. Desde hace más de un año se suman las denuncias de distribución de agua con olor, no apta para consumo. Y hace dos semanas, el gobierno anunció la cancelación de los contratos de provisión de agua en zonas rurales (que se hacía con camiones).
El Movimiento Pueblos Originarios en Lucha, la Federación Nacional Campesina (ambos nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, CCC) y la Multisectorial de Pampa del Indio convocaron a un corte de ruta el miércoles 19 de febrero en reclamo de agua, salud y alimentos. El lugar elegido fue la Ruta Provincial 3 (a 200 kilómetros de Resistencia).
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff ordenó desalojar la ruta. “No podemos permitir el corte permanente de la ruta. La democracia directa acá no existe y se gobierna por los representantes que son elegidos por el voto popular”, justificó el gobernador. A las 18 comenzó la represión. El mismo miércoles a la noche, Bacileff Ivanoff acusó a las organizaciones de haber “herido de bala a cuatro policías”. Al día siguiente, en un comunicado, la policía aumentó la cifra a 29 policías heridos. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, denunció que los efectivos fueron “emboscados” por los indígenas.
Las voces indígenas afirmaron todo lo contrario: 30 heridos (de bala y por contusiones). Y cinco qom detenidos. Ramona Pinay acusó al fiscal de General San Martín, José Sorabella, de provocar “un estado de sitio y cacería de indígenas; es un racista, siempre falla contra los indígenas y es público su desprecio hacia nosotros”.
Fueron detenidos los qom Enrique Tomas, Justino Cáceres, Ramón Florito, Simón González y Claudio Peñaloza. El abogado Gonzalo García Veritá denunció la “total ilegalidad” de la detención (sin orden de un juez), y el domingo 23 presentó un hábeas corpus para la inmediata liberación. El lunes 24 fue rechazado por la jueza de Garantías de General San Martín, Ana María Rubio. “No siguió el procedimiento legal que requieren los derechos básicos de una persona privada de su libertad”, cuestionó el abogado.
El mismo lunes, en declaraciones a Radio Ciudad (de Chaco), el procurador adjunto (superior de los fiscales), Miguel Fonteina, señaló que estuvo con los cinco indígenas detenidos y que éstos “deseaban continuar alojados en el lugar (en prisión)”.
En Chaco ya había sucedido una represión, el 11 de febrero pasado, a organizaciones sociales que reclamaban en Resistencia por la construcción de viviendas y planes asistenciales. El lunes 24 de febrero, el Frente Popular Darío Santillán denunció que fueron reprimidos a las puertas del Ministerio de De-sarrollo Social de Chaco.
En lo que va del año hubo ocho represiones sobre poblaciones rurales y reclamos contra el extractivismo: contra la comunidad mapuche Felipín en Neuquén, represión a indígenas en la localidad de Makallé (Chaco), a indígenas en Abra Pampa (Jujuy) por cuestionar el paso del Rally Dakar por sus territorios, a la comunidad diaguita Las Pailas (en Cachi, Salta), disparos contra campesinos en Lavalle (Mendoza) y el 24 de febrero a vecinos en Malvinas Argentinas (Córdoba) por rechazar la instalación de la empresa Monsanto.
“Agua para los pueblos originarios del Chaco”, fue el nombre de la jornada del jueves pasado, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde se recolectaron alimentos y agua para las comunidades indígenas, llevada a cabo por las mismas organizaciones que habían sido reprimidas en Pampa del Indio y que estaban en alerta por la detención de los cinco qom. Ese mismo día, tras una semana presos, la Justicia liberó a los dirigentes indígenas que habían reclamado agua, salud y comida.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 4 de marzo de 2014.
Feb 10, 2014 | 2014, Pueblos Originarios
El estudio de una ONG estadounidense muestra que las principales petroleras y mineras de ese país operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.
La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).
Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.
El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.
La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.
Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.
En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.
La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.
Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.
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Buscando consenso
La ONG Primeros Pueblos en el Mundo (FPW) trabaja en la “creación de puentes” entre comunidades indígenas y corporaciones, gobiernos, académicos e inversionistas. Adhiere a una línea de trabajo muy debatida en el mundo indígena: un posible diálogo y consenso entre empresas y pueblos para la explotación de recursos naturales. El relevamiento apunta principalmente a las empresas, para hacerles notar que corren riesgos económicos por no tener políticas de consenso con los pueblos originarios. “El 92 por ciento de los sitios plantea un riesgo medio a alto para los accionistas”, señala el informe.
Para evaluar los “riesgos” tomaron como parámetros la ubicación del yacimiento, la política empresaria, reputación corporativa, país, comunidad local y leyes vigentes. Con la ponderación de los parámetros, otorgan un puntaje. Las empresas que corren mayor riesgo son ExxonMobil, Newmont, ConocoPhillips, Chevron y Apache.
La presidenta de la ONG, Rebecca Adamson, pronosticó que la situación de conflictividad y riesgo empresario aumentará por la confluencia de tres factores: los pueblos indígenas tienen derechos a nivel internacional y nacional, las mayores reservas de minerales e hidrocarburos se encuentran en territorios indígenas y los medios de comunicación (sobre todo digitales) logran difundir las situaciones locales hasta transformarlas en campañas globales. La ONG precisa que de los 370 sitios de petróleo, gas y minerales, el 43 por ciento tiene una calificación de “riesgo crítico” (corren riesgo de paralización) por no tener políticas de consenso con los pueblos indígenas.
A nivel latinoamericano, el extractivismo fue el tema principal de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (realizada en Colombia en noviembre pasado). “Denunciamos el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos que han radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales”, señala la declaración final de la Cumbre.
* Por Darío Aranda. Publicado el 10 de febrero de 2014 en Página12.
Ene 23, 2014 | 2014, Campesinos, Pueblos Originarios
Son tierras del departamento de San martín, que habían sido protegidas por un fallo de la Corte. Algunos empresarios hicieron firmar comodatos con criollos y comunidades wichí que crían ganado y, de esa manera, habilitaron el desmonte.
Diez mil hectáreas de monte nativo donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí están a punto de ser arrasadas para ser destinadas a agronegocios. Se trata de tierras ubicadas en el departamento salteño de San Martín, zona catalogada por la provincia como territorios a conservar y que habían sido protegidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008. “La presión de los agronegocios vale más que la Ley de Bosques y que los derechos humanos”, denunció la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y afirmó que campesinos e indígenas fueron presionados para autorizar el avance de los empresarios del agro. Desde la sanción de la Ley de Bosques (que fija protección para el monte nativo), en Salta fueron arrasadas 360.000 hectáreas, un promedio equivalente a 164 canchas de fútbol por día.
El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse (según el Ordenamiento Territorial requerido por la Ley de Bosques). El LART detalló que en 2008 (primer año de vigencia de la ley) se desmontaron 110.000 hectáreas. El año siguiente se talaron 46.000 y en 2010 llegaron a 50.000 hectáreas. En 2011 se destruyeron 72.000 hectáreas de monte salteño, en 2012 otras 52.000 y en 2013 se desmontaron 28.000 hectáreas. Equivale a un promedio de 164 hectáreas por cada día o siete hectáreas por hora.
Para ejecutar buena parte de la deforestación se utilizan grises de la ley. “No todos los desmontes son ilegales, porque la provincia procede en muchos casos a recategorizar las fincas de amarillo o rojo (zonas protegidas) a verde, para luego aprobar los desmontes”, explicó Ana Alvarez, secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, colectivo de organizaciones e investigadores del NOA y NEA.
Alvarez advierte que el verano comenzó con la misma tendencia desmontadora. El 23 de diciembre se realizó una audiencia pública para avanzar sobre 10.000 hectáreas de bosque en el Municipio de Ballivián, departamento de San Martín, el mismo que la Corte Suprema había protegido en 2008 y que aparece como zona “roja” (a proteger). “Los empresarios hicieron firmar comodatos a criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, donde ceden el territorio a cambio de pocas hectáreas y diez viviendas. La audiencia termina siendo un mero trámite para dar vía libre a desmontes para agricultura”, explicó Patricia Valdivia, comunicadora de la Redaf.
El campo en peligro se llama finca Cuchuy y el pedido de desmonte fue realizado por los empresarios Alejandro Braun Peña (8962 hectáreas) y Gastón Larrán (1300 hectáreas).
Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la “donación” de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 10.000 hectáreas. Las cuatro familias campesinas que viven en el lugar hace más de 50 años firmaron el “acuerdo” solicitado por los empresarios. En dos casos firmaron con la huella dactilar porque no saben leer ni escribir. El comodato señala que los empresarios le darán cinco hectáreas a cada una (20 hectáreas total). Los campesinos tienen como principal actividad la ganadería. El estudio de impacto social en el expediente de la audiencia precisa que cuentan con 578 cabezas de ganado. Pero con las 20 hectáreas que firmaron sólo podrán criar tres vacunos. “Esta supuesta ‘cesión de derechos’ implica no sólo la pérdida de las 10.000 hectáreas de bosque, sino que además condenará a las familias originarias y criollas a migrar, ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados”, advirtió la Red Agroforestal.
La Ley de Bosques estableció que las provincias debían realizar ordenamientos territoriales en tres colores: verde (se puede desmontar) y amarillo y rojo (medio y alto valor de conservación). La finca Cuchuy está en zona amarilla y roja, pero la normativa salteña dejó una puerta para los desmontadores: estableció que la zonificación por colores era sólo “orientativa” y que podría ser modificada a criterio de la autoridad de aplicación, el ministro de Ambiente –que no respondió las consultas de este diario–, en base a pedido y estudios presentados por quienes desean el desmonte.
El decreto provincial 2789 prohibió los desmontes en regiones donde no se realizó el relevamiento de territorios indígenas establecido en la Ley Nacional 26.160. El relevamiento territorial no se realizó en la comunidad wichí Cuchuy, pero aun así la provincia efectuó la audiencia para desmontar el territorio.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja junto a comunidades wichí escribió una carta (con un informe técnico cuantitativo y mapas satelitales) al Ministerio de Ambiente de Salta. Detallan que, en la zona wichí, sobre 196.000 hectáreas ya se arrasaron 89.000 (el 45 por ciento). “El desmonte en estas áreas tiene serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”, recuerda el informe.
Luego de la audiencia deben pasar diez días hábiles para la presentación de objeciones. Y la Secretaría de Ambiente debería analizar las presentaciones y tomar una decisión. Como parte de los descargos, el antropólogo John Palmer realizó una decena de entrevistas en idioma wichí y la ONG Asociana elevó las entrevistas como prueba. Los testimonios wichí dan cuenta del mecanismo de presión para firmar acuerdos con los empresarios y denominan “estafa” al comodato que los dejará sin tierras.
Finca Cuchuy no es un caso aislado. Alvarez explicó que hay al menos cinco audiencias de desmontes pautadas sólo para enero que afectarán otras 22.000 hectáreas.
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La lentitud de la Justicia
Tres comunidades indígenas de Salta solicitaron al Poder Judicial en 2008 la protección de su territorio. En los cinco años transcurridos, el expediente pasó por diferentes juzgados, pero ninguno protegió el territorio indígena y, en ese lapso, las topadoras del agronegocio avanzaron sobre 15.000 hectáreas indígenas. En contraposición, la vía política de los empresarios fue más expeditiva: en dos años lograron la audiencia para desmonte.
Las comunidades wichís San José, Chustaj Lhokwe y Cuchuy viven desde hace generaciones en la zona de Ballivián (departamento de San Martín). Junto a la defensora pública federal, las comunidades presentaron un amparo judicial en 2008 para suspender los desmontes, exigir la titularización de sus tierras y que “se garantice su supervivencia en condiciones dignas y la transmisión de su legado cultural a las generaciones venideras”. En 2009, una pericia antropológica confirmó la relación histórica de las comunidades con ese territorio. En noviembre de 2009, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, se declaró incompetente y remitió la causa al procurador de la Nación.
En agosto de 2010, el procurador general de la Nación remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se tomó tres años y dos meses (octubre de 2013) para declararse “incompetente” en el caso y remitió el pedido indígena a la Corte de Salta.
Mientras el expediente esperó respuesta en tribunales nacionales y provinciales, los wichís perdieron 15.000 hectáreas a manos de empresarios de agronegocios, que contaron con autorizaciones del Ministerio de Ambiente de Salta.
La vía judicial no dio respuesta al pueblo wichí. Y la vía política sí respondió (afirmativamente) a los empresarios del agro.
* Por Darío Aranda. Publicado el 23 de enero de 2014 en el diario Página12.
Dic 30, 2013 | 2013, Pueblos Originarios
El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal). Es parte de la sentencia en la cual la Corte falló a favor del pueblo mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas. “Es un triunfo político y jurídico que se complementa con las movilizaciones que los pueblos indígenas hemos hecho en cada provincia y a nivel nacional para que se respeten nuestros derechos”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.
La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).
Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena”.
El fallo, firmado el 10 de diciembre, dictaminó que “el decreto 1184 impone recaudos y condiciones que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de derechos y política indígenas a nivel federal”, resalta que contradice la ley nacional 23.302 y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normas locales). “El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”
“Hacemos una evaluación positiva porque ordena una situación ilegal de décadas, donde la provincia se ha negado a registrar a nuevas comunidades. La última comunidad que ha registrado data de 1996, lo que generó enormes perjuicios en estos once años a muchas comunidades a las que le fue negada cualquier instancia gubernamental alegando que no existían jurídicamente, negación a reconocer a sus autoridades tradicionales, indefensión ante el ingreso de petroleras y privados, que se valían de la falta de documentación jurídica de esas comunidades para atropellarlos”, recordó Nahuel, de la Confederación Mapuche.
El vocero indígena destacó que en agosto pasado la provincia y Nación crearon el Registro Provincial Indígena en base a las pautas del decreto 1184/02. “La Confederación Mapuche va a impugnar ese convenio respaldado en la contundente definición de la Corte Suprema”, advirtió Nahuel.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y abogado que llevó la causa hasta la Corte Suprema, resaltó que, tras “once años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto del gobernador Sobisch, que luego fue sostenido por el gobernador Jorge Sapag”. Salgado también cuestionó al máximo tribunal de la provincia: “La sentencia de la Corte Suprema demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decidiera a favor del Gobierno”.
La autoidentificación de las comunidades indígenas consta en el fallo de la Corte Suprema, que retoma el constitucionalista Germán Bidart: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.
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Contra un decreto
La comunidad mapuche Cheuquel, ubicada a 30 kilómetros de Zapala, denunció la semana pasada al gobierno de Neuquén porque mediante un decreto propuso otorgar el título de tierras comunitario pero a cambio de otorgar derechos de exploración y explotación petrolera a las empresas Pluspetrol y GYP (Gas y Petróleo) de Neuquén. “Rechazamos estas cláusulas en el decreto y pedimos revocatoria porque violan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Y denunciamos estas propuestas poco claras que están llegando a las comunidades y que afectan notablemente los derechos de los pueblos originarios”, señaló la comunidad mapuche Cheuquel en un comunicado.
El decreto 1428 fue firmado por el gobernador, Jorge Sapag (foto), el 15 de agosto pasado. En el primer artículo otorga un título gratuito por 3500 hectáreas, pero la comunidad posee 12.000 hectáreas. Y el segundo artículo no tiene antecedentes: establece que el adjudicatario (la comunidad) permite el libre acceso a las empresas estatal G&P y a Pluspetrol.
La comunidad rechazó el decreto provincial, recordó que la entrega de tierras es “una obligación del Estado (artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 53 de la Constitución de Neuquén)” y remarcó que “ninguna ley establece la posibilidad de que el Estado ponga condicionamientos” para el reconocimiento de territorios indígenas.
* Por Darío Aranda. Publicado en el diario Página12 el 30 de diciembre de 2013.
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. Una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias, desalojos rurales, desmontes, empobrecimiento de suelos. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
